1

El infantilismo de las izquierdas

El infantilismo de las izquierdas

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Nosotros ya estamos con el comunismo en el gobierno. Chile, en cambio, está todavía en el proceso electoral, a días de la primera vuelta.

Supongo que nuestras experiencias con el gobierno de Castillo y Perú Libre, que se presenta como muy alejado de las mejores políticas y prácticas de gobierno, debidamente demostradas en todo el mundo, con sus vacíos y desenfoques, debe estar ayudando a los chilenos a reaccionar y a cuidarse de caer en manos del comunismo.

Seguramente, parte del notorio cambio en la intención de voto en Chile, con el repunte del candidato de su derecha moderna, José Antonio Kast, se debe a la constatación del nulo valor de gobernanza que muestran Pedro Castillo y todos sus socios en el Perú.

Volviendo al Perú, el proceso electoral chileno, donde los competidores están afilando sus propuestas, también nos trae lecciones que podemos aprovechar para compartir con nuestros ciudadanos.

Con ese propósito, líneas abajo compartimos con nuestros lectores la radiografía del último programa del candidato del comunismo en Chile, Gabriel Boric, calificado como ‘un programa infantil’ por el importante medio La Tercera.

Un programa infantil
La Tercera – Chile
8 NOV 2021

Hace un par de días fuimos espectadores de la presentación de un nuevo programa infantil, y no se trata del nuevo Cachureos, o Profesor Rossa o de otra Xuxa, sino del programa de Gobierno de Gabriel Boric.

Dejando de lado lo tardío de su presentación y sus errores, o inexactitudes como diría él, vamos a lo fundamental.

  • El gran problema de su programa, el problema que cruza todas sus reformas, es su visión infantil del mundo y del gobierno.
  • Boric olvida que los seres humanos funcionan con incentivos y no con buenas intenciones.
  • Boric olvida que para recaudar más se necesita producir más o generar crecimiento.
  • Boric olvida que para construir, hay que trabajar, y que el descanso es el derecho que recompensa una responsabilidad, y no un derecho en sí mismo.

Boric propone una reforma laboral con negociación por ramas y no por empresas, aumento salario mínimo a $500 mil, disminución de jornada laboral a 40 horas y participación de los trabajadores en los directorios. Si ustedes son dueños de una Pyme del sector comercio, les tocaría adoptar los acuerdos de salarios y beneficios que los grandes retail acuerdan con sus trabajadores, además de pagar las 5 horas extra (de la disminución de 45 a 40 horas semanales) a costo hora extra, más incrementar los salarios que se paguen a salario mínimo a una tasa de más de 13% real anual, por los 4 años del gobierno de Boric, además de permitir que un trabajador elegido por el resto de los trabajadores tome decisiones del futuro de tu pyme, sin participar de los riesgos de perder el capital invertido, sino sólo gozar de las posibles ganancias del crecimiento.

En el mundo real, esa pyme – y por tanto todas las pymes de nuestra economía, no tienen ninguna capacidad de sobrevivir, pues sólo la baja de la jornada laboral, o sólo el incremento en el salario mínimo se come toda la utilidad de la pyme, y el resto del programa de Boric, le tira la tierra encima del ataúd.

En minería Boric propone un royalty al ingreso de las mineras…, y no a sus utilidades, sin entender que no son los ingresos los que generan la riqueza, sino la relación entre los ingresos y los costos de explotar el mineral; y olvidando que toda inversión tiene sustitutos. Esto implica, que un inversionista no invierte en Chile porque es patriota, ni porque es bueno, lo hace porque la utilidad esperada de su inversión en Chile, ajustada por los riesgos del negocio, es mayor que la de hacer la misma inversión en Australia, Perú o cualquier otro país. Si suben los impuestos a la minería en Chile, por sobre los del resto de los países del mundo, baja la utilidad esperada por los inversionistas, quienes obviamente se van con sus nuevas inversiones a otro lugar. Los inversionistas siguen los incentivos llamados utilidades, si se las quitas, se cambian de lugar, así como cambiamos la marca de yogurt cuando el precio sube. No es un tema de bondad, es un tema práctico.

