Jaime de Althaus
Para Lampadia

Ya hemos advertido, apenas el Presidente Vizcarra anunció el referéndum, que consultar la no reelección de los congresistas es una decisión populista irresponsable porque condenaría al país a no consolidar nunca una clase política profesional y a que ninguna persona de buena voluntad y vocación de servicio pueda optar por hacer carrera política, quedando el Congreso cada vez en manos de oportunistas e improvisados. Quizá se pensó que consultar esto junto con la bicameralidad, era una manera de lograr que se apruebe también esta última, que sería muy buena para el país, pero de nada nos serviría una bicameralidad –incluso bien diseñada- si los actores son personas no idóneas.

El problema es que nadie en el Congreso querrá asumir la causa responsable, pero impopular, de rechazar el proyecto de ley de no reelección de los congresistas. Menos aún Fuerza Popular, cuya popularidad –la de su lideresa- viene cayendo abismalmente. Es la trampa perfecta. Entonces solo caben dos posibles soluciones:

• Una es que el propio Ejecutivo retire la propuesta, algo improbable porque de todas maneras la presentó pese a las críticas formuladas y porque sin duda parte importante del incremento de la popularidad presidencial obedece a esta propuesta. El argumento de que no se puede sacrificar el futuro de la democracia en aras de un incremento efímero de la popularidad parece que no ha removido la conciencia presidencial.
• La segunda solución sería avanzar en octubre con el referéndum sobre la reforma del CNM y quizá sobre el financiamiento de los partidos, pero dejar los otros dos temas para diciembre o para más adelante, sobre todo porque el proyecto de ley para el establecimiento de la bicameralidad, siendo muy rico, requiere más análisis y debate en algunos de sus puntos, algo que no se podría hacer en tan corto tiempo.

Analicemos, en este artículo, dicho proyecto, a fin de identificar los puntos que requerirían más estudio y debate. Pues el proyecto contiene diseños interesantes junto con otros inconvenientes y algunas omisiones.

A nuestro juicio, es relativamente innovadora la división de funciones que se propone entre las cámaras de Diputados y Senadores. También es positivo –en principio- el sistema de distritos electorales que se propone para elegir ambas cámaras, y el hecho de que se elimine el voto preferencial para la elección de los senadores, aunque debería eliminarse también para la elección de los diputados. En cambio, no se aprovecha para cambiar la fecha de la elección del Congreso, como veremos.   

División de funciones interesante

De acuerdo al proyecto, la Cámara de Senadores tiene una función revisora de los proyectos aprobados en la Cámara de Diputados. Es decir, en ella no se presentan proyectos de ley. Sólo en Diputados. Así es como debe ser. Con una excepción inteligente: sólo en la cámara de Senadores se puede presentar proyectos relativos a reformas constitucionales y leyes orgánicas. Es decir, en los temas que requieren más reflexión, más importantes, la responsable de presentarlos es precisamente la llamada cámara reflexiva.

Otra decisión de diseño inteligente es la disposición de que sea la Cámara de Senadores la que apruebe el Presupuesto de la República. Esto podría estar vinculado a la propuesta de conformación de los distritos electorales. En efecto, se plantea que la Cámara de Diputados sea elegida en distritos electorales micro-regionales binominales (dos congresistas por distrito), y la Cámara de Senadores en distritos macro-regionales. Que esa esta Cámara la que apruebe el Presupuesto podría ayudar a controlar la atomización de la obra pública y el tráfico de proyectos relativamente pequeños impulsados por diputados vinculados a alcaldes o empresas constructoras locales. Ayudaría a mejorar la planificación de las infraestructuras.

¿Senado en distritos electorales macro-regionales o distrito nacional único?

La idea misma de elegir a los senadores en distritos macro-regionales y a los diputados en micro-regionales binominales, es positiva. Esta propuesta fue formulada originalmente por Carlos Meléndez, con la idea de asociar las representaciones a las macro y micro regiones económicas efectivamente existentes, lo que es una idea muy sugerente.

Una alternativa sería elegir al Senado en distrito único nacional, con la idea de rescatar para la política a una élite con visión nacional y de largo plazo. Pero, de un lado, esto es algo que, de todas maneras, aunque en menor medida, ocurriría si los distritos macro regionales son grandes (no más de 4 o 5) y si Lima tiene la participación que demográficamente le correspondería. O si, como veremos más adelante, parte de la cámara de diputados se eligiera en distrito único y el resto en distritos uninominales.

De otro lado, hay un problema de consistencia para la gobernabilidad. En efecto, si los diputados son elegidos en distritos binominales, habrá una tendencia a que la primera mayoría tenga más representantes que el porcentaje de votos que efectivamente obtenga, lo que favorecería la gobernabilidad si el presidente perteneciera al mismo partido. En cambio, si elegimos al Senado en distrito único, funcionaría el sistema proporcional puro, con lo que el presidente que fuere elegido no tendría mayoría salvo que su bancada senatorial hubiese obtenido más del 50% de los votos. Entonces el presidente tendría mayoría en Diputados, pero no en senadores. En la medida en que los distritos macro-regionales son elegidos aplicando también el principio proporcional, pero para elegir alrededor de 6 senadores por distrito, la votación no se concentra tanto como en los distritos micro-regionales pero tampoco se dispersa entre todos los partidos, de modo que hay más probabilidades de que el Presidente tenga mayoría también en el Senado.

Elección del congreso con la segunda vuelta

Claro, para tener más probabilidades que esto ocurra, debería aprovecharse para modificar la Constitución en lo relativo a la fecha de la elección del Congreso: ya no con la primera vuelta presidencial, sino con la segunda o después de ésta. Pero, lamentablemente, el proyecto del Ejecutivo no plantea este cambio. La comisión de Constitución debería introducirlo. La propia experiencia de Pedro Pablo Kuczynski debería llevarlos a proponer esta reforma.

Distritos pequeños y gobernabilidad

Aquí es bueno comentar un argumento que ha formulado Ignazio de Ferrari en El Comercio. Ha escrito: “La tentación del poder absoluto es tan grande que en el Perú no deberíamos desechar el sistema proporcional de elección del Congreso. Un sistema mayoritario de distritos uninominales –en el que en cada distrito se elige un solo representante–, como ha sido propuesto más de una vez, conduciría con mucha probabilidad a mayorías parlamentarias permanentes. El Perú no está hecho para que ningún partido tenga tanto poder”.

En realidad, la experiencia histórica del Perú muestra que cuando un presidente ha carecido de mayoría parlamentaria, el gobierno terminó interrumpido por alguna forma de golpe de Estado. Ocurrió con Bustamante, con Belaunde, con Fujimori y recientemente con Pedro Pablo Kuczynski que, si bien no por un golpe de Estado sino de manera constitucional, su gobierno no pudo terminar. Es obvio que tener mayoría parlamentaria facilita la gobernabilidad. Ese es el secreto de los sistemas parlamentarios, donde el Ejecutivo tiene mayoría congresal por definición porque nace de ella.  Deberíamos incluso avanzar a la regla de que el Presidente pueda disolver el Congreso sin expresión de causa y sin esperar dos censuras de gabinete, pero eso ameritaría una discusión mayor para la que no hay tiempo en esta circunstancia.

A propósito, el proyecto de ley de modificación constitucional no aprovecha para resolver un problema de la constitución actual, que establece en su artículo 108º que el Congreso puede insistir y promulgar las leyes observadas por el presidente de la República con el voto sólo de más de la mitad del número legal de los miembros del Congreso (de cada Cámara en el nuevo supuesto). En casi todos los países la insistencia en una ley observada requiere de los 2/3 del número legal de miembros del Congreso. Esto es lo que deberíamos tener para facilitar la gobernabilidad.

Micro-distritos binominales y número de diputados

Ahora bien, debemos suponer que el hecho de que el Ejecutivo haya propuesto distritos binominales en lugar de uninominales para elegir la Cámara de diputados, obedecería a la idea de morigerar el efecto del llamado voto mayoritario (distrito uninominal) que tiende a que el porcentaje de diputados del partido ganador sea mucho mayor que el porcentaje de votos obtenido por ese mismo partido. Pero, al haber limitado dicha Cámara a 100 diputados (para no incrementar el número total actual de congresistas y facilitar así la aprobación de la bicameralidad), tendríamos entonces 50 distritos binominales en cada uno de los cuales elegimos a dos representantes. Al respecto, Alfredo Torres formula las siguientes observaciones: “Algunos distritos de Lima como Ate o Comas podrían tener representantes directos, pero otros tendrían que integrarse para llegar a los 460 mil electores. Lo mismo ocurriría con muchas provincias. Unas pocas, como Huancayo, bordean esa cifra, pero la mayoría tendría que integrarse con otras para formar una microrregión. Incluso habría departamentos como Moquegua y Tacna que tendrían que juntarse para elegir a sus diputados; otros, como Madre de Dios, que tendrían que sumarse a parte del Cusco para alcanzar representación… Como es evidente, esta ingeniería electoral puede ser fuente de muchas tensiones, dado el arraigado sentimiento regionalista vinculado a la tradicional división departamental. Por eso, los sistemas uninominales o binominales suelen funcionar con un mayor número de distritos electorales. El Congreso podría revisar la propuesta del Ejecutivo en esa dirección”.

