José Luis Sardón de Taboada
Miembro del Tribunal Constitucional

Con gran sentido de la oportunidad, el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional acaba de reimprimir el libro La Constitución Incompleta de José Luis Sardón. En un momento como este, en el que se quisiera derogar la Constitución del 93 y aprobar otra, el texto de Sardón es de lectura obligatoria porque nos hace ver con claridad que lo importante de una Constitución, más que su parte dogmática -referida a los derechos que consagra- es su parte orgánica -las reglas del juego político, de la organización del poder-, porque es de esas reglas que depende en última instancia que se cumplan y defiendan los derechos civiles, sociales y económicos consagrados en la parte dogmática.

Hay sistemas de reglas de juego político que funcionan y otros que no. Los que funcionan son los que favorecen la gobernabilidad y la adecuada representación de los electores, y la capacidad de estos de fiscalizar a sus representantes y lograr que estos realmente promuevan sus intereses y derechos.

Por eso en Lampadia hemos decidido publicar este libro. Para demostrar que lo que necesitamos cambiar en nuestra Constitución no es la parte dogmática, sino la orgánica. Sardón, luego de examinar la historia constitucional del Perú y los modelos francés y norteamericano, y la lógica de los distintos sistemas, concluye que el Perú debería avanzar a un sistema presidencialista mas definido con un mandato presidencial de cuatro años, con un sistema de elección escalonada de diputados y senadores, eligiendo a los diputados en distritos electorales uninominales. Recuerda que la constitución de 1860, que duró 60 años y permitió el crecimiento económico de los primeros 30 años del siglo XX, contenía reglas similares a esas.

Sardón explica cómo la mayor frecuencia de las elecciones parlamentarias sirve para ajustar la correlación política a los cambios en la opinión pública evitando una acumulación traumática de tensiones. Y cómo los distritos uninominales permiten desarrollar una verdadera relación de representación y mejorar la rendición de cuentas a los electores, y también reducir el número de partidos de manera de construir un verdadero sistema de partidos que permita la gobernabilidad.

Este libro es un aporte fundamental al debate de la reforma política en el Perú. El propio Sardón reconoce que una alternativa a la que él propone es mejorar nuestro sistema de reglas acercándonos mas al modelo francés, que contiene fuertes elementos parlamentaristas. Son los temas que debemos discutir. El país no puede persistir con una democracia mal estructurada, con reglas de juego que no funcionan. Tenemos que reconquistar nuestra viabilidad como nación. Sardón nos ayuda en esa tarea ineludible.

Líneas abajo presentamos el epílogo, el índice y algunos cuadros del libro de Sardón:

El Epílogo

En el Perú contemporáneo, a lo largo de mucho tiempo, hemos cultivado un constitucionalismo romántico, pensando que el rol de las Constituciones era “concientizar” a los ciudadanos respecto a sus derechos fundamentales.  A partir de Ia Constitución de 1920, nuestras Cartas políticas han ido haciendo declaraciones de derechos cada vez más amplias, detallistas y ambiciosas.

La Constitución de 1979 llevó esta postura al extremo, dedicándole todo su Título I a este tema. Esa Constitución llegó a tener 307 artículos. La actual Constitución tiene 206.  Puede decirse que es un poco más realista y prudente en su aspecto dogmático, pero no está totalmente libre de los impromptus constitucionales demagógicos, ya que “consagra” muchos derechos que no hay manera de hacer efectivos.

Esta postura no nos ha llevado, no nos podía llevar, muy lejos. Ya parece hora de comprender que esta no es Ia manera de lograr los objetivos nacionales y que, como dijo Felipe Ortiz de Zevallos M., “una Constitución no debe plantear lo máximo a lo que aspira una sociedad sino lo mínimo en lo que se puede poner de acuerdo para gobernarse”.

El desarrollo económico y social depende, en el largo plazo, de Ia creación de un orden político democrático, ¡porque solo Ia democracia disminuye Ia incertidumbre inherente al proceso político. Pero Ia estabilidad democrática depende no tanto de “normas de conducta” cuanto de “reglas de organización”.  No son las prescripciones enfáticas sino las reglas de juego político racionalmente diseñadas las que pueden contribuir a obtener ese resultado.

De poco sirve que Ia Constitución de 1979 estableciera que “nadie debe obediencia a un gobierno usurpador” o que “son nulos los actos de toda autoridad usurpada” cuando ella misma fomentó la multiplicación de los partidos y Ia performance poco responsable y eficiente del gobierno, mediante el calendario electoral y los distritos electorales que había fijado.

AI dificultar Ia posibilidad de que el Perú enrumbara hacia un sistema político responsable y hacia Ia formación de un sistema de partidos propicio, Ia afirmación de Ia  democracia termino  siendo  una  cuestión  indiferente  para  Ia   población, cuando arreció el embate del terrorismo y Ia crisis económica.

Ahora bien, (¿no pecará de optimismo o simplismo Ia propuesta contenida en este ensayo? No lo sé, pero si estoy seguro de que Ia reforma institucional es Ia (única alternativa de acción política -en su sentido de elección racional- con que se cuenta. Esta reforma sí puede hacerse desde el Estado, a través de una decisión de los legisladores o, mejor aún, de los constituyentes.

Es evidente que existen restricciones al diseño deliberado de instituciones constitucionales propicias. Recientemente, Stefan Voigt ha enfatizado las trabas provenientes de Ia estructura económica de una sociedad,  del carácter de Ia acción de los grupos de presión y hasta de Ia falta de una cultura constitucional -entendida como ausencia  de individualismo metodológico- que  puede  existir en las naciones latinoamericanas.

Es cierto que puede haber condiciones preconstitucionales que dificulten en grado sumo Ia reforma constitucional propuesta. Sin embargo, sería muy grave, desde un punto de vista tanto político como moral, que se llegara a concebir el sistema político como variable dependiente de circunstancias históricas que se ubican más allá de Ia elección racional. En esa perspectiva, el Perú no tendría alternativas de acción política.

En Ia conformación de un sistema político responsable y en Ia configuración de un sistema de partidos funcional, cuentan circunstancias históricas irrepetibles,  pero estas circunstancias no deben ser vistas como el factor fundamental, ya que hacerlo supone   colocar  lo  que  los  psicólogos  llaman  el  “locus  de control” fuera del alcance de Ia voluntad -y, por tanto, de Ia responsabilidad- de los individuos.

Hacer esto –concebir el sistema electoral como una variable dependiente- no es inofensivo: tarde o temprano seguramente operará  el mecanismo de las “profecías autocumplidas” -esto es, se desatarían conductas  irresponsables  y disociadoras  que apuntarían a demostrar que, en efecto, es correcta Ia insistencia en Ia relevancia de los factores históricos irrepetibles.

Por  otro lado,  resulta  también  cierto  que  Ia  estabilidad política  puede  no  ser  un  objetivo  totalmente  deseable.   En Francia ,  Ia  Constitución  de  1958 ha  brindado  estabilidad  al proceso político, pero ello ha ido asociado a una mayor intervención  del Estado en Ia economía.  El intervencionismo estatal en Ia economía -en Ia forma de sobrerregulaciones o presiones tributarias elevadas -de hecho, desincentiva Ia performance económica eficiente.

En realidad, en los años sesentas y setentas ya Mancur Olson había desarrollado  in extenso Ia idea de que  Ia estabilidad política puede traer consigo el fortalecimiento de los grupos de presión y, por tanto, Ia perdida de autonomía  de los congresistas. El bien común -como dirían los socialcristianos- podría resultar muy difícil de identificar, en  media  de  las presiones gremiales  particulares,  fortalecidas  por  Ia estabilidad  política -y,  por cierto, por Ia representación  de mayorías.

Sin embargo, a pesar de estos aspectos negativos que puede traer  consigo  Ia estabilidad  política, esta  seguirá siendo un objetivo deseable en Ia medida en que el crecimiento económico obtenido  gracias a ella sea tan importante  que el resultado económico  neto sea mejor, a pesar de Ia previsible mayor participación  del  Estado  en  Ia  economía.   Es,  pues,  a  los resultados finales a los que hay que prestar atención, y alii si no hay duda  del impacto económico y social positivo que  traen consigo las democracias estables.

Debemos  obrar  con  cautela  pero  también  con  firmeza. Como recomienda Giovanni Sartori, no debemos brincar de Ia sartén al fuego, pero tampoco debemos  dejarnos paralizar por los riesgos inevitables. AI igual que los filósofos de Ia Ilustración y los fundadores  del análisis económico del derecho  constitucional -la literatura de Ia elección pública-, debemos comprender los alcances y los límites de Ia apuesta  a Ia reforma institucional, y seguir adelante con ella.

