A continuación compartimos un reciente artículo publicado por The Economist en el que se brindan algunas reflexiones sobre los resultados de las elecciones congresales que tuvieron lugar en nuestro país el pasado 26 de enero, a la luz de los antecedentes políticos que las generaron, en particular, el manotazo a la democracia que acometió el gobierno de Vizcarra al efectuar la disolución del anterior Congreso (ver Lampadia: La Disolución del Congreso, Crisis Política y el Futuro del Modelo Económico).

Como deja entrever el popular medio británico, si bien dicha decisión presidencial linda con la inconstitucionalidad, vale la pena centrarse en el efecto post-elecciones adelantadas que se generaron a partir de ella, esto es, la resultante estructura partidaria del nuevo parlamento que tomaría funciones el próximo marzo. Así, enfatiza: “La elección marcó una exacerbación de la fragmentación política del Perú. Nueve partidos obtuvieron el mínimo del 5% del voto requerido para ganar escaños en la legislatura, pero ninguno obtuvo más del 10%.”

En efecto. Como se desprende del análisis de The Economist, los resultados de las elecciones han puesto en relieve la clara debilidad de los partidos políticos y lo ingenuas que son las reglas que rigen el sistema electoral peruano, las cuales han permitido la reproducción de un sinfín de propuestas legislativas, haciendo  imposible una mínima buena comparación entre ellas (ver Lampadia: 800 candidatos en Lima es absurdo). No es de extrañar que se haya obtenido una baja representatividad y además fragmentación en este nuevo Congreso (ver Lampadia: El nuevo Congreso).

En ese sentido, consideramos que este escenario no es mejor que el anterior Congreso disuelto, con todas las críticas que pudiera hacérsele, puesto que por lo menos se contaba con una oposición ordenada que podía fiscalizar responsablemente las medidas presentadas por el Ejecutivo. Sin un congreso así, las propuestas populistas de Vizcarra como el anunciado incremento de salario mínimo, la ley que obliga a vender genéricos en las farmacias, la ley que obliga a los colegios privados a devolver cuota de ingreso ante retiros voluntarios, entre otras medidas pueden aflorar sin problemas.

Una situación por demás mala por la poca probabilidad de que un Congreso fragmentado pueda llevar a cabo las reformas estructurales que el país necesita, así como lograr mínimos acuerdos entre las nuevas bancadas para concretar la tan ansiada reforma política.

Esperamos que los nuevos parlamentarios sopesen y pongan como prioridad al país, en vez de sus beneficios personal. Lampadia

La dificultad de reformar el Perú

Una elección reivindica, pero no fortalece a Martín Vizcarra

The Economist
1 de febrero, 2020
Traducido y comentado por Lampadia

Fue lo más popular que ha hecho cualquier presidente peruano en mucho tiempo. Frente a un congreso en serie obstructivo ampliamente visto como defensa de intereses corruptos, en septiembre Martín Vizcarra decretó su disolución. Esto era cuestionable constitucionalmente y sentó un precedente preocupante. Pero en términos políticos, el resultado de una elección celebrada el 26 de enero para reemplazar el congreso disuelto reivindicó a Vizcarra. También destacó las debilidades del sistema político peruano y no ha facilitado su proyecto de reforma institucional.

Vizcarra, quien fue elegido vicepresidente en 2016, asumió el cargo principal hace casi dos años cuando Pedro Pablo Kuczynski renunció por conflictos de intereses. Heredó una batalla con el Congreso, dominada por la oposición dirigida por Keiko Fujimori, la hija de un ex presidente. Cuando las llamadas telefónicas filtradas revelaron una aparente colusión entre algunos jueces y legisladores de la oposición, Vizcarra solicitó con éxito el apoyo público en un referéndum sobre reformas de la judicatura y la política.

Eso le dio la iniciativa, pero solo por un tiempo. Para romper el estancamiento, Vizcarra propuso convocar elecciones generales anticipadas. Ignorando esto, los fujimoristas se adelantaron con una votación apresurada para nombrar nuevos jueces para el tribunal constitucional. El presidente afirmó que esto equivalía a una (segunda) negación de confianza en su gobierno. Según la constitución semiparlamentaria de Perú, eso es motivo para la disolución del congreso. En enero, el tribunal confirmó por cuatro votos contra tres la constitucionalidad de la acción del presidente.

Los votantes infligieron una aplastante derrota a los fujimoristas, que cayeron del 36% de los votos parlamentarios en 2016 al 7%. Dos partidos aliados más pequeños no pudieron ingresar al nuevo congreso. Ese es el alcance de las buenas noticias para Vizcarra. La elección marcó una exacerbación de la fragmentación política del Perú. Nueve partidos obtuvieron el mínimo del 5% del voto requerido para ganar escaños en la legislatura, pero ninguno obtuvo más del 10%.

En el papel, los partidos centristas serán el mayor contingente, aunque la derecha también es fuerte. Dos recién llegados ofrecen algún motivo de inquietud. El Frente Agrario, un partido vinculado a un culto milenario del Antiguo Testamento, ganó al menos 15 de los 130 escaños. Y 17 fueron tomados por el partido de Antauro Humala, un ex oficial del ejército profascista (y hermano de un ex presidente) que cumplía una condena de prisión de 19 años por un asalto a una estación de policía en 2005 en el que murieron seis personas.

Su éxito es, de diferentes maneras, una protesta contra el establecimiento político de Lima. Los países vecinos han visto protestas callejeras a veces violentas en los últimos meses. En Perú, la disolución del congreso y el encarcelamiento de varios ex presidentes por acusaciones de corrupción (ninguno de los cuales ha sido probado aún) ha eliminado parte de la ira popular. El 28 de enero, un juez remitió a Fujimori por segunda vez por acusaciones de irregularidades en el financiamiento de campañas en 2011.

Quizás, también, la naturaleza flexible de la cultura política del Perú proporciona resiliencia. Pero podría dificultar la reforma. Después de los recientes enfrentamientos, tanto la opinión pública como muchos políticos están a favor de la cooperación. Pero Vizcarra tiene solo un año más o menos para completar la tarea de reforma institucional que se propuso antes de las elecciones generales de abril de 2021.

El gobierno ya ha establecido un nuevo organismo, seleccionado por mérito, para supervisar los nombramientos judiciales. Varias medidas aprobadas por el congreso saliente tienen como objetivo limpiar y solidificar los partidos políticos. Algunas son útiles. Incluyen endurecer las reglas sobre el financiamiento de campañas, medidas para reducir el costo de la política y, a partir de 2021, el cierre de partidos que no cruzan el umbral del 5%. Las pendientes son una definición más estricta de la inmunidad parlamentaria y, tal vez, la incorporación de un senado a la pequeña legislatura de una cámara de Perú.

La elección ofrece pocos consejos para la contienda presidencial de 2021. “Todos somos débiles y cualquier cosa puede pasar”, dice Alberto Vergara, un politólogo. Al defender la lucha contra la corrupción, Vizcarra ha logrado la rara hazaña de un presidente peruano de seguir siendo popular. Ahora se puede necesitar más. El gobierno está tratando de mejorar la atención médica y los caminos rurales, pero está presionado por las presiones sindicales para aumentar los salarios del sector público y la oposición empresarial a los impuestos más altos (que aumentan los ingresos de solo el 14% del PBI). Puede surgir un nuevo sistema político. Pero para que Perú continúe disfrutando del crecimiento económico y evite una explosión social al estilo chileno, también necesita un estado más fuerte y más efectivo. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El nuevo Congreso debería abocarse, dentro de la reforma política, a regular la cuestión de confianza, para llenar el vacío que ha dejado la inconsistente y contradictoria sentencia competencial del Tribunal Constitucional.

La muestra más clara es el fundamento 184, que concluye que el procedimiento para la selección de los magistrados del Tribunal Constitucional “se encuentra dentro del ámbito de las competencias del Poder Ejecutivo, por tratarse de un asunto de marcado interés nacional”.

Este razonamiento es de antología. Podría postular a un concurso. Basta que el Ejecutivo considere que un asunto, que es de competencia exclusiva del Congreso, es de “marcado interés nacional”, para que se apropie de su competencia. Es inaudito. Es la receta para la arbitrariedad, para el abuso de poder. La excusa perfecta que podría encontrar cualquier gobierno autoritario para avasallar al Congreso.