No veo mayor problema en agregar provincias, pues en la actualidad están todas agregadas a nivel departamental. Más bien estaríamos disgregándolas del departamento o región e integrándolas en unidades más pequeñas definidas por las relaciones económicas y sociales que tienen entre ellas, reconociendo así la realidad existente y dándoles más protagonismo. Esto supone un estudio geoeconómico para identificar las redes comerciales existentes en el territorio, que sirvan de base para la demarcación.

En cambio, sí podría haber un problema en agregar departamentos para formar un micro-distrito electoral. En la medida en que esto solo se presente en dos o tres casos, quizá no sea un obstáculo para la aprobación de la bicameralidad en el referéndum. Si lo fuere, quizá sería conveniente, entonces, una combinación de distritos ‘bi’ y ‘uni’ nominales, o incrementar en alguna medida el número de diputados a fin de tener más distritos binominales. Como fuere, es un asunto que debería ser más analizado. De allí la necesidad de más tiempo. 

La alternativa es la que ha señalado Fernando Tuesta: dejar la definición del número de diputados y senadores para la ley (orgánica). No es un tema constitucional.

Distritos uninominales y distrito único en diputados sin voto preferencial

Otra alternativa sería elegir, de los 100 diputados, a 70 –digamos- en distritos uninominales, y a 30 en distrito nacional único, para balancear los efectos mayoritario y proporcional, es decir, corregir, con la representación elegida de manera proporcional en distrito único, los efectos de sobre-participación del partido ganador en los distritos uninominales. Esto quizá sería lo mejor. En Alemania es así, en una proporción 50-50.

Debe decirse que otro elemento positivo de la propuesta es que elimina el voto preferencial para la elección de Senadores en macro-regiones, donde la elección será en lista cerrada y bloqueada. Nos evitamos así la guerra fratricida entre los candidatos de un mismo partido. Pero lo que no queda claro es por qué sí se mantiene el voto preferencial en los micro-distritos binominales para elegir diputados. Si se vota por una lista de dos y se ejerce voto preferencial por uno de los dos, lo único que logramos es reeditar la competencia entre los dos candidatos de una misma lista por obtener el voto ciudadano, en lugar de que la competencia se dé con los miembros de otras listas. Es decir, reeditaríamos en enfrentamiento intra partidario en lugar de inter partidario. Absurdo.

Nos evitamos estos problemas si vamos a un sistema de distritos uninominales –donde por definición el candidato de un partido compite con los candidatos de los demás paridos, y donde habría menos candidatos entre los cuales elegir, lo que mejora las posibilidades de elegir mejor- combinado con un distrito único –como sugeríamos- para elegir la Cámara de Diputados.

Ahora bien, lo que no tiene sentido es forzar la fórmula paritaria entre hombre y mujeres en las listas. Podríamos estar dejando de lado a dos personas de primer nivel de un sexo por imponer a una de otro sexo.

Conclusión

En resumen, lo que tenemos es una propuesta interesante y bien lograda de división de funciones entre las Cámaras de Senadores y Diputados, pero aún hace falta discutir un poco más los aspectos vinculados a los distritos electorales para elegir los diputados, eliminar el voto preferencial en la elección de diputados, proponer la elección del Congreso con la segunda vuelta presidencial o después de ella, e incrementar la proporción de votos necesaria para insistir en una ley observada por el Presidente. Esto para tener reglas de juego que ayuden a la gobernabilidad.

Por supuesto, la no reelección de congresistas tendría consecuencias muy negativas para la institucionalidad democrática. Debe ser desechada.

En consecuencia, lo recomendable sería no apurar el referéndum en los temas políticos, y consultar en octubre solo la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

En su Mensaje a la Nación, el presidente Martín Vizcarra ha hecho bien en recurrir a la figura del referéndum para acelerar la reforma judicial, pero ha hecho muy mal al recurrir a dicha figura para la reforma política, concretamente, para los muy importantes asuntos de la bicameralidad, la reelección de los congresistas y el financiamiento privado de los partidos políticos.

Esta es una manera de recoger los gritos de las calles y de las redes: “que se vayan todos” y de quitarle el cuerpo a la necesidad de liderazgo, puesto que debemos estimar que, en un referéndum, se eliminaría la reelección de congresistas, condenando al Perú a no poder construir una buena clase política. Además, con seguridad, nos quedaríamos sin senado, una institución muy buena para la buena gobernanza y dejaríamos que, a falta de financiamiento privado (transparente) de los partidos políticos, este lo provean las mafias y platas negras. 

El grito de las calles y de las redes “Que se vayan todos” retumba en nuestros oídos, pero no debe obnubilar nuestros sentidos ni turbar nuestro criterio. Una reflexión adecuada debería llevarnos a plantear el tema de otra manera: ‘¿Qué se vayan todos? O ¿Qué vengan todos?’

Cómo publiqué en el diario La Primera, en agosto del 2005, el grito ‘que se vayan todos, es:

Una reacción y reclamo que pueden parecer naturales a muchos, dada la gran frustración (…) y sobre todo ver como se comporta nuestra desaprensiva clase política.

Sin embargo, el ‘que se vayan todos’ es un salto al vacío, que más allá de las reacciones hepáticas – por más entendibles que éstas puedan ser, no es otra cosa que una gran irresponsabilidad, falta de análisis y de visión para enfrentar los problemas, por más grandes que estos sean.

(…) nuestro problema actual es que estamos atravesando una profunda crisis de confianza. De que otra manera puede calificarse el que el prestigio de todas las instituciones públicas nacionales, esté por los suelos; el que toda la clase política tenga niveles de desaprobación tan altos; (…) el que el 87% de nuestros jóvenes esté pensando en abandonar su patria en búsqueda del bienestar.

(…) Hace pocos días leyendo una entrevista al argentino Felipe Noguera, encontré una muchísimo mejor respuesta: ‘Que vengan todos’.

(…) La gravedad de la crisis llama a la participación ciudadana, especialmente a nuestras reservas morales, (…).

Cuidado con apresurarnos y seguir pensando en que es hora de ‘Que se vayan todos’. Es hora de que ‘Vengan todos’.

No, Señor Presidente Vizcarra, la reforma política debe ser liderada por las autoridades políticas. Los pastores van detrás de la grey, pero los líderes marcan el camino.

Los muy importantes temas de la reforma política requieren un concienzudo análisis y largos debates en todas las instancias de nuestra nacionalidad. No tenemos que acelerar el paso, como en el caso de la reforma judicial. Este ordenamiento tendrá recién efecto para las elecciones generales del 2021.

Detrás del tema de la reelección de los congresistas está la reforma de los partidos políticos, que es donde está el fondo de nuestras debilidades actuales. Para provocar debate y dar un ejemplo de nuestras opciones, permítanme compartir algunos alcances de mi artículo Hacia un nuevo sistema de partidos políticos del 22 de agosto, 2013:

(…) un país que no tiene partidos políticos que ejerzan una auténtica representación nacional, tanto en aspectos regionales como nacionales, está condenado a sufrir un liderazgo político de muy corto plazo y, por lo tanto, impredecible, populista, electorero y carente de propuestas estructuradas de gobierno.

Los vicios y malas prácticas políticas de un sistema así tienden a perennizarse y hacen muy difícil que el sistema pueda reestructurarse a sí mismo.

(…) A continuación deseo presentar una propuesta provocadora, que puede parecer irrealizable o utópica, una simulación institucional, como una ayuda para salir del molde actual e, imaginar una reforma que ofrezca una solución efectiva. La idea sería crear un nuevo diseño institucional en cuanto a la estructura, orientación y fortaleza de nuevos partidos políticos para que estos se constituyan en auténticos representantes de la sociedad peruana, con raíces en todas las regiones y que representen la visión de desarrollo de los ciudadanos, proyectada al bienestar de sus propios hijos, por su enfoque en el largo plazo.

[Algo similar se hizo en Alemania después de la guerra y en Brasil, al final de su última dictadura militar].