Índice

Cuadros de interés

Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Estamos a muy poco de un proceso electoral, para elegir a un nuevo gobierno y congresistas. El rol de los congresistas, además de representar y fiscalizar, debe ser legislar en beneficio del país y sus ciudadanos. Cuando revisamos la historia del siglo XX, encontramos Congresistas, Diputados y Senadores de diferentes corrientes ideológicas, grandes defensores de sus correspondientes doctrinas, muy bien formados académicamente, cultos y que, como decía el Dr. Luis Bedoya, eran políticos que, ponían por delante los intereses de la patria, en segundo lugar, el de sus partidos y finalmente, sus intereses personales.

Los jóvenes encontraban en los debates de las cámaras, una oportunidad de aprendizaje multidimensional; de doctrinas, propuestas políticas, defensa de los intereses de la ciudadanía, con capacidad argumentativa y oratoria. Siempre de buena fe y con la mirada puesta en los más altos intereses del país y sus repercusiones de corto, mediano y largo plazo. Probablemente, unos más acertados que otros, pero todos tratando de asegurar mejores horizontes en el desarrollo del Perú, y eso, era una fuente de aprendizaje del quehacer político.

En las últimas décadas, gradualmente, se ha ido tomando una serie de decisiones políticas, que han producido cambios normativos, que han minado la estructura del Estado. La “regionalización”, multiplicó la burocracia y amplió las fuentes de corrupción, a partir de Gobernadores Regionales, sin visión de país, planes, programas, ni control centralizado. Esto provocó que, salvo alguna excepción, argollas regionales encumbradas mayoritariamente con financiamiento ilegal, alimenten un masivo proceso de corrupción, pagando favores a costa del erario nacional y a partir de movimientos locales, no partidos políticos nacionales, se aúpen al Estado, hasta convertirse en congresistas.

Este proceso de deterioro, pérdida de escrúpulos y actitud intrínsecamente corrupta para lograr alguna cuota de poder, alimentada mayoritariamente por el financiamiento ilegal y lavado de dinero, nos ha llevado a tener dos docenas de partidos inscritos para estas elecciones. Por si fuera poco, esta vez, producto de la dispersión del voto, el congreso podría llegar a tener hasta 9 bancadas, que en principio representen a 9 partidos, pero por sentencia del Tribunal Constitucional de este último lustro, estos congresistas pueden crear bancadas adicionales, que no respondan a los partidos dentro de los que fueron elegidos (creo que esto se da sólo en el Perú).

Este creer que, ser Presidente de la República, es casi como ser un Gobernador Regional “más grande” y actuar como tal, generó la distorsión, provocada por políticos inescrupulosos. Inducir una “reforma política” que, eliminó la reelección de congresistas, evitó la creación de un Senado que cumpla un rol reflexivo y de estabilidad, debilitó los pesos y contrapesos del sistema democrático.  Esto permitió forzar la disolución del Congreso inconstitucionalmente y luego, alimentar en congresistas desbocados, una sed de venganza que terminó por producir la vacancia presidencial, lo que podría repetirse a futuro.

Este proceso de deterioro, ha permitido, en última instancia, que se proponga leyes, que no se evalúen debidamente, se aprueben, casi a escondidas (de madrugada), se envíen al ejecutivo exonerándolas de segunda votación y finalmente se promulguen por insistencia, ignorando olímpicamente las observaciones del poder ejecutivo.

Entre las perlas aprobadas están;

• la suspensión del cobro de peajes,
• el ascenso automático para el personal de salud del Estado,
• la eliminación general del sistema CAS,
• pero quisiera centrarme en el manoseo de los sistemas de pensiones, que empezó con el retiro del 25% de los fondos de pensiones administrados por las AFPs, el “retiro” de fondos de la ONP y la reciente propuesta de jubilación anticipada desde los 50 años de edad. ¿Acaso estos congresistas, no saben que la expectativa de vida en el Perú está en el orden de los 80 años de edad y aumentando y que la capacidad de trabajar a los 50 es ampliamente superior que a los 70?  

Preocupa que la búsqueda desaforada de un voto, los lleve a un nivel de irresponsabilidad tan enfermizo.

Permitir que, a quienes se obligó a generar un fondo de pensiones, hoy se les plantee dos condiciones que, juntas, devienen en explosivas, es muy grave. Primero, se produce un proyecto de ley que indica que, lo que era un fondo privado, en una cuenta personal, administrada por una entidad privada especializada, se convertiría en un fondo, del cual parte será individual y parte “solidario”, administrado por el Estado. No hay que ser muy ilustrado para entender que echarán mano del fruto de tu trabajo. A renglón seguido y tras esa amenaza, ofrecen la opción de retirar tu fondo previsional de inmediato. Ese es un incentivo diseñado pensando en destruir el Sistema Privado de Pensiones, pero sin tomar en cuenta que le hacen daño al ciudadano y al país.

Obviamente, el ciudadano va a querer salvar del asalto planteado por el Estado, el fondo personal acumulado, producto de su esfuerzo y sacrificio familiar, pensando en no ser una carga en la vejez. Pero al país en su conjunto, le están destruyendo un actor fundamental para la gestión económica, pues tal como comentó Julio Velarde, Presidente del BCRP, tras estas medidas, se ha generado una presión al alza del tipo de cambio y un incremento importante del costo de los Bonos del Tesoro peruanos.

Respecto al tipo de cambio, los mensajes que dan al mercado las medidas adoptadas por el Congreso, junto con ciertos discursos durante la campaña electoral, han producido un retiro de capitales del Perú y una retracción de la inversión, que ya llevó el tipo de cambio a S/3.75/dólar (una subida de 4.2% en sólo tres meses), que continuará hasta ver un panorama más claro, cosa que puede agravarse.

Por otro lado, las AFP, en conjunto el inversionista institucional más importante del Perú, ha visto mermada su capacidad de acción tras el retiro de fondos realizado, pues “antes, en momentos en que los precios del bono del tesoro caían, las AFP traían sus dólares del exterior y compraban el bono, aprovechando el precio bajo”.  Ahora, por la incertidumbre existente, no lo están haciendo, ante la amenaza de un mayor retiro de fondos que autorice el Congreso, mientras los fondos de inversión internacionales evitan comprar estos bonos, ante la falta de liquidez de ese mercado. Esto está generando un perjuicio enorme al país, al incrementar dramáticamente (entre 25.6% y 29.9%) el costo de financiamiento del Estado, al subir los intereses del bono con vencimiento 2031 de 3.66% a 4.60% y el de vencimiento 2028 de 2.61% a 3.39%, algo particularmente malo, justo en momentos de requerir mayor endeudamiento.

Con un pensamiento liberal, si ahorras e inviertes para tu vejez en un fondo previsional, debería ser una decisión personal. Si uno hace un acuerdo con su descendencia para que ellos lo sostengan económicamente en su vejez, tal como los padres los mantuvieron en su infancia, también estaría muy bien. Lo que no puede ser es que, el Estado juegue con el futuro y expectativas de los ciudadanos y ponga todos los estímulos para destruir un fondo previsional ya constituido, para que, en el futuro, el Estado te mantenga con una pensión de subsistencia, proveniente del tributo de los demás.

Desde el Congreso están actuando como un elefante en una exposición de porcelanas y de eso, debemos protegernos en estas elecciones. Lampadia

Alejandra Benavides
Para Lampadia

Al cierre de la presentación de listas de pre-candidatos presidenciales, tenemos 33 listas, de 24 partidos inscritos en la ONPE. Que el menú sea amplio, no significa que los platos sean buenos, sino que hay una gran cantidad de personas que se perciben “presidenciables” y los requisitos para poder postular son mínimos. Desde hace tiempo me pregunto, ¿por qué personas sin preparación, sin ideas ni convicciones y sin experiencia, podrían creer que están a la altura de tan grande responsabilidad? Y, siempre termino respondiéndome a mí misma, que la premisa de la pregunta es errada y que lo más probable es que menos del 10% de aquellos pre-candidatos hagan una reflexión sobre su propia idoneidad, tanto intelectual como moral, para ocupar el más alto cargo del país.