Pero luego, en el fundamento 185, el Tribunal pone, sin embargo, ciertos límites a la capacidad del Ejecutivo de plantear cuestiones de confianza. Especifica tres casos o situaciones en las que no puede hacerlo:

1. Cuando “el planteamiento de la cuestión de confianza esté relacionado con la supresión de la esencia de alguna cláusula de intangibilidad de la Constitución (forma de gobierno republicana y representativa; principio de separación de poderes, cláusula de Estado de Derecho, principio democrático, protección de los derechos fundamentales, etc.);”

• Comentario: esto es obvio.

2. Cuando “el planteamiento de la cuestión de confianza se relacione con el condicionamiento del sentido de alguna decisión que, de conformidad con la Constitución, sea competencia de otro órgano estatal;”

• Comentario: Este es precisamente el caso que fue motivo de la demanda competencial. La sentencia arguye que el Ejecutivo no pretendía negar la competencia del Congreso de elegir a los miembros del Tribunal, sino que objetaba la oportunidad y la manera de hacerlo. Pero es obvio que la competencia de elegir magistrados incluye la de decidir cómo se elige y cuándo. La agenda del Congreso es de exclusiva competencia del Congreso. El Ejecutivo no puede alterarla, que era lo que quería hacer.  

3. “Que el planteamiento de la cuestión de confianza, en el caso de proyectos de ley, no se realice respecto de materias que permitan concretar u operativizar las propuestas planteadas por el gobierno o que carezcan de un marcado interés público”.

• Comentario: Evidentemente este punto no es una limitación sino todo lo contrario: el mecanismo perfecto para que el Ejecutivo pueda arrogarse funciones ajenas. Nuevamente, basta que una competencia del Congreso posea un “marcado interés público”, para que pueda el Ejecutivo apropiársela. Es inconcebible.
  No solo eso: basta con que se trate de una “propuesta planteada” por el Ejecutivo para que pueda hacer cuestión de confianza, por más que esa propuesta se refiera a un tema que no sea de su competencia. Nótese, además, que el Tribunal usa la expresión “propuestas planteadas” en lugar del concepto que usó en el fundamento 75 de la sentencia 0006-2018, donde estableció que el Ejecutivo puede hacer cuestión de confianza “…para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera”. Una cosa son las políticas que su gestión requiera -gestión delimitada en las leyes orgánicas respectivas-, y otra cosa es la fórmula mucho mas vaga de “propuestas planteadas”, que pueden ser cualquier asunto.  

Queda claro que esta sentencia no resuelve, sino que agrava el problema. Entrega al Ejecutivo una patente de corso.

El Congreso complementario tiene la obligación de regular adecuadamente la cuestión de confianza, en los términos sugeridos por el voto singular de los magistrados Blume y Ferrero, o, en su defecto, como hemos señalado en anterior ocasión, sincerar esta situación estableciendo que el Presidente puede disolver el Congreso una sola vez durante su gobierno sin expresión de causa. Así todos sabrán a qué atenerse y no quedará librada a la incertidumbre o a la interpretación antojadiza si una cuestión de confianza procede o no en cada caso que se presente. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Lo primero que cabe notar es la alta fragmentación del Congreso electo. Son 10 partidos los que pasarían la valla, algo que no tiene precedentes. Ello se debe a que, al no haber competencia presidencial, no se ha concentrado el voto. El problema va a ser la gestación de consensos para aprobar las reformas y leyes.

El Comercio

Lo segundo es que por primera vez se ha votado principalmente por partidos, no por líderes. El caso de Acción Popular es el más notorio. Pero hubo dos excepciones: PODEMOS, cuya locomotora fue Daniel Urresti -que obviamente se proyecta al 2021-, y que recoge la demanda por seguridad ciudadana en Lima; y UPP, cuya cabeza de lista en Lima -retirada por el JNE- era Antauro Humala.

Pero la gran sorpresa ha sido el Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP), vinculado a un grupo religioso: la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Habría quedado nada menos que en segundo lugar. Expresa la demanda religiosa conservadora e indigenista del pueblo peruano de origen andino. 

No cabe duda que la gran perdedora, no solo en las elecciones congresales que se realizaron ayer sino de la gran batalla política de los últimos años, ha sido Fuerza Popular. Quizá haya llegado a su fin la polarización fujimorismo – anti-fujimorismo que dominó el escenario político en los últimos lustros. Que se trate o no una derrota terminal dependerá de la suerte judicial de Keiko Fujimori. De hecho, en la derrota estructural del fujimorismo ha jugado un papel importante la destrucción mediática y judicial de la imagen de la lideresa no solo por la prisión preventiva sino por el continuo flujo de revelaciones acerca de dineros recibidos y aportantes fantasma, que no eran delito pero que fueron y son presentados como si lo fueran. Por supuesto, habría que asignarle un peso similar a los graves errores por ella cometidos en la conducción de la bancada de fuerza popular desde el 2016, sobre todo durante la etapa del PPK, porque durante Vizcarra la beligerancia amainó apreciablemente, aunque fue reactivada hábilmente por el propio Vizcarra con el pedido de adelanto de elecciones, que derivó finalmente en el cierre del Congreso. Fue el puntillazo final.

En esa misma medida, el ganador ha sido el presidente Martín Vizcarra, que tendrá ahora un nuevo Congreso en el que Fuerza Popular tendría apenas 12 congresistas, que no contarán con la colaboración de una bancada aprista que no existirá. Pero no es tampoco que tendrá mayoría propia o afín. Los dos partidos que han expresado su apoyo a la gestión del Presidente, son el partido Morado (solo 9 congresistas) y Alianza para el Progreso (APP) (18 escaños). Recordemos que Acción Popular y APP estuvieron en contra del adelanto de elecciones y de la disolución del Congreso, aunque luego APP haya desautorizado a quienes adoptaron esa posición. En todo caso, el peligro de que se pudiera plantear una acusación constitucional contra Vizcarra por la disolución congresal ha quedado conjurado luego de la inefable sentencia del Tribunal Constitucional.

Han tendido a tener más votación los partidos no incluidos en el proceso Lavajato, y que al mismo tiempo tienen un nivel de organización nacional y presentan alguna clase de novedad:  Acción Popular, FREPAP, APP, Partido Morado, Somos Perú y el propio Frente Amplio. La propia Acción Popular apostó por figuras nuevas completamente desconocidas -es decir, por la Lampa-, y consiguió el primer puesto.

Eso habla de la potencia de la llamada “lucha anticorrupción” como factor decantador y letal en la política. Las estrategias mediático – fiscales han sido muy efectivas. Contundentes.  

Quizá en parte por eso existe consenso entre varios de esos partidos ganadores de que una de las tareas prioritarias del nuevo Congreso será revisar y culminar la reforma política, o la reforma institucional en general. Esos partidos suman 85 congresistas, aunque será difícil el consenso en torno a una reforma clave como la de elegir el Congreso junto con la segunda vuelta y muchos no conocen bien las reformas pendientes de aprobación, que son las referidas a la gobernabilidad. Es de suponer que el Ejecutivo enviará nuevamente al Congreso complementario los proyectos de ley correspondientes, para encaminar el proceso.

En conclusión, es posible que el nuevo Congreso, con dificultades por su alta fragmentación, se aboque principalmente a culminar la reforma política. El Presidente Vizcarra no tendrá enemigo contra el que luchar para construir su popularidad, de modo que deberá empezar a mostrar resultados en la gestión de gobierno. Si no lo hace, la propia dinámica del proceso electoral del 21 lleve a algunas bancadas a desarrollar una conducta cada vez más crítica al gobierno, pero no pasaría a mayores. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Curiosamente, el gobierno ha declarado que se mantendrá neutral en estas elecciones congresales complementarias. No tiene sentido. La disolución del Congreso es una institución que viene del parlamentarismo y se entiende que el presidente hace uso de ella porque tiene una mayoría contraria que le impide gobernar, y por lo tanto busca un nuevo Congreso con una mayoría propia que le permita llevar adelante su plan de gobierno. El presidente, entonces, debería tener, en este nuevo Parlamento, su propia bancada o bancadas afines de partidos a los que él debería manifestar su apoyo durante el proceso electoral. Ese es el sentido de la disolución del Congreso.

