Gonzalo Prialé
Presidente de IIG
Para Lampadia
El Congreso casi unánimemente, sin mayor análisis ni debate previo, acordó modificar cinco artículos de la Constitución, en primera legislatura. Se eliminaría así la inmunidad del presidente, los ministros, miembros del TC, jueces y fiscales supremos, y otros altos funcionarios. De ratificarse esto en la próxima legislatura, el país será una olla de grillos ingobernable.
Veamos cómo la sociedad civil ha reaccionado ante esto.
El Consejo de Estado invocó al Ejecutivo y Legislativo a una mayor reflexión y al diálogo constructivo. La invocación es muy oportuna. En dicho Consejo está el presidente del Congreso, pero él no puede decidir por el pleno. No obstante, ha ofrecido pedir al presidente de la Comisión de Constitución del Congreso que haga analizar y debatir ampliamente la propuesta, para mejorarla y fortalecerla. Suena razonable, si llega a darse y se corrige, no si se maquilla.
Hasta ahora, sin embargo, el Congreso lejos de retroceder varias propuestas económicas populistas bastante criticadas, viene aprobándolas velozmente, sin tomar en cuenta críticas ni sugerencias. Ojalá esta vez sea distinto, aunque los antecedentes recientes no generan optimismo al respecto.
Otros líderes de opinión dicen que es poco lo que se puede esperar de los congresistas en trance populista, y sugieren que mejor sería dialogar con los líderes de los partidos representados en el Congreso.
Habría escasas posibilidades de lograr algún efecto por esta vía. Acción Popular es un grupo político de raigambre populista en sus orígenes, con su liderazgo en disputa, donde los parlamentarios hacen lo que quieren. Otras agrupaciones son individuos nucleados por intereses personales, bajo un liderazgo con dinero para mantener la maquinaria partidaria. El Partido Morado generalmente vota dividido: una parte apoya las leyes populistas que le ponen por delante, y la otra usualmente se abstiene. Otros grupos en el Congreso son extremistas poco dialogantes.
Otra de las salidas que se acostumbra proponer, ante encrucijadas como la que atraviesa el país, es un Acuerdo Nacional. En abril, para encarar el drama de la pandemia, se propuso un acuerdo nacional entre los tres niveles de gobierno, los partidos, las organizaciones sociales, la empresa y la academia, para refundar al Perú del Bicentenario. Esto no progresó, que se sepa.
El problema actual es que el Ejecutivo está desbordado por la pandemia y su capacidad de gestión y de concertación es cercana a cero. Los partidos en el Congreso están dedicados a destruir las bases institucionales y el equilibrio fiscal y han abortado la reforma política. Cuando los gremios empresariales opinan, pasan desapercibidos. Y aunque la informalidad es la principal fuerza social en el país, no existen organizaciones sociales que las representen. En este contexto, pese a sus buenas intenciones, parecería improbable o inviable alcanzar algún acuerdo nacional significativo y trascendental.
El enfrentamiento ejecutivo-legislativo sirve de cortina de humo para que la gente se olvide por un momento de la crisis sanitaria y la parálisis económica. Ojalá que pase pronto su efecto distractor, porque la economía y la salud no perdonan el descuido.
La crisis política en curso se yuxtapone a la serie de leyes disruptivas aprobadas por el Congreso sobre no cobro de peajes, la asignación de 6 % del presupuesto a Educación, normas en ciernes como la congelación de obligaciones con las entidades financieras, la devolución de aportes a la ONP, la eliminación de la renta básica en telefonía y más proyectos por el estilo. El Congreso está en modo de cambio de modelo, pero no necesariamente cambiando el capítulo económico, sino erosionando el equilibrio fiscal, y diezmando el equilibrio económico-financiero de bancos, empresas privadas y concesionarios de infraestructura.
El Congreso escudado en la pandemia, parece decidido a conducir al país a la ingobernabilidad y al caos económico, imponiendo la irresponsabilidad fiscal. Imagínense si, más adelante, la economía comenzara a recuperarse y se estrellase con la debacle generada por el Congreso y sus leyes populistas y clientelistas. Leyes que usualmente son difíciles de corregir o retroceder, aunque la situación que las originó hubiese cambiado.
¿Se puede ser optimista? Empecemos por reconocer la realidad. El optimismo no se infunde, tiene que surgir de las evidencias, de los hechos y de la corrección de los errores cometidos.
Empecemos por aceptar que con los mismos ingredientes -los mismos ministros, y el mismo manejo estatista de la salud y la economía en la pandemia- es iluso esperar resultados diferentes. Tampoco se trata de reemplazar algunos ministros por otros parecidos y continuar con las políticas que no han dado resultado. Lampadia