Propuesta para el Rediseño del Sistema de Partidos Políticos

1. Se anulan todas las inscripciones partidarias en el Jurado Nacional de Elecciones para efecto de los futuros procesos electorales.
2. Se crean dos nuevos partidos políticos, uno de Centro-Izquierda, el Partido Rojo, y otro de Centro-Derecha, el Partido Blanco, los colores de la Bandera Nacional, para que juntos representen el conjunto de nuestra nacionalidad.
3. Se establece el financiamiento del Estado para ambos partidos, en la misma proporción. Cuando estos partidos sean operativos, contarán con un presupuesto anual por el equivalente de UD$ 25´000,000, cada uno.
4. Dichos presupuestos deberán sustentar actividades partidarias muy intensas en todo el territorio nacional, congresos, foros, debates, visitas de formación y capacitación de líderes, etc.
5. Las asignaciones presupuestales estarán sujetas a todos los controles establecidos para los pliegos estatales.
6. Se establecerá un período de un año para promover la inscripción de los ciudadanos en ambos partidos, fomentando una atracción especial hacia los jóvenes.
7. Terminado el período de inscripción, se organizarán los procesos de elecciones internas en ambos partidos a nivel nacional y regional. Estas serán reguladas y desarrolladas por el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE.
8. Una vez elegidos sus dirigentes, ellos procederán a dar contenido ideológico y programático a sus partidos.
9. Los nuevos partidos tendrán una exclusividad de diez años para participar en todos los procesos electorales, nacionales, regionales y locales.
10. Después de diez años se abrirán las inscripciones para nuevos partidos que cuenten con planillas del 10% de ciudadanos hábiles para votar, debidamente auditadas por las autoridades correspondientes.
11. Luego de diez años, los presupuestos de los partidos, a cargo del Estado, serán en proporción a sus niveles de votación nacional.
12. Solo saliéndonos del molde podemos aquilatar la brecha entre nuestra realidad actual y un sistema que responda a la naturaleza de nuestras  necesidades. 

Este momento de nuestra vida nacional reclama audacia con liderazgo. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El presidente Martín Vizcarra ha sorprendido positivamente yendo más allá de lo que se esperaba. Es claro que ha decidido asumir un liderazgo fuerte para sacar adelante la reforma del sistema judicial e incluso la reforma política, y hacerlo de la mano de la ciudadanía. Por eso ha propuesto llevar a referéndum varios temas vinculados a esas reformas. Ello está muy bien para el caso de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura –por concurso público de méritos-, pero en los temas de reforma política planteados, si no es posible llevar a cabo un debate público realmente esclarecedor que involucre a la mayor parte de la ciudadanía y una masiva campaña de medios –ahora prohibida por la ley Mulder- que explique las reformas propuestas, la convocatoria a referéndum terminará siendo un alarde de populismo político con consecuencias que pueden ser negativas para la consolidación de la institucionalidad política en el país.  

Consejo Nacional de la Magistratura, Control y lo que falta

Es muy bueno el planteamiento de consultar por referéndum la reforma Constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura en el sentido de eliminar “el sistema de representación en la elección de los consejeros y reemplazándolo por un concurso público de méritos”. Es lo que nosotros veníamos proponiendo. Y muy bueno también que “se autorice la revisión de los nombramientos y ratificaciones realizadas por el Consejo Nacional de la Magistratura cuyos integrantes fueron removidos por el Congreso”, como demandó Fausto Salinas en Lampadia.

Este cambio es clave, pero debe ir de la mano con la reforma de la Corte Suprema, que no ha sido detallada, y con la reforma del control interno, porque no basta nombrar fiscales y jueces supuestamente idóneos, sino que es necesario depurar la magistratura tantos años infectada, detectar las redes internas de corrupción vinculadas a organizaciones criminales de usurpadores, nacotraficantes, extorsionadores y otras, y prevenir que esas cosas no ocurran a futuro. Se necesita para eso una oficina de control con capacidad de investigación de inteligencia en las Cortes Superiores, muchas de ellas cooptadas, como decimos, por redes ilícitas externas de diverso tipo.

Al respecto, el Presidente anunció un proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, en reemplazo de la OCMA y de la Fiscalía de Control Interno. Se trataría de “un verdadero sistema especializado interno de anticorrupción donde sus titulares sean elegidos por concurso público”. Agregó que “el Poder Ejecutivo se comprometerá a asignar una policía especializada para el apoyo de su labor; promoviendo un control preventivo identificando las áreas posibles de riesgo”. El propio Poder Judicial, en el Plan de reformas que acaba de publicar, propone crear una “Oficina de Investigaciones especiales” integrada por investigadores especializados para indagar sobre redes de corrupción en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y fortalecer el sistema de protección del denunciante.

Muy bien. Parece que vamos por buen camino en el tema de la reforma del sistema judicial. Faltó, sin embargo, anunciar un proyecto de ley para modificar el artículo 454 del Código Procesal penal que impide acusar directamente y detener, en los mega-operativos, a los fiscales y jueces vinculados a organizaciones criminales. También faltó incluir propuestas para la reforma y depuración de la Policía Nacional, algo que requiere acuerdo político y una ley  a fin de que los policías cesados no sean repuestos por el Poder Judicial precisamente.  

La no reelección de congresistas sería un grave error: populismo político

El problema está en la reforma política. El Presidente anunció que sometería referéndum la reelección de los Congresistas. Su explicación fue: “Actualmente la ley prohíbe la reelección de alcaldes, gobernadores regionales y del Presidente de la República. Siendo todas estas autoridades elegidas por el pueblo, deseamos consultar a todos los peruanos si los legisladores debieran o no estar exceptuados”.

Se desprende que para el Presidente la reelección de los congresistas sería mala, y lo que se buscaría es que la población la desapruebe. Sería un grave error. Para comenzar, fue una mala decisión prohibir la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, y existía ya un consenso para dar marcha atrás en esa enmienda constitucional.  Es el pueblo quien tiene que decidir si reelige o no a una autoridad. No se le puede quitar el derecho a reelegir a quien lo hizo bien. En el caso de los congresistas, este principio democrático se aplicaría nítidamente si tuviéramos un sistema de distritos electorales más pequeños, uni o binominales, en los que pudiese haber una relación directa entre el ciudadano y su representante de modo que si el ciudadano estuviese disconforme con la gestión de su congresista, pues no lo reelige, y punto. Pero si hubiese desempeñado bien su función de representación o como legislador, pues pudiera reelegirlo. Eso es lo democrático.

Distritos pequeños

En ese sentido, en lugar de llevar a referéndum la pregunta por la reelección de los congresistas que, por lo demás, no estaba en cuestión ni había sido planteada por nadie, lo que debería consultarse a la población es si está de acuerdo con el voto preferencial o si, más bien, no preferiría tener su propio representante elegido en un distrito electoral más pequeño. Esa reforma sí sería fundamental, porque llevaría no solo a elegir mejor a los representantes –porque se escoge entre un número menor de candidatos de distintos partidos- y a mejorar los canales de representación de modo que el ciudadano sienta que tiene voz y voto, sino porque un sistema de distritos electorales pequeños lleva a la larga a reducir el número de partidos porque fomenta la agregación de éstos.

Clase política y partidos

Pero hay otra razón de fondo por la que sería de grave perjuicio para la institucionalidad política del país que se aprobara la no reelección de los congresistas: que perderíamos toda esperanza de consolidar una clase política que conozca los problemas del Estado y el sistema constitucional y legal. Ya es un problema la baja tasa de reelección de nuestros congresos (27% en la última elección). En cada congreso nuevo muchos tienen que comenzar de cero y el país avanza poco. Lo que deberíamos analizar y remediar, más bien, son las razones por las que dicha tasa de reelección es tan baja. Y lo es por la fragmentación y volatilidad partidaria. Tenemos que consolidar un sistema de partidos, y para eso lo funcional es ir a un sistema de distritos electorales pequeños, como decíamos arriba, y disponer que la elección del congreso se haga junto con o después de la segunda vuelta presidencial.

Ese hubiese sido un tema de consulta mucho más relevante: que la población se pronuncie si los congresistas debieran ser elegidos luego de la segunda vuelta.

Financiamiento privado

El segundo tema de reforma política que el Presidente anunció llevaría a referéndum, es el del financiamiento Privado de los Partidos Políticos y las Campañas Electorales. Es probable, si no se explica bien, que la población se prenuncie en contra de esa posibilidad. Pero si no se establece simultáneamente que será el Estado quien financie cuando menos la publicidad en televisión de las campañas electorales, pues el único resultado de esto es que serán las organizaciones mafiosas –narcotráfico, minería ilegal, usurpadores de tierras, extorsionadores, etc.- las que financiarán a los postulantes o pondrán sus propios candidatos. Eso es algo que se manifestará clamorosamente en estas elecciones municipales y regionales que se vienen.

Bicameralidad

Y el tercer tema de la reforma política que se someterá a referéndum, es el del restablecimiento de la bicameralidad, “sin que ello signifique el incremento del número actual de legisladores”. Este es quizá el tema más apropiado para llevar a consulta popular. Si bien será difícil ganar, una buena campaña podría lograrlo y serviría para educar en el principio de la democracia como limitación del poder y en la necesidad de meditar bien las leyes antes de promulgarlas.

Fuera de estos temas relacionados a reformas constitucionales, el Presidente anunció cinco proyectos de ley interesantes. Ya hemos reseñado uno de ellos, pero uno muy importante es el que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Este consejo será presidido por el propio Presidente de la República e integrado por los presidentes del Congreso, Poder Judicial, Fiscal de la Nación, Tribunal Constitucional, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y el Defensor del Pueblo. Está bien, porque, en la medida en que este Consejo está liderado por el un Presidente de la República que está realmente comprometido con la reforma, este mecanismo permitirá mantener el impulso y realizar el seguimiento necesario para asegurar que los cambios se ejecuten y que podamos, al cabo de uno años, contar con un sistema judicial moderno, eficiente y probo.

