Entrevista a Julia Torreblanca
Diana Seminario
El Comercio, 22 de marzo del 2026
La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía exhortó al Congreso de desistir de la aprobación de normas que «solo dañan a los sectores productivos» en referencia al dictamen que afecta a las concesiones mineras.
La aprobación del dictamen que modifica la Ley General de Minería y el régimen de concesiones ha encendido todas las alarmas, pues se estaría haciendo un grave daño a a minería legal.
Diferentes gremios rechazan el dictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso que modifica la Ley General de Minería y el régimen de concesiones ¿Cómo así esta norma quiebra el régimen de concesiones mineras?
Con estas modificaciones, lo que se está buscando más bien es promover la minería ilegal, la ocupación indebida de terrenos sin que tengan un título de por medio. Hoy día las concesiones mineras tienen y le dan al titular minero la garantía de poder acceder a ese recurso hasta por 30 años, que es el tiempo que se necesita para desarrollar un proyecto minero en nuestro país. Es más, de acuerdo con estudios de diferentes entidades, un proyecto minero podría tardar hasta 40 años en desarrollo. Entonces, este proyecto quiebra el régimen de concesiones porque está cambiando las reglas de juego, permite que se ocupen terrenos del Estado o concesiones mineras sin título alguno. Eso es lo que ocurriría si se aprueba este dictamen. Además, significa que el Estado dejaría de percibir recursos importantes.
—En la práctica, ¿las concesiones después de 15 años quedarían a expensas de la minería ilegal?
Lo que se está haciendo con este dictamen de la Comisión de Energía y Minas es matar la minería formal en el país y el ingreso más importante que tienen los peruanos.
—¿Cuánto se afectaría económicamente el erario público si esto se concreta?
Las empresas mineras en el Perú no solo pagamos el Impuesto a la Renta que se traduce en el canon minero, también pagamos regalías y el derecho a vigencia. Está en juego el 68% de las exportaciones peruanas. El 23% de los impuestos que pagan todas las empresas del Perú provienen de las empresas mineras que son la fuente de ingresos de los gobiernos regionales, locales y distritales. Con esos fondos se construyen hospitales, colegios, carreteras y otras obras.
—El dictamen incluye el tema de las concesiones ociosas, pues se argumenta que todo el territorio está concesionado; pero, según especialistas, solo el 16%. ¿Cuál es la realidad?
En el Perú, no existen concesiones mineras ociosas, eso es un mito creado por los operadores políticos de la minería ilegal para legalizar y justificar el cambio que están haciendo y la invasión de la propiedad privada. Enfrentamos la desidia de las instituciones que no tienen capacidad para responder a los trámites de las empresas mineras formales, entonces hay concesiones que no están en operación, pero pueden estar en los planes de diferentes empresas y ponerse en valor una vez que se obtienen los permisos. Decir que todo el país está concesionado es una falacia. Necesitamos revisar la data real para que se entienda que existe mucho territorio que sí se quiere explorar y desarrollar, y que está disponible para que los mineros que quieran hacerlo lo hagan.
—Según el dictamen, las comunidades aledañas a las empresas mineras tendrían capacidad de influir incluso en las decisiones financieras de la empresa. Algunos señalan que es una medida expropiatoria. ¿Cómo entender eso?
No solo es expropiatorio, sino también motivo de preocupación, dado que en este contexto electoral se están creando expectativas que no solo atentan contra el régimen jurídico peruano, sino que se plantea que estas comunidades podrían suscribir acuerdos de participación con la empresa. Es una expropiación encubierta si es que se obliga a la empresa a transferir una parte de su patrimonio empresarial.
—¿De qué manera participarían las comunidades?
Se les estaría dando la opción de participar a través de un accionariado o de alguna contribución de parte de la empresa. Si bien se plantea de manera potestativa se están generando expectativas que pueden agudizar los conflictos sociales y el chantaje del que ya varias empresas son víctima en algunas partes de nuestro territorio. Actualmente, las empresas mineras realizan trabajos continuos con su entorno para generar empleo, desarrollo local, sin mencionar los proyectos que se han realizado con inversión directa o a través de obras por impuestos, logrando cubrir brechas que el Estado no ha podido resolver por falta de capacidad o de presupuesto.
—En este contexto electoral, de generación de expectativas por los candidatos ¿Qué va a pasar si no se aprueba en el pleno?
Hay una gran responsabilidad, no solamente del Congreso, sino del propio Ejecutivo de clarificar que esta aún no es una norma aprobada y que existen todavía canales para que se pueda revertir el daño que ya está causando este dictamen. Esperamos que se puedan involucrar los ministerios de Energía y Minas, de Economía y Finanzas, teniendo en cuenta que la Comisión no ha tomado las opiniones del Ministerio de Energía y Minas contrarias al proyecto. El Ingemmet concluyó que era jurídicamente inviable, advirtiendo que reformular la normativa de las concesiones sin evaluar su impacto económico, podría generar pérdida de competitividad y de inversiones, así como desempleo. Apunta además que un proyecto minero puede tardar entre 15 y 35 años en promedio para pasar de la exploración a la producción y precisa que podría tardar hasta 40 años. Pese a esto, la comisión aprobó el dictamen ignorando la opinión técnica del sector competente.