El que no busque tener mayoría propia revela que en realidad no fue el supuesto obstruccionismo del Congreso lo que lo llevó, primero, a pedir el adelanto de elecciones y, luego, a disolver el Congreso. Obstruccionismo –focalizado en ciertos temas, sobre todo en educación-, hubo en la época de Pedro Pablo Kuczynski. En la de Vizcarra, lo hubo en mucha menor medida. El siguiente cuadro grafica la diferencia entre ambos periodos:

Por eso es que cuando María Alejandra Campos le pregunta, en entrevista publicada en El Comercio, si había “un tema puntual que estaba siendo bloqueado por el Congreso y que ahora ya pueden sacar”, el Presidente no atinó a responder nada concreto. No había nada que se estuviese bloqueando. Por el contrario, Pedro Olaechea había ofrecido construir una agenda conjunta y en el Congreso se le había encargado formularla a un grupo encabezado por Alejandra Aramayo, donde están Miguel Torres, Mercedes Araoz y otros. Esa propuesta iba a ser presentada el 1 de octubre. El 30 de setiembre fue disuelto el Congreso. El propio acuerdo que se negociaba con Salvador del Solar fue petardeado por Vizcarra y por los duros de Fuerza Popular.

Por lo tanto, el “obstruccionismo”, la “crisis política”, fue un pretexto. Esa crisis fue exacerbada por el propio pedido de adelanto de elecciones, que despertó a los halcones de Fuerza Popular. Vizcarra no quería un acuerdo, porque éste pondría en evidencia que no había crisis política alguna.

En realidad, durante el periodo de Vizcarra, a diferencia de la etapa de PPK, la agresividad vino principalmente del Ejecutivo y no del Congreso. Fue Vizcarra quien desde el 28 de julio del año pasado abrió los fuegos planteando un referéndum para eliminar la reelección de los congresistas, y de allí en adelante planteó tres cuestiones de confianza y un pedido de adelanto de elecciones, hasta que desembocó en el destino lógico e implícito de esos esfuerzos: la disolución (inconstitucional) del Congreso.

Es cierto que cuando menos la segunda cuestión de confianza, aquella sobre 6 proyectos de reforma política, se justificaba en alguna medida en tanto la Comisión de Constitución venía emitiendo tozudamente pre dictámenes que iban en la dirección contraria de los proyectos planteados por el Ejecutivo. También es cuestionable, sin embargo, que se obligara a legislar en un determinado sentido. La reforma política debió ser tarea del Congreso desde sus inicios en el 2016, pero Fuerza Popular nunca entendió su importancia.

Aquí han fallado todos los actores, sin duda. Lo que definitivamente no se justificaba, como hemos argumentado varias veces, fue el adelanto de elecciones. Y tampoco la tercera cuestión de confianza, inconstitucional, que obedecía a la necesidad de mantener el control del Tribunal Constitucional, algo indispensable si se quería tener la razón constitucional en las cuestiones de confianza que se presentaran.

Populismo político

Lo que ha habido acá es una estrategia basada en el mecanismo del populismo político para obtener réditos a costa del Congreso y reducir el control horizontal propio de una democracia liberal. Ello se nota claramente en el siguiente gráfico, donde se observa cómo el presidente lanza cuestiones de confianza, referéndum y desafíos al Congreso cada vez que se encuentra bajando en las encuestas, con el resultado de volver a subir:

El presidente ha llevado permanentemente al límite sus relaciones con el Parlamento, hasta encontrar la oportunidad –inconstitucional- de disolverlo. En realidad, ello fue la consecuencia casi inevitable de la dinámica populista que, una vez instalada, lleva casi fatalmente a un desenlace terminal. Porque el populismo enfrenta por definición. Define un enemigo y lo ataca. Al hacerlo, engendra una espiral de acciones y reacciones que inexorablemente termina mal. En medio de la guerrilla populista, los acuerdos por supuesto no tienen cabida. Tampoco, en última instancia, los controles horizontales de la democracia representativa, que se convierten en el objeto del repudio popular alimentado y abanderado por el gobernante. El Congreso iba a caer de todas maneras.

Sin duda una turbina que ha alimentado las energías del populismo presidencial ha sido el intolerante maniqueísmo antifujimorista, que no ve en el fujimorismo otra cosa que la encarnación del mal.

Cuando quedó claro que no era el alegado obstruccionismo el problema, algunos ensayaron la teoría de que en realidad se trataba de un Congreso de pillos que blindaba a corruptos, como si eso -de ser cierto- fuera causal de disolución y no de castigo en las urnas a los partidos encubridores en la siguiente elección general, que es como se procesan las cosas en democracia, o de denuncias con nombre y apellido a corruptos comprobados.

Pero este argumento llegó al extremo de acusar a ¡7 bancadas! de pretender copar el Tribunal Constitucional para asegurar impunidad a los acusados por el caso Odebrecht y otros. Esto, por supuesto, era una ofensa denigratoria a candidatos probos y muy calificados como la mayor parte de los que postulaban, que jamás se hubieran prestado a exculpar a delincuentes. Y escondía de manera cínica el objetivo de impedir que cambiara la correlación interna en el TC, favorable al gobierno en sus propósitos disolventes, que era la razón, naturalmente, por la que el Congreso quería precisamente cambiar esa misma correlación. Fue una lucha política entre poderes que acabó con la muerte inconstitucional de uno de ellos y el triunfo arrasador del populismo. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La comisión de Constitución del Congreso, presionada por la cuestión de confianza, aprobó el viernes un principio que es incongruente con el de las elecciones primarias obligatorias: la paridad y alternancia en las listas de candidatos al Congreso en cada circunscripción electoral. Dice así:

Artículo 116.- Las listas de candidatos al Congreso en cada circunscripción electoral deben incluir cincuenta por ciento (50%) de mujeres o de varones, ubicados de manera alternada, es decir, una mujer-un varón o un varón-una mujer. En las circunscripciones en que se inscriban listas con tres candidatos, por lo menos uno de los candidatos debe ser varón o mujer.

Esto se hará en forma gradual. 40% el 2021, 45% 2026 y 50% en 2031. En la práctica es un 50% desde ahora porque ¿cómo aplicamos el 40% en una circunscripción de 4 escaños, por ejemplo?

Es decir, si en la elección primaria interna los ciudadanos elegimos, en una circunscripción electoral dada, a todos hombres o a todos mujeres –lo que perfectamente puede darse-, la paridad obliga a dejar de lado a la mitad de los elegidos. O si elegimos a 3 mujeres y 1 hombre, por ejemplo, habrá que dejar de lado a una mujer.  En otras palabras, mi voto puede no valer. ¿Para qué hacer primarias obligatorias si al cabo una parte de los votos –de los resultados- no será respetada?

En realidad, se trata de una decisión de política: le damos más peso al voto por aquellos –hombre o mujeres- que, habiendo quedado rezagados en la votación, entran sin embargo para llenar el porcentaje de género. La implicancia ontológica es que el voto de los ciudadanos no es igual, no tiene el mismo valor. ¿Se puede subordinar el valor del voto –elemento constitutivo de una democracia- a un principio distinto, de valor instrumental, como el de conseguir una participación paritaria? Dejo la pregunta.

Distritos electorales más pequeños

Ahora bien, si parte del voto va a carecer de valor, por lo menos acotemos el efecto. Hagamos las circunscripciones electorales lo más pequeñas posibles, de modo que haya una verdadera relación de representación con mi congresista, por más que en la primaria yo no haya votado por él o ella. El verdadero voto preferencial es el que ejerzo en un distrito uni nominal (o binominal) al votar por un candidato frente a otros de otros partidos. Por lo demás, como hemos argumentado, ese tipo de relación directa con mi representante es la única manera en que la democracia representativa puede recuperar terreno frente a la democracia directa de las redes sociales y las encuestas, o, mejor dicho, de usar las redes sociales a favor de la democracia representativa, de la función de representación.

El proyecto aprobado el viernes modifica el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones estableciendo que en las elecciones internas y primarias se aplica el voto preferencial, pero mantiene las mismas circunscripciones electorales departamentales que ahora existen donde Lima, por ejemplo, tiene 37 representantes. Esto debe ser modificado.

