Por: Martín Pérez Monteverde, Exministro de Comercio Exterior y Turismo
El Comercio, 23 de setiembre de 2019
El Comercio, 23 de setiembre de 2019
Qué duda cabe de que la principal fuente de la riqueza es el trabajo. Lo reconoce la gente de izquierda, la gente de derecha. Lo aceptan en el hemisferio norte y sur. Entonces, si lo reconocen Engels, Marx y Smith, ¿por qué no trabajamos por este fin superior?
Veamos, si la fuente de la riqueza es el trabajo, la fuente del trabajo es la inversión.
La inversión la realiza el sector privado y el sector público. En nuestro país, en los últimos cinco años, la inversión privada ha sido responsable aproximadamente del 80%, mientras que el Estado ha ejecutado el 20% de la inversión total. Es decir, el sector privado es responsable de una inversión que es cuatro veces mayor que la que realizan los gobiernos.
Ahora bien, ¿cómo es la inversión en el Perú? Las obras grandes representan el 30% de la inversión, y el restante 70% está conformado por miles de obras pequeñas y medianas, que son las que más trabajo generan: restaurantes, bodegas, peluquerías, cabinas de Internet, etc., y podrán ver la luz dependiendo fundamentalmente de los procesos municipales.
¿Pero alguna vez hemos escuchado a algún alcalde en campaña decir: “Yo voy a crear tantos puestos de trabajo”? La respuesta es ¡no!
Desgraciadamente muchos alcaldes y gobernadores regionales no sienten esta importante labor como parte de su misión, tampoco algunos funcionarios debajo de ellos; y es justamente en los gobiernos locales donde encontramos el mayor número de trabas para la inversión, quizás por el exceso de burocracia y una mala definición de los procesos.
Ahora en algunos municipios se ha puesto de moda no recibir las solicitudes que los ciudadanos plantean para llevar adelante sus proyectos. Esto es para evitar que corran los plazos que la ley del silencio administrativo positivo plantea a favor de los ciudadanos. ¡Toda una tragedia!
Si los pequeños proyectos son importantes para que en una familia, el papá, la mamá y los hijos puedan tener trabajo, y así salgan de la pobreza para siempre, la infraestructura, en cambio, es aquella inversión que hará progresar aún más esos pequeños negocios; es la tierra sobre la cual florece la competitividad del país. En este caso, es el Gobierno Central y, en muchos casos, los gobiernos regionales los encargados de promoverlos y ejecutarlos.
El país necesita más carreteras, puentes, aeropuertos, agua y hospitales. Sin embargo, hoy vemos que muchos proyectos están paralizados por el tremendo temor que existe en nuestros funcionarios públicos de firmar, de tomar decisiones. ¿Es que quizás necesitamos nuevos TUPA? Hagamos nuevos procesos, más simples, menos engorrosos.
Quizás sea mejor y más rápido diseñar nuevos procesos administrativos, en vez de ir remendando los que ya tenemos.
Hace un tiempo le pregunté a un contralor qué era lo que teníamos que definir bien para que los proyectos en el Perú se hagan. Le dije: “La contraloría debería ayudar al gobierno a que los procesos estén bien acotados y los proyectos se materialicen. Defina bien los 100 procesos críticos del Estado”. Él me contestó: “¡No son 100 son 30!”. Si es así, la contraloría tiene una enorme tarea pendiente con el país.
En el sector público solo puede hacerse aquello que esté definido como proceso, por eso es fundamental la participación de la contraloría en esas definiciones, para dejar tranquilos a los funcionarios.
Pongámonos todos de acuerdo. Poder Ejecutivo, contraloría, gobiernos regionales y locales, y facilitemos la inversión, facilitemos la generación de empleo.
Trescientos mil jóvenes salen de los colegios e institutos cada año, ¡y tienen derecho a trabajar!