—¿Es esta la peor iniciativa que afecta a la minería legal?
Sí, no solamente es la más dañina, sino que le sigue muy de cerca la norma que ha ampliado el Reinfo, porque van de la mano y acá no hay coincidencias. Insisto en que debe tomarse en cuenta la opinión del MEF porque otro de los temas que propone este dictamen es elevar las tasas del derecho de vigencia y la penalidad que sin duda desincentivan las inversiones formales. Se propone incrementar el derecho a vigencia en 300% y las penalidades hasta en 400%, entonces no solamente da una mayor desventaja, sino que ahora sí me quedo muy preocupada, porque acabamos de estar en PDAC 2026 [Prospectors and Developers Association of Canada], en Toronto, explicando las ventajas que tiene nuestro país, y con un dictamen irresponsable que podría estar influenciado no solo por razones electorales, sino también por la minería ilegal, se cambia el panorama de nuestro país, el futuro de nuestros hijos.
—Si se afecta la competitividad, ¿los inversionistas optarán por irse a otros países como Chile?
Sí, cuando el presidente Kast estuvo acá nos dijo que su prioridad es reducir plazos para poder incentivar más inversiones mineras en su país, porque Chile reconoce que el cobre es parte del presupuesto y de la vida de los chilenos. En el Perú, lamentablemente se promueve la minería ilegal, como está haciendo el Congreso. Ya se dice que en el Perú se paga mucho más derecho de vigencia. Por ejemplo, por un proyecto de cobre por 30 años pagamos mínimo casi cuatro veces más por derechos de vigencia y penalidad que países como México, Colombia, Chile, Sudáfrica, Argentina, Canadá y Estados Unidos, y eso es una desventaja. Ahora vamos a aumentar esa desventaja en 300% y las penalidades en 400% cuando en la mayoría de países mineros ni siquiera exige el pago de penalidades. El Perú se está poniendo la soga al cuello gracias a esta Comisión de Energía y Minas que ha priorizado intereses distintos a los de nuestro país.
—El Ministerio de Energía y Minas es el que tendría que estar aquí detrás, pero lamentablemente el ministro Ángelo Alfaro, que debería estar concentrado en este tema, es acusado por una mujer de que abusó sexualmente de ella cuando tenía 16 años, y él, 47.
Eso va a tener que ventilarse en las vías correspondientes, pero el Ministerio de Energía y Minas sí se ha pronunciado en contra de este dictamen. Todos los que entendemos cómo funciona la actividad minera estamos alineados. No podemos poner en juego la actividad más importante del país, no podemos dejar que se vulnere la seguridad jurídica y que los autores de este dictamen pretendan justificarlo bajo la falacia de que todo el territorio nacional está concesionado o que existen concesiones ociosas. Exhortamos al Congreso de la República a desistir de la aprobación de normas que solo dañan a los sectores productivos, como en el caso de la minería, cuya contribución al crecimiento socioeconómico del Perú y en sus regiones es de suma importancia.
“Esperamos que el Ejecutivo no ceda en la reestructuración de Petro-Perú”
— Este dictamen se aprobó por 11 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones. Se dice que es una copia del contenido de los planes de gobierno de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y José Luna (Podemos).
Sin duda, se le ha dado prioridad a este tema en vez de abocarse a aprobar una ley MAPE moderna que permita que todos los mineros pequeños, medianos y artesanales puedan desarrollar su actividad de manera formal, ágil y con los permisos correspondientes. En vez de ello, de la noche a la mañana aprueban este dictamen de manera muy irresponsable. Lo que queda es esperar que el pleno y los electores vean quiénes votaron a favor para entender quiénes pretenden destrozar no solo el régimen minero, sino también el futuro del país que depende de la minería en gran escala. Estamos a tiempo de cambiar este nefasto dictamen.
— ¿Cuál es la posición de la SNMPE sobre el anuncio de que el Gobierno le inyectará a Petro-Perú 500 millones de soles?
Este anuncio realizado un día antes de la frustrada sustentación del voto de confianza genera preocupación y dudas. Si bien el MEF aclaró que esta operación no se hará con recursos públicos, sino a través de endeudamiento externo y con criterios técnicos y financieros, no queda claro que no sea una medida más de alivio financiero sin condiciones.
—¿Qué esperar?
Esperamos que el Poder Ejecutivo no ceda en el proceso de reestructuración de Petro-Perú, y con el nuevo directorio que tiene integrantes con experiencia y perfil técnico, se logre más bien un avance concreto, lo que permitirá que Petro-Perú pueda conseguir financiamiento externo en base a una evaluación de su desempeño actual y futuro, el cual le permitirá atender sus obligaciones. Cualquier apoyo que no esté acompañado de avances en un proceso real de reestructuración sería un retroceso.
