Jaime de Althaus
Para Lampadia
Carlos Monge es una de las mentes más inteligentes y elocuentes de la izquierda nacional. Por eso me animé a leer un artículo publicado por él en la revista virtual “Comunes” sobre asamblea constituyente y nueva constitución, buscando algún argumento que justificara realmente la necesidad o conveniencia de esos procesos.
Y, la verdad, no lo encontré. Su gran argumento es: “Después de 30 años de manejo neoliberal de la economía y 20 de transición democrática, el COVID y la actual crisis política han hecho evidente que el diseño del país expresado en la Constitución Política del año 1993, no da para más”. ¿Por qué es evidente? Es una afirmación sin ninguna demostración, sin ningún sustento.
El llamado “manejo neoliberal de la economía” (que suponemos significa apertura y liberalización económica, privatización de empresas públicas y equilibrio fiscal), ha producido el mayor crecimiento y reducción de la pobreza de la historia del Perú. No sabemos qué entiende Monge cuando lee que la pobreza se redujo de más de 60% a 20%. Por qué no puede incorporar ese dato en su narrativa.
No creo que sea un asunto de deshonestidad intelectual. En la era de las tribus ideológicas y digitales, es el poder del relato, que anula la data. Más bien lo que ha ocurrido es que a partir del 2010 aproximadamente, se empezó a introducir cada vez más regulaciones que empezaron a ahogar la libertad económica consagrada en la Constitución, ralentizándose la economía. Ingresamos en una suerte de intervencionismo de baja intensidad. De lo que se trata es de recuperar grados de libertad económica para liberar las fuerzas productivas y permitir que las clases emergentes puedan formalizarse y romper las ataduras que les impiden seguir creciendo.
¿Ahora el COVID es responsabilidad de la Constitución de 1993? El efecto del COVID -y de la manera drástica como el gobierno cerró la economía para combatirlo- fue hacer retroceder 10 puntos la reducción de la pobreza. Regresamos a un 30%. No hay peor malestar que perder niveles de bienestar alcanzados. Eso, y en antikeikismo, estuvo detrás del triunfo de Pedro Castillo.
El modelo produjo recursos para el sector salud. El presupuesto de ese sector se multiplicó por 7 en términos reales entre el 2001 y el 2020. Pero la corrupción, los intereses gremiales anti meritocráticos y la pésima gestión impidieron que ese extraordinario crecimiento presupuestal se tradujera en una mejora proporcional de los servicios. La Constitución -el capítulo económico- funcionó. Lo que no funcionó fue la política, la gestión, y por culpa principalmente de gremios dominados por la izquierda.
Monge menciona un “un asunto de decoro: la de 1993 es una constitución nacida de un golpe de estado y hecha para legitimar en el poder a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos”. En el llamado Congreso Constituyente Democrático participaron nueve partidos políticos. Entre ellos el Frente Independiente Moralizador (FIM), el PPC el FRENATRACA y Movimiento Democrático de Izquierda. Sí, la izquierda participó, con intervenciones destacadas de Henry Pease, Gloria Helfer y Julio Castro Gómez, por ejemplo. Además, todas las constituciones en el Perú han nacido como salidas de algún tipo de crisis política, o como manera de salir de dictaduras.
La actual crisis política, los “hondos y mortales desencuentros”, mencionados por Monge como causal, han sido potenciados por la izquierda radical estimulando el mito de que Pedro Castillo fue derrocado por el Congreso y los poderes limeños debido a su origen rural. Parte de la población andina reaccionó indignada -más aun luego de la tragedia de los muertos- y se movilizó. Pero eso no se soluciona con una nueva Constitución, sino con una explicación y con la justicia, que también debe castigar a los responsables de los ataques, incendios y bloqueos, pues aquí se han implantado dictaduras locales como las que se mantienen aun en Puno. Y, sí, se soluciona también con cambios constitucionales, pero en el capítulo político, no económico, de la Constitución. Cambios que mejoren la representación. Y, por supuesto, con una reforma de la formalidad para incluir a las mayorías en el Estado legal y con profundas reformas de gestión pública y de la descentralización, para incluir a todos en servicios públicos eficientes.
El incremento de la demanda por una nueva Constitución -aunque si se propone opciones, la gente sigue prefiriendo cambios parciales-, es consecuencia de la misma estrategia insurreccional que genera una situación de violencia, enfrentamiento y caos para resolver la cual se ofrece como solución mágica una nueva constitución. Es la profecía autocumplida. Debemos profundizar el debate sobre los temas que hay que reformar, pero proponerse cambiar una Constitución que ha producido el mayor crecimiento económico y la mayor reducción de la pobreza es pura frivolidad ideológica, desconocimiento deliberado de los hechos. Lo que hay que hacer es mejorarla, no descartarla. Lampadia
