En la década de 1990 nuestro país modernizó sus políticas económicas. Aprendió de fracasos propios y ajenos. Sentó las bases de un modelo que marcó la senda del crecimiento que hoy disfrutamos.
Pilar fundamental del modelo fue la promoción a la inversión privada, que suplió las deficiencias del Estado, incluso en los llamados “sectores estratégicos”. La libre competencia y la eficiencia en la gestión empresarial desterraron el proteccionismo estatal.
El despliegue del mercado libre o regulado superó al controlismo. El fomento a la iniciativa privada destrabó la inversión contra la burocracia. Todo ello permitió la atención de las demandas ciudadanas y la mejora de los servicios esenciales. Los resultados fueron mayor calidad a menor precio en productos y servicios para los peruanos, mejor eficiencia en el gasto estatal al privatizar la propiedad, mayor inversión y desarrollo del empleo.
Increíblemente, veinte años después, en el sector educación se reclama el retorno a un conservadurismo retrógradamente controlista y estatal. En la década de 1990, la universidad peruana pública y privada sin fines de lucro estaba en crisis y era incapaz de atender la demanda juvenil (miles de alumnos esperando cupo en sus centros preuniversitarios), con contenidos de aprendizaje y laboratorios obsoletos, con aulas de casi doscientos alumnos o capturadas por partidos políticos extremistas. Su modernización era indispensable.
Las universidades públicas y privadas sin fines de lucro estaban maniatadas por un modelo de gobernabilidad arcaico: la Asamblea Universitaria, que anula la autoridad en función a una falsa democracia, con decenas de miembros enfrentados pero capaces de vacar al rector y que sobrevivían gracias al confort oligopólico.
En 1995, el Instituto Internacional para la Planificación Educativa, vinculado a Unesco, en una investigación sobre la mejora de la gestión universitaria para países en desarrollo, decía: “Las universidades fueron y serán, casi sin excepción, altamente conservadoras en términos de su estructura y operatividad […]. No han existido mecanismos para responder a los cambios del entorno con excepción de aquellas expuestas al mercado”.
En este contexto, el Decreto Legislativo 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, modernizó la universidad gracias a lo que internacionalmente se conoce como la II Reforma Universitaria, que incorporó la universidad al modelo de desarrollo de mercado. La iniciativa privada resolvió las necesidades de los jóvenes.
Las nuevas universidades privadas, societarias y asociativas sin fines de lucro, invirtieron recursos propios, no deducciones de impuestos, para ofrecer educación a la juventud. Así, el 2002, al inicio de la II Reforma, la población universitaria era de 462 mil alumnos. Al 2010, eran 783 mil. Creció en 321 mil jóvenes, de los cuales el 89% estudiaba mayoritariamente en las nuevas universidades privadas.
La infraestructura se renovó gracias a la reinversión constante. La calidad formativa permitió la empleabilidad de sus egresados. ¿Hay malos ejemplos? Sí, qué sector no los tiene. Pero el mercantilismo y la poca calidad se corrigen con más competencia. Un joven debe tener más de una universidad para escoger. La oferta debe superar la demanda. La acreditación le dirá cuál es mejor. Si elige mal, será su responsabilidad.
El modelo privado de modernización funcionó en educación. Retornar al conservadurismo de izquierda o al oligopolio que impide la competencia sería retroceder a una universidad reaccionariamente elitista perjudicando a nuestros jóvenes.
Publicado en El Comercio, 23 de octubre de 2013