Un ejemplo perfecto de esto es el ex – presidente Ollanta Humala (OH). Un militar cuestionado (Locumba, Andahuaylazo, “Capitán Carlos”), que hizo un gobierno malo y corrupto, pero que no se avergüenza de expresar sus ambiciones de llegar nuevamente al sillón presidencial y hoy es único pre-candidato en la lista del Partido Nacionalista. En su gobierno, crecimos a un magro promedio de 3% anual, mientras que en el quinquenio anterior crecíamos a 7%. Su política de “incluir para crecer”-carente de lógica, hizo que se infle el gasto corriente, superávit y endeudamiento, mientras que la inversión privada creció sólo 2% en promedio durante su gobierno – antes esta cifra crecía 19% anual en promedio. Siempre me pregunto ¿de dónde creen los izquierdistas que sale la plata? La pobreza sólo se redujo en 20% durante su mandato – producto de las políticas del gobierno anterior, donde la pobreza se redujo casi a la mitad. OH se dedicó a programas sociales plagados de burocracia y corrupción, y en paralelo a espantar la inversión privada con amenazas y cambios en regímenes tributarios (ej. minería) y renegociación de contratos (lotes 56 y 57 de Camisea), llegando hasta menos de 50 puntos en el índice de confianza del consumidor.

Además de su fallido performance como presidente, nunca cumplió su (estúpida) promesa más importante de campaña, el famoso “Balón a 12 soles” – promesa que luego desmintió. Mientras carcomía la economía, se encargó de darle más de US$8,000 millones en obras – muchas de ellas inservibles, a las empresas brasileras corruptas Odebrecht y OAS. Aún se están haciendo investigaciones sobre el rol del exmandatario en estas cuestionadas obras y sus coimas, sin embargo, ya tiene una denuncia fiscal por lavado de activos por haber recibido fondos de campaña tanto de Odebrecht como del gobierno de Venezuela en el 2006 y 2011. Esta denuncia fue realizada por el fiscal Juarez Atoche en mayo de 2019, sin embargo, sigue en la etapa de “control de la acusación” en manos del juez Concepción Carhuancho hace más de 1 año – entre audiencias y dilataciones por temas de COVID-19. Luego de esto, iría a juicio oral, y de ser juzgado culpable, podría ir hasta 20 años a prisión.

Este es el caso más claro de pretensión de la presidencia para escudarse bajo la inmunidad que ésta otorga. Pero, entonces ¿Quién protege a los electores? La ley establece que nadie con sentencia privativa de la libertad puede postularse, lo que deja esa parte en manos de una lenta, inepta y oscura fiscalía y poder judicial. Sin embargo, la otra pieza clave son los leves requisitos para postular a la presidencia: ser peruano de nacimiento (ojo con Forsyth), ser mayor de 35 años, gozar de derecho de sufragio. Para tan importante cargo, esos requisitos no parecen ser suficientemente duros y debiéramos modificarlos para subir la valla y establecer criterios más acordes con el perfil necesario para un presidente de la república.  ¿Ahí no debió estar el enfoque de la reforma política?

Referencias:

https://andina.pe/agencia/noticia-ollanta-humala-y-nadine-heredia-de-delito-los-acusa-fiscalia-750834.aspx

https://gestion.pe/peru/politica/elecciones-2021-hay-33-precandidatos-a-la-presidencia-de-la-republica-nczg-noticia/?ref=gesr

https://gestion.pe/peru/politica/odebrecht-barata-visito-a-humala-hasta-en-4-ocasiones-en-palacio-de-gobierno-nndc-noticia/

elmundo.es/america/2011/09/29/noticias/1317259479.html

https://diariocorreo.pe/politica/reanudan-caso-humala-despues-de-seis-meses-noticia/

https://gestion.pe/peru/politica/ollanta-humala-y-nadine-heredia-control-de-acusacion-por-caso-odebrecht-culminaria-en-abril-nndc-noticia/?ref=gesr

https://www.bcrp.gob.pe/

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/constitucion_peruana/constitucion_titulo4_capitulo4.html

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Podría haber una relación de causalidad, consciente o inconsciente, entre los presuntos sobornos que solicitó y recibió el presidente Vizcarra cuando fue gobernador de Moquegua, y las tácticas políticas que usó a lo largo de su mandato: confrontar al Congreso sistemáticamente, disolverlo, y eventual y presuntamente jugar en pared con José Domingo Pérez para encarcelar a opositores políticos.

Con ese conjunto de acciones logró convertirse en el campeón de la lucha contra la corrupción al mismo tiempo que fortalecía su poder y su aprobación popular. En esas condiciones era muy difícil que algún investigado del club de la construcción se atreviese a denunciar pagos al presidente, y si lo hacía no tenía eco en los fiscales. La información de que Tejeda deseaba convertirse en colaborador eficaz descubriendo el soborno a Vizcarra circulaba desde hace por lo menos un año y medio. Al parecer, se tuvo que filtrar para que recién los fiscales activasen el proceso, y es evidente que mientras menos tiempo le quede al presidente en el poder y más debilitado se encuentre, más aspirantes a colaboradores eficaces querrán revelar sobornos, si es que los hubo.

En otras palabras, lo que hizo Vizcarra desde casi el inicio de su gobierno fue aplicar la táctica de que ‘la mejor defensa es el ataque’. La manera más eficaz de blindarse, de anular o inhibir cualquier denuncia, era convertirse en el gran héroe anticorrupción, confrontando y disolviendo, mientras opositores eran encarcelados.

Sobre esto último, debe recordarse el audio en el que la ex secretaria de Vizcarra, Karem Roca, menciona un vínculo entre Martín Vizcarra y José Domingo Pérez Roca. Señala que Rose Mary Silva, la concuñada de Martín Vizcarra, “mueve a los fiscales, ella habla, todos los juicios que le ha visto a Martin Vizcarra…, por eso es que Domingo Pérez viene aquí a trabajar y a su mujer la mandan a Perúcompras, y cuando ha habido el escándalo, ya la sacan a la mujer de Perúcompras”. Esto es algo que el Congreso debería investigar.[1]

Ya entendemos mejor por qué buscó la confrontación en lugar de la concertación para sacar adelante la reforma judicial y la reforma política. Lo lógico hubiese sido escoger la colaboración con el Congreso. Keiko Fujimori había saciado su sed de venganza con la salida de PPK y carecía de animadversión a Vizcarra. En la práctica, lo había hecho presidente. No solo eso: la bancada fujimorista había perdido la mayoría absoluta y se encontraba internamente dividida.

Por lo demás, las propuestas de reforma judicial de la comisión Wagner eran perfectamente consensuables con el Parlamento. Y si bien es cierto que algunas de las propuestas de reforma política de la comisión Tuesta –como las elecciones primarias y obligatorias- tenían resistencia, sí había un consenso mayoritario en torno a la principal de todas: la bicameralidad. Por lo demás, las elecciones primarias y obligatorias son un tema debatible y no necesariamente son una buena propuesta.

Entonces Vizcarra hubiera podido concertar. Pero optó por lo contrario: el 28 de julio del 2018 le declaró la guerra al Congreso al proponer un referéndum en el que se consultara, entre otras cosas, la no reelección de los congresistas. Equivalía a la disolución simbólica del Congreso existente. Con ello demostraba que su intención no era reformista sino utilitaria, pues la no reelección de congresistas era el sabotaje perfecto a la institucionalización de un sistema político funcional.

¿Por qué prefirió la confrontación a la colaboración? La explicación que dimos en su momento era que lo que hacía el presidente era populismo político frívolo para acrecentar su popularidad y su poder. Pero ahora podemos ver para qué quería incrementar su poder.

Es cierto que una profunda reforma institucionalizadora era necesaria y había sido largamente demandada en el Perú, algo que la mayoría fujimorista desde el 2016 había desdeñado. Pero al poner por delante la no reelección de los congresistas y llevar, para mayor escarnio, el tema a un referéndum, se creaba en el Congreso un clima poco predispuesto a una discusión racional y constructiva, de manera que los temas solo pudieran sacarse como finalmente se sacaron: por medio de cuestiones de confianza, a la fuerza.

Es posible que esa fuera una estrategia pensada desde el principio para mantener al Congreso en una posición aparentemente obstruccionista de manera de incrementar el rechazo de la opinión pública a los congresistas de la primera mayoría, en la misma medida en que subía la popularidad presidencial. Era el subibaja político. Por supuesto, los voceros de Fuerza Popular cayeron en la trampa y colaboraron entusiastamente en la construcción de una imagen obstruccionista.

Esa imagen le sirvió al presidente para generar una nueva crisis política al demandar el adelanto de elecciones en julio del 2019, que desembocó en la disolución del congreso. Objetivamente el Congreso era mucho menos obstruccionista que lo que había sido con PPK, pero el gobierno manipuló bien las percepciones y al final Vizcarra disolvió el Congreso con la treta de la “denegación fáctica” de la confianza. Su popularidad fue mayor que nunca.

