Carlos Casas Tragodara, Economista Universidad del Pacífico
Gestión, 16 de enero de 2017
Ya nos hemos acostumbrado a los conflictos mineros. Existen muchos factores detrás de ellos y ya sabemos que ha predominado una actitud más reactiva que preventiva hasta el momento. En ello radica mucho del problema, debido a que no se atacan las raíces que se esconden muchas veces detrás de un confl icto. Es cierto que existen factores que distorsionan las protestas, pero en muchos casos las protestas no son gratuitas.
Pretender que agitadores crean el conflicto es irreal. Sí tienen un rol en la persistencia y el impacto del mismo, de eso no hay duda. Sin embargo, si no existieran factores subyacentes importantes poco es lo que podrían hacer grupos extremistas.
Las carencias en zonas rurales son importantes y obviamente una estrategia de prevención necesitaría atacar elementos como la falta de educación, salud, pobreza y desigualdad, que no se cambian de la noche a la mañana. Además pretender decir que hay que invertir en ello es un lugar común casi en cualquier zona del país. Si creemos que mejorar las condiciones de lo anterior es indispensable para evitar los confl ictos y mientras tanto dejamos que continúen sería una estrategia desastrosa.
El sentido de urgencia que es importante en políticas públicas nos debe llevar a desarrollar acciones rápidas que muestren refl ejos e intención de atacar el problema realmente. Por ello, es importante mencionar una herramienta creada dentro del paquete legislativo promulgado durante los últimos meses. Nos referimos a la creación del Fondo de Adelanto Social, que fue una promesa de campaña del presente Gobierno. Es una idea interesante que sirve Conflictos y adelanto social para adelantar recursos a aquellas zonas en las cuales se están desarrollando o se piensa desarrollar proyectos extractivos. Estos recursos están orientados a obras de infraestructura que busquen cerrar brechas sociales. Si bien la norma no habla de un sector económico en particular, la idea es priorizar la minería.
Con ello se busca corregir una distorsión que proviene de la ejecución de los proyectos mineros. Esta se vincula a que la transferencia del canon toma tiempo en materializarse cuando se inicia una operación extractiva. Como los primeros años de operación se recuperan pérdidas de la fase de construcción o existen mecanismos como la devolución anticipada del IGV, las utilidades de las empresas mineras son nulas los primeros años. Esto signifi ca cero Impuesto a la Renta y cero canon.
Este tipo de resultados en un contexto de expectativas en muchos casos exageradas puede llevar a la reacción de la población y derivar en un conflicto. Por ello creemos que la idea en general es adecuada, aunque falta todavía reglamentar y ver cuáles serán los mecanismos para canalizar y estimar los recursos que se necesitarán, el rol de los gobiernos locales y la comunidad.
Sin embargo, para asegurar que este instrumento funcione debe acompañarse de otras medidas como el desarrollo de labores de inteligencia social por parte del Estado y no solo de las empresas extractivas. El realizar un mapeo de actores, conocer sus intereses y establecer un sistema de diálogo antes del inicio de un proyecto es clave. Ello lleva a construir confi anza, que deberá reforzarse con los mecanismos de evaluación y monitoreo que nos vayan indicando los avances de los compromisos asumidos y se vea una presencia permanente del Estado y no solo al inicio del proyecto o cuando ya se desató un confl icto. Se presenta una oportunidad de construir institucionalidad que esperamos que no se desaproveche.
