Dictamen busca acelerar la caducidad de concesiones mineras formales
Juan Manuel Saldarriaga
El Comercio, 19 de marzo del 2026
RIESGO. Cambios aprobados en comisión del Congreso abrirían la puerta a que pasen a manos de minería informal o incluso ilegal. La SNMPE advierte que se desincentivaría la inversión.
Entre gallos y medianoche, y en plena agitación política por la caída del Gabinete Miralles, la Comisión de Energía y Minas del Congreso dio luz verde el pasado martes a un dictamen que apunta directamente al corazón de la minería: las concesiones mineras.
La iniciativa, aprobada con 11 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, propone “fortalecer el régimen de concesiones mineras y evitar la existencia de concesiones ociosas”, es decir, de aquellas áreas mineralizadas –supuestamente en manos de la gran minería– que no son trabajadas adecuadamente y que impiden el acceso de “operadores con capacidad real”.
En la práctica, sin embargo, el dictamen impulsado por Juntos por el Perú, Podemos Perú y otras agrupaciones políticas buscaría “arrebatar las concesiones mineras a sus concesionarios formales para que puedan ser trabajadas por mineros informales o ilegales”, advierte Ángel Chávez, counsel de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.
Esto a través de una serie de medidas orientadas a acelerar su caducidad, como el acortamiento del plazo para que inicien producción (de 30 a 15 años), la eliminación de su carácter irrevocable y el incremento, hasta en 300%, de los pagos por derecho de vigencia, entre otras propuestas que “desincentivan, claramente, la actividad minera formal en el país”, apunta Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Se trata, explica la ejecutiva, de un dictamen claramente antitécnico porque parte del “supuesto falaz” de que las concesiones mineras son monopolizadas por la gran minería.
“Por el contrario, si uno revisa los petitorios mineros del año pasado verá que estos llegan casi a 13.000 y que el 70% pertenece a pequeños mineros. Entonces, no es cierto que estos no pueden acceder a las concesiones”, apunta.
—Sin sustento técnico—
Una investigación llevada a cabo por el Grupo de Diálogo Minero revela que la mayor parte de las concesiones invadidas por mineros informales (el 70%) pertenece no a la gran ni mediana minería, sino a pequeños mineros y mineros artesanales.
“El dictamen se ha construido sobre la base de falacias que no resisten el menor análisis. No es, por tanto, una norma hecha técnicamente, y eso es un gran problema para el país”, anota Grossheim.
Por si hicieran falta más pruebas, Chávez remarca que todas las entidades técnicas, públicas y privadas convocadas por la Comisión de Energía y Minas para dar su opinión sobre la norma (en realidad, una acumulación de nueve proyectos) opinaron en contra. Solo el Ingemmet, apunta, dio una opinión favorable, de la cual se retractó prontamente.
“¿Cuál es el sustento, entonces, para que el Congreso trate de imponer una norma que contradice a todas las entidades técnicas y al marco regulatorio minero que lleva vigente 40 años”, se pregunta Chávez.
A su entender, el objetivo no es otro que favorecer a los mineros que no cumplen las normas (informales e ilegales).
La norma aún debe pasar al pleno del Congreso para su aprobación. En ese sentido, Grossheim llama a la sensatez del Legislativo para que “revise el tema técnicamente y no bajo las premisas falaces que han mencionado”.
Cabe señalar que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) manifestó a la Comisión de Energía y Minas que los proyectos de ley que dieron forma al dictamen “no resultaban técnicamente viables”.