Conclusión

A nuestro juicio, el Presidente debería anunciar que para pensar mejor qué temas relativos a la reforma política se someterían a referéndum, se conformará una comisión que le formule una propuesta. La nuestra la acabamos de formular. Los temas que podrían someterse a referéndum, en cuanto a reforma política, son:

1. Bicameralidad
2. Eliminación del voto preferencial y su sustitución por distritos electorales pequeños
3. Elección del Congreso luego de la segunda vuelta presidencial

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La propalación de los audios judiciales abre una oportunidad única no solo para llevar a cabo por fin la gran reforma del sistema judicial sino para abordar el problema estructural básico que está en la raíz de nuestros males: el dualismo, la coexistencia entre sectores modernos de un lado, y sectores informales, ilegales y patrimonialistas, de otro lado, en la economía y el Estado.   

El sistema judicial, la Policía y segmentos del Estado funcionan todavía, en mayor o menor medida, con sistemas de gestión patrimonialista basados en redes de compadrazgo, amistad, parentesco o compañerismo universitario que se convierten en redes de intercambio de favores y eventualmente ejecución de actos ilícitos. Algunas de esas redes están intersectadas con el crimen organizado.

Lamentablemente el crecimiento económico de las últimas dos décadas y media, salvo en ciertas áreas, no ha venido acompañado de desarrollo institucional. Y entonces lo que hemos tenido es el avance creciente de un ordenamiento mafioso favorecido por una descentralización mal hecha que transfirió muchos recursos a los gobiernos sub nacionales convirtiéndolos en botines presupuestales apetecidos por mafias de proveedores y de extorsionadores de obras, y cooptados por organizaciones criminales de usurpadores de tierras necesitados de alcaldes y jueces que validen sus asaltos a la propiedad ajena.

Este proceso retroalimentó y se vio favorecido a la vez, por la fragmentación del sistema de partidos. En cada elección la proporción de alcaldes pertenecientes a partidos políticos nacionales ha sido menor, y los que representan a movimientos regionales o locales (ver gráfico). Los aventureros políticos y los mafiosos tuvieron la facilidad adicional de no tener que responder a un colectivo nacional que ejerza algún grado de control.

Lo que tuvimos fue una estructura política crecientemente entrópica, desintegrada y capturada por redes ilícitas, con perdida también creciente de la autoridad y el control central. Policías, fiscales y jueces fueron captados por esas organizaciones criminales. Y, por supuesto, también funcionarios públicos.

La tarea de limpiar y arreglar este sistema, entonces, va más allá de la sola reforma judicial, ver en Lampadia: Aportes a la reforma del sistema judicial.

Esta supone actuar simultáneamente en los siguientes ámbitos:

1. Mantener el ritmo de megaoperativos para desarticular las organizaciones criminales, lo que supone profundizar la reforma de la inteligencia policial, que hasta ahora ha sido exitosa. Pero para que los megaoperativos realmente sean efectivos se requiere:

a. Modificar el art. 454 del Nuevo Código Procesal Penal que blinda a fiscales y jueces, de modo de poder detenerlos en los megaoperativos y acusarlos directamente, sin pasar los órganos de control interno. 

b. Instalar de una vez por todas bloqueadores de celulares en las cárceles, porque los cabecillas capturados siguen organizando golpes desde los centros penales. O permitir los celulares e instalar sistemas de escucha que permitan anticipar los delitos organizados desde los penales.

2. Profundizar la depuración de la Policía Nacional, lo que requiere de un acuerdo político para aprobar una ley que impida que los jueces repongan a policías corruptos o no idóneos.

3. Retomar y redoblar la reforma del servicio civil, que fuera abandonada durante la etapa de PPK. Ahora el premierato de Villanueva le ha dado nuevamente prioridad política. Ello es indispensable para pasar de una administración pública basada en elementos patrimonialistas a una basada en la meritocracia y la evaluación de resultados. No solo se le debe dar impulso al tránsito al régimen de la ley de Servicio Civil, sino que debería darse la directiva a las distintas entidades del Estado de que soliciten a SERVIR la designación de gerentes públicos, cuya asignación hoy depende de que la entidad se interese en pedirlos.

4. Reforma de la descentralización.

a. Por primera vez este gobierno ha pedido facultades para resolver algunos de los problemas que presenta el desorden descentralizado. Las ha pedido para delimitar mejor las funciones entre los tres niveles de gobierno para algunos procesos o servicios en salud, educación, transportes y saneamiento. A nuestro juicio, habría que ir más allá, fortaleciendo la competencia del gobierno nacional en el manejo de recursos estratégicos tales como el desarrollo forestal o la pesca. Y debería rescatarse y poner en práctica la reingeniería del Seguro Integral de Salud (SIS) que llevó a cabo el Dr. Moisés Rosas cuando estuvo a cargo de esa entidad.

b. El Ejecutivo ha pedido facultades también para facilitar y desarrollar mancomunidades macroregionales, y para organizar Agencias Regionales de Desarrollo que busquen coordinar mejor la acción del Estado y del sector privado en áreas determinadas, como el corredor minero del sur, por ejemplo. También ha pedido facultades para juntar dependencias del gobierno central en las regiones en locales de servicios compartidos, a fin de ahorrar en alquileres y personal y facilitarles la gestión a los ciudadanos.

c. Un avance importante desde el punto de vista de la recuperación del control central, es que desde setiembre las Oficinas de Control Interno de los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales, pasarán a depender directamente de la Contraloría General de la República y ya no de sus dependencias originales. Esto será útil siempre y cuando la Contraloría vaya sustituyendo las auditorias de cumplimiento de normas, que solo sirven para inhibir a los honestos, por auditorías de gestión o de desempeño, de la mano con el avance de la reforma del servicio civil y de los presupuestos por resultados. 

d. Algo que debe incorporarse a la normativa de la descentralización es asegurar que los ciudadanos y empresas tengan, en las regiones, una segunda instancia a la que recurrir antes las decisiones de los gobernadores y alcaldes.

e. Deben fortalecerse los mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades regionales y locales, así como las capacidades del gobierno central para intervenir en su gestión, en casos de extrema necesidad.

f. Hace falta tener un Plan Nacional de Infraestructura que reduzca discrecionalidad a la corrupción en la programación de la obra pública.

5. Reforma política. Este es el lado más débil, porque el Congreso no ha asumido hasta ahora con seriedad la tarea de diseñar las reformas constitucionales y legales que permitan reconstruir un sistema de partidos, mejorar los canales de representación y propiciar la formación de gobiernos que tengan mayoría en el Congreso, para facilitar la gobernabilidad. Las reformas necesarias acá son las siguientes:

a. Equilibrio de poderes y gobernabilidad

1. Bicameralidad
2. Elección del Congreso después de la segunda vuelta presidencial
3. Elevar el porcentaje de votos que requiere el Congreso para insistir en una ley observada por el Ejecutivo, que en el Perú es muy bajo.

b. Partidos y representación

1. Eliminación de voto preferencial
2. Distritos electorales más pequeños
3. Elecciones internas por organismos electorales
4. Barreras bajas al ingreso, pero altas a la permanencia
5. Financiación de publicidad en campañas

Necesitamos emprender todo este conjunto de reformas a la vez si queremos dejar de ser un Estado mafioso y pasar a ser uno basado en la meritocracia y el cumplimiento de metas que garantice seguridad jurídica y ciudadana y reduzca sustancialmente los niveles de corrupción. Lampadia

Jaime de Althaus

Para Lampadia

Necesitamos definir primero el marco orgánico general y desprender de allí las normas electorales

Vale la pena resaltar la noticia de que el Congreso viene avanzando los trabajos para una reforma política y electoral. Cuando se conformó, dentro de la comisión de Constitución, el sub grupo de reforma electoral presidido por Patricia Donayre, surgió el temor de que dicha Comisión se abocara solo a la reforma electoral y no a la reforma política, que es la que realmente importa. Pero el discurso pronunciado por el presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, en la Audiencia Pública que se convocó el viernes 11 sobre reforma electoral, despejó todas las dudas: “Quiero poner de relieve que estamos ante una tarea de corto, mediano y largo plazo, que implica no solo modificar normas de cara a los próximos procesos electorales, sino de afirmar las bases para posibilitar las reformas institucionales, que produzcan un cambio significativo en nuestro sistema político, desde el diseño institucional, el sistema de partidos políticos  y la cultura política del país”. Y agregó: “…tenemos instituciones poco representativas y partidos políticos muy débiles, con una aguda y creciente fragmentación política”. Resumió así los temas que se vienen planteando y sobre los que la comisión deberá debatir:

