Iniciar la cruzada por la libertad económica
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Sería muy importante y alentador para los negocios, establecimientos comerciales y pequeñas empresas en el Perú que el Congreso apruebe el proyecto de ley que regula el cierre temporal que aplican muchas veces arbitraria o abusivamente las municipalidades. El proyecto prohíbe que esa medida se dicte por infracciones reglamentarias menores que no representen un peligro inminente para la vida, la salud y la seguridad de las personas.
De esta manera estamos no solo ayudando a restablecer niveles de libertad económica indispensables para el crecimiento de las actividades, sino que eliminamos una fuente de abusos y extorsiones por parte de funcionarios municipales contra los negocios, establecimientos y obras de todo tipo.
Por supuesto que algunos alcaldes, seguramente incordiados por sus funcionarios, han salido a oponerse a este proyecto con el argumento de que se le quita a la municipalidad un instrumento sancionatorio indispensable para hacer cumplir las normas. Pero esto no es así. Lo que se quita es un instrumento de extorsión. Es un abuso cerrar un establecimiento por no haber cumplido, por ejemplo, una disposición de defensa civil, algunas de las cuales, por lo demás, son absurdas. Solo se lo podría cerrar temporalmente si el incumplimiento pone en riesgo la vida o la salud del personal o de los clientes, como sería el caso, por ejemplo, si el sistema contra incendios no funcionara. Pero si se trata de una falta no vital, basta con poner una multa. Y si el negocio no paga la multa, se le embarga el monto correspondiente.
La protesta de algunos alcaldes es un indicador claro de que hasta qué punto carecen de la noción de abuso o de respeto a la libertad económica esforzada de un empresario. O, si pensamos mal, de hasta qué punto puedan estar beneficiándose de la actividad extorsiva.
Se dan casos, por ejemplo, de cafeterías o restaurantes que son sorprendidos teniendo -digamos- 10 sillas cuando el aforo autorizado es de 8, lo que provoca su cierre temporal en lugar de simplemente retirar las dos sillas en el acto y aplicar una multa.
También dispone el proyecto de ley el silencio administrativo positivo si luego de 48 horas en que se ha subsanado la falta, la municipalidad no dispone el levantamiento de la medida. En ese caso el establecimiento puede reabrir por sí mismo.
Lo interesante es que este proyecto, de aprobarse, puede ser el detonador de un proceso de aprobación de otras leyes y reformas que apunten a restablecer la libertad económica asfixiada por sobrerregulaciones en la última década o más.
Puede ser el inicio de una serie liberadora, la punta de lanza del restablecimiento de condiciones que permitan liberar las fuerzas productivas de millones de micro y pequeños empresarios, permitiéndoles crecer sin trabas ni barreras ni costos aplastantes.
Habría que comenzar por aplicar el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) a las normas de Defensa Civil y a todas las normas municipales que regulan actividades locales. El Decreto Legislativo N° 1565, Ley General de Mejora de la calidad regulatoria, recientemente publicado, establece la obligatoriedad de los AIR, pero no para las regulaciones municipales. Habría que extenderlo a esas normas.
El Congreso debería fiscalizar que el Ejecutivo realmente esté aplicando el AIR a todos los decretos supremos y resoluciones que emite, y que inicie un programa intensivo de aplicación progresiva del AIR al stock de normas existente, comenzando por los sectores que regulan actividades económicas.
El Congreso debería tener un observatorio de vigilancia del proceso de reducción del peso regulatorio del Estado, exigiendo un plan de poda y limpieza de la maraña regulatoria que asfixia a las empresas pequeñas y medianas.
Es decir, el Congreso debería asumir por fin la representación de los sectores emergentes que no pueden crecer porque la formalidad es onerosa y excluyente. Debe abanderar la reforma profunda de esa formalidad, para incluir a todos los peruanos. Debería aprobar el proyecto de ley elaborado por el MEF orientado a simplificar los regímenes tributarios, reemplazándolos por uno solo gradual y progresivo, para facilitar el crecimiento y la formalización de los emprendimientos. Lo mismo debería hacer con los regímenes laborales.
Y respecto de la profusa y rígida normatividad laboral, que ahuyenta a las mayorías a la informalidad laboral, se requiere de una vez por todas tomar el toro por las astas.
Sería importante que los gremios de micro y pequeños empresarios que están respaldando el proyecto de ley sobre el cierre temporal, le den continuidad a ese respaldo organizándose para proponer una reforma laboral, tributaria y financiera que nazca de abajo, de su propia experiencia, con estudios en profundidad, y que lleven esa propuesta al Congreso, al Ejecutivo y a los medios, y que se movilicen por ella si es necesario. Porque acá el asunto es político.
Los gremios que respaldan el proyecto de ley en cuestión son los siguientes:
- Asociación de Bodegueros del Perú – ABP
- Asociación de Empresarios de la Pastelería y la Panadería – ASPAN
- Asociación Peruana de Farmacias Independientes – ASPEFAR
- Asociación MYPE PERÚ
- Asociación de Empresarios de Gamarra
- Federación Nacional de Emolienteros
- Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines – AHORA
- Comité de empresarios de la micro y pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)
- Comité de empresarios de la micro y pequeña empresa de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
- Asociación Peruana de Empresarios de la Belleza – APEB
Deberían formar una coordinadora y emprender la gran cruzada por conseguir una formalidad inclusiva que sea una palanca para todos y no una carga insoportable. Lampadia
