Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 15 de setiembre de 2025
Para Lampadia
El fracaso del Estado peruano está por todos lados. Desde el punto de vista de la población civil, nuestro Estado es un suplicio.
Las causas de nuestro Estado fallido son harto conocidas:
Injerencia política a más no poder, tarjetazos por doquier (cero meritocracia), altísima rotación de funcionarios, híper regulación y burocratización del aparato estatal, redundancia institucional, etc.
De ese Estado politizado – y patrimonializado – devienen la inoperancia, el maltrato y la corrupción estatal.
Como bien decía Roberto Abusada (QEPD): “La corrupción ha hecho metástasis en el Estado peruano”.
Producto de ello, los servicios públicos están como están: mal… muy mal. Más aún, van de mal en peor. Los servicios de salud pública: el Seguro Social de Salud (EsSalud), los Hospitales del Ministerio de Salud (MINSA), y los Hospitales de las Fuerzas Armadas y Policiales… peor no pueden estar.
Las pruebas PISA que miden el nivel de la educación escolar en el mundo, denotan que – en nuestro país – más de la mitad de nuestros escolares de 15 años, no comprenden lo que leen, ni razonan matemáticamente. En síntesis, la educación escolar estatal peruana es de muy mala calidad.
Por otro lado, la creciente inseguridad ciudadana revela la total inoperancia del Ministerio del Interior y su brazo operativo: la Policía Nacional del Perú (PNP). Ambas instituciones sólo sirven para la cutra. Cutra para ascender. Cutra para soltar a delincuentes. Cutra para la compra de patrulleros. Cutra para todo.
En infraestructura pública… el fracaso estatal es igual. Según la Contraloría General de la República (CGR) el Estado tiene 2,400 obras paralizadas, en todo el país. Y prácticamente todas las obras terminadas están sobrevaloradas. Incluso, muchas obras terminadas están inoperativas. Los elefantes blancos también son una expresión del fracaso estrepitoso del Estado, en materia de infraestructura pública.
El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez se inauguró hace poco, pero… sin la infraestructura de acceso. ¿Quién debía construir la infraestructura de acceso al aeropuerto? Quién va a ser: el Estado. Tal cual la infraestructura de acceso al nuevo Puerto de Chancay. ¡Fracaso estatal estrepitoso!
El problema es que, ni la presidenta Boluarte, ni sus ministros, parecen estar al tanto del fracaso del Estado.
Tan es así, que no son capaces de sostener un servicio tan básico y sencillo como el traslado de turistas en Machu Picchu… una de las siete maravillas del mundo moderno, nada menos.
Una empresa concesionaria (CONSETTUR) brindó dicho servicio durante casi 30 años. Muy bien. El Estado sabía que el 5 de setiembre pasado vencía el plazo de la concesión. La idea era cambiar de concesionario. No hay problema. Que venga otra empresa que brinde un mejor servicio que CONSETTUR. Hasta ahí, todo bien… pero no.
El Estado peruano no movió ni un dedo para convocar al nuevo concesionario. Simplemente, no hizo nada… y el tiempo se lo comió. Típica actitud indolente e irresponsable de la mayoría de nuestras autoridades gubernamentales.
En este caso, me refiero al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Gobierno Regional del Cusco, a la Municipalidad Provincial de Urubamba, y a la Municipalidad Distrital de Machu Picchu.
Esos ministros, ese gobernador regional, y esos alcaldes – con su inacción e indolencia – son los responsables directos del caos que está viviendo Machu Picchu, desde el 5 de setiembre pasado.
Además del injustificado maltrato a turistas que vienen de muy lejos, nos hemos convertido en una vergüenza como país… una vergüenza mundial.
Bueno pues, por si la vergüenza de Machu Picchu fuera poca cosa, el 25 de setiembre próximo ocurrirá lo mismo con la concesión trasvase Olmos, en Lambayeque.
Después de 20 años de concesión, el Estado decidió cambiar de concesionario para operar la presa Limón y el túnel trasandino que lleva parte de las aguas del río Huancabamba a la irrigación Olmos. No hay problema.
Pero no… sí hay problema. El Gobierno – tal cual la concesión de Machu Picchu – no movió ni un dedo para seleccionar al nuevo concesionario… y el tiempo se lo comió. El propio Estado, a través del Proyecto Especial Olmos – Tinajones (PEOT) será quien asuma la operación y mantenimiento del trasvase.
El problema es que, en el caso de Olmos, hay riesgos tan serios como el riesgo de rotura de presa, el riesgo de inundaciones y desbordes, el riesgo de colapso del túnel, y otros que podrían afectar a centenares de miles de personas, y a operaciones agrícolas y ganaderas de las cuales dependen decenas de miles de trabajadores.
En este caso – de ocurrir una desgracia – los responsables directos serían los ministros de Economía y Finanzas, y de Agricultura, por no haber hecho nada para designar oportunamente a un nuevo concesionario calificado, y por asumir un servicio para el cual el PEOT no está capacitado.
Súmese a las autoridades antes mencionadas, aquellos personajes histriónicos, seudo moralistas e irresponsables – como el periodista Augusto Thorndike y otros – que aun sabiendo del Estado inoperante, maltratador e infestado de corrupción que tenemos, insistieron y exigieron que ese mismo Estado asuma la operación de un servicio tan complejo y riesgoso como el trasvase Olmos.
¿Se repetirá el caos de Machu Picchu, en Olmos? Me temo que sí.
Ojalá me equivoque. Pero si el Estado no pudo con Machu Picchu… menos podrá con Olmos. Lampadia