El proyecto de la Comisión de Alto Nivel consideraba distritos electorales con un máximo de 5 escaños. Esto es un avance, aunque distante aun del ideal. Se volvían en la práctica más pequeños, sin embargo, con la propuesta de elección del Congreso por mitades cada dos años y medio, porque allí si en cada elección se elegiría a la mitad de los congresistas de cada distrito electoral. Es decir, dos o tres máximo. Esta propuesta no fue recogida por el Ejecutivo. El Congreso podría retomarla y hacerla suya, junto con el restablecimiento de la bicameralidad, puesto que distritos pequeños tienen sentido sobre todo en la cámara baja mientras el Senado puede ser elegido, por lo menos en parte, en distrito nacional único.

Primarias ya no tienen efecto cancelatorio

Ahora bien, hay dos disposiciones adicionales, aprobadas ya por el Pleno, que también les restan valor a las primarias. La primera es que el partido que no pase la valla del 1.5% (de los que votaron en la elección anterior) en las elecciones primarias, ya no podrá presentarse a las elecciones generales subsiguientes, pero no pierde la inscripción. Es decir, las primarias tendrán un efecto cancelatorio de la continuidad del partido en la carrera electoral, pero no de la inscripción del partido, que era lo que se planteaba en el proyecto del Ejecutivo.

Esto abre la incongruencia de que tendremos partidos que sí pasarán la valla de las primarias, pero no la del 5% en las elecciones congresales, perdiendo la inscripción, mientras muchos partidos que no pasaron la primera valla no la pierden. Subsistirán entonces los partidos cascarón, solo que sin poder participar en la elección general. Aunque es cierto que luego deberán presentar candidatos a todas elecciones de todos los niveles de gobierno para mantener la inscripción.

La idea del planteamiento de la reforma de bajar las barreras de entrada y subir las de permanencia, ha quedado diluida en alguna medida. En efecto, la inscripción de nuevos partidos no va a ser tan fácil como era la intención del proyecto de la Comisión de Alto Nivel, porque el Congreso subió el número de afiliados a 24 mil e incluyó el requisito de formar 20 comités departamentales y 66 provinciales. Si el cierre de la inscripción de nuevos partidos se da en julio del 2020, como propone la ONPE, los proyectos de nuevos partidos tienen 12 meses a partir de la fecha. No es mucho tiempo. Y tendrían que presentar a las primarias un candidato presidencial atractivo, para superar la valla del 1.5% de los que votaron en la elección del 2016. Unos 280,000 votantes.

Partidos inscritos deberían optar por primarias plenas

Lo mismo tendrán que hacer los partidos inscritos, si quieren pasar la valla. Pero -y aquí viene la tercera afectación a las primarias- a éstos se les ha dado la posibilidad de que por esta vez no sea la población la que ejerza el voto preferencial en sus listas en las primarias. Los electores simplemente ratificarían la lista cerrada que el partido les presente y la primaria solo serviría para efectos de pasar o no la valla. Esta fórmula fue propuesta por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, para salvar el impasse y viabilizar la aprobación de las primarias obligatorias, pero los partidos inscritos deberán pensarlo bien si les conviene acogerse a ella, porque para un elector será una burla ir a una elección en la que no tiene nada que elegir. Entonces, si quieren pasar la valla del 1.5%, acaso les convendría optar por las primarias plenas para que más gente se sienta atraída a votar en las elecciones internas del partido en cuestión porque su voto tendría sentido.

Eso sería lo lógico, además. Sería absurdo que se inscriban muy pocos o ningún partido nuevo y que se arme toda una elección primaria obligatoria para no elegir nada. Sería un gasto inútil, salvo por el hecho de servir como una valla que, dicho sea de paso, será superada acaso por 6 u 8 partidos a lo sumo, considerando la elección presidencial del 2016, donde solo 6 partidos superaron los 280 mil votos en la primera vuelta.

En resumen, sería bueno que el pleno del Congreso introduzca las siguientes modificaciones a lo aprobado en la Comisión o por el propio Pleno:

• Aprobar la bicameralidad
• Aprobar distritos electorales uni o binominales, o, en su defecto, distritos con un máximo de 5 escaños, pero con renovación por mitades del Congreso cada dos años y medio.
• Que no pasar la valla en las primarias cancele también la inscripción
• Eliminar el régimen transitorio de las primarias.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La Comisión de Constitución aprobó reemplazar las firmas de adherentes por un número de militantes o afiliados para inscribir un partido, lo que es un avance. Pero subió el número de afiliados propuesto por la comisión especial –de 14,000 a 24,000- y agregó el requisito de tener comités en funcionamiento permanente en 20 departamentos y en algo menos de 70 provincias.

La idea de los proyectos de la Comisión Especial era bajar las barreras de entrada, pero subir las de permanencia. Y, en general, reducir requisitos formales. Por ejemplo, ya no se pedía, en el proyecto, un número mínimo de comités partidarios. Se trataba de abrir la cancha para que haya más competencia y que nuevas corrientes pudieran renovar la política, pero esas nuevas corrientes debían ser lo suficientemente sólidas y organizadas como para participar en todas las elecciones –nacionales y sub-nacionales- y pasar las vallas establecidas para las elecciones internas y congresales. Es decir, los requisitos para conservar la inscripción no eran formales u organizacionales –por ejemplo, tener muchos comités funcionando- sino de participación en las elecciones.

Esto era una manera de adecuar la ley a la realidad de los tiempos modernos: ya no existen grandes partidos ideológicos con organizaciones burocráticas que pretendan representan a determinadas clases sociales, por ejemplo, sino corrientes de pensamiento o de propuestas específicas lideradas por individuos o grupos que deciden incursionar en la política. Las redes y los chats de whattsapp reemplazan a las reuniones de comités, si es que alguna vez las hubo. Los comités partidarios en realidad se abren eventualmente para las campañas.  El resto del tiempo, si existen, permanecen vacíos. No hay reuniones de discusión en el ellos. Casi nunca las hubo en realidad, ni en las épocas de oro del partidismo en el Perú.

Entonces no se entiende por qué la Comisión de Constitución se empecina en engañarse a sí misma. El JNE carece de capacidad –y lo reconoció- de supervisar si los partidos mantienen todos sus comités en funcionamiento permanente, pero sí puede verificar si un nuevo partido que quiere inscribirse tiene comités abiertos. Quizá entonces se pone este requisito como una barrera de entrada.

Ojalá que en el pleno se pueda enmendar esta situación. Porque los propósitos de facilitar la entrada al sistema y apuntar a partidos modernos y ligeros adecuados a nuestros tiempos, quedan casi anulados con los artículos aprobados.

¿Los partidos tienen vigencia en la era de las redes?

En realidad, no hemos discutido suficientemente sobre la vigencia de los partidos políticos en la era de las redes sociales. Hace tiempo que no son el vehículo único de expresión, formación y canalización de las demandas ciudadanas, o de la voluntad ciudadana en general. Ahora hay múltiples medios. No solo la prensa, que siempre existió. Sino las redes sociales, los portales de análisis y opinión, etc. Todos los centros de investigación y universidades tienen sus propios medios de expresión –sus páginas web, sus páginas en Facebook, etc.- donde eventualmente publican.

Los ciudadanos mismos ya no requieren intermediarios: se expresan directamente a través de las redes y las encuestas recogen sus opiniones. Se puede discutir la calidad de los debates en las redes y de las preguntas en las encuestas, pero son una realidad. Por eso los gobiernos por lo general ya no lideran, sino que siguen a la opinión pública. El gobierno del presidente Vizcarra es un caso extremo de esta tendencia. Lo que tenemos es una suerte de democracia directa que despoja a los partidos de su función clásica de orientar, formar y canalizar la opinión pública.

