Alejandro Deustua
Contexto.org
21 de setiembre de 2025
Para Lampadia
Mientras la minería ilegal y sus vínculos con el crimen organizado domina la escala de amenazas no tradicionales a la seguridad nacional, la atención sobre el narcotráfico parece confirmar un nivel inercial. Ello ocurre mientras que la demanda de drogas en el mundo bate récords atrapando a 316 millones consumidores (un incremento del 34% en 2023 según UNODOC).
En ese marco, el consumo global de cocaína también se ha incrementado (de 17 a 25 millones). Éste, si bien representa sólo alrededor del 7% del total de la demanda en un año, sigue siendo sostenido por una producción creciente de hoja de coca en los países andinos incorporados a una cadena interminable de delincuencia, postración ciudadana y pérdida de soberanía.
La UNODOC sostiene que la responsabilidad principal de ese incremento corresponde a las plantaciones colombianas (253 mil has.) frente a la reducción en el Perú a 92,284 has. y a 31 mil has. en Bolivia en 2023.
En el Perú, sin embargo, la reducción del cultivo ilegal no implica progreso. En efecto, la reducción del área ilegal en 2024 a 89,755 has. ha sido apenas de 2,500 has. en relación a 2023 y de 5 mil has en relación al pico de 2022 (DEVIDA).
En relación al estándar local de erradicación ello puede ser satisfactorio para algunos pero no si el área sembrada se mantiene en la parte alta de la curva de producción. Y menos si no se registra aún una tendencia contraria al incremento constante desde el 2015 (40,300 has). Hoy el área de coca ilegal es más del doble de la existente hace apenas nueve años. El esfuerzo de erradicación debe, por tanto, incrementarse.
Y debe hacerlo teniendo en cuenta no sólo el volumen producido sino la importancia geopolítica de las áreas afectadas. Éstas ponen en riesgo el centro-sur del país y complican seriamente las fronteras con Colombia, Brasil y Bolivia.
El núcleo central productivo está conformado por el VRAEM (36,345 has) e Iñambari-Tambopata (10,580 has) (DEVIDA) sumando entre los dos alrededor del 50% de la producción de coca ilegal.
El VRAEM (los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) complica a los departamentos de Huancavelica, Junín, Cusco, Ayacucho y Apurímac configurando un núcleo central perverso en el corazón del país.
Y el núcleo Iñambari-Tambopata proyecta, desde Madre de Dios, presión sobre Puno y, por tanto sobre el conjunto de sur peruano y del altiplano peruano-boliviano en el que el contrabando es un modo de vida.
Ambos núcleos complican la frontera con Brasil (Acre) y Bolivia (La Paz, Pando, Oruro). De otro lado, la presión cocalera sobre la frontera Colombia proviene de los sembríos en el Putumayo (1,548 has. en la que algunas autoridades negaron tránsito trasnacional) y de los del Bajo Amazonas (el tercer núcleo cocalero con 8,277 has.). Parte de esa zona es la que Petro desea disputar (Santa Rosa) con proyección sobre el río Amazonas y Brasil (Belén). Los núcleos centrales del VRAEM e Iñambari- Tambopata afectan también directamente la relación con el Brasil (la carretera interoceánica que comunica con Río Branco y la atracción de sus carteles)
El narcotráfico emplea las rutas amazónicas para llevar cocaína a los mercados brasileños y europeos que, con Estados Unidos, son destinos principales de ese producto (UNODOC). Esos núcleos también presionan sobre los puertos del Pacífico alimentados también por los núcleos del Huallaga (4,436 has) y de producción menor (Alto Chicama en La Libertad o Marañón sumando otras 1 mil has.).
De acuerdo al trazo gráfico de rutas de UNODOC, son las del Pacífico las que proveen a los mercados de la costa occidental norteamericana.
De otro lado, si las rutas y la organización del narcotráfico son hoy más complejas que las del siglo XX cuando se emprendió la “guerra contra las drogas”, la dimensión de los sembríos no ha variado mucho desde esa época (cuando se consideraban extensiones de entre 50 y 110 mil has.).
Asimismo, el incremento del consumo de drogas en Occidente y (y en América Latina) mantiene también un ritmo inercial (pero innovado por drogas sintéticas muchas de las cuales son de fácil acceso) mientras los gobiernos de poblaciones afectadas no logran atenuar esa tendencia. Es evidente entonces que, frente al paralelo incremento de la oferta, el incentivo para la cooperación entre productores y consumidores se debiera haber incrementado. Ese incentivo, sin embargo, podría decaer especialmente si se confirmara la tendencia a reemplazar la cocaína por drogas sintéticas mientras aparecen agentes productivos de esa droga en los mismos centros de consumo (que, sin embargo, siempre requerirán de la materia prima).
El incremento de capacidades para afrontar la amenaza es fundamental en los países productores. El Perú las requiere mientras algunas de éstas se emplean en exceso hoy en el Caribe. Lampadia
