Por: Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 10 de agosto de 2018
Ricardo Gareca debe haber firmado el contrato con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con cierta aprehensión. Pues, al final, el éxito de su trabajo dependerá de que la FPF se siga manejando como una empresa de alta excelencia y de que se continúe y profundice la reforma del fútbol en marcha para generar una base más amplia de buenos jugadores de los cuales pueda disponer para formar una selección competitiva que permita clasificar al Mundial de Qatar.
Aparentemente el problema es Oviedo, pese a que fue él quien impulsó esos cambios. No sabemos si para redimir su pasado en las azucareras, el hecho es que, apenas llegado a la FPF, se dejó asesorar por un consejo consultivo de altísimo nivel y nombró comisiones y gerentes de primera línea, que modernizaron la federación.
El temor de Gareca sería que una eventual salida de Oviedo eche por tierra la continuidad de un proyecto que sin duda afecta intereses de quienes pudieran sucederlo.
Veamos el caso de la Comisión de Licencias. Estaba presidida por un abogado de primer nivel, Gonzalo de las Casas, e integrada por Roberto Huby, gerente general de Glencore, Edgardo Cavalie, gerente legal del Enfoca, pero tuvieron que renunciar hace poco porque fueron amenazados de muerte por las barras bravas de la ‘U’, acaso acicateadas por el gerente puesto por la empresa Gremco, principal acreedora. Ante retrasos e incumplimientos, la comisión había decidido intervenir la administración. No pudo hacerlo, y renunció. Felizmente la FPF ha logrado designar una nueva comisión presidida por Eduardo Barboza, socio del estudio Echecopar.
Pero esto da una idea de las resistencias y tropiezos que genera la aplicación de una reforma. El licenciamiento de los clubes les impone unos requisitos de modernidad y formalización que incomodan a dirigentes acostumbrados a procedimientos informales. Ahora, por ejemplo, deben rendir cuentas a KPMG, una auditora internacional.
Se necesita una conducción firme, sin vacilaciones. Oviedo había sido la garantía de que los cambios se apliquen, pero la activación de su caso judicial ha motivado que diversas comisiones renuncien. Por ejemplo, la de justicia, aunque ya fue nombrada una nueva presidida por Enrique Ghersi. La renuncia de Oviedo sería deseable si quien lo sucediera garantizara la continuidad de las reformas. Pero resulta que quienes tienen el 70% de la Asamblea de Bases de la FPF son los presidentes de las ligas departamentales (fútbol amateur), y ocurre que la FPF debe adecuar obligatoriamente sus estatutos a los de la FIFA en los próximos meses, y eso implica reducir la participación de las ligas departamentales e incrementar la de los clubes profesionales y otros gremios. Probablemente querrán reemplazar a Oviedo por uno de los suyos para que no se apruebe ese cambio y para tener más control de la gestión, hoy en manos de gerentes muy calificados y de comisiones de “notables”, cuya continuidad quedaría en veremos.
Quizá lo conveniente sería esperar a que la justicia se pronuncie sobre Edwin Oviedo. El fútbol, lo hemos visto, construye nacionalidad. Debería ser una política de Estado.
