Cualquier individuo racional consideraría absurdo que Rusia, EE.UU. o Noruega renuncien a explotar su petróleo; o que Chile, Australia y Canadá prescindan de sus recursos minerales. Esos recursos naturales son fuente primordial de su progreso. Pues ese es el absurdo camino que el Perú viene recorriendo en relación con su riqueza minera. Desde el 2005 en que el incipiente movimiento antiminero logró frustrar en Piura un proyecto de minería moderna, el movimiento antiminero ha ganado cada vez más fuerza en medio del vacío creado por un Estado pusilánime y ausente.
Hoy, después del sainete de Tía María, ya nadie recuerda Tambogrande y el daño perpetrado con la pretendida falsa excusa de defender el medio ambiente, el limón y el cebiche. Tampoco se menciona el desastre ecológico causado por el mercurio y el arsénico que la minería informal libera ahora en el ambiente.
El perjuicio que desde entonces se ha causado a la nación es enorme. Basta recordar que en el 2011 el Ministerio de Energía y Minas (Minem), al evaluar los proyectos mineros prestos a iniciarse, planeaba que para este y el próximo año el Perú produciría 6 millones de toneladas de cobre. Es decir, el Minem nos decía que alcanzaríamos a Chile, el primer productor mundial (Chile produjo el año pasado 5,8 millones de toneladas; el Perú 2,4). Se auguraban igualmente enormes aumentos en la producción de otros metales. Es imposible no preguntarse qué hizo el Estado para evitar que un débil movimiento antiminero privara al país en todos estos años de semejante aumento de riqueza y progreso. La experiencia de Tambogrande sirvió de nada a sucesivos gobiernos, incluyendo al que llegó al poder azuzando el rechazo al progreso con la crasa demagogia resumida en su lema de “agua sí, oro no”.
No se hizo esfuerzo alguno para informar del progreso que una minería moderna traería a sus zonas de influencia y, por cierto, al país entero. No se envió a operadores políticos a contrarrestar las tareas de desinformación llevadas a cabo por un pequeño movimiento antiminero. No se tuvo (ni se tiene hoy) la más elemental inteligencia que alertara de los planes para frustrar grandes y modernos proyectos mineros. Tampoco se hizo esfuerzo alguno para garantizar que las autoridades regionales y locales invirtiesen honesta y eficazmente los enormes recursos del canon, privando así a las familias de servicios públicos que necesitan, y a las mineras de legitimidad social. En resumen, el Estado fue y sigue siendo el silencioso cómplice del daño causado a todo el país.
El comportamiento de la izquierda criolla ha sido también un factor determinante en la culminación de la estrategia de atraso perpetrada. Además de su desdén por la actividad privada, su aporte principal ha consistido el de proveer ‘soporte intelectual’ a los dos más extremos y ciertamente falsos argumentos: “la minería no paga impuestos” y “la minería no tiene valor agregado”. Esta última absurda afirmación quiere negar la propia esencia de lo que constituye el valor agregado. En la producción minera el valor agregado no es otra cosa que la riqueza que se obtiene luego de restar al valor del mineral (que bajo tierra vale cero) el costo de los insumos necesarios para su extracción. Por ello, son pocas actividades las que generan mayor valor agregado que la minería. Ese es el valor que se distribuye entre salarios, utilidades e impuestos. Consumando el despropósito, continúan proclamando que la “minería no paga impuestos” aprovechando el hecho de que, luego de recientes aumentos en inversión y producción, el fisco debe devolver los impuestos cobrados en la importación y compras locales de insumos y equipos. Ello, siguiendo la práctica mundial que evita la exportación de impuestos. Se esconde que la carga total excede al promedio mundial y es superior a la de países mineros como Canadá, Australia o Chile. Tampoco se menciona lo evidente: los impuestos pagados son altamente sensibles a los precios de exportación. Así como en el 2007 la minería contribuyó con más de la mitad del total pagado en el Perú por concepto de Impuesto a la Renta empresarial, en años de bajos precios caen las utilidades y con ello los impuestos pagados. Más aún, desde el 2011, dos cargas adicionales gravan a la utilidad operativa minera, cargas que en promedio equivalen a un 7% de la renta neta.
Es tarea del Estado explicar a todos los peruanos que el país contiene uno de los más ricos territorios mineros del mundo. Es su deber ineludible enfrentar con inteligencia, con la verdad y con la ley a aquellos minúsculos grupos que, buscando conseguir poder y notoriedad política, pretenden negarle al país y a todos sus ciudadanos el progreso que ofrece la explotación de sus recursos.
Por: Roberto Abusada, Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 22 de agosto de 2019
El Comercio, 22 de agosto de 2019
