Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia
Con la extradición de Alejandro Toledo los fiscales Rafael Vela y José Pérez pretenden recobrar protagonismo y atribuirse ese éxito en la lucha anticorrupción. Y a la vez, están cuestionando a la fiscal de la Nación Patricia Benavides, que desde el comienzo de su gestión se convirtió en el blanco de los ataques de caviares y comunistas por las investigaciones que impulsó contra Pedro Castillo y sus secuaces.
Vela y Pérez pretenden repetir lo que hicieron el 2019 cuando, como parte de la coalición vizcarrista, lograron defenestrar al entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry, que intentaba investigar al Lagarto y llevar adelante el proceso de Odebrecht y del club de la construcción de manera profesional, sin interferencias políticas. Lo consiguieron y ubicaron en su lugar a la preferida de los caviares, Zoraida Ávalos, con los resultados conocidos.
No obstante, ahora la situación ha cambiado. Ya no tienen a un socio y patrocinador como Martín Vizcarra en la presidencia, y después de seis años ha quedado en evidencia que, en realidad, no combatieron con eficacia el esquema de corrupción del caso Lava Jato, sino que protegieron descaradamente a los principales corruptores, perjudicaron los intereses del país y sus resultados son cercanos a cero.
Sin embargo, Vela y Pérez siguen siendo sostenidos por la poderosa mafia caviar, a la cual sirven y de la cual se sirven, y apoyados por los intereses de los que han resguardado en los casos donde han participado y a los que probablemente van a favorecer en el futuro.
Y el gobierno, cada vez más caviarizado, si bien no tiene la fuerza para hacer lo que hizo el Lagarto en su momento, podría sumarse al bando de los fiscales politizados y prevaricadores.
El caso Toledo
Como ha recordado Aldo Mariátegui, fue Oscar Libón en “Correo” que dirigía Mariátegui en 2013, quien investigó el caso de las propiedades que aparecieron a nombre de la suegra de Alejandro Toledo que, obviamente, fue usada como testaferro. Las explicaciones del ex presidente en ese caso eran inverosímiles y en esa oportunidad llegué a la siguiente conclusión:
“Todas las evidencias mostradas hasta ahora indican que el ex presidente Alejandro Toledo posee una enorme fortuna que no puede provenir de ingresos legales, obtenidos honestamente de su trabajo, sino que son producto de la corrupción. Es decir, que durante su gobierno aprovechó del poder para enriquecerse ilícitamente”. (“Toledo y la corrupción”, La República, 22/9/13).
Y luego agregaba:
“Si esto es así, si se demuestran las acusaciones, significaría que tuvo que existir una red de corrupción en su gobierno, grande o pequeña, porque obviamente Toledo no podía hacerlo solo. Lo que implica que tuvo cómplices en cargos importantes”.
“Usualmente el enriquecimiento ilícito de los gobernantes y funcionarios, la plata grande, llega a través de sobornos procedentes de las obras, las compras y las licencias. Eso implica que al otro lado de la mesa hubo empresas que pagaron coimas e intermediarios que arreglaron los negocios ilícitos”.
“En síntesis, son tres grupos que participan en las redes de corrupción: políticos con poder y funcionarios públicos; empresarios que pagan para obtener beneficios; y promotores que facilitan los sobornos”.
En ese momento no se conocían los negocios oscuros de Odebrecht, otras empresas brasileras y el club de la construcción, cosa que se descubrió varios años después.
El asunto es que han pasado muchos años desde que estallara el escándalo Lava Jato en Brasil, y seis años después que Vela y Pérez se hicieran cargo del caso, los grandes corruptores –y beneficiarios- están libres, en muchos casos ni siquiera fueron procesados y pagaron (o están pagando en cómodas cuotas) reparaciones insignificantes en relación a las utilidades que obtuvieron.
Solo algunos políticos han sido procesados, y las investigaciones claramente han sido direccionadas para favorecer a algunos y perjudicar a otros.
La fiscal Benavides podría enmendar las cosas. Está en sus manos. Lampadia