• Un “shock institucional” o una revolución institucional
• La democracia interna de los partidos políticos y su institucionalización
• El control del financiamiento privado en las campañas electorales
• El rediseño de los distritos electorales y la creación del distrito electoral para los peruanos residentes en el extranjero
• La promoción de partidos “light” o el “sistema de partidos por impuestos”
• Las reformas necesarias a realizarse para los comicios electorales más próximos

Patricia Donayre, por su lado, informó que en la primera quincena de diciembre presentará a debate en la Comisión de Constitución el proyecto de Código Electoral que contiene los derechos y deberes de la ciudadanía, los candidatos y los partidos políticos. Pero solicitará a la Comisión de Constitución del Congreso una ampliación de 120 días para concluir con el conjunto de reformas que permitirán al país contar con un adecuado sistema de elecciones. Ese conjunto de reformas incluye posibles cambios constitucionales en los siguientes temas:

• Bicameralidad
• Voto preferencial
• Voto voluntario
• Renovación por mitades o tercios
• Circunscripciones electorales (distritos uni o bi nominales)
• Reelección  municipal y regional 

1. Construir un sistema de pocos partidos estables, superando la altísima fragmentación y volatilidad actual
2. Construir adecuados sistemas de representación, es decir, canales eficientes de relación y comunicación entre representantes y representados, de modo los ciudadanos puedan canalizar adecuadamente demandas y preocupaciones.
3. Mejorar las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo a fin de afianzar la gobernabilidad

La siguiente entrevista forma parte de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.

“No es necesario crear un Senado, y sí es bueno dividir Lima en distritos electorales mas pequeños”

Martín Tanaka, politicólogo

Entrevista de Jaime de Althaus

Para Lampadia

P. ¿Cuál es tu opinión acerca de las propuestas de reforma política formuladas por Lampadia? (Ver: Empecemos a debatir la Reforma Política).

R. Antes de empezar, quiero mencionar que fui parte del equipo que elaboró la propuesta de reforma institucional presentada por la Asociación Civil Transparencia, que puede verse en: http://www.transparencia.org.pe/documentos/propuestas_de_reforma_institucional.pdf.

Varias de las propuestas de Lampadia coinciden con la propuesta de Transparencia, que suscribo; otras no son parte de esa propuesta, con algunos estoy de acuerdo y con otras no. Pero más allá de esto, me parece importante contar con un diagnóstico claro de cuáles son los problemas más importantes y urgentes, cuáles serían los mejores caminos para enfrentarlos, y que al mismo tiempo puedan contar con el consenso necesario para ser implementadas. Sin una mirada integral, corremos el riesgo de tener nuevamente una falsa reforma política como la que tuvimos al final del Congreso anterior.

P. ¿Respecto de la propuesta de crear un  Senado con funciones solo revisoras, y elegido en distrito único nacional mientras no se integren regiones propiamente dichas?

R. No me es evidente cuál es el problema que se pretende resolver con el Senado, y deberíamos tenerlo claro antes de embarcarnos en su reinstauración: ¿Mejorar la representación con una lógica de elección diferente a la departamental? ¿Hacer más exigente el proceso legislativo, con otra instancia revisora? ¿Aumentar el número de legisladores? ¿Atribuir funciones específicas a una instancia electa con una lógica diferente a la departamental? El asunto es que estos problemas se pueden solucionar con medidas que no pasan por la creación de un Senado.

Si se quiere que los proyectos de ley tengan un mejor proceso de maduración, con lo que estoy de acuerdo, podríamos ser más exigentes con el proceso legislativo: más transparencia en comisiones, en la determinación de sus agendas y las del pleno, más consulta con la sociedad civil; doble votación en el pleno sin excepciones, etc. Si se quiere elegir representantes útiles que no tienen cabida en un esquema departamental, con lo que también estoy de acuerdo, podríamos elegir un grupo adicional de congresistas por lista, para acercar más la votación congresal a la proporcionalidad, como sucede en Alemania; o podríamos simplemente elegir un grupo adicional en lista única, independientemente del criterio de proporcionalidad, que también me parecería bien. El asunto es que ninguna de estas cosas requiere necesariamente de un Senado, como es evidente en la propuesta de un congreso unicameral de 150 miembros, con 30 electos en circunscripción nacional.

En el fondo, tenemos que, sin hacer otras reformas, el Senado podría ser más de lo mismo que hemos visto en los últimos años. Preferiría por ello empezar por fortalecer los partidos, y terminar con el Senado.

P. La idea central de un Senado elegido en distrito único o en macroregiones sería limitar el poder de un congreso unicameral que, por ejemplo, tenga una mayoría absoluta y pudiera instaurar una suerte de “dictadura parlamentaria” populista (de izquierda o de derecha) por ejemplo. Y, a la vez, balancear el efecto distorsionador de la proporcionalidad de diputados elegidos en distritos pequeños…   

R. Si lo que se busca es evitar la “dictadura parlamentaria”, funciona mejor la propuesta que uds. formulan de elevar a los 2/3 o 3/5 el porcentaje de votos que se requiere para insistir en un proyecto de ley observado por el Ejecutivo.  De acuerdo con buscar mejor proporcionalidad, y también abrir espacio para liderazgos no territoriales, pero para eso podría funcionar la idea de un congreso unicameral de 150 miembros, con 30 electos en circunscripción nacional.

P. ¿Y sobre la propuesta de eliminar el voto preferencial y establecer distritos electorales más pequeños (uni o binominales) para elegir diputados o la parte mayoritaria de la cámara única?

R. Varios puntos diferentes en esta propuesta. De acuerdo con eliminar el voto preferencial, siempre y cuando se asegure la democracia interna en los partidos, y se asegure la alternancia de género. Respecto al tamaño de las circunscripciones, en realidad en nuestro país sólo Lima tiene un tamaño “excesivo”; estaría por ello de acuerdo con “achicar” su tamaño, partiéndola en varios: podría ser Lima norte, sur, este y oeste, y además la de peruanos en el extranjero. Las demás circunscripciones departamentales tienen tamaño chico o mediano, en realidad. No estoy de acuerdo con llegar a circunscripciones uni o binominales, porque se distorsiona en exceso la proporcionalidad del voto nacional, y porque se acentúa en demasía la “provincianización” del Congreso, ya de por sí excesiva en la actualidad.

P. No entiendo bien el argumento de la “provincianización”: no hay contradicción, un buen líder o representante, entenderá los temas nacionales. Con la ventaja de que  el distrito pequeño uni o bi nominal permite una clara relación entre representados y representantes, dándole sentido, contenido real, a la democracia, al Congreso. Y con un distrito electoral pequeño habrá muchos menos candidatos y el elector podrá elegir mejor. De modo que los representantes tenderían a ser mejores. Y en cuanto a la distorsión de la proporcionalidad, esta se corregiría precisamente con un Senado o una parte del Congreso elegida en distrito nacional o macroregional…

R. Yo sí tengo el temor de que circunscripciones uni o binominales acentúen el provincianismo, de que terminemos eligiendo “caciques” provinciales, por así decirlo. No me parece que tengamos distritos muy grandes en Perú, salvo Lima, cuyo tamaño es claramente excesivo. Madre de dios tiene un congresista; Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Moquegua, Pasco, Tacna, Tumbes y Ucayali, tienen dos; Ayacucho y Huánuco, tres; Callao, Ica, Lima provincias, Loreto y San Martín, cuatro; Ancash, Cusco, Junín, Lambayeque y Puno, cinco; Arequipa, Cajamarca seis; La Libertad y Piura, siete. Viendo estos datos, no me preocupa tanto el tamaño, porque se trata de un número no tan grande, que permite cierta proporcionalidad. Lo que me preocupa más no es el número por región, sino la distribución demográfica de la misma, de modo que la representación se concentra en las ciudades o provincias más grandes en desmedro de otras: para solucionar ese problema aceptaría “achicar” algunas para dar cabida a otros, pero no me resulta claro que distritos más pequeños impliquen menos y mejores candidatos, o un mejor trabajo congresal.  

P. Bueno, si eliges entre un número mucho menor, puedes elegir mejor, y si tienen 4 o 5 o 6 representantes, ya no tienes ninguno… La siguiente propuesta es la de Transparencia: elegir el Congreso junto con la segunda vuelta presidencial, o dos semanas después de ella, para favorecer que el gobierno tenga mayoría y acelerar el proceso de reducción de partidos que ya vendría impulsado por los distritos uni o binominales.

R. De acuerdo. Para mí, la principal fundamentación está en permitir que las preferencias de los ciudadanos se dé con la mayor información posible: después de conocer los resultados de la primera vuelta, los electores decidirán si concentran el voto en las fuerzas principales o no, pero es importante saber quiénes pasan a segunda vuelta. Y de acuerdo con que la votación se concentre en las fuerzas más importantes.

P. ¿Subir la valla a las alianzas? 

R. De acuerdo. Hasta el momento, la facilidad para integrar alianzas es el mecanismo que ha permitido la supervivencia de muchos partidos cascarón. En Transparencia propusimos una barrera general del 5% de votos válidos para contar con representación, y en el caso de alianzas 2.5% de votos válidos por cada partido adicional.