Pero la función que los partidos no han perdido y que conservan de modo exclusivo, es la de ser un vehículo para acceder al poder por la vía electoral. Para llegar a la presidencia de la República y al Congreso, se requiere formar parte de -o ser presentado por- un partido político. Una universidad o un think tank o un portal o un gremio empresarial o laboral o un líder de opinión con muchos seguidores en las redes, por ejemplo, no podrían presentar un candidato a la presidencia ni una lista al congreso. Esas entidades o personas tendrían que formar un partido si desean hacerlo. Pero de aquí se despenden varias conclusiones, pensando libremente:

• En el extremo, podríamos retirarles a los partidos ese único monopolio que les queda: presentar candidatos. Cualquier institución o persona podría candidatear. Le bastaría inscribir una candidatura con un mínimo de requisitos. Pero no existe ninguna democracia en el mundo con este sistema.
• Una versión cercana a esa realidad sería que sea muy fácil la inscripción de un partido, reduciendo los requisitos al mínimo. Es lo que en alguna medida –no suficientemente- buscaba la propuesta de la Comisión Especial, y que la Comisión de Constitución ha recogido muy parcialmente, agregando nuevos requisitos, lamentablemente.
• Los partidos inscritos –partidos ligeros- podrían tratar de recuperar parte de la función de orientación y formación de la opinión pública si estuviesen asociados a think tanks o centros de investigación. Carlos Meléndez propuso la fórmula de Partidos X Impuestos, para las empresas pudieran contribuir con parte de sus impuestos a think tanks en uno o varios partidos. De esa manera los partidos se convierten en centros de estudios de la realidad nacional, adquieren capacidad de propuesta y pueden llegar al poder con un plan de gobierno bien elaborado en lugar de improvisar. Serían partidos serios. Allí sí, la calidad de la democracia mejoraría sustancialmente.

Además, permitirían paliar el efecto devastador de la no reelección de congresistas, que instaura el mito de Sísifo como sistema: los partidos tendrán que reinventar en cada elección nuevos postulantes que, luego de cinco años, se retirarán de la política, anulando el aprendizaje para comenzarse de cero cada vez. Con Think Tanks, los partidos podrían reciclar en su periodo sabático los buenos congresistas que quisieran permanecer en la política, para no perderlos.

Por último, para competir con las redes o usarlas a favor de la democracia representativa, es indispensable que los distritos electorales sean más pequeños –uni o binominales- para que pueda existir una relación directa y personal entre el congresistas y sus representantes. Esto lamentablemente no fue planteado por la Comisión Especial –aunque si propuso elecciones del Congreso por mitades cada dos años y medio, lo que reducía las circunscripciones de cinco congresistas a dos o tres por elección, pero esta propuesta no fue recogida por el Ejecutivo-. La reforma política debe incorporar este cambio.

En suma, el pleno Congreso debería eliminar los requisitos de comités para inscribir un partido, aprobar la propuesta de Partidos X Impuestos para formar think tanks asociados a los partidos, y reducir el tamaño de las circunscripciones electorales, si queremos que los partidos políticos recuperen parte de la función de orientar, formar y canalizar la opinión pública y puedan poner las redes al servicio de la democracia representativa. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

En los últimos días se ha desencadenado un enfrentamiento político a gran escala entre el presidente Martin Vizcarra y las bancadas congresales que le son hostiles en el parlamento. Este enfrentamiento se ha manifestado a través de la petición de una Moción de Confianza por parte del Ejecutivo que, en una eventual negación, podría derivar en la disolución del congreso.

Gran parte del análisis coyuntural ha sido dedicado respecto a la idoneidad legal de la Moción de Confianza presentada por el presidente y si los términos de la misma son o no constitucionales. Asimismo, el otro foco de atención se concentra en la caracterización ética de los actores involucrados. Se discute vehementemente sobre los atributos éticos de Martin Vizcarra, Salvador del Solar y las bancadas de Fuerza Popular y del APRA.

En este artículo planteamos analizar algo distinto: la relación entre la Moción de Confianza, las Reformas Políticas planteadas y la solidez del modelo económico.

Las dinámicas de desarrollo de un país derivan, en gran medida, del tipo de modelo económico que este logre sostener a lo largo de décadas, siendo el marco institucional y las instituciones quienes restringen el rango de variaciones que los ciclos políticos puedan generarle a dicho modelo a lo largo del tiempo. Es por ello que situaciones excepcionales como la actual coyuntura política abren potenciales ventanas de oportunidad para cambios y alteraciones al modelo económico. A continuación, desarrollaremos esta idea.

Moción de Confianza y el Modelo.

De acuerdo a una encuesta de Mayo del IEP, un 70% de la población aprueba un eventual cierre del congreso. El profundo desprestigio del parlamento hace que la bandera “Cierren el Congreso”, que es sobretodo impulsada por la izquierda, cobre popularidad. El uso de la herramienta de la Moción de Confianza por parte del Ejecutivo requiere de una polarización política contra el parlamento para que maximice su efectividad. La izquierda es el sector político que de manera más orgánica impulsa el cierre del congreso. La polarización contra el congreso genera una coyuntura en la que la izquierda se posiciona del lado de una demanda requerida por un amplio segmento de la población.

Existen dos grandes interpretaciones que pueden extenderse entre la población como resultado de la crisis política actual desencadenada por el caso Lavajato. La población puede interpretar la actual crisis un problema: sistémico o de liderazgo. En caso sea entendido como un problema sistémico, la solución eventual ha de ser igualmente sistémica.

Las fuerzas de izquierda, tratan de desplegar la primera interpretación, con la intención de promover cambios estructurales que se resumen muy bien en frases como “Contra la corrupción Nueva Constitución”, que deja clara la idea de que el actual sistema político es intrínsecamente corrupto. De ahí que las reformas de Vizcarra arrebatan a la izquierda parte de sus banderas de lucha. Con ello, en cierta manera, se reduce el potencial atractivo de la izquierda como único impulsor de reformas para la lucha contra la corrupción.

No obstante, si se rechaza la moción de confianza, la bandera de “Nueva Constitución” como herramienta anticorrupción de la izquierda cobrará un atractivo mayor al considerarla el único camino para reformas políticas. En general, tanto si se aprueba la reforma como si se rechaza, la bandera de “Nueva Constitución” cobra relevancia por su sola discusión y se apalanca de la crisis política para ser la propuesta de solución que tiene la izquierda para los otros problemas que cree intrínsecos al modelo económico: la desigualdad, el control de los medios de producción, la propiedad de los recursos naturales, etc.

Por otro lado, de aceptarse la constitucionalidad de la Moción de Confianza, tal como esta ha sido presentada por el Ejecutivo, se consolidaría un importante precedente. El cual no sería otro que el uso de la Moción de Confianza como mecanismo de modificación constitucional y el consiguiente empoderamiento de la Presidencia como agente constituyente. Lo anterior, haría más fácil futuras modificaciones constitucionales mediante iniciativa presidencial. Así, este mecanismo podría ser utilizado posteriormente para desencadenar, por ejemplo, cambios en el capítulo económico de la constitución por parte de un presidente hostil al sistema de economía de mercado.

Reformas Planteadas y el Modelo.

Entre las reformas planteadas se encuentra la reforma que establece la paridad y alternancia de género en las listas electorales, las cuales serían listas cerradas. De darse esto se incrementaría de manera dramática la participación femenina hasta un valor muy cercano al 50%. Existen diversos estudios estadísticos que muestran que una mayor participación femenina en el congreso incentivaría políticas publicas más afines a la mujer y la infancia. En la izquierda se elevaría la importancia ideológica de la agenda de género la cual es muy relevante entre las mujeres de ese sector político. Los recursos políticos (como espacio en medios y movilizaciones sociales) destinados a impulsar temas de género estarán menos disponibles para impulsar el programa económico de la izquierda.  

Los estudios estadísticos revisados indican que aun cuando puedan existir efectos sobre la composición de gasto, son inciertos los efectos sobre el gasto agregado, por lo que no existe una clara relación entre mayor participación femenina en el congreso y mayor gasto publico.

Las campañas electorales serían más largas producto de las elecciones internas simultáneas y obligatorias que se platean en la Reforma, ello porque las elecciones internas se darían en octubre del 2020. Ello reduce el potencial político de potenciales outsiders al dar más tiempo a las elites políticas y económicas para responder de manera hostil a su surgimiento.  Estas primarias generaran también la necesidad de recursos, por parte de los candidatos a lo largo de un periodo más prolongado. Al menos en el corto plazo para las elecciones de 2021, esto beneficia a los partidos políticos ya consolidados (con inscripciones válidas) y a aquellos con acceso a fuentes de financiamiento público o privado (legal o ilegal).

La ilegalización de aportes de campaña no declarados favorece a quienes dispongan de mecanismos no partidarios de asignar recursos al proceso político. En el mediano plazo uno de estos mecanismos serían las ONG. Esto favorece en la actualidad a la izquierda la cual dispone de un tejido de ONGs con capacidad de incidencia ideológica más denso que el de la derecha.

