Michelle Salcedo
Gestión, 1 de abril del 2026
Hace algunas semanas participé en un encuentro de líderes de sostenibilidad. En algún momento de la conversación, alguien trajo a la mesa el argumento de siempre: que las empresas deben ejecutar programas para “devolverle algo a la sociedad”. La frase me incomoda cada vez que la escucho, no porque crea que las empresas no tienen responsabilidades, sino porque parte de una premisa que no comparto: que le han quitado algo a la sociedad y tienen una deuda pendiente.
Prefiero pensarlo de otra manera. Las empresas son ciudadanos corporativos, miembros de una comunidad, no agentes externos a ella. Y, como todo ciudadano, no actúan por deuda sino por pertenencia. Esa distinción, que politólogos como Matten y Crane han desarrollado con rigor, cobra hoy una relevancia particular en Perú.
En pocos días votaremos por presidente, senadores y diputados, y a lo largo del año se elegirán por votación más de 10,000 nuevos funcionarios públicos a nivel nacional, regional y distrital. Pocas veces el ejercicio ciudadano habrá sido tan complejo: candidatos que se multiplican, una cédula larga, un Parlamento bicameral que regresa después de años y un ambiente cargado de polarización y desconfianza.
Aquí es donde la ciudadanía corporativa deja de ser un concepto abstracto. Las empresas tienen acceso directo a millones de personas —colaboradores, proveedores, clientes— y, con ese alcance, viene una responsabilidad concreta: no decirle a nadie por quién votar, sino contribuir a que todos votemos mejor. Eso significa ayudar a leer un plan de gobierno, identificar fuentes confiables, detectar desinformación en redes y —quizás lo más difícil— promover una conversación donde, como explicó hace poco Augusto Townsend, el adversario político sea un rival, no un enemigo.
Las opciones son muchas y variadas: charlas con expertos sobre cómo funcionará el nuevo Congreso bicameral, talleres para entender la cédula, acceso a planes de gobierno, herramientas para detectar desinformación y espacios para el debate constructivo. Para quienes no saben por dónde empezar, organizaciones como Eshoy, con su iniciativa “Ante todo ciudadanos”, demuestran que esto es posible, escalable y apolítico.
No se trata de un gesto filantrópico ni de una campaña de imagen. Se trata de ejercer, como corresponde a todo ciudadano, la responsabilidad que viene con pertenecer a una comunidad. Las empresas peruanas tienen hoy una oportunidad concreta de contribuir a fortalecer una democracia que lo necesita urgentemente.
