José Luis Sardón
Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura – Campus Lima y Visiting Professor de la Antonin Scalia Law School de la George Mason University. Exmagistrado del Tribunal Constitucional del Perú.
Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico
Glosado por Lampadia
La legitimidad democrática depende no solo del recuento exacto de los votos, sino también de la confianza pública en que las normas electorales serán aplicadas predecible, neutral y competentemente.
Desde 1980, tras un paréntesis de 12 años de régimen militar, el Perú ha celebrado elecciones generales cada 5 años. En 2000, la destitución de Alberto Fujimori obligó a realizar nuevas elecciones en 2001. Luego, el proceso democrático recuperó su ritmo.
Empero, esta experiencia democrática acumulada no impidió las irregularidades ocurridas el domingo 12 de abril, durante la primera vuelta de las recientes elecciones generales.
De acuerdo con la ley electoral, las mesas de votación debían estar instaladas a las 7:00 AM y la votación debía realizarse hasta las 5:00 PM. Sin embargo, en Lima Metropolitana, muchas mesas aún no estaban instaladas al mediodía, el plazo legal para hacerlo. Considerando ello, las autoridades electorales extendieron el plazo hasta las 2:00 PM y la votación hasta las 6:00 PM. No obstante, a las 2:00 PM, según Transparencia, el 13% de las mesas electorales observadas en Lima Metropolitana aún no se había instalado. Esto no ocurría en zonas rurales remotas, sino en la capital, donde reside un tercio del electorado.
Esta situación, comparada con las elecciones anteriores y dado lo ajustado del resultado, ha llevado a que una parte importante de la opinión pública cuestione la integridad del proceso. En este momento, ya se ha contabilizado 98.5% de los votos. Keiko Fujimori lidera la votación con 17.1%, pero dos candidatos se encuentran prácticamente empatados en segundo lugar: Roberto Sánchez con 12% y Rafael López Aliaga con 11.9%. En una contienda tan reñida, los retrasos en la apertura de las mesas electorales pueden haber afectado la participación de manera que podría tener gran relevancia política.
El Jurado Nacional Electoral (JNE) ya ha descartado anular el proceso electoral y ha culpado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por las irregularidades señaladas.
Ha justificado esta decisión argumentando tanto la necesidad de preservar el cronograma electoral peruano como la ausencia de causales legales para anular las elecciones.
Por tanto, si los resultados señalados se confirman en los próximos días, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la presidencia en una segunda vuelta, que tendrá lugar el próximo domingo 7 de junio.
¿Qué puede suceder en la segunda vuelta?
Esta será la cuarta vez consecutiva que Keiko Fujimori participa en una segunda vuelta. Anteriormente, perdió ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).
En las dos últimas ocasiones, sin embargo, perdió por un margen sorprendentemente similar, de alrededor de 40.000 votos, que representaba apenas el 0.25% del total de votos válidos.
Según las primeras encuestas, Keiko Fujimori está empatada con su nuevo contrincante en 38%. Dado que una parte significativa de los peruanos aún no ha decidido por quién votar, es evidente que puede ganar, pero no será fácil.
Las perspectivas de Roberto Sánchez se benefician del gran salto atrás que dio el Perú en 2020.
Entre 2005 y 2019, el Perú redujo sus niveles de pobreza de casi 60% a 20%, mediante el fomento de la iniciativa privada y políticas macroeconómicas sólidas.
Empero, una de las cuarentenas más estrictas del mundo, impuesta por el gobierno de entonces para hacer frente al COVID-19, arrasó con miles de pequeñas empresas y millones de empleos.
En solo un año, la pobreza volvió a dispararse a 30%. En 2021, la elección de Pedro Castillo no contribuyó a la recuperación del Perú.
Llevados por la desesperación, los electores de Roberto Sánchez quizá no comprendan que su elección tampoco lo hará.
El programa de Roberto Sánchez incluye la reforma de la Constitución de 1993. Ciertamente, esta no es perfecta. No corrigió la explosiva mezcla de semipresidencialismo y representación proporcional que el país mantiene desde 1963.
Sin embargo, en su Título III, estableció el Régimen Económico que sustentó el despegue del Perú hasta el 2019, limitando la actividad empresarial del Estado, fortaleciendo los derechos de propiedad y el acceso al mercado, y garantizando políticas fiscales y monetarias responsables.
Estas normas constitucionales, precisamente, son las que Roberto Sánchez quiere cambiar.
En cualquier caso, gane quien gane la presidencia tendrá que enfrentar a un Legislativo revitalizado.
Los resultados preliminares indican que los 60 escaños del Senado —relanzado con funciones de gobierno muy importantes— se dividirán en partes iguales entre dos partidos de derecha y cuatro de izquierda.
Además, ningún partido tendrá mayoría absoluta en los 130 escaños de la Cámara de Diputados.
Restablecer un Congreso bicameral no ha reducido la fragmentación legislativa, pero ralentizará la toma de decisiones y reducirá la facilidad con la que se ha destituido presidentes en los últimos diez años.
Lampadia