No debe descartarse lo que afirmara Mauricio Mulder en un tuit apenas se dio la noticia del soborno de Obrainsa: “La Comisión de Fiscalización del Congreso disuelto ilegalmente, ya estaba investigando ese tema. Dos semanas después de citar a Cesar Vizcarra, su hermanito-presidente da el golpe de estado. Ahí tienen por qué”. Calza perfectamente en la historia.

El problema de todo esto es que la institucionalidad política se ha precarizado más que nunca: se eliminó la reelección y por lo tanto la carrera política y la consolidación de una clase política profesional; se redujo partidos importantes a su mínima expresión, se fragmentó más que nunca el sistema partidario, y se institucionalizó la disolución del Congreso por “denegación fáctica” de la confianza. Bravo. Lampadia

Jorge Trelles Montero
Para Lampadia 

El accionar chocantemente ignorante del nuevo Congreso, signo de que los nuevos congresistas, salvo honrosas excepciones, no tienen ni de lejos las capacidades necesarias, y la evidencia de que nuestros partidos políticos, salvo constituir requisito formal necesario para participar en una elección política, no son ni sirven para nada, ponen en evidencia que la reforma política reciente ha sido un total fracaso, no tanto porque no se terminara de aplicar sino por su concepción.

En efecto, si algo es fundamental para la debida formación de la voluntad popular es precisamente la existencia real y no virtual de partidos y de políticos, que estos participen en la contienda electoral con peso real y que, después, animen la acción y la institucionalidad de la política.  

Desgraciadamente, en el Perú nadie acude a los partidos políticos y estos no existen. Por eso los que ven más de cerca la política nacional no tienen mayores esperanzas en los candidatos que puedan surgir de canteras tan venidas a menos, ni de los aportes que estos puedan ofrecer a la precaria acción política que hoy existe. Más bien predicen que puede repetirse este Congreso demagogo y totalitario y que esta repetición, con un poder ejecutivo débil, puede ser catastrófica para el país.

A lo más lo que existe son grupos parlamentarios, cada día menos unidos, preparados y aptos. Los partidos, como el lugar natural y constitucional de la política, han sido remplazados por la presencia de Congresistas, ministros, funcionarios, líderes de opinión, alcaldes, estudiosos y quienes hagan noticia política en los programas de la TV. Los que los dirigen estos programas son los que hoy en día verdaderamente orientan y concurren a la formación de las voluntades políticas del país. Los diarios y, en los últimos años, las denominadas redes sociales son también un lugar donde se hace política. 

Sin embargo, en la letra de la Constitución los partidos políticos no son poca cosa. Diría que en lo que se refiere a los asuntos públicos de nuestra sociedad, hasta están pensados para serlo casi todo. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y participan hegemónicamente en los procesos electorales, dice la ley. Es decir, deciden quiénes nos deben gobernar y cómo deben hacerlo. Pero también deciden, a través de sus representantes, cómo debe organizarse la sociedad, sus leyes y cuál debe ser la relación entre lo privado y lo público. Con respecto a este último, deciden también cuáles son los servicios públicos y cuáles son las competencias y obligaciones del Estado en el desarrollo del país. 

Estos temas son medulares y a la vez complejos y extensos. Finalmente están a cargo de quienes nos representen y se supone que la necesaria discusión de aquellos y la formación y elección de quienes nos representen se llevan a cabo en la diaria acción política en los Partidos.  

Por esto, se ve, claramente, que la tarea principal de cualquiera que se aboque al tema de la política y los políticos es devolverles vida a los partidos -con la dificultad de que varios estudiosos contemporáneos piensan que son dinosaurios, sin futuro en las sociedades humanas de ahora- y, también, competencia e instrucción suficiente a los políticos que los constituyan o ahí se formen. 

En los puestos claves de la administración pública o de las grandes y medianas instituciones y empresas privadas no se concibe a profesionales que no estén altamente calificados. Sin embargo, al Congreso, dónde se ven las leyes que afectan a estas instituciones y que requiere tanto o más excelencia profesional, llegan ciudadanos que por, mejor voluntad que pongan, no están profesionalmente preparados para entender y solucionar los complicados temas que un Congreso debe abordar. No existen en el Congreso tampoco los equipos de profesionales que uno encuentra en los ministerios y que deberían de existir para asesorar a los Congresistas.  

Esto explica en parte los sucesivos papelones que ha hecho el Congreso frente a complicados problemas derivados de la pandemia y el resguardo del aparato financiero y económico del país, y la clamorosa falta de entendimiento de los límites de los recursos estatales y la importancia de un Sistema Nacional de Pensiones, así como de los problemas propios de una economía de mercado y su relación con la libertad de precios. Últimamente casi terminan con la posibilidad de una reforma del transporte en Lima. Hoy me entero que el Congreso ha decidido que el Poder Ejecutivo contrate unos 14,000 ex maestros sin concurso alguno. 

Sus encontrones con el Poder Ejecutivo demuestran que no conocen ni siquiera sus propios límites y el Tribunal Constitucional corre el riesgo de trabajar muchas horas extras para resolver las acciones competenciales, de inconstitucionalidad y de amparo por venir. 

Para que los partidos se reanimen y cumplan con su tarea de convocar a los mejores cuadros nacionales es menester entender que hoy la política es una profesión a tiempo completo. A un joven universitario o profesional con talento y vocación pública hay que ofrecerle la misma seguridad económica que tendría si opta por el camino privado. Además, al ciudadano de los tiempos de la Revolución Francesa y a los sindicatos del siglo pasado se le suman, hoy en día, poderosas asociaciones que canalizan los variados intereses propios del ser humano socializado de hoy y enormes empresas económicas que tienen que tener voz en los partidos políticos contemporáneos.  

Con estos apoyos los partidos podrán convocar cuadros competentes en sus distintas especialidades y, además, instruirlos debidamente en los temas constitucionales que correspondan y en los principales problemas del desarrollo del país y de las finanzas públicas.

En verdad el tema de los partidos políticos es harto complicado y debiera convocarse a una comisión multipartidaria de nivel real, con presencia de los líderes partidarios con más experiencia, sociólogos, politólogos y administradores, que pueda viajar a países con democracias asentadas para ver in situ cómo se desarrollan y viven los partidos y cuál es su real función en las sociedades contemporáneas. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

En una zaga de columnas en este medio “El Perú ha caído. Con el aplauso de muchos” del 04.10.2019 y “Aplausos, silencios y prebendas” del 11.10.2019, describimos a propósito de la disolución del Congreso, que la “alteración de la continuidad constitucional del presidente Vizcarra sólo era posible porque existían muchos que lo aplaudían”. Mostramos también como todo aquello fue posible gracias a los aplausos y silencios de otros y las prebendas otorgadas a quienes validaron la medida, entre los que se contaron fiscales, gobernadores regionales, alcaldes, periodistas, policías y militares.

Esta semana, luego de que el nuevo Congreso surgido de aquel golpe institucional le ha demostrado al país que le interesa muy poco la crisis sanitaria y económica en la que estamos sumidos y ha “extorsionado” al Poder Ejecutivo (a decir del propio presidente Vizcarra) exigiéndole la cabeza de algunos ministros para aprobar la confianza al nuevo gabinete ministerial, no queda duda que la solución no era romper el orden constitucional el 30.09 y cambiar unos congresistas por otros.

Veamos:

• El nuevo Congreso ha demostrado que puede ser tan o más obstruccionista como lo fue en determinados momentos el anterior. El anterior no le negó la confianza a ningún gabinete que se estrenaba.
• Ha demostrado que cobija intereses aún más concretos y subalternos que el anterior.

Los intereses políticos y económicos de ciertas familias emergentes de la política y los negocios como los Acuña o los Luna Gálvez siguen en el Congreso y son descaradamente más importantes que la crisis sanitaria, el desempleo y la crisis económica.

• El afán de agudizar contradicciones del libreto marxista del cura Arana y del convicto Antauro Humala apadrinado por otra facción de la familia Acuña, también son más importantes que el país y sus contagiados, muertos y desempleados.
• Que AP no es garantía de nada, ni reserva moral alguna.
• Que en FP aún existen termocéfalos, felizmente pocos, que votan todavía contra el adversario político y no por la gobernabilidad del país.
• Que los fanatismos religiosos convertidos en representación política directa, sin intermediarios, son sumamente ignotos y peligrosos.
• Que el Congreso, sin fuerzas políticas ideológicamente estructuradas, sin programas de acción política definidos y conocidos, es una caja de resonancia populista que destruirá cuanta institución se oponga a sus afanes económicos, financieros o políticos inmediatos.

