Jaime de Althaus
Para Lampadia
En medio del páramo reformista (como diría Eduardo Dargent), hace unos días la presidenta de la Corte Suprema, Elbia Barrios, sorprendió al convocar a los candidatos a la alcaldía de Lima a exponerles el proyecto de implementar “Unidades de Flagrancia” en las cuatro grandes zonas de Lima.
Esa reforma es fundamental, si se completa bien.
Nosotros hemos reclamado en varios artículos desde hace años juntar en un solo espacio a fiscales, jueces, policías y una carceleta no solo para juzgar de manera inmediata a los delincuentes detenidos en flagrancia en general, sino que aquellos que cometieron delitos menores pudieran cumplir una pena de días o semanas o meses en la mencionada carceleta, con asistencia sicológica o social. Es decir, permitir que los jueces puedan sentenciar a penas cortas en lugar de liberar a los condenados porque su pena no alcanza los 4 años mínimos para cumplir cárcel efectiva.
Serviría para cortar de raíz el crimen y terminar con la sensación de impunidad, con la desalentadora práctica de liberar a los delincuentes a las horas de haber sido detenidos.
Elbia Barrios ha informado a los candidatos que el 2020 la Policía Nacional del Perú reportó 178,512 personas detenidas por comisión de delitos, y que ese mismo año había 335,199 procesos penales pendientes de trámite en el Poder Judicial. Esto es algo que crece año a año embalsando casos sin solución ni sentencia, agravando la masa delictiva del país.
Evidentemente las unidades de flagrancia propuestas ayudarían a resolver mucho más rápidamente. Según las estadísticas brindadas por Barrios, si un proceso común demora 21 meses, uno inmediato, para los casos de flagrancia, toma 72 horas y con terminación anticipada 24 horas. Sería un avance gigantesco en la administración de la justicia penal en el país.
El modelo de local propuesto, sin embargo, contiene una carceleta, pero solo para los detenidos mientras dura el proceso. Si reciben una pena de días o semanas o meses, no podrían cumplirla y serían liberados. Regresamos así a lo mismo, a la sensación de impunidad y a la devolución del delincuente a las calles para que sigan delinquiendo.
Tal como están planteados, estos módulos servirán para procesos inmediatos que lleven a la cárcel a todos aquellos detenidos en flagrancia que sean sentenciados a más de 4 años de pena privativa de la libertad. Si no se construye carceletas locales para los delitos menores con penas cortas, entonces habría que optar por la alternativa de los grilletes electrónicos para asegurar el arresto domiciliario.
La implementación de estos módulos tendrá, por supuesto, un costo adicional al presupuesto normal de las instituciones componentes. Pero a la larga habrá un ahorro porque según la presentación de Elbia Barrios, el Estado invierte 6 veces más en el trámite de un proceso común que en el proceso inmediato, sin considerar el tiempo de duración del proceso.
Y lo que la sociedad se ahorra en menor impunidad y mayor seguridad ciudadana, será inestimable. Es altamente prioritario que se considere entonces este gasto en el presupuesto del próximo año, cuando menos para comenzar con una o dos unidades en Lima. Mucho más importante que gran cantidad de gastos o programas del Ejecutivo que de poco sirven. No olvidemos que la razón de ser esencial del Estado es el imperio de la ley, la seguridad y el orden público. Lampadia
