Por: Rafael Rey
Ex Ministro de Defensa
Expreso, 13 de agosto del 2023
En el caso FRONTÓN, se persigue abusivamente a 36 marinos (Infantería de Marina y Fuerzas Especiales) que debelaron el motín armado de terroristas. Lleva ya 6 años en juicio oral, se han realizado 183 sesiones y todavía no se termina con la lista de testigos de la Fiscalía. La Instrucción comenzó hace 18 años y el caso ha sido cerrado y reabierto más de 10 veces durante los 37 años transcurridos desde los hechos.
En el 2013, el Tribunal Constitucional (TC) emite sentencia afirmando: a) Que, el caso Frontón no es Lesa Humanidad; b) Que, por lo tanto, prescribe; y c) Que el caso judicial abierto debía concluir en un plazo razonable (no mayor de 4 años y 2 meses). Debió concluir en el 2017.
En el 2016, a petición de las ONG IDL y CNDDHH (incapacitadas de intervenir), los magistrados Espinosa-Saldaña, Ledesma, Miranda y Ramos, cometen prevaricato, “interpretan” el voto del magistrado Vergara Gotelli del 2013, cambian por el contrario el sentido de su voto y modifican la sentencia que tenía condición de cosa juzgada hacía 3 años.
Es histórico que se haya perpetrado, por primera vez, este delito contra la majestad de la cosa juzgada. Y, pese a la denuncia constitucional interpuesta, el Congreso, por exigencia indebida de la Corte IDH, decidió cobardemente paralizar el trámite de investigación a esos 4 magistrados.
En el 2022, el TC Tribunal Constitucional corrige el prevaricato mencionado, repone la sentencia del 2013 y deja sin efecto la ilegítima decisión del 2016. Esta reposición de sentencia tardó un año en llegar a conocimiento de los jueces que tienen a su cargo el juzgamiento del caso El Frontón (Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada – Cuarta Sala Penal Superior).
En las sesiones semanales de junio del 2023, el IDL argumentó contra la ejecución de la Sentencia del Tribunal Constitucional, convocó al Juicio Oral a otras ONG (APRODEH y FEDAPAZ), pero no logró impedir que la Sala Penal presidida por el Dr. Contreras Cuzcano decidiera por unanimidad declarar que el Caso Frontón no tiene la calificación de “lesa humanidad”, aunque sin decidir aún la fecha en que concluirá el Juicio Oral.
Mientras tanto, una vez más el IDL ha movido a la Corte Interamericana para manipular el juicio del Frontón, demorar la aplicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional y exigir del tribunal una increíble inconstitucionalidad: adelantar opinión sobre las decisiones que adoptará ante pedidos aún no solicitados por los marinos procesados. El Procurador Internacional del Estado Peruano, con irresponsabilidad supina, ha transcrito al Poder Judicial la ilegal exigencia de la Corte IDH. A su vez, y también indebidamente, la secretaria de la Corte Suprema, actuando a nombre del Presidente del Poder Judicial, transcribe el pedido a los jueces competentes. Felizmente el Presidente de la Corte Superior de Justicia Penal ha advertido la ilegalidad y, además, ha transcendido que la Sala competente no está dispuesta a tolerar tamaña ilegalidad, abuso y atropello.
Hay que retirarse de la competencia de esa Corte para los casos de terrorismo.