Pero, ¿acaso esto no era previsible que ocurriera? ¿Qué pensaba Vizcarra cuando de la mano y con la complicidad de Salvador del Solar disolvieron el Congreso anterior? ¿Imaginaron acaso que por arte de magia iban a convertir a los bribones en ángeles en el nuevo Congreso y que para ello bastaba una nueva elección? Y ¿Qué pensaban aquellos que aplaudían y avalaban con silencios o por prebendas? ¿Acaso todos ellos creían realmente que el problema era sólo el Congreso y no el país, al cual aquel sólo representa y refleja?

La calidad de nuestras instituciones (Congreso incluido) no es atribuible a una fuerza política en particular. Ni antes, ni ahora. Es consecuencia del país que tenemos. Mejorar la calidad de nuestras instituciones y la calidad de nuestra representación política exige algo más serio y profundo que la eliminación de la fuerza opositora de turno.

Asumiendo (por hipótesis aceptable) que lo ocurrido desde setiembre de 2019 sea por ignorancia y no deliberado, cabe decir que la ignorancia es siempre sumamente atrevida. Pero la ignorancia en la política es criminal. La ignorancia de la magnitud del problema de la representación política nos ha llevado a esta tormenta perfecta en la cual nos encontramos: enfermos, pobres y sin gobernabilidad.

La ignorancia política y constitucional del Jefe de Estado lo llevó a seguir consejos peligrosos y le está pasando factura hoy, en el peor momento de su administración. Sembró vientos, hoy cosecha tempestades. La ignorancia política y constitucional del pueblo que aplaudía y de los cómplices del Gobierno, nos está pasando la factura a todos los peruanos que vemos, en el peor momento de nuestra historia, como no hay gobierno ni acción estatal efectiva en circunstancias en que nuestros familiares, conciudadanos y amigos se contagian, enferman y mueren.

Con todo derecho, en este momento, podemos preguntar: ¿Dónde están los que aplaudían? Debieran empezar por asumir sus errores y responsabilidades. Primer paso para comenzar en serio una reforma política que haga viable a nuestro país. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

¿Tiene sentido el “Pacto Perú” propuesto por el Presidente de la República? Creemos que sí, pero con otra finalidad, menos temas, quizá más actores. Y antes que eso, el pacto inmediato y urgente es el de una agenda legislativa conjunta con el Congreso.

Comencemos con la finalidad. El Presidente la definió así: “Este pacto debe ayudarnos a todos los peruanos a transitar este proceso de transición en paz con acuerdos mínimos que den marco al debate necesario que se dará en la próxima campaña electoral”. En realidad, un proceso electoral es una competencia, una contraposición de ideas y programas. Entonces pedirles a los que están compitiendo a que se sienten a acordar, equivale a forzar un poco la naturaleza de las cosas.

Pero, pese a ello, sí hay una razón, de fuerza mayor, para buscar un acuerdo. Nace del hecho de haber tenido los peores resultados en el mundo en la lucha contra la pandemia, en lo sanitario y en lo económico. La causa de esos pésimos resultados no estuvo solo en los errores del gobierno, sino en que se confabularon además dos problemas estructurales: la precariedad de la salud pública y la altísima informalidad. Tienen en común que se trata de dos formas de exclusión social masiva. Por lo tanto, sí tiene sentido sentarse a llegar a acuerdos sobre cómo resolver, de una vez por todas, esos problemas estructurales. No podemos correr el riesgo de volver a fallar nuevamente.

Y hay una razón adicional para buscar un acuerdo en torno a esos temas: que son aquellos en torno a los cuales precisamente no hay acuerdo. No tiene sentido sentarse a buscar acuerdo en torno a temas en los cuales todos estamos de acuerdo. Eso es lo que ocurre con por lo menos dos de los cinco temas propuestos por el Presidente: calidad educativa y lucha contra la pobreza.

En cuanto a calidad educativa, el Consejo Educativo Nacional acaba de publicar el Proyecto Educativo nacional al 2036,[1] que es en cierto sentido el acuerdo nacional por la educación. Eso ya está. Las mejoras que puede haber son de gestión y énfasis, y dependen del programa de cada gobierno. Salvo que se acuerde algo como lo que propone Fernando Cillóniz: una institución autónoma de los gobiernos -tipo BCR- que maneje la educación pública. Pero eso debería formar parte de otro pacto, que no ha sido planteado: uno sobre la reforma del Estado, que incluye una reforma de la descentralización.

Estos son los cinco temas propuestos por el Presidente:

La lucha contra la pobreza tampoco requiere acuerdo. Se sabe que la pobreza se reduce principalmente con el crecimiento. Cambios en los programas sociales tales como transformar Juntos en Juntos Productivo, por ejemplo, no requiere un acuerdo. Es una mejora que entra dentro de la discreción gubernamental.

De los cinco puntos, solo el primero coincide con los problemas estructurales que afectaron la eficacia de la lucha contra el virus, aunque habría que plantearlo mejor, lo que no es motivo de este artículo. El segundo tema planteado por el Presidente podría contener en alguna medida el problema de la informalidad o, dicho de otro modo, la reforma de la formalidad, para que sea incluyente, para incorporar a los peruanos al Estado legal. Pero está centrado en temas como eliminar prácticas anticompetitivas, que no requieren acuerdo nacional.

El “Pacto Perú”, entonces, debería concentrarse solo en esos dos temas: cómo incluir a los peruanos en una buena Salud Pública y cómo incluirlos en la formalidad, en el Estado legal. En el fondo es un solo tema: la inclusión de los peruanos en el Estado nacional. Si lo resolvemos, habremos dado un paso gigante hacia nuestra conformación como república.

Y esos sí necesitan acuerdo por una sencilla razón: las soluciones que requieren para ser resueltos generan resistencias en los grupos beneficiarios del statu quo. Por eso son políticamente complicados. Y por eso cabe preguntarse por los actores de esos acuerdos: ¿sólo los partidos políticos, como plantea el Presidente, o también los sectores involucrados y la sociedad civil?. Lo segundo entraña el riesgo de que, precisamente, no se llegue a acuerdo alguno, como ocurre siempre, por ejemplo, en el Consejo Nacional del Trabajo cuando se plantea cualquier reforma. Pero debe intentarse, con toda la seriedad del caso. Quizá se pueda manejar en dos pisos, dejando a los partidos como la última instancia.

Si queremos agregar más temas relevantes, tenemos el de la reforma del Estado y la descentralización, antes mencionado, que también requiere de un acuerdo para ser ejecutable. O un mandato claro solicitado por el candidato que gane las elecciones presidenciales.

Y tenemos por último el tema de la reforma política y de la justicia, que sí fue propuesto por el Presidente. Pero este asunto debería ser tratado en otro marco: el de la gestación de una agenda legislativa común entre el Ejecutivo y el Legislativo, tarea insoslayable de Cateriano, tanto para contener la hemorragia populista como para acordar efectivamente las reformas que se requieren para que el próximo gobierno tenga un Congreso que le permita gobernar. Es decir, en este caso el escenario es el Congreso, y los actores, las bancadas allí representadas.

En suma, el Pacto Perú debería reducirse a las dos reformas estructurales ya impostergables sobre las que no hay acuerdo: la salud y la informalidad, agregando quizá la reforma del Estado y de la descentralización. Fuera de eso, el acuerdo sobre la reforma política debe formar parte de la construcción de una agenda legislativa común, que es el pacto político de necesidad inmediata y urgente. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El último predictamen sobre las reglas electorales para el proceso 2021 insistía en eliminar la participación de varios candidatos con opciones por medio del requisito de 6 meses de afiliación a un partido antes de la fecha de las elecciones internas. Si estas se desarrollan en noviembre, los 6 meses se habrían cumplido en mayo, de modo que ninguno de los aspirantes actuales con más opciones podría participar.

No obstante, en la última reunión de la comisión de Constitución, quedó claro que solo Alianza por el Progreso (APP) defendía esa opción. Finalmente, el propio presidente de la comisión, Omar Chehade (APP) enmendó rumbos.  El viernes publicó en su Facebook: “Estamos elaborando un dictamen que equipare inscripciones nuevas con afiliaciones para postular… De esta manera, los nuevos partidos y candidatos sin partido tendrán el tiempo y condiciones suficientes para realizar su trámite respectivo y quedar habilitados para presentar candidatos y postular democráticamente en las referidas elecciones”.

Problema resuelto, entonces, en principio, aunque hay que esperar la redacción final. En realidad, no debería haber plazo. No debería existir el requisito de estar afiliado a un partido para postular a la presidencia de la República. Ello es una restricción al derecho de participación política. Cualquier partido debería poder invitar a un independiente a encabezar una lista presidencial. Eso fue lo que ocurrió con José Luis Bustamante y Rivero en 1945, por ejemplo.  