Boric propone recaudar un 1.5% del PIB con un nuevo impuesto a los súper ricos. Nuevamente Boric y su equipo suponen que el 1% más rico de Chile no va a hacer nada cuando cada año le cobren un impuesto que no pagaría en ninguna otra parte del mundo, y no va a cambiar su lugar de residencia ante este cambio. ¿Cuántos países estarán felices de recibir a nuestro 1% más rico y confiar en que con ellos lleguen con todas sus inversiones?, quizás el primer año, Boric pueda recaudar algo, después de eso va a ver como todos esos ricos cambian su lugar de residencia, sin siquiera tener que dejar de vivir en Chile. La propuesta supone que los cambios en las políticas no generan cambios en los comportamientos de las personas. De hecho, esta idea no se ha logrado implementar en ninguna parte del mundo, y Boric cree que podrá él si podrá hacerlo exitosamente. O le sobra ego, o le falta inteligencia.

Asimismo, Boric propone aumentar la recaudación en 1% del PIB a través de subir el impuesto a las gasolinas desde 6 UTM/m3 a 7 UTM/m3 y de subir el impuesto específico al diésel desde 1,5 UTM/m3 a 7 UTM/m3, además de eliminar todas las exenciones que hoy tienen los camioneros. Si subir el impuesto específico al diésel o eliminar las exenciones fuera fácil o posible, no creen que todos los gobiernos lo hubieran hecho. En efecto, todos los gobiernos lo han estudiado, pero ninguno lo ha logrado, porque en un país largo y angosto como Chile, los camioneros se cruzan en la carreta y cortan el país en dos. Nuevamente, ¿qué le hace creer a Boric, que él sí podrá hacer que los camioneros acepten un incremento en el impuesto específico, de más de 3 veces el que pagan hoy?

Todos estos ejemplos, que no son más que sentido común y aritmética básica, parecen no haber pasado por las cabezas de el o los creadores del programa. Porque es un programa de “queremos”, no de “podemos”, es un programa de niños que no le han trabajado un día a nadie y que no saben cuánto valen las cosas, igual que un niño en una juguetería, pidiendo todos lo juguetes sin mirar sus precios. El programa de Boric, es un programa de derechos, pero olvida que los derechos son caros y hay que financiarlos.

Chilenos de corazón, que no los engañen las buenas intenciones. Ciertamente nuestro país necesita cambios y mejorías, pero no podemos confiar en que ellas se llevaran a cabo como fruto de las buenas intenciones.

Para hacer cambios no basta con querer, es necesario poder, y el infantilismo poco aporta a generar una agenda seria.

Este experimento sólo hará crecer el ego del candidato, porque el resto de nuestro bienestar y crecimiento van a disminuir, y ciertamente podemos terminar todos mucho más pobres y con menos oportunidades de surgir en la vida.

Los chilenos, en especial los jóvenes idealistas, deben dejar de creer en las hadas madrinas de los cuentos infantiles, en la vida real no hay varitas mágicas, sólo hay esfuerzo, trabajo y recompensa. Los chilenos, en especial los jóvenes idealistas, deben dejar de creer en Boric, porque el resultado de su programa será – pese a sus buenas intenciones – más pobreza y peor distribución del ingreso. Lampadia




¿Cómo salir del callejón sin salida?

¿Cómo salir del callejón sin salida?

Rafael Venegas
Director Independiente de Empresas
Para Lampadia

Es una verdadera lástima que nuestro querido Perú, cumpla su bicentenario republicano viviendo una de las peores crisis de sus 200 años. No se si será la peor, pero de hecho es la más complicada por los múltiples eventos negativos que nos están impactando y por la extrema polarización de la población que esto ha suscitado.

¿Quién nos metió en este callejón que parece no tener salida?

¿Existe la posibilidad de encontrarla?

La polarización es de carácter temporal y ha sido causada por este accidentado y manoseado proceso electoral. Lamentablemente hay mucha gente cegada por diferentes motivos que está dispuesta a aceptar cualquier cosa con tal de satisfacer sus odios, sus frustraciones, sus miedos, sus penas y sus ilusiones. De esto se han aprovechado un puñado de malos peruanos, para llevar agua a sus molinos.

La población se ha dividido en dos polos. La mitad se ha unido al bando comunista y la otra al bando que defiende el statu quo.