P. ¿Reducir significativamente el número de firmas para formar un partido pero obligarlo a participar con candidatos por lo menos en el 50% de las regiones, provincias y distritos?

R. De acuerdo, en tanto las firmas no son un mecanismo que permita identificar la representatividad de los partidos. Ella se define a través del desempeño electoral, así que estoy de acuerdo. En Transparencia hemos sugerido algo muy parecido.

P. ¿Aumentar los requisitos para formar y mantener movimientos regionales. Deben acreditar existencia y presentar candidatos por lo menos en tres regiones? 

R. De acuerdo con ser más exigentes con movimientos regionales, equiparables a las de los partidos nacionales: así deberían estar obligados a presentar candidatos a en las elecciones municipales provinciales y distritales; podría ser además estén obligados a presentar candidatos en más de una región; de otro lado, si no ganan representantes en consejos regionales o alcaldías provinciales, deberían perder el registro. Finalmente, deberían desaparecer las candidaturas de organizaciones políticas locales distritales. Cada vez pierden más terreno, y fomentan la fragmentación.

P. Aumentar el financiamiento público de los partidos y subir el tope de las aportaciones privadas (transparentadas)… 

R. De acuerdo, hacer efectivo el financiamiento público, pero con controles estrictos y sanciones drásticas al mal manejo del mismo. De otro lado, transparentar y hacer más realista la normatividad referida a los aportes privados. Urge hacer transparente los gastos en medios masivos de comunicación, los más costosos.

P. ¿Y respecto de la idea de permitir la candidatura al Congreso de los candidatos a la presidencia, a fin de que los líderes partidarios estén en el Congreso y este se convierta en un verdadero foro político? 

R. De acuerdo, pero debería ir junto con todas las medidas destinadas a reducir la fragmentación política. Atención que la eliminación de la postulación simultánea buscaba desincentivar que los aspirantes al Congreso lanzaran candidaturas presidenciales solo con fines propagandísticos.

P. Jorge Morelli ha propuesto elevar a los 2/3 o 3/5 el porcentaje de votos que se requiere para insistir en un proyecto de ley observado por el Ejecutivo, como es en la mayor parte de democracias presidencialistas, a fin de contener los impulsos populistas. 

R. De acuerdo, el Perú aparece como una rareza de poder parlamentario, a pesar de que algunos señalaban, en especial durante los años noventa, que la Constitución de 1993 es “hiperpresidencialista”. Hoy, con mayoría congresal fujimorista, señalan que el presidente es muy débil. Sería prudente subir a los tres quintos los votos necesarios para la insistencia congresal en una ley observada por el ejecutivo, que igual nos pondría en una zona moderada en el contexto regional.

P. ¿Derogar cambios absurdos como que los partidos que no se presenten a una elección general pueden conservar su inscripción, la no reelección de autoridades regionales y locales, y la exclusión de los candidatos por repartir dádivas?

R. De acuerdo, estos cambios fueron resultado de oportunismos de última hora del Congreso anterior, que buscaban preservar el statu quo o aprobar medidas efectistas. Entonces, los partidos que no participan en elecciones (no solo nacionales) deben desaparecer; se debe permitir la reelección inmediata por un solo periodo adicional en regiones y municipios; y el reparto de dádivas debe ser sancionado, pero con castigos proporcionales a las faltas, y en donde la pérdida de registro puede ser la pena máxima aplicada solo en casos extremos, y no durante un proceso en curso.

Lampadia

El resultado electoral tan ajustado a favor del PPK (hasta el momento) y el hecho de que Fuerza Popular posea una mayoría parlamentaria holgada, son casi un mandato para el cogobierno. Pero es muy poco probable que Fuerza Popular acepte cogobernar, si es que PPK se lo propusiera en el caso de que éste resultara elegido. Lo que sí podría y debería haber es un acuerdo político para que el Congreso apoye un conjunto de reformas indispensables para implantar el imperio de la ley; reducir la inseguridad; buscar un Estado profesional, meritocrático, eficiente y facilitador; formalizar; y levantar el potencial de crecimiento del Perú.

Ese acuerdo podría darse muy fácilmente en torno a las reformas y propuestas en las que ambos planes de gobierno coinciden, que son muchas. Aquí las enumeramos y también sugerimos los puntos que no están en ambas propuestas pero podrían agregarse a un eventual acuerdo de gobierno:

1. Reforma judicial, policial y anticorrupción

a. Reformar el Consejo Nacional de la Magistratura

b. Limitar el acceso de casos a la Corte Suprema para favorecer la predictibilidad

c. Expediente digital único desde la PNP hasta el INPE

d. Depuración de la policía

e. Reorganizar las escuelas policiales

f. Policía comunitaria

g. Reforzar la investigación policial

h. Interconexión digital y plataforma de interoperabilidad al interior de la PNP y con todas las instituciones judiciales-penales

i. Reforma de la Contraloría

j. Gobierno Abierto (Autoridad Nacional acceso a la información)

Además, en este punto, el Congreso podría aprobar dos medidas propuestas por Fuerza Popular que serían de mucha utilidad en la lucha contra la corrupción:

k. Crear  una Procuraduría General autónoma y lejana del poder político

l. Darle a la Defensoría del Pueblo la condición de “litis consorte” para que se sume a la causa del denunciante de un acto de corrupción

2. Estado moderno, digital, facilitador, profesional

a. Reforma del Servicio Civil en todos los niveles y gestión por resultados

b. Eliminación de trámites, requisitos y exigencias en todos los sectores. PPK propone una ley de eliminación de 150 trámites y creación de la Oficina de Impacto Regulatorio. FP tiene una propuesta más agresiva.

c. Gobierno electrónico, digitalización del Estado, plataforma de interoperabilidad, integrar bases de datos

Además, Fuerza Popular propone:

d. TUPAs municipales y sectoriales únicos

3. Gestión de la infraestructura

a. PPK propone nuevo rol para Proinversión: planificará y priorizará toda la obra pública y público-privada en un plan quinquenal. Y se descentralizará.

Esta solución tendría que ser concertada con FP, que propone un “sistema Integrado de Planeación de Políticas Públicas” y “Unidades de Gestión de Servicios y Procesos”

b. Reforma de las Empresas Municipales de saneamiento (EPS)

4. Educación

a. Afianzar la carrera magisterial meritocrática

b. Aprendizajes usando tecnologías de la información y pedagogía constructiva

c. Impulsar investigación, ciencia y tecnología

PPK propone ley para viabilizar el canon universitario para investigación

5. Salud

a. PPK plantea integrar sistemas vía una “Tarjeta Única de Salud”. Buena idea.

b. Fuerza Popular propone:

a) Meritocracia y gerencia por resultados

b) Extender horario en los hospitales

c) Restaurar CLAS

d) “Bonos de Impacto Social” para crear postas o centros de Salud

c. Ninguno de los dos plantea una reforma fundamental: avanzar en separar la financiación de la prestación de servicios: fondos que contraten, contra resultados. Habría que acordarla.

6. Descentralización

Ambos proponen fortalecer la capacidad del gobierno central para capacitar, monitorear y negociar mejoras en los servicios y la ejecución de la obra pública de las regiones y municipios, pero con mecanismos institucionales distintos:

a. PPK: Ministerio de Apoyo a las Regiones (MAR) y descentralización de una nueva Proinversión

b. Fuerza Popular:

a) Unidades de Gestión de Servicios y Procesos (UGSP) para acordar metas,   reformar y garantizar los servicios de educación, salud, agua y saneamiento y la inversión pública.

b) Las transferencias a gobiernos sub nacionales condicionadas  a la reducción de brechas

Una posibilidad es que en este punto PPK, si es Presidente, pida facultades legislativas para desarrollar su propuesta.

Pero lo que ninguno ha planteado son las medidas para ordenar el proceso y recuperar capacidad de supervisión y sanción por parte del gobierno central, que necesitarían ser parte de un acuerdo político:

a. Redistribución racional de competencias entre los tres niveles de gobierno (matrices)

b. Proceso de recertificación y acreditación de capacidades para desempeñar funciones transferidas

c. Instrumentos de supervisión, control, sanción e intervención temporal ante incumplimiento de políticas o falencia de servicios públicos.

d. Todos los auditores pasan a la Contraloría (lo plantea FP)

e. Reforma del canon (lo plantea PPK)

f. Incentivos a la integración regional (PPK plantea mancomunidades y FP “contratos plan” interregionales. Pero se necesita más).