La obligación de estar inscrito en un partido para poder postular proviene de una de las leyes de la reforma política aprobada el 2019, la ley 30998 orientada a promover la participación política y la democracia en las organizaciones políticas, aquella que establecía las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La idea detrás, esgrimida también por los defensores del plazo excluyente, es que se trata de fortalecer los partidos y que no haya partidos cascarón o vientres de alquiler.

Pero esta no es la manera de lograrlo. Para ir a un sistema de pocos partidos reales, existen las vallas y los sistemas electorales. La abortada reforma política contenía una idea correcta: facilitar la inscripción de nuevos partidos -para renovar y establecer competencia- pero dificultar la permanencia, para que sobrevivan los mas fuertes. Las PASO -cuestionables, pero no vamos a entrar en eso ahora- tenían un filtro. Al final participarían alrededor de 6 u 8 partidos en las elecciones generales, que luego deberían pasar la valla del 5% de la votación para el Congreso. De lo contrario, perdían la inscripción. La suspensión de las PASO suspende el filtro. Martín Tanaka ha propuesto una valla en las elecciones internas: que participen en ellas 12 mil militantes (50% del número mínimo de afiliados a un partido). Pero muchos partidos tienen en este momento menos de 24 mil afiliados porque se suspendió también ese requisito. Entonces esa propuesta es inviable.

Solo queda aprobar la elección del Congreso junto con la segunda vuelta, lo que llevará a una cierta concentración del voto en un número menor de partidos, y de paso ayudará a la gobernabilidad del próximo gobierno, algo vital para enfrentar la reconstrucción nacional.

La otra manera de reducir el número de partidos y que sean reales, es pasar a un sistema electoral basado en distritos electorales mucho mas pequeños, uni o binominales, donde los partidos pequeños tenderán a aglutinarse con otros más grandes para tener opción de ganar en alguna circunscripción. Esto, además, tiene la ventaja de crear una relación entre elector y representante, dándole realidad a la democracia y facilitando la eliminación del voto preferencial. Porque este sería el voto preferencial por excelencia.      

En resumen, las reformas que todavía puede aprobar este Congreso para mejorar la calidad de nuestra democracia y la gobernabilidad son:

• Permitir la postulación presidencial sin afiliación
• Elegir el Congreso junto con la segunda vuelta presidencial
• Eliminar el voto preferencial y canjearlo por distritos electorales pequeños

Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura Institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos nuestro video sobre la reforma política después de la pandemia.

Participan Martin Tanaka, politólogo, como invitado, Jaime de Althaus, Fernando Cilloniz y Gonzalo Prialé. Las opiniones vertidas por los participantes no necesariamente representan la opinión institucional de IIG sobre los temas tratados.

Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Quisiera hacer recuerdo de los tiempos de ministro de transporte del Sr. Vizcarra, quien se apareció un día a “resolver” el conflicto suscitado en la carretera (vía nacional), por donde transitan los camiones que transportan la carga de Las Bambas, y la forma como, a su mejor estilo de “gobernador regional” promotor del “Moqueguazo”, ofreció a los manifestantes todo lo que se les ocurrió pedir, asfaltado total de la carretera incluido, y como no podía ser de otra manera, el ofrecimiento de un costo del orden de $800 millones que correría por cuenta de la empresa. La pregunta es, ¿Evaluó el pedido y los verdaderos costos? ¿Consideró los tiempos de ejecución de lo ofrecido? ¿Preguntó si la compañía podía asumir ese costo y si había aceptación del nivel resolutivo correspondiente? No, se mandó porque creía que estaba en su “chacra” y que cuál municipalidad de Moquegua, podía decidir de manera improvisada.

Otro tanto pasó con el aeropuerto de Chinchero. Muchos saben que es un proyecto con problemas de; altitud que hace que sea cuestionado como aeropuerto internacional para orígenes y destinos transoceánicos, calidad del terreno que obliga a un movimiento de tierras monumental, planeamiento del traslado de materiales y equipo durante la construcción, teniendo en cuenta que la carretera de acceso es la misma usada por los turistas y la capacidad limitada de Machupicchu para recibir mucho más visitantes, sin ser afectado en su calidad de patrimonio cultural.

Después del escándalo que lo obligó a renunciar, para luego recalar en la embajada en Canadá (supongo para aprender inglés), con el apoyo activo de su amigo César Villanueva (quien conspiró con el fujimorismo para sacar a PPK, negando la posibilidad de ocupar algún cargo), se encontró asumiendo la presidencia de la república.  Recuerdo que llegó sin “brújula”, no sabía qué hacer, absolutamente anodino y al no tener plan, objetivo, ni estrategia, se arrancó a viajar a cualquier lugar del país todos los días, en lo que podría denominarse “una laboriosa ociosidad”.

En ese trance, las encuestas de popularidad comenzaron a bajar, hasta que consiguió que un asesor lo alerte que necesitaba forjar un enemigo que personifique sus problemas y a quien trasladar la carga negativa de la población, el Congreso. Tengo que reconocer que la mayoría de los congresistas estaban como para la foto y se ganaron todo el odio popular (la tarea se la pusieron fácil), hasta que cerró el Congreso. En el camino había encomendado a un grupo de “especialistas” que preparen una reforma política para ser implementada en las elecciones del 2021, lo que se sometió a un referéndum y ahí vamos. Luego del cierre del congreso se convocó a elecciones congresales para algo más de un año. Hoy estamos a un año de las elecciones y, por un lado, las propuestas de los iluminados ya resultan inaplicables, mientras que, por otro, hemos elegido un grupo de congresistas peor que el anterior, que a la fecha no tiene agenda, que ya dejó pasar la fecha legal para la sesión de investidura del gabinete reparchado y que tampoco ha prestado atención a los Decretos de Urgencia dados en gobierno sin Congreso. Más improvisación.

No quiero hacer mayor análisis de la convocatoria de ministros y la desastrosa calidad de la mayoría de los mismos. Del 30 de setiembre a la fecha se ha cambiado 10 ministros que se han caído solos, pues no ha habido posibilidad de interpelaciones o censuras. Vizcarra, durante su mandato va teniendo ministros “ochomesinos” y cada 19 días tiene que tomar juramento a uno nuevo, al punto que ya lo hace en “jeans” (no se para qué se pone la banda presidencial), supongo que los próximos ministros también juramentaran en jeans, pero espero que no sea “con la banda en el hombro” …

Entre tanto, ¿que pasó con la reconstrucción con cambios del norte? Buena pregunta. No pasó nada, el abandono fue absoluto, la gestión de este gobierno desde marzo de 2017 hasta la fecha, “cero balas, cero puntos”. En el camino se ofreció 80 hospitales y 1,000 colegios, por supuesto no se dijo dónde, ni de qué tamaño, ni con qué planos, ni cuál era el presupuesto y menos quién o quiénes eran los responsables directos.  El único hospital puesto en operación el 20 de marzo de este año es el de Ate y con grandes deficiencias, a pesar que se terminó de construir y equipar en julio del 2018.  Ante la crisis, se ha tenido que improvisar el uso de las Torres de los Panamericanos para que funjan de hospital. Ya sabemos que lo que no se puede medir, no se puede controlar. En el ínterin y como no se hacía nada, siguió viajando “como poseído” sin brújula, supongo que para que no lo ubiquen.

En el camino, en el mundo apareció el COVID-19, esta pandemia iniciada en Wuhan en diciembre 2019 y combatida en países asiáticos y europeos desde enero 2020. El 6 de marzo se reportó el primer caso arribado al Perú, ante ese caso un colegio privado tuvo mejor reacción que el Estado. El colegio suspendió actividades y decretó cuarentena a sus alumnos, mientras el Estado titubeaba, hasta que el 15 de marzo decretó dos semanas de cuarentena nacional. Me pregunto; ¿el Estado con sus embajadas desplegadas por el mundo, no tuvo información oportuna de esta pandemia? ¿No observaron y analizaron las estrategias seguidas por China, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Alemania, Finlandia, Noruega, Dinamarca, ¿sólo por mencionar algunos países? La pregunta más simple; ¿Cuanto tiempo de cuarentena tenían ellos, que habían estudiado y enfrentado el problema algunos meses antes? ¿Dos semanas, un mes? No, ellos llevaban combatiendo la pandemia más de dos meses cuando menos. ¿A quién si no a un improvisado se le ocurre decretar una “cuarentena” (el término viene de 40 días) por dos semanas?