El primer polo agrupa a los verdaderos comunistas, que en realidad sólo son 10.5%, según la primera vuelta. El resto (casi 40%) se ha unido a este bando por diferentes motivos, sin ser necesariamente de izquierda.

La mayoría de ellos han sido incitados y convencidos por estrategias basadas en la victimización, el odio, el racismo, las desigualdades, la pobreza y la nefasta actuación de la clase política en los últimos años. Además, los izquierdistas se han aprovechado malévolamente de la situación vulnerable en que se encuentran muchos peruanos, debido a la pandemia, la crisis económica y el desempleo.

También integran este grupo los agazapados, tibios y enmascarados caviares, que se acomodan como sabandijas y que son los grandes culpables de los odios y las divisiones entre peruanos.

Finalmente, un componente importante de este polo, son los recalcitrantes anti-fujimoristas, que han exacerbado su odio a niveles extremos, llegando incluso a preferir apoyar al comunismo. Este odio desmedido es un trabajo de martilleo constante por muchos años, ejecutado por los caviares y por la prensa irresponsable y vergonzosamente parcializada.

En resumen, la maquinaria de comunicaciones del foro de Sao Paulo, los acomodados caviares y la prensa contratada y parcializada, son los creadores directos de este polo. La izquierda en su conjunto nunca había superado el 30%. Hoy, gracias a este trabajo subterráneo, ha conseguido llegar al 50% y ha polarizado completamente a la población.

En el otro polo están los fujimoristas que en la primera vuelta sumaron cerca del 10%. A ellos se les han sumado, por necesidad, los demócratas de derecha y de centro de diferentes partidos, así como los demócratas sin partido y por supuesto, los anti-comunistas. Este polo ha tenido una baja muy importante: los demócratas anti-fujimoristas, que increíblemente han preferido pasarse al bando comunista, votar en blanco o no participar.

La polarización es clarísima y los ánimos están muy caldeados. Lo curioso es que los partidos que verdaderamente disputan esta elección son el comunismo y el fujimorismo y ambos solo llegan al 10%. Es decir, ninguno de los dos tiene la representatividad necesaria para ser finalistas de una segunda vuelta, ni mucho menos para gobernar el país.

Casi el 80% de la población, que no es ni comunista, ni fujimorista, se ha visto obligada a tomar partido por uno de los dos polos y defenderlo. Este escenario que era ideal para que un buen líder, apoyado decidida y firmemente por la población, presionara y consiguiera la anulación del proceso, cosa que no ha sido posible. Y no lo ha sido porque lamentablemente ya no existen líderes políticos de grueso calibre y capaces de dirigir una empresa de esta magnitud. Esa es una de nuestras grandes debilidades; carecemos de verdaderos líderes políticos.

A esta precariedad de partidos y candidatos sin representatividad, se suma el infame manejo irregular, dictatorial y anti-constitucional de las autoridades electorales, avaladas por un gobierno inepto, parcializado y sin representatividad. Todo pareciera indicar que se está siguiendo la consigna del líder comunista Josef Stalin: ¨No importa quien vota, sino quien cuenta los votos¨.

El Artículo 176 del Capítulo XIII de la constitución política del Perú dice de manera clara y contundente: ¨El Sistema Electoral (RENIEC, ONPE y JNE) tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa¨.

Por lo tanto, está muy claro que la función principal que debe cumplir la autoridad electoral es asegurar que el voto ciudadano sea respetado por encima de todo. Sin embargo, en los últimos días hemos sido testigos de todo lo contrario, cosa que es ilegal y está penado por la ley.

Lamentablemente existe una larga lista de hechos que nublan totalmente el proceso y que lo convierten en extremadamente dudoso, por decir lo menos. Irregularidades de todo tipo que son copia fiel de otros procesos viciados y manipulados para conseguir o mantener el poder en los países del foro de Sao Paulo.

El padrón electoral con errores de todo tipo y con un millón y medio mas de personas, si se compara con el utilizado para la vacunación pública. Muertos y menores de edad que no sólo votan, sino que son miembros de mesa. Firmas claramente falsificadas que no quieren ser verificadas por la autoridad, votos en blanco convertidos en votos a favor de solo uno de los candidatos, mesas enteras con votación cero para un candidato, etc., etc., etc. Un desmadre, que no quiere ser reconocido, ni revisado por la autoridad.  

