Por: Alejandro Falla
El Comercio, 10 de julio de 2019
Seguro que ha escuchado la frase del titular de este artículo. Se suele usar para describir la situación en la que un funcionario con mucho poder lo usa de manera irresponsable y peligrosa. Si no podemos evitar que el Estado use “metralletas”, por lo menos evitemos que estas caigan en manos inadecuadas. El diseño de las instituciones es el antídoto.
Hace unas semanas la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha hecho pública una propuesta de Indecopi para modificar el diseño de las dependencias encargadas de administrar la aplicación de la ley de competencia.
Estamos hablando de una autoridad con mucho poder. Puede imponer sanciones de hasta el 12% de los ingresos percibidos por empresas que concertan precios y será la autoridad que tendrá la facultad de autorizar o prohibir concentraciones empresariales.
Actualmente, la administración de la ley recae en tres actores: la Secretaría de la Comisión de Libre Competencia (que asume el rol de fiscal), la Comisión (que resuelve en primera instancia) y el Tribunal de Defensa de la Competencia (que revisa los cuestionamientos a lo resuelto por la comisión). El modelo se ha mantenido desde que fue creado el Indecopi.
Se propone un cambio: resolver todo en una sola instancia, eliminando la comisión y dotando de mayor autonomía e independencia a la secretaría. Se espera acortar la duración de los procesos. Esto último parece ser el motivo de la reforma.
El diseño de Indecopi requiere de un ajuste. No hay duda. La OECD lo ha venido recomendando. La propuesta busca atender esta preocupación, pero puede ser contraproducente.
El tribunal ha cumplido un rol importante al controlar los excesos cometidos en algunos casos por la comisión. La doble mirada ha servido para dotar de solidez los pronunciamientos y garantizar un debido proceso a los administrados.
Es probable que el alto índice de confirmación de resoluciones de Indecopi en el Poder Judicial esté relacionado con este doble chequeo. Sin este control interno, con lo que duran los procesos de revisión judicial (cinco años o más), las correcciones pueden llegar tarde.
Incluso si esa fuera la salida, no se propone una modificación del sistema de designación de los vocales del tribunal. Hoy la elección la hace directamente el presidente de la República sin concurso y tras bambalinas. Podría nombrar a un amigote o a alguien que no cree en la competencia como ha sucedido en el pasado.
Ni siquiera se propone un sistema de selección similar al de los integrantes de los consejos de los reguladores (Ositrán, Osiptel, Osinergmin). Tampoco se propone un régimen de dedicación exclusiva o una remuneración de mercado para los miembros del tribunal. Actualmente solo realizan labores a tiempo parcial y reciben un pago que no corresponde a sus responsabilidades.
Resulta positivo que se abra una discusión pública. Demuestra madurez por parte de Indecopi. La discusión puede enriquecer la propuesta.
Nadie quiere “monos con metralleta” sentados en Indecopi.
