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Visión Minería 2030 y los Límites del Consenso

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El 23 de febrero el ministro de Energía y Minas presentó, con la presencia del presidente de la República el documento “Visión de la Minería al 2030”. El mismo consiste en una visión genérica aceptada por los diversos actores económicos, políticos y sociales involucrados en el sector minero. La difusión del documento ha venido acompañada de un conjunto de declaraciones en las que varios involucrados en el proceso sostienen la alta utilidad del proceso. ¿Será que esa visión genérica va contribuir a un mayor grado de consistencia del Estado para generar un marco institucional favorable al desarrollo minero del país? ¿Representa esta visión un mayor nivel de alineamiento de los actores públicos y privados del sector para manejar los desafíos de viabilidad de la minería? ¿O, será que es sólo un recurso imagen para dar la idea que existe una estrategia de promoción del sector?

Un análisis del proceso de elaboración de esta Visión, su contenido y reacciones del mismo hacen creer que este documento, si bien permite posicionar a diversos actores públicos y privados como dialogantes, no contribuye al objetivo de mejorar la aceptabilidad social del sector minero.

Para la elaboración del documento se buscó la participación de diversos actores, por lo que convocó a un Grupo de Alto Nivel entre los cuales se encuentran:

  • Vanessa Cueto de DAR, una ONG en muchos casos hostil al sector extractivo y opuesta a la Hidrovía del Amazonas, a la Nueva Ley de Hidrocarburos y al componente referente al sector extractivo del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Su inclusión, sin embargo, podría justificarse dentro de la necesidad de contar con diversidad de opiniones para la Visión.
  • Pero más difícil de justificar seria la inclusión de miembros de organizaciones abiertamente anti-mineras tales como Carlos Monge quien fuera miembro de Tierra y Libertad, el cual es un partido político radical pos-extractivista.
  • Caso semejante es el de Epifanio Baca del Grupo Propuesta Ciudadana, organización que difunde la falaz idea que las empresas mineras tienen un aporte tributario neto negativo (la minería contribuye con 10% del PBI peruano y cerca de un tercio de los impuestos a la renta).
  • A esto se le podría agregar la participación de Ana Leyva de CooperAcción, una ONG involucrada en azuzar múltiples conflictos sociales en especial en el sur andino.[i]
  • El caso extremo de esta convocatoria a personajes anti-mineros es el de Javier Jahncke de la ONG Red Muqui la cual es la principal red de coordinación de organizaciones anti-mineras a nivel nacional.

Convocar a anti-mineros permite al MINEM presentar la Visión como resultado de un consenso en el que inclusive los anti-mineros han participado, por lo cual se esperaría un mayor grado de legitimidad social de la dicha misión, por haber considerado las opiniones de todos, incluso de los grupos hostiles a la minería. Sin embargo, ello implica un conjunto de consecuencias que terminan neutralizando la Visión como mecanismo de viabilización social del sector minero.

En primer lugar, la convocatoria de anti-mineros a este proceso significa una validación de estas organizaciones a la vista de sus potenciales donantes y de los medios de comunicación. Organizaciones como Red Muqui, Grupo Propuesta Ciudadana y CooperAccion pueden presentar a sus donantes la participación en este proceso como prueba de su capacidad de incidencia en políticas públicas con lo que se vuelven más atractivos a la llegada de recursos. Al haberlos convocados el MINEM ha facilitado que tengan mayores recursos para azuzar conflictos, deslegitimar la minería y desplegar campañas falaces contra el sector. Es llamativo que múltiples representantes del sector minero como gerentes y empresarios estuvieron dispuestos a participar bajo condiciones que afectan directamente la viabilidad de su sector.

Otro riesgo consiste en que los anti-mineros formen parte parcialmente del proceso, pero posteriormente lo critiquen abiertamente. Esto se dio en este caso. La Red Muqui fue convocada para la realización de esta Visión por insistencia de dicha organización, como lo afirman en el comunicado “Red Muqui no subscribe Visión Minera 2030”[ii]:

“RED MUQUI, que en principio no fue invitada a este proceso, planteó su inquietud al respecto al MINEM, pues en 15 años de existencia nuestra red ha sido referente nacional con sus propuestas sobre minería, ambiente y comunidades. Finalmente, fuimos integrados al proceso a fines del mes de setiembre del 2018.”