Tampoco se entiende porque no se pone el padrón electoral a disposición de la revisión, siendo estos documentos de carácter público, donde se encuentra la información base. ¿Por qué los esconden? Esto también es ilegal.

Otro tema digno de resaltar es por qué se ha aceptado que la plancha presidencial del candidato Castillo, sólo tenga dos miembros, cuando deben ser tres. Además, la candidata a vicepresidente ha incumplido la ley al no renunciar a su cargo público 6 meses antes de la elección. Ella sólo solicitó licencia y recibió su sueldo. Lo peor de todo es que su cargo es en la RENIEC, parte del sistema electoral, lo que hace aún mas conflictivo el caso. Por temas mucho menos graves, se inhabilitó a otros candidatos del proceso, como al APRA y a Fernando Cillóniz. ¿Porque en este caso y en el de Vizcarra, no fueron igualmente inhabilitados? ¡Eso es también ilegal!

Tampoco se entiende porque la JNJ aprobó el nombramiento del jefe de la ONPE, habiendo este sido funcionario de otro ente del sistema electoral (RENIEC). ¿No se dieron cuenta que existía un claro conflicto?

Si todas estas irregularidades no crean dudas sobre el proceso, estamos todos locos. Por lo tanto tienen que ser tomadas en cuenta por la autoridad electoral, por el presidente de la república y por las instituciones democráticas internacionales. Esta muy claro que, para darle la debida legitimidad al proceso y a quien resulte ganador, no deben existir estas dudas. Por eso es preciso hacer una revisión técnica exhaustiva e independiente. Mas del 50% de la población lo está solicitando, por lo tanto tiene que ser atendida.

Para enfrentar esto hay dos soluciones: La primera es que se anule el proceso electoral por exceso de irregularidades. Esto tendría que ser definido como una excepción por el JNE o por el presidente de la república y todos sabemos que esto no va a ocurrir dada la actitud parcializada mostrada por ambos entes.

La segunda es una alternativa en la que deberían estar de acuerdo los dos polos, a no ser que tengan algo que ocultar. Esta opción que es utilizada en todos los ámbitos cuando existen diferencias, es el arbitraje independiente.

En el caso de los procesos electorales, este arbitraje se traduce en una auditoría especializada e independiente, que puede estar a cargo de uno o mas organismos internacionales como la OEA o la UE y que ya lo han hecho muchas veces antes. Sin embargo, el único que la puede solicitar es el presidente.

Esta es la solución ideal para ambos polos, ya que mientras uno está absolutamente convencido de que hay fraude, el otro está también convencido de que no lo hay. Por tanto, tiene que ser un tercero (el árbitro) quien luego de un análisis técnico, defina quién tiene la razón. De esta manera ambos polos tendrán que aceptar la decisión y el proceso tendrá la legitimidad que se requiere.

¿Porque no se quiere pedir la auditoría? ¿A qué le teme la autoridad electoral y el presidente encargado? ¿Hay gato encerrado?

Vamos señor Sagasti, no pase a la historia como un intrascendente caviar, hágalo como un valiente demócrata: Solicite a la OEA y/o a la UE, que practiquen una auditoría al proceso electoral.

¡El Perú entero se lo va a reconocer y agradecer! Lampadia




La Pfizer de Vizcarra

La Pfizer de Vizcarra

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

Una de las más persistentes campañas de difamación que desarrolló la coalición vizcarrista durante el proceso electoral, fue la que tuvo como blanco al doctor Ernesto Bustamante y al periodista Beto Ortiz.

Los acusaron de menospreciar la vacuna china Sinopharm que supuestamente era de muy buena calidad y, peor aún, de llamar a la población para que no se vacune. Incluso los acusaron de ser culpables de la ola de muertos que asoló el país durante los primeros meses del año.

En verdad, las críticas que desarrollaron Bustamante y Ortiz, primero al fracasado ensayo clínico de la vacuna china en el Perú, y luego a la poca eficacia de esa vacuna, eran absolutamente ciertas.

