Por: Carlos Casas Tragodara
Gestión, 3 de noviembre de 2021
Muchas personas pueden ver los problemas de la minería en la actualidad como algo lejano y que es un tema a resolver por las empresas. No hay nada más alejado de la realidad. Es obvio que el sector privado debe ser un actor importante pero falta involucrar al Estado de manera más efectiva y a la sociedad civil. En el primer caso, vemos que el nuevo gobierno todavía no toma la viada necesaria para lidiar con estos problemas. Se está viendo que una cosa es con guitarra y la otra con cajón como reza el dicho criollo. Por ello urgen políticas más estructuradas para lidiar con los conflictos y poder defender la iniciativa privada que es la base del crecimiento económico saludable en la mayoría de los países del mundo.
El Estado debe recordar que es socio de las actividades económicas. Los impuestos que cobra son una fracción que se lleva y se cree que debe redistribuirse. Pero aquí nos olvidamos de uno de los principios básicos de las finanzas públicas que está relacionado a que los impuestos sirven para financiar bienes públicos. Uno de estos bienes públicos está relacionado a la seguridad que se debe brindar a personas y empresas que llevan a cabo actividades lícitas. Los problemas que observamos en los últimos días con la incineración de operaciones mineras por personas enardecidas o la paralización de operaciones grandes debido al clima de incertidumbre que se vive en el país en los últimos meses, muestran claramente que el Estado no está brindando este servicio.
Esto es particularmente grave en las actuales circunstancias. Vemos que los ingresos fiscales derivados de la minería se han incrementado considerablemente. Ello está permitiendo al Estado incrementar sus recursos como se ha visto con los créditos suplementarios incorporando recursos al presupuesto de las últimas semanas. La paralización de la minería nos impediría contar con dichos recursos en una coyuntura donde los precios de los metales están a niveles altos, lo cual es beneficioso para el país. Como se sabe el 60% de las exportaciones son minerales y no se puede poner ello en juego. Se dice que no estamos lo suficientemente diversificados como país, pero sin los ingresos fiscales derivados de la minería será más complicado contar con recursos para impulsar políticas públicas de diversificación que tanto se reclaman.
Por el lado de la sociedad civil se piensa siempre solo en las comunidades que están en el área de influencia de las empresas mineras, pero debemos ver más allá de eso. Es claro que este grupo es muy importante pero también toda la población se beneficia de la minería debido a los ingresos que genera al Estado, el empleo que se genera no solo en las áreas de influencia y las externalidades positivas en términos de atracción de inversión que puede hacer a nuestro país más atractivo para todo tipo de inversión privada tanto extranjera y principalmente nacional. Por ello, lo que sucede no es un problema lejano. Somos un país que compite con otros por el desarrollo de proyectos mineros. Si la conflictividad sigue escalando el problema puede agravarse y afectar las perspectivas del país en el largo plazo.
Por último, es necesario tener un inventario también de las externalidades negativas de la minería para proceder a establecer compensaciones que sean basadas en cálculos independientes. En cualquier decisión económica hay ganadores y perdedores y será beneficiosa si lo que obtienen los ganadores es mayor que lo que se ven afectados los perdedores. En el caso de la minería es palpable que los beneficios superan a los costos, pero nos falta mucho por hacer para que las compensaciones lleguen de manera efectiva. Esa es una tarea pendiente, pero ello no nos debe hacer dispararnos al pie como país. Estado, sociedad civil y sector privado deben ponerse a trabajar de manera coordinada.