7. Formalización

a. Reforma de la SUNAT (reorganizar, facilitar)

b. Fortalecer Consejo Nacional de Trabajo para lograr consensos (para flexibilizar)

c. Reforma integral de sistema de pensiones (desafío luego de la ley 95.5%)

d. Titular comunidades campesinas y nativas (ninguno lo propone, pero habría que avanzar hacia la titulación individual voluntaria al interior de las comunidades)

e. Formalización de la minería informal, pero proponen mecanismos distintos:

a) PPK: Crear Banco de Fomento Minero que adquirirá producción

b) FP: Legislación diferenciada por regiones, valla más baja

f. PPK propone reducciones tributarias: bajar IGV, 10% del Impuesto a la Renta por   10 años, o Impuesto  2.5% de las ventas, a empresas que facturen hasta 2,300 UIT. Está por verse si el Congreso aprueba estas medidas.

g. PPK propone sustituir la CTS por seguro de desempleo para los nuevos. Una  buena  medida que parece difícil que FP la apruebe.

h. FP propone dos años sin impuesto a la renta y apoyo en la gestión.

i. FP propone evaluar la posibilidad de usar parte del IGV para aportes pensionarios lo que tendría un efecto positivo en la formalización

Ninguno propone la necesaria flexibilización laboral para facilitar la contratación y des-contratación. Esto es indispensable y debería ser motivo de un acuerdo político.

8. Reactivación

a. Eliminar drásticamente tramitología para impulsar inversiones productivas y en infraestructuras

b. Impulsar APPs

c. “Adelanto social” en minería

d. Masificación del gas, petroquímica y modernización de PetroPerú

e. Extender Sierra Productiva o Haku Wiñay a toda la sierra rural

f. Profundizar diversificación productiva: turismo, plantaciones forestales, acuicultura

A estos puntos, que podrían formar parte de un acuerdo político, habría que agregar los relativos a una reforma electoral y política que no ha sido  planteada en ninguno de los dos planes de gobierno, pero que es fundamental para reconstruir un sistema de partidos y mejorar la calidad de la democracia y de las elecciones. Al respecto, durante la campaña voceros de ambos partidos expresaron que tomarían como base las propuestas de la asociación Transparencia presidida por Felipe Ortiz de Zevallos. Es indispensable un acuerdo sobre una reforma política que sea aprobado a comienzos del nuevo Congreso. 

Lampadia

Varios millones de brasileños marchan casi todos los días exigiendo la renuncia o destitución de su presidenta, Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores (PT) del, ahora devaluado semi Dios, Lula da Silva.

En los últimos 20 años Brasil ha vivido por un proceso dramático. Primero, bajo la conducción de Fernando Henrique Cardoso, adoptó políticas económicas ortodoxas y recuperó la posibilidad de optar por el desarrollo sostenido. Luego de Cardoso, que deja el gobierno el 2002, entra el PT con Lula y se encuentra con una economía bien ajustada y con los impactos positivos del súper ciclo de crecimiento de principios del nuevo siglo. Efectivamente Lula, a pesar de su aislacionismo comercial, en una época de integración, puede gozar de un importante crecimiento y capacidades fiscales que le permiten reducir la pobreza de manera importante, mediante programas masivos de apoyo social.

Lamentablemente, el PT con Lula y Dilma, se enrosca en políticas aislacionistas y proteccionistas, promueve el mercantilismo del sector empresarial, coopta las disidencias con recursos fiscales, multiplica y profundiza los programas asistencialistas y se zambulle en niveles de corrupción desbordados. A pesar de todo esto, Brasil se convierte en una estrella del Olimpo y despega como parte de los BRIC hacia un desarrollo ‘imparable’.

Pero cuando se acabaron las condiciones externas que permitían tener los hornos produciendo energía a todo vapor, perseveran en el error, y viene el colapso paulatino e imparable hacia la peor crisis desde 1930. Brasil pierde así, de la mano de su muy soberbia izquierda, su gran oportunidad de desarrollo. Hoy es solo un recuerdo, una frustración y una crisis que no termina de tocar fondo, que por supuesto, se agrava por la pérdida de confianza generalizada y los destapes de corrupción en lo más alto del mundo político y empresarial.

Al mismo tiempo, surge la acción de un sistema judicial que, dadas las condiciones suficientes, se avoca a perseguir la corrupción en lo más alto del establishmnet político y empresarial del país. Un proceso encomiable, que habrá que estudiar más adelante, que pone como protagonistas de la sociedad, a un grupo de jóvenes jueces que podrían sentar las bases para el nacimiento de un nuevo Brasil, más humilde, menos corrupto y más realista.

Pero para que todo esto se asiente debidamente, así como se han encarcelado a las cúpulas empresariales corruptas, es necesario cortar de raíz las estructuras políticas incapaces y corruptas, empezando por la propia presidenta de la República, Dilma Rousseff, como lo plantea la muy seria publicación internacional, The Economist, ojalá mediante la renuncia y no a través de procesos políticos complejos de expulsión. Veamos algunas líneas argumentales de The Economist al respecto:

La crisis política de Brasil: hora de irse

La empañada presidenta debería renunciar ahora

26 de marzo, el 2016

The Economist

Traducido y glosado por Lampadia

Las dificultades de Dilma Rousseff se vienen agravando durante meses. El masivo escándalo que rodea a Petrobras, implica a varias de las personas más cercanas a ella. La economía de Brasil sufre su peor recesión desde la década de 1930, en gran parte debido a los errores de su primer mandato. Su debilidad política ha hecho que el gobierno sea casi impotente frente al aumento del desempleo y la caída de los niveles de vida. Sus índices de aprobación son apenas de dos dígitos y millones de brasileños han salido a las calles para cantar “¡Fora Dilma!” (“Fuera Dilma)”.

Ahora ha perdido todos los vestigios de credibilidad, pues el 16 de marzo pasado, Rousseff tomó la ‘extraordinaria’ decisión de nombrar a su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, como su jefe de gabinete. Ella interpretó esto como una movida astuta. Lula, se pensó, es un operador político sagaz que podía ayudar al presidente a sobrevivir el intento del Congreso para destituirla y tal vez incluso, estabilizar la economía. Sin embargo, sólo unos días antes, Lula había sido detenido brevemente para ser interrogado por orden de Sergio Moro, el juez federal a cargo de la investigación de Petrobras (Lava Jato), por sospechas de que el ex mandatario se habría beneficiado del esquema de sobornos. Los fiscales en el estado de Sao Paulo acusaron a Lula de ocultar su condición de propietario de un condominio frente a la playa. Él niega estos cargos. Al adquirir el rango de ministro del gobierno, Lula tendría inmunidad parcial: sólo el Tribunal Supremo del país [afín al gobierno] podría continuar la investigación. Sin embargo, otro juez suspendió cautelarmente el nombramiento de ministro.

[The Economist] ha sostenido durante mucho tiempo que, o bien el sistema judicial o los votantes, no los políticos que están tratando de impugnarla, deben decidir el destino del presidente. Pero la contratación de Lula parece un intento burdo de frustrar la acción de la justicia, incluso si eso no era su intención, sería su efecto. Este fue el momento en que el presidente optó por los estrechos intereses de su tribu política sobre el estado de derecho. Por lo tanto, ella se ha presentado a sí misma incapaz de continuar  en la presidencia.

Es muy importante cómo sale de Planalto. Las democracias representativas no deben regirse por las protestas y los sondeos de opinión.

Hay tres maneras de eliminar Rousseff que descansan sobre bases más legítimas. La forma más rápida y mejor para que Rousseff salga de Planalto sería que renuncie antes de ser destituida.

Su partida ofrecería al Brasil la oportunidad de un nuevo comienzo. Pero la renuncia del presidente no resolvería por sí misma los problemas de Brasil.

Sacar a Brasil de su desastre, requiere un cambio mayor: el control del gasto público, en particular sobre las pensiones; revisar las leyes fiscales y laborales que destruyen el crecimiento; y la reforma de un sistema político que fomenta la corrupción y debilita a los partidos políticos.

Esto ya no se puede aplazar. Aquellos que cantan “¡Fora Dilma!” en las calles reclamarán la victoria si se le expulsa. Sin embargo, para la victoria del propio Brasil, esto sería sólo el primer paso. Lampadia

En todos los foros en los que los peruanos hemos podido intercambiar opiniones sobre nuestro sistema político y sobre la regionalización se ha planteado la necesidad de debatir y revisar, reformar o mejorar dichas instituciones. En cuanto a la regionalización, el propio Presidente de la República pidió en su presentación al Congreso del 2013, que debatamos el tema. Se pensaba que el actual Congreso iba a efectivizar algunas reformas, pero ni siquiera pudieron cambiar la denominación de los llamados Presidentes Regionales.

Las recientes elecciones de autoridades regionales y locales, han hecho patente, nuevamente, las debilidades de nuestro sistema electoral desde: la relativa ausencia de los partidos políticos nacionales; reglas que favorecen a los movimientos llamados regionales, que se pueden montar de la noche a la mañana; determinación de la idoneidad de los candidatos y una estructura política des-articuladora de la representación nacional.

Pero algo que no puede pasar desapercibido es “el fracaso de los partidos políticos nacionales”. Esto, ya sea por los resultados de los que participaron, como por la ausencia de postulaciones que cubran el conjunto del territorio nacional.