El hecho de que Martín Vizcarra y sus familiares, que se vacunaron clandestina e ilegalmente antes que todos los peruanos con la vacuna china, ahora se hayan inoculado la Pfizer, es una prueba más de esa realidad. Casi nadie confía ahora en la vacuna china.

Y, como era de esperarse, nadie agradece a Bustamante y Ortiz el hecho que, si hoy día millones de peruanos se están vacunando con Pfizer, es gracias a lo que ellos hicieron.

En efecto, a principios de año Francisco Sagasti y su Gobierno aseguraron que se iba a comprar 38 millones de dosis de Sinopharm, persistiendo en afianzar las negociaciones que había iniciado el Lagarto. Pero ante las críticas que recibieron luego de las revelaciones de Bustamante y Ortiz, recularon en silencio y adquirieron las Pfizer, de mayor calidad y menor precio.

Naturalmente, ninguno de los difamadores de la coalición vizcarrista -políticos, periodistas, ONG- se ha rectificado ni lo va a hacer. Están acostumbrados a mentir con desfachatez e impunidad, porque controlan el poder y muchos medios de comunicación. Y, a salirse con la suya. Es decir, a embarrar a personas y grupos, sin que, cuando se descubre la verdad, esta tenga ni la milésima parte de difusión que tuvo la mentira que ellos comunicaron. Así, en gran parte de la población, lo que queda fijado son los embustes y calumnias de la coalición y no la verdad.

Por eso ellos no se rectifican nunca. No les importa la verdad -con la que se llenan la boca- sino sus intereses políticos y económicos, que defienden con ahínco y sin pudor.

Ahora sostienen en todos los tonos que no hay fraude, al tiempo que se niegan a revisar actas y padrones, a que se realice una auditoría independiente, etc. No porque eso sea cierto sino porque conviene a sus intereses.

Para derrotar a la coalición vizcarrista se requiere, entre otras cosas, desmontar persistentemente sus campañas de falsedades. Lampadia




Presidente Sagasti, no desperdicie la oportunidad

Presidente Sagasti, no desperdicie la oportunidad

Alejandra Benavides
Para Lampadia

En octubre de 2019, Bolivia llevó a cabo un proceso electoral, que fue empañado por irregularidades, que se esclarecieron luego de una auditoría realizada por la OEA. Debido a la presión popular, fue el mismo Evo Morales quien solicitó esa auditoría, y tras publicarse el informe preliminar de la OEA sobre las distintas formas de manipulación electoral, Morales decidió convocar a nuevas elecciones y renovar a todo el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El 20 de octubre de 2019, la OEA emitió el informe final “Análisis de Integridad Electoral”, sobre los comicios en Bolivia. Ahí se describe a detalle las irregularidades encontradas durante y posterior a los comicios, a través del análisis de una muestra de casi 5,000 actas. Sólo a raíz de esa auditoría es que se pudo llegar a la verdad – a pesar de que finalmente en las nuevas elecciones convocadas, el tinterillo de Evo Morales, Luis Arce, salió elegido Presidente. En la primera parte del Resumen Ejecutivo de la OEA resalta lo siguiente:

“Se detectaron irregularidades en el llenado de actas de escrutinio y cómputo que afectan la integridad de las mismas. En un ejercicio que buscó analizar posibles adulteraciones o manipulaciones se revisó una muestra de 4692 actas. En este análisis se identificaron 226 actas en las que dos o más actas de un mismo centro de votación, fueron llenadas por una misma persona, denotando una acción intencional y sistemática para manipular los resultados electorales y transgrediendo las atribuciones de los Jurados de Mesa determinadas por ley. Las actas corresponden a 86 centros de votación de 47 municipios del país. La suma de sus votos válidos es de 38.001, del cual el 91% (34.718) fueron adjudicados al Movimiento al Socialismo (MAS).

Se detectó la inclusión de inhabilitados en la lista de electores para consulta de actas de mesas. Es decir, la base de datos del Cómputo Oficial contenía tanto la lista de habilitados como inhabilitados.

Se registraron al menos 37 actas del voto en el exterior que presentaban inconsistencias con el número de ciudadanos que sufragaron. Es decir, las actas reflejaban un número distinto de votos que el total de votantes en las listas índice.”

