Gracias a las negociaciones políticas dentro del Congreso, el nombramiento de seis de los siete vocales del Tribunal Constitucional (TC) y de tres de los siete directores del Banco Central de Reserva (BCR) continúa durmiendo el sueño de los justos
No es, desde luego, que nuestros congresistas se estén demorando por buscar con ahínco a los candidatos más aptos para estos puestos: el Congreso ya ha tenido en consideración a algunos muy reputados economistas y abogados. Es simplemente que las bancadas no se han llegado a poner de acuerdo en su negociación sobre qué pedazo de la torta le toca a cada una, y que no han tenido empacho en presentar candidatos más que cuestionables, convenientemente cercanos a los dueños de ciertas curules (o grupos de curules).
Al Parlamento, por lo visto, no parece interesarle estar más de un año fuera de plazo para cumplir con estos nombramientos ni da señas de entender qué tan clave son los mismos.
Con su demora, concretamente, está poniendo en juego dos de las piezas fundamentales sobre las que se construye el desarrollo de cualquier país: la estabilidad jurídica y la estabilidad monetaria. Después de todo, mientras no se defina a los nuevos miembros de estos organismos, permanece una incógnita sobre hasta dónde se mantendrán las directrices que ambos han venido siguiendo (lo cual es especialmente cierto en el caso del TC, donde la demora ha llevado a que se junten los nombramientos de seis miembros).
Es difícil exagerar lo que depende de estas directrices. El TC es el máximo intérprete de la máxima norma de nuestro sistema legal. Él decide, en última instancia, el significado y alcance de todos los derechos que la Constitución nos consagra, y que las leyes y demás normas regulan. Es decir, él tiene la palabra final sobre el alcance de nuestra libertad, tanto a nivel civil como económico, incluyendo en este último aspecto a los límites y protecciones a la propiedad y a la libertad contractual de los agentes económicos. Límites y protecciones, por cierto, que el TC no viene balanceando bien, para detrimento de nuestro atractivo para las inversiones y de la reducción de la pobreza: él también ha puesto de lo suyo para que nuestras cortes sean el punto más débil del Perú en el último índice de libertad económica publicado por los institutos Fraser y Cato.
Por su parte, el BCR está encargado de ofrecer una seguridad distinta y también básica: la estabilidad monetaria. Sin esta, el dinero pierde valor, lo que, como sabe cualquier sobreviviente de los 80, es la manera más efectiva y silenciosa de acabar con los sueldos y ahorros de todos. Por suerte, en este tema el Perú sí anda por buen camino: según el mismo índice del Fraser y el Cato, la estabilidad monetaria es la principal fortaleza de nuestro país en lo que a protección de libertades económicas se refiere. El Congreso, sin embargo, está demostrando tampoco tener reparos para serruchar la pata más sólida de nuestra mesa.
¿Cómo impedir que el Parlamento ponga así en riesgo la estabilidad jurídica y monetaria? Pues cambiando el sistema de incentivos que posibilita estos estancamientos. Hoy los congresistas se pueden demorar todo lo que quieran intentando sacar una tajada más para sus respectivos lados en sus negociaciones porque las consecuencias de la demora las pagan otros –la ciudadanía, concretamente–. No sucedería lo mismo si supieran que al cabo de un plazo razonable perderían el poder de tomar la decisión y, con él, todas las ventajas que pueden obtener de la misma. Si, por ejemplo, en el caso del TC, la facultad de nombramientos pasase luego del plazo señalado al Consejo Nacional de la Magistratura, un órgano que ya nombra a los jueces supremos.
Claro, es verdad que los únicos que podrían hacer una reforma así son nuestros propios congresistas y que estos no tienen incentivos para atarse las manos –esas manos en las que, para lo que toca a estos nombramientos, todos los demás ya estamos–. Pero ¿qué tal si al menos nos compensan atándoselas a quienes vengan después de ellos, con la correspondiente reforma legal, para que no puedan repetir esto? Sería una buena manera de demostrar que el interés nacional les importa al menos cuando no están los suyos propios de por medio, cosa que, pese a todo, ya sería mejor que dejarnos pensando que no les interesa ni en ese caso.