En Conclusión.

Hay motivos para afirmar el uso de la Moción de Confianza para sacar adelante proyectos de reformas constitucionales por parte del Ejecutivo, genera condiciones políticas e institucionales que facilitarían a los adversarios al modelo económico avanzar su agenda ideológica en caso obtengan la Presidencia. Respecto a las reformas planteadas los efectos sobre la sostenibilidad del modelo son mixtos y dependientes de las características de cada una de estas reformas. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo en torno a cinco reformas políticas puede llevar al país a una situación de desconcierto y anarquía si los principales actores políticos no se manejan con inteligencia, sensatez y una mínima buena fe republicana.

El presidente del Consejo de Ministros ha planteado una cuestión de confianza en dos tiempos: la aprobación en el pleno, establecida en la constitución, y luego una verificación de que las leyes aprobadas materia de la confianza no hayan desnaturalizado la esencia de los proyectos originales. Este segundo tiempo no es constitucional, pero se plantea ante la opinión algo cínica de que la salida es conceder la cuestión de confianza y luego aprobar los proyectos en el sentido que se quiera.

Pero esto último, muy propio de la cultura criolla, tampoco sería serio. Desnaturaliza la cuestión de confianza. Pues, ¿para qué se plantea cuestión de confianza si no es para trabajar de consuno en un determinado sentido? Por eso, a nuestro juicio, la manera más eficiente de resolver este impasse sería que la redacción final de los textos legales materia de la cuestión de confianza se consensuen en la Comisión de Constitución con el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia, asesorados eventualmente por algún miembro de la comisión Tuesta. Algo que pudo haber ocurrido días atrás y no se dio.

Esa experiencia exigiría capacidad de diálogo y disposición de llegar a acuerdos. Sería un buen ejemplo para el país y quizá se convierta en un aprendizaje que resultaría muy útil luego para avanzar en otras reformas políticas que no han sido consideradas parte del “núcleo esencial”.

Asunto aparte es si es posible o no hacer cuestión de confianza por reformas constitucionales. Este extremo quizá se lleve al Tribunal Constitucional, para que defina. Pero es posible ir avanzando con las reformas legales, y quizá incluir otras adicionales en el llamado núcleo esencial.

Al país no le conviene ni la disolución del Congreso ni una situación de desgobierno en la que cualquier decisión sea cuestionada y no se sepa cómo proceder para resolver este entrampamiento. Es evidente que el interés de ambas partes, de otro lado, es la permanencia y no la disolución y la renuncia. Por lo tanto, deberán encontrar la manera de sentarse a encontrar las fórmulas legales que permitan llevar a adelante la reforma política. Así sea. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Presidente Martín Vizcarra aprovechó el envío al Congreso de los proyectos de reforma política y los acuerdos logrados con las comunidades en el diálogo en Chalhuahuacho para pasar al contraataque: no solo retomó el evangelio de las grandes reformas institucionales, sino que sacudió al Congreso por demorarse en la aprobación de los proyectos de reforma del sistema judicial y fustigó a los malos empresarios y las grandes corporaciones que eluden el pago de impuestos y a los poderosos que se oponen a su lucha contra la corrupción y a sus reformas.

“Esta firme decisión de corregir y cambiar el sistema político, judicial y tributario, ha afectado grandes intereses y grupos de poder que han reaccionado atacando sistemáticamente al gobierno y a su presidente”, resumió. Acudió así al clásico mecanismo populista de inventar enemigos poderosos que lo atacan por defender los intereses del pueblo y del país.

Pero hay algo de desorbitado e impostado en esta retórica. Sería interesante saber cuáles son esas grandes empresas y corporaciones qué él imagina conjurándose para digitar ataques contra él. Pareciera estar siguiendo el guion de una obra que ya no tiene público, porque, en realidad, el también atacó al punto que el supuesto “enemigo” político fue descabezado, perdió la mayoría en el Congreso y luce ahora dividido y más bien proclive a los entendimientos. El mayor esfuerzo de construcción partidaria de la última década ha sucumbido ante una criminalización de la política que resultó cuando menos funcional al gobierno.

Y, lamentablemente, lo que sí podemos decir es que el presidente resultó el principal enemigo de sí mismo en su intención de mejorar la institucionalidad política del país. Vamos a terminar, como temíamos, sin bicameralidad y sin reelección de congresistas, la peor combinación posible. El presidente ha sacrificado la construcción de la institucionalidad política del país en aras de una popularidad efímera. Proponer la no reelección de los congresistas y oponerse luego a la bicameralidad con el argumento del contrabando que el Congreso había introducido, le valió subir a un pico extraordinario de aprobación popular, que le duró apenas tres o cuatros meses. Por esa gloria pasajera de unas cuantas semanas el país quedará condenado lustros o décadas a una institucionalidad política tullida.

El Congreso debería aprobarla

Salvo, por supuesto, que el Congreso reconozca su parte de culpa en este desenlace y tenga la entereza y la superioridad moral de aprobar la bicameralidad con el mismo argumento que el presidente debió usar para proponerla: que el voto por el No a la bicameralidad en el referéndum no fue contra la bicameralidad como tal, sino contra el supuesto contrabando que el Congreso había introducido. Fue eso lo que el presidente explicó para inducir a los ciudadanos a votar de esa manera.

Donde sí no habría argumento válido para contradecir el resultado del referéndum, es en el tema de la no reelección de congresistas. Sobre eso no se puede hacer nada por ahora, pero sí debería cuando menos aprobarse la posibilidad de la reelección inmediata de los alcaldes y gobernadores regionales. Es un derecho del pueblo que no puede ser recortado, y ya existía un consenso antes de todo esto para restablecerlo.

Ahora bien, hay que decir que, en este contexto, la comisión Tuesta hizo un trabajo meritorio para compensar y tratar de morigerar los efectos de esas amputaciones. Y el Ejecutivo ha recogido la mayor parte de ese trabajo.

Acabamos de ver que un congreso unicameral con mayoría opositora puede hacer muy difícil la gobernabilidad. Por lo tanto, la reforma política debe estar orientada a fortalecer al Ejecutivo y prevenir que algo así ocurra. La no reelección, por su parte, conspira contra la consolidación de los partidos y de una clase política experimentada. La reforma debe estar orientada entonces a crear la mayor cantidad de condicionamientos posibles para que los partidos funcionen realmente pese a esa limitación.

Fortalecimiento del Ejecutivo

Y podemos decir que las reformas propuestas cumplen esos cometidos. Esos son, en realidad, los dos objetivos principales de la reforma planteada. Es claro que ella busca fortalecer el Ejecutivo cuando propone:

• Elegir al Congreso junto con segunda vuelta
• Dos tercios del número legal de congresistas para la insistir en una ley observada por el presidente, lo que refuerza el veto presidencial
• Eliminar la censura a los ministros. Sólo cabe la censura al gabinete, pero cuando se produce todos deben renunciar.
• Eliminar la vacancia presidencial por incapacidad moral, que se presta a la arbitrariedad. Solo es posible por incapacidad física permanente.
• Que cuando el presidente del congreso convoca a elecciones éstas sean para la presidencia de la república y también para el congreso de la republica

Fortalecimiento de los partidos

Y es claro también que la reforma busca que haya partidos reales, no cascarones, cuando propone:

• Que la inscripción de un partido ya no se haga con firmas de adherentes sino presentando una lista de afiliados o militantes que sea como mínimo el 0.075% de los que sufragaron última elección. En el caso de los movimientos regionales el requisito es más exigente: 1%, lo que está bien.
• Elecciones abiertas con participación obligatoria de todos los ciudadanos para elegir candidatos a elección popular, organizadas por la ONPE, a fin de reconectar a la ciudadanía con los partidos.
• Que el candidato a la presidencia debe ser afiliado
• Eliminar el voto preferencial, lo que suprime la lucha fratricida que dicho voto incentivaba
• Obligar a una participación y presencia permanentes, pues se pierde la inscripción:
  • Al no presentar candidatos en 4/5 de los gobiernos regionales, ½ de los provinciales y 1/3 de los distritales
  • Al no alcanzar 5% de los votos (8% en caso de las organizaciones regionales)
  • Al no alcanzar 1.5% de los que sufragaron en la elección anterior en las elecciones internas (4% en organizaciones regionales)

Lo que sí parece ya una intromisión excesiva, es obligar a la paridad de género en los cargos de dirección del partido político.

