Luis Miguel Castilla, Director de Videnza Consultores
Gestión, 4 de marzo del 2022
Las medidas incluidas en la agenda 19 no solo no abordan los problemas estructurales que enfrenta el mercado laboral, al contrario, los agravan.
“El daño generado por la hiperactividad del MTPE es enorme y lamentablemente la clase política no hace nada por frenar la destrucción del empleo de calidad del país”
La ministra de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) ha informado con mucha satisfacción del avance del mas del 50% de la denominada “Agenda 19”, creación de su antecesor Iber Maraví, que buscaría lograr mejoras laborales de la clase trabajadora nacional. Sin embargo, estas medidas -contrariamente a lo que pretenden- introducen rigideces significativas al mercado laboral generando impactos muy nocivos en la recuperación del empleo y precarizándolo aún más. El timing de esta agenda persigue claros móviles políticos, ya que, ante el desplome de la aprobación presidencial, busca fortalecer el apoyo de los sindicatos. Peor aún, adolece de un problema fundamental que es la creencia que las mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores se obtienen por decreto. En lo que va de su gestión, el Gobierno de Pedro Castillo no ha planteado ninguna medida para mejorar la productividad laboral (por ejemplo, en materia de capital humano). Por el contrario, el MTPE esta enfocado en avanzar en medidas y planteamientos que van en desmedro de la generación de empleo de calidad.
Primero, el cambio mas reciente es la limitación a la tercerización de los servicios que restringe esta modalidad para actividades enmarcadas en el giro principal de la empresa. Si bien existen empresas que utilizan de forma indebida la tercerización e incumplen la ley, el dispositivo legal aprobado no aborda este problema y, por el contrario, perjudica a las empresas que, debido a la especialización, requieren tercerizar otras actividades de su proceso productivo. Según la Planilla Electrónica de 2020, las empresas de tercerización e intermediación laboral emplearon a más de 240,000 trabajadores, que representan el 7% de la fuerza laboral formal. Además, esta normativa afectaría la contratación formal en empresas que por su naturaleza tercerizan diversos servicios, como ocurre en los sectores de construcción, servicios, manufactura, minería y comercio, donde mas del 60% de las empresas tercerizan.
Segundo, esta la propuesta de incrementar la remuneración mínima vital (RMV), probablemente de S/930 a S/1,000 como anuncio hace unos meses el presidente Castillo. Esta medida podría incrementar los niveles de informalidad, considerando que incluso con el nivel de MRV actual existen indicios que esta por encima del salario medio. En la actualidad existen 250,000 trabajadores en el sector formal que perciben el salario mínimo y estarían expuestos a salir de planilla debido a las pocas expectativas de contratación y el incremento en los costos laborales. Incluso se esta debilitando la institucionalidad insistente al no haberse socializado plenamente estos cambios en el seno del Consejo Nacional del Trabajo.
Tercero, se pretende elevar de 1.5 a tres sueldos por año la indemnización por despido arbitrario. Es preciso recordar que el Perú es uno de los países con los costos laborales no salariales mas altos en la región. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, estos costos que incluyen aguinaldo, bonificaciones, vacaciones, indemnización por despido, entre otros, representan el 67% del salario promedio de los trabajadores formales, superior al promedio de los países de Latinoamérica y el Caribe (49%).
Por último, se propone una nueva Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, enfocadas en garantizar el derecho a la libre afiliación, el ejercicio de actividades sindicales, la negociación colectiva y la huelga. Si bien el Perú posee una tasa de afiliación sindical de 5% de la fuerza laboral formal, menor que el 14.9% que tienen los países de la OCDE, esta ley ignoraría los efectos negativos derivados de la demanda de mayores salarios y la reducción de los incentivos laborales, la capacidad de las empresas para atraer mano de obra de alta capacidad y asignar salarios según el desempeño.
A los anterior, se suman contrarreformas en materia de empleo público. Pese a que el Ejecutivo retiró la acción de inconstitucionalidad sobre la ley de eliminación del régimen CAS y la ley de negociación colectiva, el Tribunal Constitucional ha fallado en contra de la primera pero a favor de la segunda. Ahora, el MTPE insiste en adscribirse Servir, yendo en contra de la opinión de la Secretaria de la Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas. El afán es uno de acaparamiento político y de avanzar hacia una agenda sindicalista que precarizaría aun más a la administración pública, como ha quedado claramente evidenciado.
Además, el Ejecutivo aprobó aumentar las pensiones de los jubilados de los regímenes de los decretos legislativos No.19990 y 20530, en la ley de presupuesto del año en curso, abundando la insostenibilidad financiera que enfrenta la Oficina de Normalización Previsional. Lejos de apoyar una reforma previsional que aumente la cobertura previsional o la densificación de los aportes previsionales, la ministra Betssy Chávez, en su condición de congresista, apoye públicamente el proyecto de ley que dispone la devolución del 100% del saldo de los aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones sin mostrar la más mínima preocupación por los millones de afiliados que no contaran con una pensión en la vejez.
En resumen, las medidas incluidas en la Agenda 19 no solo no abordan los problemas estructurales que enfrenta el mercado laboral peruano, al contrario, los agravan introduciendo mas distorsiones y penaliza la generación de empleo formal, sobre todo para las empresas pequeñas y medianas. Peor aún, existe el riesgo de politizar la fiscalización laboral (sin resguardar ningún tipo de proporcionalidad) como estaría ocurriendo en otros ámbitos. El daño generado por la hiperactividad del MTPE es enorme y lamentablemente la clase política no hace nada por frenar la destrucción del empleo de calidad del país. Por el contrario, los planes futuros incluyen la aprobación de una nueva ley general del trabajo y nuevas reincorporaciones de ceses colectivos en el Estado.
Mientras la atención esta puesta en la agudización de la crisis política, se deja el espacio para que se imponga una agenda reivindicativa laboral que solo piensa en unos pocos e ignora el bienestar de las grandes mayorías.
