Por: Rolando Arellano
El Comercio, de 22 de noviembre de 2021
“No se puede permitir que sus exigencias partan de tomar como rehén a la riqueza que nos pertenece a todos”.
¿Tiene el inquilino que vive más cerca de la entrada de una cañería derecho a cerrarla porque le causa incomodidad, dejando sin agua al resto de familias de un edificio? Esta situación, evidentemente ilegítima, es la que se da en nuestro país permanentemente cuando un grupo de personas boicotea el acceso a las fuentes de riqueza que pertenecen a todos los peruanos, privándolas del bienestar que estas les pueden dar.
¿Tiene derecho una autoridad de aprobar el corte de suministro de agua a todo el edificio solo por congraciarse con los primeros vecinos? Sin duda no, porque el espíritu de todas las leyes dice que los derechos de un ciudadano no pueden atentar contra los derechos de otros. Por esa razón, en los países donde estas se respetan, se castiga tan severamente a quien cierra la carretera que pasa por su predio, que es casi impensable que eso ocurra.
Desgraciadamente, esta lógica es desconocida por nuestras autoridades. Como ahora, que la primera ministra Mirtha Vásquez pretende cerrar cuatro minas porque supuestamente atentan contra los intereses de sus vecinos cercanos. Ignora así que estas minas no solo dan trabajo directo e indirecto a cerca de 50 mil familias de la región y a cientos de empresas pequeñas y medianas, sino que proveen ingresos con los que el Estado paga a maestros y policías, y equipa hospitales que sirven a los 32 millones de peruanos.
No se trata, por cierto, de desconocer las reivindicaciones legítimas de los pueblos cercanos, pues debe buscarse la manera más adecuada de evitarles perjuicio. Pero estando en juego un bien mayor, tampoco se puede permitir que sus exigencias partan de tomar como rehén a la riqueza que nos pertenece a todos. Porque, tal como ocurrió con Conga y ahora amenaza a Tía María, este nuevo capítulo de Ayacucho, de falta de visión nacional de nuestras autoridades, amenaza con empobrecer más no solo a los vecinos de las minas que se pretenden cerrar, ni solo a los cajamarquinos, arequipeños o ayacuchanos, sino también a todos los peruanos.
No podemos terminar sin señalar la inmensa decepción que esta noticia causa a quienes escuchamos en CADE las promesas de respeto a la ley y apoyo a la generación de trabajo y a la inversión empresarial que dieron el presidente, su primera ministra y el ministro de Economía. En un ambiente de declaraciones contradictorias anteriores, esa coherencia del mensaje de las tres autoridades nos dio la esperanza de que se podía confiar en sus palabras. El comunicado de la ministra sobre el acuerdo de Cora Cora, pretendiendo cerrar el caño de la riqueza mineral que pertenece a todos los peruanos, nos hace ver que la realidad es otra.