Think Tanks partidarios X Impuestos

Una medida que no ha sido propuesta, pero resultaría decisiva para consolidar partidos con capacidad de propuesta, es la de “partidos X impuestos” o, más específicamente, “think tanks partidarios X impuestos”. Es decir, que las empresas puedan financiar, con parte de los impuestos que pagan, think tanks o centros de estudios en los partidos. Esto permitiría, de un lado, que los congresistas que ya no pueden reelegirse, puedan reciclarse en su periodo sabático en el centro de estudios del partido para estudiar la realidad y formular propuestas de política. Así la no reelección no elimina ni corta la carrera de los buenos cuadros.  Y, de otro lado, el partido adquiere capacidad de análisis y discusión de los problemas nacionales y de formulación de planes de gobierno, para que no llegue al poder a improvisar. Tendríamos partidos políticos serios, pensantes.

Por lo demás, tampoco tiene sentido prohibir que las empresas privadas formales aporten a los partidos –como lo hace el proyecto-, si es que este aporte es público y transparente. Eso no solo fortalecería aún más a los partidos, sino que contribuiría a que las empresas desarrollen su compromiso con el país. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La crítica principal que se ha hecho a la propuesta de establecimiento de la bicameralidad formulada por el Ejecutivo y remitida al Congreso para su discusión y aprobación, es que el número total de congresistas -130- es muy bajo, más aún considerando que habría dos cámaras, dejando a la de diputados con solo 100 representantes. Habría entonces “sub representación” de la población. Para representarla más adecuadamente, se necesitaría un número mayor de congresistas.

En realidad, esta crítica no pasa de ser una creencia, una prenoción, sin una base empírica o científica. El argumento que se da es que, con 130 congresistas, tenemos la relación congresista – población más alta de América Latina. Es decir, en los demás países, cada congresista representa a un número menor de ciudadanos que en el Perú.

Pero si nos comparamos con Estados Unidos, una democracia mucho más asentada y desarrollada que la nuestra, veremos que allí cada congresista representa a una cantidad de electores mucho mayor que en el Perú. La Cámara de Representantes, por ejemplo, tiene 435 parlamentarios y hay 231 millones de electores, lo que significa 531,000 electores por representante. En el Perú tenemos cerca de 23 millones de electores y 130 congresistas, lo que da una relación de 176,000 electores por congresista, mucho menos que en Estados Unidos.

Con un agregado, acaso más importante: que en Estados Unidos los distritos electorales para elegir la Cámara Baja son uninominales (se elige a un representante por distrito), lo que hace que la cantidad de personas representadas esté perfectamente acotada. Cuando decimos que un congresista norteamericano representa a 531,000 electores, representa realmente a esos 531,000 (en realidad esa cantidad es un promedio). En cambio, la afirmación de que en el Perú un congresista representa a 176,000 electores es, en verdad, una falacia, porque al ser los distritos electorales plurinominales, cada congresista en realidad representa a una cantidad mucho mayor. Si nos vamos al extremo, tendremos que un congresista por Lima (uno de los 37) representa a 9 millones de habitantes.

Entonces, pasar de un sistema electoral plurinominal a uno binominal para la futura cámara de diputados, como propone el proyecto del Ejecutivo, ayuda a mejorar la relación de representación, porque ayuda a acotar mejor, a reducir la cantidad efectiva de ciudadanos que cada congresista representa. Si, como se estaría pensando –porque esto no está en el proyecto de ley- Lima se divide en 6 o 7 distritos binominales, cada diputado representará de manera efectiva a un número que, en promedio, será la sexta o sétima parte de 9 millones. Y eso que, si nos atenemos a la proporción que representa la población de Lima respecto de la población nacional, Lima debería estar dividida, como veremos, en cuando menos 15 distritos binominales.

Pero a lo que vamos es que lo de la “subrepresentación” es una falacia porque con el nuevo sistema de distritos binominales –si se aprueba- habrá mucho menos “subrepresentación” que con los distritos plurinominales departamentales actuales, manteniendo el número de 130 congresistas. Es decir, la ratio de representación será más pequeña.     

Lima sub-representada desde el punto de vista demográfico

Ahora bien, como hemos adelantado, en la propuesta del Ejecutivo Lima-Callao estará sub representada desde el punto de vista de su peso poblacional. Según informó el viceministro de Gobernanza Raúl Molina en entrevista que le hiciera en El Comercio, para elegir 30 senadores el país se dividiría en 6 macro-distritos con 5 senadores por cada uno. Uno de esos macro-distritos sería Lima Callao. 5 senadores de 30 representan un 16.6%, muy lejos del 32.6% que representa la población de Lima y Callao respecto del total nacional.[1] Si agregáramos 5 senadores más para Lima-Callao, esta región tendría el 28.6%. Habría que subir el número de senadores a 35.

Y, según el mismo Molina, para elegir diputados, Lima-Callao se dividiría en 6 o 7 distritos binominales. Es decir, tendría 12 o 14 diputados de un total de 100, un porcentaje aún inferior al que tendría en la Cámara de Senadores. Lima – Callao tendría que tener cuando menos 15 o 16 distritos binominales, lo que incrementaría el número total de diputados a 116 cuando menos. Eso es lo que habría que hacer si queremos que Lima mantenga su proporcionalidad demográfica a fin de recuperar a la élite nacional para la política.

Criterio no es demográfico, sino económico

Pero el criterio que se ha usado para delimitar los macro y micro-distritos no es el de la equivalencia demográfica, sino el de la existencia de relaciones económicas y sociales reales. Es decir, que representen a una realidad económica, social o cultural existente.

Esa es la razón por la que no se sostiene la otra crítica que se ha formulado a los 50 distritos binominales, en el sentido de que habría departamentos (regiones) como Tacna, Moquegua y Madre de Dios que no alcanzarían representación, por su escasa población. En ese sentido, ya se aclaró que cada uno de esos departamentos será un distrito binominal. Así como habrá otros departamentos que se dividirán en dos distritos electorales, en función de sus conexiones internas. 

Lo mismo se puede decir del Senado. Se dijo que con 30 senadores, cada región (departamento) tendría un senador y, considerando Lima, quizá algunas no alcanzarían a tener ninguno. Pero el proyecto de ley es claro en plantear macro-distritos electorales, basados en 6 macro-regiones considerando Lima metropolitana.

Presupuesto

También se ha criticado que sea la cámara de Senadores la que apruebe el presupuesto de la República. Y esta no es una mala idea en la medida en que se trata de que el presupuesto tenga precisamente una lógica macro-regional y más agregada, para contender la tendencia a la atomización de los proyectos y hacer posible una planificación basada en el desarrollo territorial.

Voto preferencial

En ese sentido, no se puede admitir la crítica de que esta reforma, tal como está planteada, es un mamarracho o es improvisada. Es mejorable, por supuesto. Por ejemplo, no se entiende por qué se elimina el voto preferencial en los macro-distritos para elegir senadores, y se mantiene en los micro-distritos binominales para elegir diputados. Debería eliminarse en este caso también, porque solo serviría para instalar la competencia entre los dos candidatos del mismo partido. En términos generales, y más allá de eso, sin embargo, está bien pensada. De aplicarse, tendríamos más gobernabilidad y mejor representación. No solo porque una cámara de senadores permite moderar los ímpetus populistas de la Cámara Baja, y limita el poder absoluto que puede tener una cámara única si es contraria al Ejecutivo, sino porque distritos binominales ayudan a reconstruir los canales de representación para prevenir y manejar problemas, y sirven también para reducir a la larga el número de partidos políticos, dándole más estabilidad a nuestra democracia.

Habría que agregar, a las reformas planteadas, la elección del congreso luego de la segunda vuelta presidencial, para facilitar una mayoría congresal favorable al Ejecutivo, y no prohibir que los candidatos presidenciales postulen simultáneamente al Senado, a fin de convertir a esta Cámara en un foro político de alto nivel, que ayude a la discusión y concertación.

¿No reelección de congresistas?  

Lo que resultaría contraproducente para la consolidación institucional es el proyecto para prohibir la reelección de congresistas. Atentaría contra quienes de buena fe quisieran hacer una carrera política, y contra la formación de una clase política experimentada en el país.  

