Tanto el Minedu como la Unesco hacen referencia a la necesidad del diálogo entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado para la definición de políticas públicas para la educación. De igual forma, la responsabilidad conjunta que poseen en los esfuerzos para la inversión educativa. Inversión que debe resolver problemas de cobertura y calidad. La ruptura de trabas burocráticas, el destierro de la permisología, y consolidar la vigencia del modelo económico que produjo el desarrollo en los últimos 20 años son políticas y esfuerzos necesarios para incrementar la inversión en educación.
Lograr los objetivos básicos en la educación escolar demanda 56.000 millones de soles, diez puntos del PBI. La educación técnica pública demuestra serios problemas de calidad que han originado que, pese a su gratuidad y sumar el 44% del total de institutos a escala nacional, los institutos privados convoquen el 70% de la matrícula. De igual forma, la inversión en la universidad demanda crecer su cobertura en 50% para igualar a la chilena y duplicarse para alcanzar a los países desarrollados.
La inversión privada en educación es indispensable para permitir al Estado mejorar la educación pública en todos los niveles educativos. Sin embargo, el antiguo liderazgo ideológico de sectores marxistas en la educación creó una cultura controlista que permanece y desconfía del gestor educativo privado. El Minedu hace décadas obliga a colegios e institutos a utilizar sus planes curriculares, desconfiando de la capacidad privada y trabando así la innovación y la libertad de enseñanza.
Abrir anexos o filiales de colegios, institutos o universidades que cuentan con certificaciones previas y carecen de sanciones demanda, sin embargo, nuevas presentaciones de proyectos educativos, justificaciones de carreras y otros, cuando debiera bastar con cumplir los requisitos de equipamiento de los estudios a ofrecer y los requisitos de infraestructura ante el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la municipalidad. Increíblemente, casi todos los distritos de Lima prohíben la creación de nuevas instituciones educativas, incluso en zonas comerciales.
Las leyes en los últimos años limitan a los colegios privados el cobro de pensiones y maleducaron al padre de familia a pagar, solo si el hijo aprueba, al concluir el año. La Comisión de Educación amplió esta ley a la educación superior, incluso a centros de posgrado donde los alumnos prefieren invertir la pensión en ahorros y pagar, si aprueban, al final del curso. Todo ello expone a las instituciones educativas privadas a una inestabilidad económica y legal constante para cumplir con sus obligaciones en el servicio a prestar.
Es importante por ello fortalecer la visión actual del Minedu, incorporando a su objetivo de una educación de calidad, facilitar la inversión privada. Hay que comprender que el riesgo de los recursos no es del Estado, sino del inversionista privado. Es mejor definir los requisitos básicos para ofrecer estudios escolares, técnicos y universitarios; delegar la evaluación de las licencias de funcionamiento y su revalidación a empresas privadas y cerrar a la institución que no los cumple; que diseñar complejos procesos de evaluación por agotados burócratas a los cuales la corrupción tienta. Crecer con calidad requiere facilitar la inversión y estimular la competencia. Crecimiento con calidad es el objetivo.
