Juan Carlos Mathews
Expreso, 29 de abril del 2026
Dentro de las reformas estructurales que el país requiere, una de las más urgentes es la reforma del Estado. Se trata de construir una administración pública más eficiente, donde prime la meritocracia y que resulte atractiva para profesionales capaces, íntegros y comprometidos con el servicio público.
Con frecuencia se pone como ejemplo al Banco Central de Reserva del Perú, que, gracias a su autonomía y a su reconocido programa de extensión universitaria, ha logrado atraer y formar talento de primer nivel, consolidando una línea de carrera institucional basada en el mérito.
Es indiscutible el liderazgo técnico de Julio Velarde y de su equipo. Si bien ningún país debe depender de una sola persona, es un activo contar con profesionales de su trayectoria, así como con un directorio y una plana gerencial altamente especializados en política monetaria, capaces de garantizar la continuidad de una gestión que ha sido clave para la estabilidad económica del país.
En otras instituciones del Estado, como el Ministerio de Economía y Finanzas o el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, también existen cuadros técnicos de alto nivel que cumplen una labor fundamental. Sin embargo, estas instituciones no están exentas del riesgo de interferencia política.
Más allá de los ministros y viceministros —cuyos cargos suelen ser transitorios—, es crucial proteger a los equipos técnicos que sostienen el funcionamiento del Estado: directores, coordinadores de proyectos y especialistas que, en muchos casos, cuentan con una larga y valiosa trayectoria. Son ellos quienes permiten que la gestión pública avance, incluso en contextos de alta incertidumbre política a los que, lamentablemente, nos estamos acostumbrando.
La meritocracia en el Estado implica un sistema que selecciona y promueve a los funcionarios en función de sus capacidades, conocimientos y desempeño, sin interferencias políticas o intereses particulares. El resultado de este enfoque es un mejor servicio al ciudadano y una menor exposición a prácticas de corrupción.
Una reforma profunda del Estado supone cambios estructurales que, por su naturaleza, deben impulsarse al inicio de un gobierno, no al final ni en contextos de transición. El próximo gobierno, que asumirá funciones el 28 de julio, tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de liderar este proceso, incorporando al sector empresarial y a la academia, revisando experiencias internacionales y diseñando una propuesta sólida y sostenible.
En ese marco, resulta preocupante escuchar durante la campaña algunas propuestas que van en sentido contrario. Por un lado, la intención de prescindir del actual presidente del Banco Central. Más allá de nombres, lo que está en juego es la continuidad de una política monetaria responsable que ha permitido mantener una de las monedas más estables de la región. Quienes vivieron la crisis de los años 80 —marcada por la hiperinflación— comprenden el valor de esa estabilidad.
En términos simples: en un equipo competitivo, no se reemplaza sin razón al jugador que garantiza resultados.
Por otro lado, se plantea la eliminación de ministerios sin un análisis integral del aparato estatal. Cualquier rediseño institucional debe partir de un diagnóstico serio, que identifique duplicidades, vacíos y oportunidades de mejora. En algunos casos, podría ser más eficiente fortalecer organismos especializados —por ejemplo, en ciencia y tecnología— antes que crear o eliminar ministerios sin una visión de conjunto.
La reforma del Estado no admite improvisaciones. Requiere rigor técnico, visión de largo plazo y, sobre todo, la convicción de que sin meritocracia no hay institucionalidad, y sin institucionalidad no hay desarrollo.
