28.9% de las empresas sufrieron robos o extorsiones,
y sólo en el 2.2% de los casos se detuvo a los delincuentes
El INEI ha dado a conocer el informe “Perú: la victimización en las empresas, 2015”. Es interesante porque revela que la tasa de victimización de las empresas –es decir, el porcentaje de las empresas fueron víctimas de algún hecho delictivo que atentó contra su seguridad durante el año 2014, que fue de 28,9%- es similar aunque ligeramente menor que la tasa de victimización de las personas, y que si bien el porcentaje de empresas que denuncia los delitos sufridos es mayor, los resultados de tales denuncias son prácticamente nulos: la policía no encuentra a los culpables o no recupera lo robado o extorsionado.
El asunto, entonces, es preocupante. En ciertas regiones del país puede afectar seriamente el crecimiento del PBI o el desarrollo de ciertas actividades.
La delincuencia atacó en mayor proporción a las actividades de transporte y almacenamiento (47.7%), información y comunicaciones (37.1%)[1], comercio y reparación de vehículos automotores (30.4%), y enseñanza privada (28.6%).
Y las regiones con mayor tasa de victimización en las empresas son Ica (48.4%), Arequipa (45.4%), Puno (41.4%) y Lima Provincias (40.1%). Siempre el año 2014. En el siguiente gráfico podemos ver en qué medida la delincuencia afecta a todas las regiones del país:
La proporción más alta de delitos que sufren las empresas son el robo o hurto (66.4%). La extorsión está en el tercer lugar con un 15%, pero a esa categoría habría que aumentar las “amenazas” (10.7%). La estafa viene luego con un 11.5%. Es lo que vemos en el siguiente cuadro:
Ahora bien, si desagregamos territorialmente el delito de extorsión a las empresas, vemos que este es muy alto como proporción de los delitos cometidos en las empresas en La Libertad (55.8% de los delitos), Lima Provincias (50.4%), Tumbes (42%) y Piura (41.9). En el cuadro siguiente podemos ver, efectivamente, como la extorsión está concentrada en la costa centro y norte del país:
Además, constatamos que la actividad más extorsionada de lejos es la construcción, pero también el comercio y los talleres de autos, industrias, pesca, etc. En el siguiente cuadro lo podemos ver:
Ahora bien, de todas las empresas que sufrieron algún tipo de delito, lo denunciaron el 56.2%, pero verdaderamente preocupante es que solo en 2.2% de los casos se detuvo a los delincuentes y solo en el 1.7% la empresa recuperó sus bienes. No queda claro si ese 11.8% que se encuentra en proceso judicial supone que se detuvo o identificó a los delincuentes también. Veamos el siguiente cuadro:
Como fuere, lo que queda claro es que la policía y el sistema judicial están fallando clamorosamente. Ni capturan a los delincuentes ni reponen lo robado o extorsionado. No cabe duda, entonces, que la delincuencia, común u organizada, está afectando el desarrollo de las empresas en algunas regiones del país y está recortando el crecimiento del PBI, y que, por lo menos hasta el 2014, no había manera de contenerla.
De hecho, ante la inacción policial, además de sufrir robos, extorsiones o estafas, las empresas tienen que efectuar gastos relativamente importantes en seguridad. En el siguiente cuadro vemos el porcentaje de empresas que invirtió en diversos tipos de medidas de seguridad:
Y en los siguientes cuadros podemos ver el porcentaje de empresas que contratan a terceros para tareas de seguridad, por departamentos y la incidencia en sus gastos globales.
Todo lo cual finalmente se expresa en gastos de seguridad que, según la encuesta realizada, representan porcentajes variables respecto del total de gastos de la empresa (ver cuadro anterior) pero que, sin duda, en muchos casos pueden borrar las utilidades de las empresas.
Si a esto sumamos los costos de la formalidad en el Perú –los costos tributarios, la tramitopatía y los costos de la legalidad laboral-, podemos entender las razones por las que una proporción altísima de las empresas y del trabajo subsiste en la informalidad.
Como consecuencia de esta situación, la impunidad ha ido reduciendo efectivamente el ‘costo’ del crimen, lo cual establece un incentivo perverso para su propagación.
En resumen, la emergencia de las empresas en el Perú como un motor de crecimiento, supone atacar no solo las causas de la informalidad tributaria, regulatoria y laboral, sino también la inseguridad que las afecta de manera sensible. Es indispensable avanzar en la reforma policial y judicial para empezar a contener el avance del crimen organizado y reducir la victimización por delincuencia común en general. Lampadia
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