Cualquiera que piensa un poquito, habría hecho un planeamiento mínimo. Si uno le adelanta a la población la magnitud del problema que enfrentaremos, tal como lo hizo Ángela Merkel en Alemania y advierte que nos veremos obligados a tener una cuarentena de cuando menos dos meses, con cierre de todas las actividades que se han cerrado, sin poder generar ingresos durante ese tiempo (especialmente aquellos que ganan su dinero día a día) y que, antes que se disemine el virus por todo el país, se daba facilidades de retorno a sus lugares de origen, con bono incluido a ser entregado cuando lleguen a destino, hubiéramos tenido un manejo más ordenado y menos contaminados en Lima. Se hubiera evitado las necesidades de aglomeración en bancos y mercados y no hubiéramos tenido población de caminantes tratando de regresar a su tierra de un lado, y alcaldes y gobernadores tratando de impedirlo.

Los penales y su manejo son otra área de improvisación, hay sobre-población y se aprecia inacción para reducir su hacinamiento. No se ha liberado a presos ancianos que están enfermos e incapacitados para valerse por si mismos, hay presos por juicios de alimentos a quienes les han puesto como condición pagar la deuda para darles libertad. En el Perú no hay prisión por deuda, pero estas deudas por alimentos son penadas con cárcel. Entiendo el espíritu de la ley, pero mejor sería que tengan libertad restringida, produzcan ingresos con su trabajo y si no cumplen con el pago mensual, realicen trabajo comunitario remunerado en favor de los niños que no hayan recibido la mesada, pero retener en cárcel a miles por esa razón, generando gasto al Estado y sin producir, es de locos. Otro tanto ocurre con los que sufren prisión preventiva, pues esto fue instituido para delincuentes organizados en bandas, narcotraficantes, terroristas, asesinos y secuestradores. Vale decir, aquellos que significan un peligro para la seguridad de la sociedad. Pero nadie reacciona y tenemos una sobrepoblación de penales expuesta a “pena de muerte por COVID-19”. Ya eso generó protestas y en una sola jornada se tuvo 44 muertos y mas de 50 heridos, así como 7 funcionarios del INPE muertos, cosa que no ocurría en 7 años.

Luego “toma medidas” para manejar la etapa de cuarentena y de nuevo la improvisación, si las empresas pueden dar o no vacaciones a quienes las tengan acumuladas o a los que puedan tomarlas, si pueden o no reducir temporalmente las remuneraciones y si pueden o no aplicar la ley de “Suspensión perfecta de labores”. Estos personajes creen que pueden pontificar con “cara de autoridad” y que las empresas no quiebran por decreto. Qué peor muestra de improvisación, cuando la prevalecía de la realidad los obliga a transigir, pero después de un mes de angustia empresarial y laboral.

Para cerrar con broche de oro, cada día se presenta en la TV el Sr. Vizcarra para dar información, cuya estrictez requiere ser verificada (ver discrepancias entre información oficial e informe de IDL Reporteros). Más aún, preocupa que al día siguiente de ese informe se pretenda demostrar eficacia del trabajo y decisiones adoptadas, comparando las estadísticas del número de casos de infectados y fallecidos del Perú con España e Italia, a sabiendas que estos dos países tienen 45 días más de pandemia que el Perú. ¿Por qué no compara con esos países a los mismos 43 días de reconocida la presencia del virus o con Chile, que empezó en el mismo tiempo que el Perú? ¡Hasta para eso improvisado!

Sinceramente los peruanos merecemos respeto Sr. Vizcarra. Usted está confundido y no es aceptable que pretenda esconder su incapacidad con argumentos tan pueriles y nuevamente improvisados. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Ante las circunstancias actuales de pandemia por el Coronavirus se ha hecho ostensible un sinnúmero de debilidades de la estructura del Estado peruano. No podremos ser exhaustivos en su enumeración pues requeriríamos muchas páginas, pero si podemos a guisa de ejemplos señalar algunas cosas.

Ante la orden de inamovilidad y aislamiento social que restringe las posibilidades de reunión y tránsito normal para todos los ciudadanos, ya apareció la propuesta hecha por un congresista respecto al “Congreso Virtual” para permitir que; el Consejo Directivo, las Comisiones de Trabajo, la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso, puedan tener sesiones virtuales aprovechando las facilidades que la tecnología brinda.

Debemos considerar que el congresista tiene como funciones principales: 1. Representar, 2. Fiscalizar y 3. Legislar, y además en ese orden de importancia. Consecuentemente, este Congreso debería estar en estos momentos trabajando intensamente en la fiscalización de las actividades que ha desarrollado el ejecutivo desde el 30 de setiembre del año pasado a la fecha, empezando por los Decretos de Urgencia y las actividades mismas de ese tiempo. Igualmente, hay actividades que durante este periodo de emergencia sanitaria se están ejecutando y requieren fiscalización (y vaya que requieren, con la gavilla de delincuentes, con honrosas excepciones, que hay al frente de gobiernos sub-nacionales). Ya sólo con eso tienen el “plato lleno”, al margen de tener que instalarse debidamente en comisiones para empezar a trabajar y cuidar que algunos congresistas no renuncien a las bancadas por las que fueron elegidos…

Las facilidades de comunicación virtual son ciertamente una gran herramienta, pero aplican fundamentalmente a labores de coordinación de grupos relativamente pequeños, por ejemplo; el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, algunas actividades de algunas Comisiones de Trabajo y probablemente algunas actividades de carácter administrativo y de coordinación de la Comisión Permanente, pero de ninguna manera para tener un análisis y debate integral y profundo de los proyectos de ley y en algunos casos hasta de propuestas de modificación constitucional. A menos que quieran pasar las cosas “por agua tibia”, no me imagino, por ejemplo, la presentación del gabinete y debate de investidura en una “sesión virtual” del Pleno del Congreso.

Este Congreso es percibido como un “Congreso Light”, tiene nueve bancadas (para empezar) y la que más, fue elegida con un máximo de 8% de los votos emitidos. Sin liderazgo claro, ni visión de futuro, sin vocación fiscalizadora y muchos congresistas dispuestos a ceder rápidamente sus facultades legislativas, mientras otros con propuestas y pose de radicalismo populista para las tribunas. Por eso, no sin razón, se sienten que están en un segundo plano y bajo la tutela de la presidencia de la República, aún sabiendo que tienen al frente un gabinete con ministros más “light” que ellos y que se cae sólo. Ya el último cambio de titular del sector Salud en plena crisis (cambio de jinete a mitad de carrera), explica a las claras la debilidad del equipo de trabajo del gobierno y la precariedad en la selección de sus colaboradores.

Por esto es que ahora sale a flote las carencias del aparato de salud del Estado, por no haber hecho la tarea aún después de dos años de gestión del presidente, dentro de un gobierno que debemos recordar ya lleva casi cuatro años de gestión. Ahora se ve la falta de hospitales y postas médicas, ahora se ve la falta de personal médico y paramédico entrenado, ahora salta a la vista las condiciones precarias en que ellos deben trabajar, al punto que el ministro de salud de hoy, tuvo que disponer como primera tarea la entrega de material de protección para los médicos y enfermeras que están en la primera línea de atención y combate a esta pandemia. No obstante siguen maquillando información crítica, pues el Instituto Nacional de Salud pidió el 6 de marzo los kits de análisis molecular para Coronavirus, el sábado 28 el ministro Zamora dijo públicamente, pero con la cara tapada para que no se le note el enrojecimiento del rostro, que ya teníamos 80,000 kits entre lo que estaba en almacén y en viaje, sin embargo el miércoles 1 de abril nos enterábamos que la Orden de Compra se habría colocado recién el lunes 30 de marzo, con entregas parciales que llegarían hasta el 27 de mayo…

Aplaudo que el Hospital de Lima Este Vitarte, cuyo “comisionamiento” se inició en julio 2018, finalmente se esté poniendo en operación desde marzo 2020 ¿se imaginan si un hospital construido y equipado ha requerido 20 meses para ponerlo en operación, que nos pasaría con  la construcción de uno nuevo? Igualmente aplaudo se disponga el uso de las “Torres de los Panamericanos” como centros de salud, aunque no han sido diseñados para eso, pero es mejor su uso para estos fines, antes que su abandono y deterioro en el tiempo.

Otro tanto ocurre con el desmanejo y falta de información adecuada respecto a la población que debiera recibir el subsidio de 380 soles mensuales y la gestión de su entrega. Baste remitirse a lo indicado por el presidente que, parten de una base de datos del censo de 2003 y actualizada por las municipalidades… (principal foco de corrupción, especialmente en manejo de fondos sin rendición de cuentas) y sin esfuerzos de bancarización alguno. Que han hecho el MIDIS, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, entre otros, ¿durante todos estos años? No han sido capaces de generar el interés de los beneficiarios por registrarse (empadronarse) debidamente y formalizar su relación con los programas sociales administrados por el Estado, lo que resulta fundamental en condiciones de crisis y poner el foco en poblaciones altamente sensibles. ¿A partir de hoy lo harán? ¿Ligarán DNI electrónico con cuenta de banco y billetera electrónica?

