Miguel Palomino
La República, 30 de marzo del 2026
«de como el Tribunal Constitucional es el único que puede detener la locura del Congreso dispendioso, sin la cual nos condenamos a revivir nuestro pasado oscuro»
«No sorprende que tengamos tantos partidos, movimientos y candidatos ¿Se imaginan poder gastar en quien se les antoje? ¡Un Papá Noel siempre listo!
La semana pasada el Congreso aprobó tres normas que significan un incremento anual de por lo menos 15,000,000,000 de soles de gasto al presupuesto nacional.
Para ponerlo en perspectiva, el presupuesto de 2026 bordea los 258,000,000,000 de soles. Son cifras enormes, difíciles de entender, pero lo importante es que el ciudadano promedio sepa cuánto gasta el Estado anualmente y lo contraste con qué tan satisfecho está con los servicios que le brinda.
La brecha es enorme y creciente. En 2012, la satisfacción con los servicios centrales del Estado promediaba 52%; hoy es apenas 28%, pese a que el presupuesto público se ha triplicado en esos 14 años. El dinero público en la actualidad se malgasta de una manera infame. Y no es que en el 2012 se gastara muy bien.
Lo que nos deja en claro es que estas cifras gigantescas de gasto y la posibilidad de gastar más atraen a muchos personajes profundamente inadecuados para tomar decisiones tan importantes. Nos sorprende que tengamos tantos partidos, movimientos y candidatos. ¿Se imaginan estar en la posición de poder gastar en quien se les antoje? ¡Un Papá Noel siempre listo para gastar en sus “amigos” porque, total, a él no le cuesta!
Cuando alguien puede gastar sin que le cueste, los controles sobre el gasto deben ser especialmente estrictos. Pero cualquier control que se ponga, siempre va a ocasionar ineficiencias. Rara vez el peso de la función pública compensa el sistema de incentivos ineficiente de la función pública. Por eso es por lo que, realmente, el Estado debe dedicarse a sus funciones esenciales y dejar lo demás al menos imperfecto sector privado. No hay nada de ideología en esto. Simplemente el sector privado es, en promedio, más eficiente que el sector público porque usualmente tiene mejor alineados los incentivos para operar.
Ahora bien, el Congreso, el artículo 79 de la Constitución dice: “Los congresistas no tienen iniciativa para crear ni aumentar gasto público, salvo en lo que respecta a su propio presupuesto”. Eso es todo, no hay otro artículo que discuta el tema de iniciativa de gasto por el Congreso.
No hay ambigüedad. Sin embargo, pese a lo fácil que resulta de entender, el Tribunal Constitucional (TC) del 2020, interpretó -por 4 votos contra 3- que lo que la Constitución realmente quería decir era que el Congreso no tenía iniciativa de gasto por el año en curso, pero que, en ciertas circunstancias, podía tenerla para años posteriores. Esto llevó, en la práctica, a que el Congreso diera rienda suelta para iniciar un festival de gastos.
A los que tenemos algunos años nos recuerda a la “ley de iniciativa auténtica” que hizo el Congreso dominado por los fujimoristas en 1996, que permitió a Fujimori postular a la presidencia el 2000. En ese entonces, el TC intentó oponerse a tan antojadiza interpretación, pero el Congreso destituyó a tres de sus miembros y así no se alcanzaron los votos para declarar inconstitucional la ley. Pareciera que el ejemplo de lo que pasó con los magistrados de entonces está produciendo efectos nefastos.
El TC de hoy, que ha cambiado totalmente, probablemente aclarará las cosas si alguien se lo pidiera, así por lo menos lo han dado a entender con diversas declaraciones. Pero el Ejecutivo, hipotecado al Congreso, ya anunció que no mandará al TC ninguna iniciativa de gasto del Congreso.
En todo caso, cualquiera hubiera podido prever que nuestro Congreso empezaría inmediatamente a aumentar el gasto a futuro de forma descontrolada. Incluso partidos que en campaña dicen estar a favor de la estabilidad económica y a favor de cumplir las metas fiscales, como Alianza Para el Progreso, Renovación Popular y Fuerza Popular, votaron todos a favor de las tres normas por un gasto adicional de 15 mil millones de soles. No hubo un congresista con la decencia de oponerse a ninguna de las tres iniciativas. Fue una goleada de entre 82 y 95 a cero.
Frente a un Congreso desbocado, solo el TC puede aclarar las cosas de manera que la iniciativa de gasto del Congreso sea por lo menos severamente restringida. Si no se corrige esta interpretación y se declaran inconstitucionales las normas dadas por el Congreso en exceso de sus facultades, el Perú va aceleradamente en la dirección de déficits fiscales enormes y un nivel de deuda insostenible. Esa es una espiral bastante conocida en el Perú y salir de ella la última vez nos costó muchísimo.
Ahora bien, el TC es elegido por el propio Congreso por un período de cinco años, que dura aproximadamente lo mismo que el Congreso (lo cual es una mala idea, pero con eso tenemos que vivir por ahora). Los magistrados del TC no pueden ser reelegidos. Entonces, estrictamente hablando, los magistrados son independientes del Congreso de hoy, por lo cual sería un acto de enorme patriotismo que de una vez por todas aclarase que una pieza fundamental del equilibrio macroeconómico en el Perú es el artículo 79 de la Constitución. Este debe ser interpretado a la luz de todo el resto del texto constitucional, que aboga por la importancia de la estabilidad macroeconómica para el progreso del país.
La meta fiscal para el próximo año es lograr un déficit de 1,4% del PBI, lo cual es risible. En ninguna circunstancia plausible podremos alcanzar esa cifra. Basta con decir que los 15 mil millones de soles que se han sumado al gasto todos los años son justamente equivalentes al 1,4% del PBI. Es decir, si los congresistas no deberíamos tener el serio del presupuesto en equilibrio entre ingresos y gastos. Y eso no ocurrirá ni siquiera en 2025, un año muy favorable: crecimiento económico, ingresos fiscales extraordinarios por factores no repetibles y alta recaudación minera por precios altos de los minerales. Aun así, el déficit fue de 2,2% del PBI.
Mirando hacia adelante, en el mejor escenario, los ingresos fiscales del 2027 serían similares (en términos del PBI) a los del 2025. Para alcanzar el equilibrio con los mismos gastos (más 15 mil millones) necesitaríamos reducir los demás gastos en aproximadamente 30,000,000,000 de soles. Esto es igual a casi todo el presupuesto 2026 del sector Salud. Es inaudito. Además, no estamos considerando el gasto ya anunciado en compra de aviones en total cerca 1% del PBI, lo que se le acaba dando a Petroperú ahora que se tendrá una “visión nacionalista” (es decir, ocultar el robo sistemático en la empresa), ni las nuevas ideas que se le puedan ocurrir a este y al próximo Congreso.
Solo el TC tiene la autoridad para ponerle fin al dispendio del actual Congreso, que ya se asemeja a una hora loca descontrolada. Solo así podemos retornar a una senda de gasto que no acabe en el desastre. De lo contrario, el desorden fiscal terminará pasándonos una factura carísima que, como siempre, no pagarán quienes hoy deciden, sino todos los peruanos, con falta de empleo, ausencia de futuro y mayor pobreza.