Hagamos, sin embargo, un esfuerzo de imaginación para explorar si hay manera de convertir a la no reelección de los congresistas en una buena idea, o por lo menos en una no tan mala. ¿Qué tendríamos que hacer?

Para comenzar, los partidos tendrían que tener incentivos para llamar a profesionales capacitados o personalidades. Por ejemplo, recibir mayor financiación en función de un índice de calidad de la lista de candidatos, establecida con criterios objetivos.

Las empresas podrían recibir devoluciones tributarias por profesionales o ejecutivos que, luego de un cierto número años de trabajar en la empresa o en el sector, sean cedidos a partidos políticos para que integren las listas congresales. Lo mismo podría hacerse con las universidades.

Podría haber financiación partidaria específica para foros o conversatorios, debidamente fiscalizados, con universidades, gremios empresariales, o para financiar estudios y propuestas de política que obliguen a los partidos a reclutar académicos o profesionales para su elaboración.  

Se podría aplicar la propuesta de Carlos Meléndez de “Impuestos X partidos”, pero circunscrita a financiar think tanks de los partidos políticos en los cuales se puedan reciclar los congresistas que han dejado de serlo, a la espera de la siguiente elección

En el Congreso podría haber una pequeña oficina de ex congresistas del período anterior encargados de asesorar a los nuevos congresistas. Lampadia

Todos los ciudadanos tenemos muy presente la incidencia de la corrupción en múltiples gobiernos regionales y municipales, así se refleja en los medios de comunicación y en los debates pre electorales. Pero se nos está escapando la arbitrariedad y la prepotencia con la que muchas de estas autoridades se conducen día a día, sin importarles en lo más mínimo las opiniones de los ciudadanos a los que deben servir.

Desde que los cargos regionales y locales se empoderaron con la deficiente descentralización y desde que sus presupuestos se multiplicaron por la recuperación de la economía de principios de siglo; estos se han tornado en un botín que cada día atrae más elementos perniciosos.

Para colmo de males, como hemos explicado con anterioridad en Lampadia, los gobiernos regionales y locales no están sujetos a instituciones básicas de las democracias funcionales. Por ejemplo:

• Las decisiones de los gobernadores y alcaldes no están sujetas a la ‘doble instancia’. Sus decisiones solo pueden ser contrastadas judicialmente.
• Los mecanismos de ‘rendición de cuentas’ son muy débiles y alejados de la ciudadanía.
• No hay ‘balance de poderes’ en los municipios, pues el poder se concentra artificiosamente, sin reflejar las opciones electorales. 

Dado que las decisiones de estas autoridades cubren prácticamente todas las relaciones de los ciudadanos con el Estado, éstas deberían guardar todos los respetos necesarios para cautelar las necesidades ciudadanas.

Lamentablemente, sucede lo contrario. Las normas, ordenanzas y las respuestas a los trámites de los ciudadanos se resuelven frecuentemente con arbitrariedad y prepotencia. Se imponen caprichos. Se hacen y rehacen obras. Se desperdicia recursos valiosos en obras sin sentido.

Ni el Ejecutivo, ni el Congreso han querido corregir la normativa correspondiente, con efecto para el inminente proceso electoral. En estas circunstancias, solo queda invocar a los lectores que hagan un esfuerzo especial para estar alertas sobre los síntomas de corrupción de los candidatos, así cómo sobre los síntomas de caracteres abusivos y prepotentes.

La reciente prohibición de que los gobernadores y alcaldes puedan postular a la reelección, solo empeora las cosas. En primera instancia impide que los ciudadanos puedan preservar y premiar una buena gestión (que las hay); y, en segundo lugar, dados los privilegios indicados líneas arriba, alienta que los malos elementos se hagan del poder para provecho personal y de grupo, gozando de grandes espacios de impunidad.

Algo que agrava más esta indeseable estructura del espacio de las autoridades políticas en las regiones y municipios, es la devaluación de los partidos políticos, que solo tienen representaciones menores y, por lo tanto, en la gran mayoría de gobiernos regionales y municipales (dirigidos por independientes) no pueden ejercer un freno a las malas gestiones en aras de cuidar el prestigio partidario.

Es evidente pues que todo esto deviene de una desastrosa normativa y de la crisis de los partidos políticos. Razón suficiente para que la reforma política, que se pretende llevar a referéndums, deba ser enfrentada con muchísima ponderación, análisis, debates y cuidados.

Es evidente que la reforma judicial no puede esperar, y que hoy tenemos la mejor oportunidad de avanzar de manera importante en el diseño de la estructura del conjunto del Sistema Judicial; pero la reforma política debe recién aplicarse para las elecciones generales del 2021 y, por lo tanto, debe hacerse con mucha seriedad, a no ser, claro, que alguien pretenda acelerar indebidamente, el calendario electoral.

En cuanto a las próximas elecciones regionales y locales, por ahora solo queda santiguarse como dice Fernando Cillóniz, el actual gobernador de Ica: “En el nombre del agua… la salud… la educación… y la justicia…”. Lampadia

Editorial de Lampadia

“No me van a doblegar, continuamos en el rumbo que hemos trazado el 28 de julio. No nos van a doblegar, hagan lo que quieran, hagan lo que puedan, pero no podrán contra el pueblo del Perú que se ha decidido a combatir la corrupción”.

Presidente Martín Vizcarra, en el 89 aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú. 

Lamentablemente, el presidente Vizcarra ha terminado sucumbiendo a ‘liderar’ la agenda política de aquellos que, hace pocos meses, lo querían fuera del camino de la Presidencia.

Después de haber resistido la agenda anti democrática de Mercedes Aráoz, Juan Sheput y Carlos Bruce, dentro del equipo de gobierno; y de las izquierdas oficiales del Frente Amplio y Nuevo Perú, así como de las oficiosas de Acción Popular del congresista Lezcano; planteando en su discurso de investidura como Presidente Constitucional de la República: “Lo que ha sucedido debe marcar el punto final de una política de odio y confrontación, que no ha hecho otra cosa que perjudicar al país”; el presidente ha sido doblegado y ha accedido a tomar la bandera de la confrontación.

Esto se inicia en su discurso del 28 de julio pasado, en el que además de plantear una profunda reforma del Sistema Judicial, propone una rápida reforma política, confundiendo prioridades y urgencias.

La reforma judicial, como hemos dicho varias veces en Lampadia, es importante y urgente. Tenemos por delante, la mejor oportunidad de hacer una reforma integral, puesto que se cuenta con el apoyo general de la población y la debilidad del lobby interno del Poder Judicial. Esta reforma no puede esperar y habría que ver la forma de ir adelante por un plazo máximo de un año.

Para la reforma política, muy importante, tenemos más tiempo, pues se requiere que esté afinada para las elecciones generales del 2021. Plantear ambas reformas en paralelo, distrae la atención sobre la judicial, máxime, si su bandera principal es la no reelección de los congresistas. Algo muy popular en las actuales circunstancias, que no debiera ser el foco principal de la agenda política del país, y que, además, es inconveniente e innecesario. No podemos renunciar a la formación de una verdadera clase política.

Volviendo a la agenda anti democrática, los planteamientos del presidente, y la forma de presentarlos al Congreso, con un aire de imposición, y fomentando un ambiente confrontacional, es evidente que el presidente cambió su filosofía de gobierno desde la ‘no-confrontación’ a la ‘confrontación’.

Esta agenda incluye el forzar al Congreso la aprobación apurada de los distintos referéndums, y trae como cola, la posibilidad de ir más allá, a la disolución del Congreso mediante una eventual cuestión de confianza, la ampliación de las preguntas de los referéndums, e inclusive la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente.

Todo esto configura una agenda anti democrática, pues rompe la normativa constitucional, y destruye la agenda de desarrollo del país, en momentos en que la pobreza y la anemia infantil empeoran. Así como en momentos, en los que las condiciones de la economía internacional, nos permitirían dar un salto en inversiones que traigan crecimiento y mejora de los indicadores sociales.    

Este desarrollo es muy malo para el país. No aguantamos más confrontación. El presidente debe justamente dejarse de doblegar por los otros, los que buscan la confrontación; y debe retomar lo que su instinto y su naturaleza le aconsejaron en un inicio, cuando nos regaló una agenda de convergencia. Lampadia