La noticia de que Cañariaco Cooper Perú había paralizado sus actividades causó una gran alarma en el país. Felizmente la empresa aclaró que continuará operando y que las perforaciones se han detenido solo por el momento y esto no pasó de ser un susto, pero el acoso a los proyectos mineros y la reducción de los precios de los commodities hacen temer que cualquier día tengamos una nueva paralización.
La lista de paralizaciones es desalentadora: Tambogrande ($450 millones), Tía María ($1,000 millones), Santa Ana ($330 millones), Conga ($4,500 millones de dólares), etc. En total, 22 emprendimientos por $24,000 millones, se han ido parando a punta de mentiras y de violencia (ver Stalinismo en Cajamarca, Tierra y Libertad conspira en Espinar) y Puno: prueba de fuego.
Doce proyectos que debieron iniciarse el 2012 tuvieron que postergarse debido el sabotaje disfrazado de “protesta social”, a los obstáculos burocráticos que ponen funcionarios temerosos de ser judicializados, a la consulta previa, y a la incapacidad del estado para remover esas trabas.
Otros cuatro proyectos que estaban programados para este año también fueron aplazados por los mismos motivos. Y la misma suerte han corrido seis proyectos más: Cuatro que debían comenzar el 2014 y dos el 2015. (Ver cuadro)
El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, advirtió hace poco que entre este año y el próximo habrá una reducción de la inversión privada en US$ 2.800 millones y que varios proyectos mineros, especialmente los vinculados al cobre, están en riesgo de postergarse nuevamente. La SNMPE (Sociedad de Minería Petróleo y Energía) también ha señalado que a lo mucho dichas inversiones llegarán a $8,500 millones, lejos de los $10,000 millones que ofreció el gobierno.
Se equivoca quien cree que esta situación perjudica solo a las empresas. Los primeros perjudicados son los pobres: 6,800 trabajadores de las empresas comunales proveedoras de Conga se han quedado sin empleo, igual que otros 2,500 habitantes de las comunidades vecinas del proyecto Santa Ana en Puno, por citar solo dos ejemplos Además, gobiernos locales y regionales dejarán de recibir millones de soles que les permitirían mejorar los deficientes servicios e infraestructuras básicos que brindan a los ciudadanos. Puno, por ejemplo, dejará de recibir $25 millones por la paralización de Santa Ana (10% de sus ingresos por canon minero).
Lamentablemente, el gobierno se muestra temeroso ante la ofensiva antiminera, e incapaz de articular un discurso que ilustre a los peruanos sobre la importancia de aprovechar nuestros recursos naturales. En otras palabras falta liderazgo y comunicación.
Así es como nuestras autoridades han permitido una “gran parálisis” de uno de los motores más grandes de la economía. Estamos desperdiciando probablemente la mejor oportunidad histórica de crecimiento y superación de la pobreza, una oportunidad nunca antes vista para convertir nuestros ingentes recursos naturales en el combustible que continúe impulsando la consolidación del desarrollo económico y prosperidad iniciados durante los últimos quinquenios. (Ver Recursos naturales: bendición, no maldición)
