Por Claudia Cooper
La República, 02 de enero de 2022
La proliferación de DU en la gestión fiscal a la que recurre el Ejecutivo en los últimos años no es otra cosa que la claudicación a la negociación política de las reglas fiscales y el presupuesto nacional.
El Perú ha sobresalido en América Latina en crecimiento económico y reducción de la pobreza.
Este resultado no ha sido gratuito. Se basó en la implementación de cambios estructurales plasmados en un nuevo contrato económico desarrollado bajo el paraguas de la Constitución del 93, cuyos pilares están representados en la estabilidad macroeconómica, la inversión privada y la apertura financiera y comercial.
A inicios de los 90, se dictaron las primeras reformas: la autonomía del BCRP y la SBS, una reforma tributaria (basada en la simplificación), una sólida legislación de protección de inversiones basada en la integración internacional y finalmente la creación del sistema de pensiones y de fondos mutuos (que creó la base para el crecimiento del ahorro en el Perú).
Sin embargo, las crisis de 1997 (asiática y brasileña) llegaron amplificadas al Perú y debilitaron no solo la posición financiera del Estado, sino sobre todo de las empresas y las personas y con ellas a los bancos que les prestaron. Nos dimos con la abrupta detención de un ciclo expansivo que pensamos duradero.
Nos demoró más de 5 años retomar el rumbo. Se introdujeron el esquema de meta inflación y una nueva regulación prudencial al sistema financiero (basado en una nueva regulación de riesgos).
Adicionalmente, se diseñó e implementó uno de los andamiajes de institucionalidad fiscal más exitosos a nivel global: la ley de responsabilidad fiscal, la reforma del sistema de pensiones públicas y nuevos mecanismos tributarios orientados a reducir la informalidad (retenciones, detracciones, etc).
La proliferación de DU en la gestión fiscal a la que viene recurriendo el Ejecutivo en los últimos años no es otra cosa que la claudicación a la importantísima negociación política de las reglas fiscales y el presupuesto nacional, dejado paso a un peligroso desmantelamiento de la estabilidad fiscal y transparencia presupuestal.
A las reformas macroeconómicas se sumaron otras dirigidas a levantar la competitividad. El desarrollo de la agroexportación y la apertura comercial iniciada con la firma del TLC con EEUU (y luego ampliada a muchísimos países) tampoco llegaron por inercia, sino fueron consecuencia de un enorme esfuerzo no solo técnico, sino sobre todo político. Ambos permitieron la diversificación de la cartera de inversión extranjera y con ella el financiamiento de la balanza de pagos coadyuvando no solo al crecimiento productivo, sino también a la estabilidad cambiaria y de precios.
La estabilidad de precios es la base del crecimiento del consumo, mientras que el acceso a bajas tasas de interés que la fortaleza fiscal permite hace posible que los sectores público y privado puedan financiar sosteniblemente los proyectos orientados a cerrar brechas de infraestructura y vivienda.
La prioridad política en lo que respecta al desarrollo de la infraestructura se ha inclinado en los últimos años al relajamiento de controles, en lugar de mejorar los procesos públicos y la cartera de empresas constructoras privadas. Ya conocemos el resultado.
Así, gracias a la corrupción y la complacencia, las proyecciones de crecimiento potencial peruano han bajado sustancialmente, y hoy corremos el riesgo de perder el liderazgo en la región.
El debate sobre la sostenibilidad del crecimiento tiene ya décadas en el Perú. Para muchos, la economía peruana es excesivamente dependiente de los recursos naturales impidiendo el desarrollo productivo del país.
Los sectores extractivos (minería, petróleo y pesca) representan el 15% del PBI, mientras que el sector otros servicios, manufactura y comercio constituyen más de 2/3, siendo el tamaño de la manufactura alto en comparación a otros países de la región.
Cabe preguntar entonces si el importante tema de la diversificación productiva debería plantearse menos como un tema de dependencia minera y más como un problema de estructura empresarial.
En nuestro ecosistema de “formalidad” (donde todo el andamiaje de políticas públicas está diseñado para incentivar las actividades menos productivas), las personas y empresas eligen la informalidad porque es lo financiera y racionalmente rentable. Para un ciudadano que tiene la alternativa de un RUS de 20 soles, acceso a salud con un SIS gratuito y una futura pensión no contributiva de P65, lo lógico es mantenerse pequeño y en el margen de la formalidad.
Las reformas dirigidas al minoritario sector formal solo agrandan la distancia entre las instituciones y la mayoría ciudadana.
Eliminar el impuesto al crecimiento empresarial homogeneizando regímenes, vincular la formalidad tributaria a beneficios como la protección a la salud, masificar el uso de tecnologías para agilizar procesos, detectar prácticas elusivas y minimizar la discrecionalidad burocrática son aspectos que deberíamos exigir en toda reforma tributaria.
La transformación de nuestra normativa desde una única posición sancionadora hacia una de equilibrio entre el incentivo y la sanción es imperativa. Vivimos obsesionados con fiscalizar a quienes tenemos a la vista sin hacer un esfuerzo eficaz por detectar a quienes no lo están y que buscan perpetuarse en el anonimato.
Y es que la realidad económica subyacente a nuestra desconectada legalidad termina siendo una marea que viene debilitando exponencialmente cualquier intento de construir institucionalidad y progreso en el Perú.
