Por: Alejandro Falla
El Comercio, 13 de junio de 2018
Como mencionaba en una columna anterior (“Regulando a los paseadores de perros”), cuando el Estado autoriza el desarrollo de ciertas ocupaciones solo a quienes han obtenido una “licencia”, se genera una barrera de acceso al mercado y al desarrollo de nuevos negocios. Bajo este esquema no basta tener la capacitación y recursos necesarios para desarrollar una ocupación (paseador de perros, historiador, agente de turismo, etc.). Se requiere de una “gracia” especial que debe otorgar el Estado a través de algún funcionario municipal, del Gobierno Central o de una entidad delegada. Se alega como justificación la necesidad de proteger a los consumidores.
Lamentablemente, lo que generan es una limitación al desarrollo de nuevos negocios, reducen las opciones disponibles y ocasionan un incremento artificial en el precio de los servicios en perjuicio de quienes supuestamente se busca proteger. El más perverso de estos sistemas es el de los colegios profesionales. Sin la habilitación que otorgan los colegios, no resulta posible ejercer la profesión o esta se verá limitada. No se puede ocupar plazas en el Estado que requieran de dicha calificación (“economista colegiado”, por ejemplo) ni ofrecer servicios a particulares que requieran de un trámite ante una entidad del Estado (“el proyecto deberá estar suscrito por un ingeniero colegiado”, por ejemplo).
Los colegios no tienen mucho interés en facilitar el acceso de nuevos competidores. A más licencias otorgadas, más competencia. Por ello, no resulta extraño descubrir que los colegios se esmeran en trabar injustificadamente el acceso de nuevos profesionales, estableciendo requisitos absurdos o cobros no justificados. Esto afecta en particular a quienes vienen de afuera, los “invasores” extranjeros.
Eso es lo que ha venido pasando con el Colegio de Ingenieros del Perú, que cobra US$2.000 por el trámite de una colegiatura temporal por parte de ingenieros graduados en universidades extranjeras, monto que no guarda relación con los costos del trámite involucrado.
También con el Colegio de Arquitectos del Perú, que no solo ha venido cobrando S/7.500 por los derechos de trámite para que un arquitecto cuyo título ha sido otorgado por una universidad extranjera obtenga su colegiatura, sino que además les ha venido exigiendo requisitos absurdos como documentos originales de los títulos universitarios y contratos de trabajo (como si no fuera posible hacer el trámite con copias) o el haberse desempeñado como arquitecto por un plazo no menor de 2 años con una colegiatura temporal para acceder a una permanente; condición no aplicada en el caso de los profesionales titulados en una universidad peruana. Los locales tampoco se salvan.
Eso es lo que ha pasado con el Colegio de Abogados de Lima, que venía cobrando S/1.500 o S/2.700 por el trámite de incorporación en una ceremonia grupal o individual, montos que están lejos de los costos efectivos del trámite involucrado. Recientemente, Indecopi ha declarado en última instancia que dichas exigencias constituyen barreras burocráticas ilegales y ha dispuesto su inaplicación con efectos generales en beneficio de todos los que se vean afectados. Eso está muy bien.
Lamentablemente, dichas barreras son solo manifestaciones de un problema cuyo origen se encuentra en la colegiatura obligatoria, en la pretensión del Estado de limitar el acceso a ciertas ocupaciones. La solución está en el Congreso, que, para variar, está lleno de profesionales colegiados.