Como vemos, el Congreso tiene frente a sí una ardua tarea de fiscalización, pero claro, eso cansa y prefieren el “glamour” de las reuniones virtuales y la ley propia, como si no nos sobraran leyes. Reitero, debieran dejar sin efecto por lo menos dos leyes por cada nueva ley que quieran aprobar.

No sólo eso, sino que el Parlamento debe debatir exhaustivamente las propuestas de ley y sus dictámenes en comisiones, con una alta participación de sus asesores técnicos y evitar que medidas de índole técnico y de alto impacto (retiró de fondos de las AFP, por ejemplo) se pasen directamente al Pleno por razones políticas (cuanta falta hace un Senado). Si por lo menos no discuten adecuadamente los proyectos de ley presentados, no examinan y definen el destino de los Decretos de Urgencia aprobados durante el interregno parlamentario y quieren pasar “a tontas y a locas” leyes de reforma política para darle gusto a algunos iluminados, seguiremos a la deriva y mirando sólo la circunstancia del corto plazo.

Cómo podemos ver, aquí tenemos perlas en el Ejecutivo y en el Legislativo, no menciono el Judicial porque ya no están trabajando y debemos (aunque con reservas) dar el beneficio de la duda.

¡Debemos pues poner nuestros mejores cerebros y experiencia al servicio del Perú! Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Hemos tenido en la historia universal, actores destacados que no creían en la democracia representativa, entre ellos contamos a Charles De Gaulle. Este personaje, por ejemplo, no creía en los partidos políticos, hizo todo lo que estuvo a su alcance para ningunearlos e impedir que desde el Congreso de la República le condicionen el gobierno.  Según relata Dick Morris en su libro “Juegos de Poder”, De Gaulle buscó una nueva Constitución en la que el Jefe Ejecutivo no fuera elegido por un partido parlamentario, sino que “sirviera únicamente a una comunidad nacional”. El reclamaba que el Presidente “no debe pertenecer a un partido político”; que el Presidente debía ser “designado por la gente, facultado para nombrar su gabinete y poseer el derecho de consultar a la nación, ya sea mediante plebiscito o la elección de asambleas”. Hasta aquí, cualquier parecido con la mecánica que podemos observar, se trata de manejar en el Perú de nuestros días, es pura coincidencia.

Dicho lo anterior, ya suena a repetido el mecanismo de la convocatoria y designación de una “Comisión de alto nivel para la reforma política” con dos meses de plazo y un proceso hasta hoy inconcluso, la designación de la “Comisión de reforma del Sistema Judicial”, el que fuera anunciado en pronunciamiento conjunto con el entonces Primer Ministro Cesar Villanueva, hoy en prisión preventiva por un caso de corrupción. El nombramiento de la “Comisión para la designación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)” la que, en primer término, tuvo un “acto fallido” que debió abortar el proceso luego de muchos meses y en segundo término, logró “raspando” y con dificultad la designación de los siete miembros de la JNJ.

Como al presidente le gusta las cosas al estilo “my way”, hubo, al margen de la composición de las representaciones partidarias del congreso, una flagrante intromisión en el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, exigiendo exámenes y procesos meritocráticos en lugar del sistema tradicional de invitación. Lo dicho trajo como consecuencia la disolución del congreso el día 30 de setiembre de 2019. Como las reglas de transparencia de procesos de selección sólo son aplicables a los que debe seguirse en otros poderes del Estado, pero no en el ejecutivo, unas semanas después, la población se enteró de la designación del nuevo Procurador General de la República, “entre gallos y medias noches” pero sin proceso transparente, teniendo en cuenta la relación de dependencia respecto del Presidente de la República.

Está claro que lo que tenemos en casa no es el General Chales De Gaulle, no tiene su experiencia, trayectoria y méritos para aspirar a re-fundar la República, ni su liderazgo, pero si le encanta ir a su aire, sin partidos, en “contacto directo y personal con el pueblo”, convirtiéndose en el intérprete de los sentimientos de ese pueblo. Con esa receta, en realidad no gobierna con miras a un mejor destino nacional, sino que actúa en función de la reacción popular, de modo tal que no le afecten los resultados de las encuestas.

Veamos sino algunos ejemplos del actuar cotidiano del ejecutivo: Se aprueba un aumento del ISC del combustible más contaminante para inducir al uso de vehículos más modernos y limpios, pero ante la reacción popular se da marcha atrás. Se establece un aumento de tarifa del servicio de agua potable en el sur, pero ante la reacción popular retrocede, sin importar no poder ampliar la cobertura del suministro. Sabe que la “reconstrucción con cambios” implica reubicación para evitar asentamiento de población en zonas de alto riesgo, pero no hay autoridad para que el mandato se cumpla.  Suelta globos de ensayo sobre la seguridad de funcionarios públicos (congresistas) a través del ministro del interior, pero como se encuentra con gente pensante que le advierte que no puede hacerlo de acuerdo a la Constitución, recula para no caer en las encuestas.  Se arma el “despelote” respecto a la demanda de Odebrecht ante el CIADI, y cambia ministros y hace cambiar al procurador, negando ser responsable como Jefe de Estado, ya que sólo es “jefe de gobierno”, y salvar cara frente a la población…

Ya en mayo 2019 escribí el artículo “Vísteme despacio que estoy apurado”, en el hacía notar que estos raros apresuramientos poco meditados y mediante procedimientos no claros ni debidamente planteados ante la representación nacional, a nada bueno conducirían.

Las normas deben ser debidamente motivadas y analizadas para no caer en errores de “primarioso”. Por ejemplo, cuando la representación nacional estableció que la Ley Orgánica de Elecciones no debiera modificarse dentro de los doce meses anteriores a una elección, alguna buena razón tendría y se debe analizar.  Ahora resulta que no, que lo primero que se debe hacer según los iluminados, es modificar esa ley para que este congreso pueda completar la tarea que no realizó la “Comisión de alto nivel para la reforma política” y en los términos que los cinco iluminados que suscriben un comunicado, desean.  Si eso se puede hacer sin problemas, la reducción del plazo debe ser permanente, no eventual…

Lo mismo ocurre con la reforma del financiamiento de las organizaciones políticas. Quieren imponer cualquier cosa, pero no debidamente meditada. Algunos proponen únicamente financiamiento estatal y prohibición absoluta de financiamiento privado. ¿Por qué seremos así en el Perú? Siempre legislamos en función de las circunstancias y por reacción, nunca con una mirada de largo plazo, ni con referencias comparadas de otros países.

Después de haber liderado el mamarracho del referéndum pasado, ahora queremos discutir y aprobar la bicameralidad, cosa con la que estoy absolutamente de acuerdo, pero, una vez más, no puede ser que actuemos acelerando y frenando en base a asuntos circunstanciales y no ejercer liderazgo para llegar al objetivo razonado.

Se plantea que se impida que postulen a cargos públicos los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos (eventualmente incumplimiento de pago de alimentos por ejemplo), cosa con la que estoy de acuerdo. Pero nadie se preocupa que los excarcelados por asesinato, terrorismo, violación, apología del terrorismo, entre otros (actos mucho más graves), queden impedidos de participar. La defensa a estos es que “ya pagaron su pena y estarían rehabilitados”. Para que alguien esté rehabilitado señores, como en la confesión, debe cumplir con: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. Si no ha cumplido con esos cinco pasos, NO ESTÁ REHABILITADO y muchos salen de la cárcel sin estarlo. Mal pueden ser candidatos.

Me preocupa también que quieran abordar proyectos de ley para mejorar la “representación política en el ámbito sub-nacional” y fortalecimiento de los sistemas de control en ese nivel. Nuevamente, no se trata de generar más sistemas de control y vigilancia, más burocracia y fuentes de conflicto de interés en un sinnúmero de dependencias sub-nacionales. Debemos reducir las reparticiones políticas de elección y fortalecer las capacidades y competencias de la autoridad regional y provincial, transformando la autoridad a nivel distrital, en gerencias alineadas y dependientes de los alcaldes provinciales.

Podríamos llenarnos de ejemplos en todo el Perú, pero baste ver el conflicto por el enrejado del puente “de la amistad” entre San Isidro y Miraflores o el tráfico de terrenos del alcalde de Punta Negra, “aquisito nomás“, para imaginar lo que ocurre fuera de Lima y a nivel nacional.

Si vamos a efectuar correcciones, hagámoslo bien, con una mirada más amplia, observando cómo funciona en el primer mundo y no discutiendo intereses minúsculos. Lampadia