Una vez dentro del proceso se dedicaron a socavarlo desde el interior:

“Ya en el espacio, hemos sido críticos con su metodología y formalidad, fundamentalmente por la no participación de comunidades, poblaciones y organizaciones sociales que habitan en zonas con actividad minera o en riesgo de serlo”

Posteriormente afirman:

Si bien se ha avanzado en la “memoria viva” con aportes importantes, el resumen ejecutivo que será el documento público, sólo incluye los temas de consenso, sin incluir temas centrales en la problemática minera.  Asimismo, la facilitación del proceso del GAN ha tenido un sesgo favorecedor de la actividad minera (con personas que impulsan proyectos mineros). Por todo ello, nos preocupa que la “Visión minera al 2030” sea utilizada para “fortalecer la aceptación social” de la minería, como lo señala al citar la Política Nacional de Competitividad y Productividad, por lo que el pasado 3 de enero dimos a conocer formalmente al MINEM que no continuaríamos en el GAN, ni suscribiríamos sus acuerdos.”

Con ello la imagen de construcción de consenso de convocar a anti-mineros desaparece puesto que estos actores utilizan la plataforma dada por su participación en el proceso para denostar del mismo.

El grado de desorden generado por la convocatoria a los anti-mineros se evidencia en la presencia de sus rostros y nombres en los primeros videos institucionales de la Visión Minera 2030 los cuales fueron posteriormente borrados del portal de YouTube del MINEM y reemplazados por un video en el que ya no se les presenta como miembros de GAN.

Otro efecto de convocar a anti-mineros consiste en su capacidad para introducir temas en agenda que tienen un significado distinto para ellos que para otros sectores. Posteriormente utilizaran discursivamente los términos introducidos en la “Visión” para afirmar que la misma no está siendo aplicada ni por el gobierno ni por las empresas mineras. También puede darse el caso de ideas que se sostienen en concepciones distorsionadas respecto al cual debería ser el rol de la minería en el desarrollo económico.

Hay múltiples ejemplos de esto a lo largo del texto[iii] de la “Visión”. En un primer caso se afirma que:

“Para ello, (la minería) participa en la planificación y ejecución de las acciones orientadas a cerrar brechas sociales, en el ordenamiento territorial consensuado…”

Para los anti-mineros, el ordenamiento territorial consiste en la generación de “zonas libres de minería” y “consensuado” implica la participación de activistas anti-mineros en el proceso. Un caso llamativo fue el Ordenamiento Territorial de la región Cajamarca conducido por anti-mineros el cual declaró como zona apta para las operaciones mineras tan sólo el 0.14% de la superficie de la región.

Se dice en la Visión respecto a la minería que:

“Impulsa el desarrollo de los territorios a través de la diversificación productiva”.

No es responsabilidad de la minería incrementar la diversificación productiva en los territorios en los que opera. Esto es responsabilidad de los gobernantes nacionales y regionales. Son ellos quienes tienen que elaborar los planes de desarrollo y de inversión del canon para promover las otras actividades económicas: comercio, servicio, agricultura, turismo, etc.

Además, en muchos casos el camino más rápido hacia el desarrollo en dichos territorios pasa por un mayor grado de especialización productiva y no por la diversificación. La diversificación puede ser un objetivo deseable a nivel nacional y en el largo plazo, puesto que reduce la vulnerabilidad a shocks externos, pero en espacios reducidos como distritos o provincias el atractivo de la idea de la diversificación se fundamenta más como discurso político que como motor económico real.

Otro caso de múltiples interpretaciones se da cuando en el texto se declara:

“Contribuye a fortalecer las capacidades de las instituciones y de los actores, superando las asimetrías de información y capacidad de representación”

Lo cual suena muy lógico y razonable si no fuera porque para los anti-mineros reducir las asimetrías de información consiste en tener al Estado o a las empresas mineras financiando la participación de ONGs anti-mineras dentro de procesos de diálogo promoviendo sus ideas hostiles a la minería.

El caso de la Visión de la Minería al 2030 nos señala los límites del consenso con grupos hostiles al sector. No resulta positivo incluir en un proceso de desarrollo de un sector a quienes tienen una concepción antagónica al mismo. Al hacerlo se le ha facilitado recursos y poder discursivo a quienes están en contra de la minería moderna. ¿Será que las ganancias políticas de corto plazo (imagen de capacidad de manejo político del gobierno) justifican los costos que el proceso puede representar para la viabilidad de la minería en el mediano y largo plazo?Lampadia

 

[i] La opinión de José De Echave, líder intelectual de CooperAcción, sobre el futuro de la minería industrial en el Perú puede apreciarse en el libro “Transiciones, Post extractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú”, en el cual De Echave escribe uno de los capítulos.