Después del reciente fracaso de los partidos políticos, estamos seguros que los ciudadanos esperan de ellos un poco de humildad y consecuencia con los reclamos nacionales. En la situación en que se encuentran, desprestigiados según todas las encuestas y con el peso que se acaban de poner a sus espaldas, ya no pueden seguir manteniendo las estructuras políticas y los sistemas electorales que favorecen sus intereses de grupo. Ahora deberían viabilizar las reformas reclamadas por la ciudadanía y puntualizadas por diferentes especialistas en múltiples ocasiones.

Por ejemplo, Enrique Bernales sostiene que los ajustes que deben efectuarse para contar con un Estado de verdad han sido identificados: “La agenda está prácticamente lista: ley de partidos políticos, revisión de leyes electorales, derogación del voto preferencial, retorno de la bicameralidad, relaciones Ejecutivo-Legislativo, revisión y mejora de la regionalización, de los sistemas transversales de gobierno, de los mecanismos de elección y funciones de los órganos jurisdiccionales y de control constitucional. Estas medidas debieron adoptarse hace tiempo, pero más vale tarde que nunca. El Estado Peruano no puede llegar al 2016 en la crítica situación en que hoy se encuentra” (ver en Lampadia (L): Se debe revisar la estructura del Estado).

A esto se puede agregar el planteamiento de Alberto de Belaunde, que sugiere rediseñar los Jurados Electorales Especiales (JEE), que son la primera instancia del sistema electoral (ver en L: Institucionalización de los JEE).

Además, según José Luis Sardón no se debe alentar la fragmentación legislativa y menos que solo una fracción de los muchos partidos inscritos tenga representación parlamentaria (ver en L: Fragmentación legislativa).

En el tema de la regionalización, es evidente que debe hacerse una evaluación seria y proceder a una reforma que se hace urgente. En Lampadia recogimos la propuesta del Presidente de la República y promovimos un debate que deberíamos enfrentar con mucha seriedad más allá del Congreso. Ver nuestras reflexiones en L: Por una descentralización más efectiva, Enfrentando el debate sobre la reforma de la regionalización y Descentralización y Regionalización – Cara y Sello del nuevo Perú. En este último artículo hacemos una clara diferenciación entre los resultados de la regionalización (que tiene carácter político) y la verdadera descentralización (que es de carácter económico y social) y que ha tenido avances extraordinarios. Eso, por supuesto, no justifica esos argumentos sobre que el divorcio de la política y la economía son positivos, eso es indeseable y contraproducente. Más bien, los éxitos económicos y sociales de los últimos 20 años, se han dado a pesar del atraso de la política.

También hemos publicado opiniones importantes sobre este tema, de múltiples autores como Jaime de Althaus, Richard Webb, Carlos Milla, Roberto Abusada, Eduardo Ferreyros, Luis Carranza, Gianfranco Castagnola y otros  que pueden revisarse en L: /analisis/opiniones-autores.

Nuestro país es extraordinario y está destinado, tarde o temprano a realizarse en el éxito y el bienestar general. No hace falta que sigamos profundizando la crisis política y el debilitamiento de la economía para reaccionar. Con un poco de humildad y consecuencia, sentados al mismo lado de la mesa, podemos resolver todos nuestros problemas. ¡Acción! Lampadia

Cuenta Ricardo Palma en una de sus Tradiciones que en 1835, durante la sublevación de Felipe Santiago Salaverry contra el presidente José Luis Orbegoso, la capital se hallaba tan desguarnecida que una de las muchas bandas de bandoleros que asolaban los caminos del país, tomó la ciudad de Lima. “El famoso negro León Escobar, capitán de una cuadrilla de treinta bandidos… se posesionó de Palacio, sentándose en el sillón presidencial”, relata Palma. Alarmados, los miembros del consejo municipal, rogaron a Escobar que no hiciera desmanes. El bandolero accedió a esta petición a cambio de que se le pagara 2,500 pesos. De acuerdo a la Tradición, después de recibir el dinero, se retiró pacíficamente. Así, un bandolero fungió de presidente del Perú por un día.

Hoy esa anécdota de nuestra historia podría repetirse, pero de forma más permanente. Mafias de sicarios, extorsionadores, de construcción civil y hasta de proveedores del Estado (que tendrían entre sus integrantes a policías, fiscales y jueces), se suman ahora a las de  narcotraficantes apoyados por terroristas, taladores ilegales, mineros ilegales y de contrabandistas. Ya no solo se contentan en el control de parte del territorio nacional donde evitan la presencia del Estado y del sector privado, ahora  postulan abiertamente para tomar control del propio Estado, desde municipios, gobiernos regionales, y no nos quepa la menor duda, pronto será igual con el Congreso.

 ¿Qué lleva a estos personajes a tratar de hacerse de un cargo público? Primero que nada, la lenidad del Estado y anomia de la clase dirigente, que no ha sabido parar estos procesos a tiempo. Segundo, obviamente, no la vocación de servicio, sino todo lo contrario, el beneficio personal, medrar del erario nacional y obtener ventajas para realizar sus actividades ilícitas. Esta situación es realmente gravísima y quizá la amenaza más seria que enfrenta la democracia peruana y la sociedad en su conjunto. No se puede permitir que personas de mal vivir y mucho menos delincuentes postulen y menos aún que ocupen cargos en el Estado. Semejante escenario en que este tipo de postulantes no son la excepción, si no ya una importante proporción de los postulantes, es una  prueba del fracaso del sistema político, tanto por su diseño institucional, como por la desaparición de los partidos políticos nacionales.

Las listas que han entregado el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio del Interior en la que se detallan los tenebrosos antecedentes de un buen porcentaje de candidatos municipales y regionales solo convalidan el deterioro de la representación política nacional.

Desde el gran fracaso de los partidos políticos, luego de la dictadura militar, que regresaron al poder sin propuestas, sin conocimiento del mundo, y sin capacidad de tomar decisiones, la política nacional ha ido alejando de sus cuadros a los ciudadanos más probos y capaces. En la última década la calidad, de nuestros políticos ha descendido a niveles impensados. Se han creado sistemas de control (Contraloría y otros), para perseguir a los buenos, pues los malos están fuera de su alcance. Los antiguos líderes y dirigentes bien formados y de sólida moral han desaparecido. Hoy el sistema facilita que personajillos lumpen ocupen cargos públicos. Basta citar el caso del congresista, Víctor Grandez (acusado de tener un hotel en el que se prostituyen niñas) o el de los presidentes regionales de Áncash y Tumbes, César Álvarez y Gerardo Viñas, respectivamente. Ambos acusados de encabezar organizaciones delictivas dedicadas no solo a apropiarse de recursos públicos mediante actos de corrupción, sino de comandar a sicarios que amedrentaban, golpeaban y hasta asesinaban a opositores. No olvidemos que dos dirigentes cocaleras llegaron a ser parlamentarias, a las que luego se probó vínculos con el narcotráfico y Sendero Luminoso.

Que se asesine parar controlar un gobierno local es un escenario de horror digno de una película  gánster. Primero convivimos con los asesinatos de autoridades por parte del terrorismo, ahora se producen por las mafias de todo pelaje. Pero lo más terrible de esta situación es que ni la ciudadanía, ni nuestra clase política, se hayan indignado lo suficiente como para tomar los correctivos necesarios. Se soltó a los delincuentes del Movadef, que nos amenazan con un baño de sangre masivo (el significado del pensamiento Gonzalo), y los medios se alteraron un par de días (y algunos hasta defendieron la liberación confundiendo la libertad de pensamiento con la amenaza de muerte disfrazada), y el sistema judicial se dedica al juego del gran bonetón. 

Aparte del asalto del Estado para tomar control del país, ahora se pueden hacer de una “caja”, que con la regionalización hecha sin los mínimos requisitos de las democracias modernas, como rendición de cuentas, balance de poderes, filtros de requisitos y alternancia, llegó el 2013 a 14,342 millones de soles, desde los 1,998 millones del 2004. Estos recursos se multiplicaron por 7 en los últimos diez años.

Entre la falta de renovación de los partidos tradicionales, la escasa presencia del Estado, los sistemas de persecución judicial de las buenas autoridades, la mala regionalización, la incapacidad de corregir el diseño de la estructura política del país (el Congreso, ni siquiera ha podido eliminar la equivocada denominación de los líderes de las regiones o eliminar su reelección) y los recursos a los que acceden. La política se está convirtiendo en el mejor botín del lumpen.

¿Cómo conseguimos limpiar la política? Busquemos las experiencias más exitosas de otros países y, sin complejos o falsas dignidades, implantémoslas en el Perú. Es urgente reformar la ley electoral y de partidos políticos, el sistema judicial, el de control, la policía, etc.

Es hora de que las mentes más brillantes del país, las que estén por encima del bien y el mal, los viejos de la tribu, se reúnan y comuniquen a los ciudadanos las ideas-fuerza, las cuales puedan ser recogidas por los más jóvenes para que se comprometan en que se lleven adelante y se realicen los cambios necesarios. Lampadia