El cambio de la Constitución Política del Perú es uno de los ejes principales de la actual contienda electoral. Por un lado, Perú Libre promueve convocar una asamblea constituyente para cambiar la Carta Magna. Por otro, Fuerza Popular apoya mantener la actual ley de leyes. Representantes de ambos grupos discuten la materia.
Se debe cambiar la Constitución, por Betssy Chavez
“La Constitución del 93 […] nació del caos, de la fragmentación de la democracia y del manto de la impunidad “.
Sí. En estas líneas indicaremos cuáles son los factores que permiten y argumentan jurídica, político-social y económicamente un nuevo pacto social. Así, pues, existe un marco constitucional vigente que permite esta reforma total, sin denominarla “asamblea constituyente” (arts.: 206°; 32.1°). En términos políticosociales, el Congreso constituyente que dio origen a la Constitución del 93 nació del autogolpe de Estado del 5 de abril del 92. En términos sencillos, nació del caos, de la fragmentación de la democracia y del manto de la impunidad. La Constitución del 93 se asentó en pleno desarrollo de la dictadura fujimontesinista, con una concentración de medios y manipulación de la opinión pública, y con la persecución de líderes sociales. La Constitución del 93 no solo instauró la institucionalización de la corrupción desde el enfoque moral, sino que hay un impacto de esta que repercute en derechos fundamentales: el dinero que debiese beneficiar el fortalecimiento de los sistemas de salud y/o educación, transporte, vivienda y otros de los tantos temas irresolutos en el Perú, se utilizó en coimas y sobornos de unos cuantos destinados a tener mucho respecto de unos pocos que no tendrán oportunidades de tener nada.
La economía social de mercado (Título III – Constitución del Perú), en una vigencia de treinta años, no ha generado las condiciones para garantizar derechos fundamentales, teniendo una inversión del presupuesto público de poco más del 3% en treinta años, mientras que nuestros pares de la región han aumentado dichas cifras al 5%, 5,5%, 6% y 6,5%, según Ceplan. Estamos por debajo de la media en Latinoamérica. Y volvemos al tema de la corrupción, que no nace de problemas de gestión, sino que encuentra sustento en el marco constitucional al tener verbos rectores permisivos para la afectación de bienes jurídicos o derechos fundamentales tales como la educación, salud, trabajo, vivienda, derechos de los consumidores, acceso al recurso hídrico para poder desarrollar la agricultura y ganadería, descentralización, institucionalidad, gobernabilidad y estructura del Estado. Ejes fundamentales que no dependen de gestiones aisladas en los distritos, provincias o regiones del país, porque si no ¿dónde quedaría el rol promotor del Estado respecto del fortalecimiento de la institucionalidad? De allí que la corrupción y la inconducta funcional hayan ocasionado en el 2019 pérdidas económicas de 23.000 millones de soles, según la Contraloría General de la República; cifras que son una constante en el país porque tenemos una Constitución permisiva a la corrupción.
Las inversiones en el país son fundamentales, en la medida que el crecimiento económico pueda palparse en el desarrollo de todas las regiones del país (ojo, no en algunas, sino en todas). Por ello, la renegociación tributaria que plantea el partido político Perú Libre encuentra asidero en una economía popular con mercados, con la finalidad de mejorar los indicadores en inversión, salud, educación, reducción de la pobreza, etc.
Las sociedades en el proceso histórico se desarrollan gracias a los cambios. La tarea es garantizar cambios a través de consensos democráticos, ese es el compromiso de Perú Libre.
Defendamos la Constitución, por Rosangella Barbarán
“Queda claro que el problema no es nuestra Constitución”.
Hoy nos enfrentamos a voces que quieren hacerle creer a la población que las marcadas desigualdades que existen en nuestro país son culpa de la Constitución. Sin embargo, desconocen que las brechas sociales que permanecen pese al crecimiento económico que ha mostrado el Perú en las tres últimas décadas, son el resultado de la ineficiencia de los gobiernos locales, regionales y central, sumado a los altos índices de corrupción que han paralizado la ejecución de importantes proyectos.
Como partido político entendemos que las constituciones son dinámicas porque la realidad es cambiante. Pero de ninguna manera creemos en establecer una asamblea constituyente para redactar una Nueva Constitución que desbarate los lineamientos que nos han permitido crecer. Por ejemplo, si tuviera que proponer alguna modificación, considero importante delimitar y especificar los alcances de los diferentes mecanismos de control político para evitar interpretaciones fácticas que nos regresen a escenarios de inestabilidad política.
La Constitución de 1993 no fue impuesta por una persona y/o grupo político, surge luego de un largo proceso de diálogo y consenso entre distintas fuerzas tanto de derecha como de izquierda. Posteriormente, fue sometida a referéndum, es decir, la población peruana la ratificó como la nueva Carta Magna, convirtiéndose en la primera y única en ser sometida a este procedimiento de participación popular.
Dicha Constitución sostiene una economía social de mercado, lo que significa tener una economía que garantice el libre mercado y también el carácter subsidiario del Estado en sectores importantes para todos los peruanos, tales como: educación, salud, seguridad, entre otros. Por otro lado, garantiza la inversión privada en lugar de espantarla, lo cual ha permitido generar miles de puestos de trabajo y desarrollar el emprendimiento en diversos sectores.
Otro aporte importante de la Constitución de 1993 es la creación de los organismos constitucionalmente autónomos como la Defensoría del Pueblo cuyo objetivo es defender y promover los derechos de las personas. Hasta el propio candidato Castillo, que pretende desaparecerla, ha acudido a pedir garantías a la institución que pretende desarticular.
No podemos dejar pasar el gran cambio de dirección que se logró gracias a dejar de lado la famosa maquinita que generó una hiperinflación de más de 7.000%, en donde para ir a comprar leche se necesitaba una torre de billetes. La constitución de 1993 le otorgó autonomía al Banco Central de Reserva prohibiendo financiar al sector público y garantizando la estabilidad macroeconómica de nuestro país.
¿Por qué cambiar algo que funciona? La respuesta recae en taras ideológicas que no hacen posible reconocer los resultados positivos que nos trajo la implementación de la Constitución de 1993: la tasa de pobreza se redujo de 55% a 23%, la inflación promedio alcanzó el 4,5%, nuestro PBI se triplicó.
Queda claro que el problema no es nuestra Constitución sino quienes la han mal utilizado. Necesitamos un cambio hacia adelante en donde el gobierno, basado en la Constitución de 1993, trabaje de la mano con el pueblo para cerrar las brechas que nos aquejan.