Además, dentro de sus Conclusiones sostienen:

“El equipo auditor ha detectado una manipulación dolosa de los comicios en dos planos. A nivel de las actas, a partir de la alteración de las mismas y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. A nivel del procesamiento de los resultados, a partir del re direccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas. A ello se suman irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible.”

Podríamos estar hablando de Perú, si es que no supiéramos que se trata de Bolivia. Y por eso es imprescindible una auditoría independiente. No sólo por la cantidad de evidencia sobre la intencionalidad de Perú Libre para aprovecharse del sistema a través de acaparamiento de mesas, sustitución de identidad, impugnaciones infundadas, entre otros, sino porque dos tercios del país cree que hay indicios de fraude. Esta falta de credibilidad en el proceso (y en el resultado) es razón suficiente para que el Presidente Sagasti pida una auditoría, y deje su cargo el 28 de julio como un real demócrata que sentará el camino para una reconciliación entre peruanos. Esperemos que no desperdicie esta oportunidad. Lampadia

Referencias

http://www.oas.org/es/sap/deco/Informe-Bolivia-2019/0.1%20Informe%20Final%20-%20Analisis%20de%20Integridad%20Electoral%20Bolivia%202019%20(OSG).pdf

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/evo-resuelve-anular-las-elecciones-renovar-todo-el-tse-y-llama-a-pacificar-el-pais-402306




¡Ah mira, yo no sé!

¡Ah mira, yo no sé!

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Debemos reconocer, que la situación de estas elecciones presidenciales del Perú, son dignas de Ripley. Como vimos en la primera vuelta, un candidato desconocido, PC (Pedro Castillo) que en las encuestas aparecía en los últimos lugares, llegó a pasar a la segunda vuelta con cerca de 19% de los votos válidamente emitidos. Un dato al pie es que PC, previo a esa primera vuelta electoral, cuando un periodista lo entrevistó y le preguntó acerca de sus expectativas de pasar a segunda vuelta, teniendo en cuenta que tanto la Sra. Mendoza, como el Sr. Arana, líderes de candidaturas de la izquierda, le aventajaban en preferencia, se le escapó la sonrisa y sólo atinó a decir, “es que ellos no llegarán pues”. Esto significa que, algo sabía que no se atrevía a confesar, pero la organización de algo irregular, ya estaba en marcha.

Al pasar a la segunda vuelta para competir con KF (Keiko Fujimori), fue clara la ventaja de PC en las encuestas iniciales, resultado del fuerte anti-voto contra KF, producto de dos décadas de campaña persistente contra la familia Fujimori, de adoctrinamiento escolar y universitario, que cambió la narrativa de la lucha del Estado y las fuerzas del orden contra el terrorismo, a una versión de “conflicto armado de luchadores sociales, contra el Estado opresor”. Esto, acompañado de mentiras tales como el de las “esterilizaciones forzadas de la década de los 90”, cuando realmente se trató de un programa de planificación familiar, destinado a mujeres humildes con al menos cuatro (4) hijos, entre otros mensajes. Así como, una fuerte campaña en el sistema judicial, que acusa a KF de encabezar una organización criminal dedicada al tráfico de influencias y lavado de activos. Todo lo dicho, acompañado de la lamentable reacción de KF ante el resultado electoral de 2016, en que, lejos de asumir una actitud constructiva con miras a darle al Perú una década de éxitos y crecimiento, en coordinación con el gobierno de PPK y preparar el camino para lo que debiera ser un gobierno exitoso y sin conflictividad de KF 2021-2026, se picó.

Esta acumulación de desinformación, la “mala entraña” generada contra KF y la campaña político-judicial en su contra, sólo pudo ser remontada tras una campaña política de siete semanas (después de tener que esperar el permiso del poder judicial para poder movilizarse en campaña por el país), campaña durante la cual, la candidata KF tuvo que hacer comprender que la suya, era la candidatura de defensa de la democracia y, tras pedir perdón cuantas veces se lo exigía una amplia población de ciudadanos “dignos”, fue remontando una diferencia que, inicialmente llegó a 20 puntos porcentuales.

Todo este trabajo, movió a ciudadanos adultos mayores, quienes a pesar de su edad y todas sus dificultades, fueron a votar, dando una magnífica lección de civismo. Lamentablemente, esa lección no fue transmitida a mucha gente joven, lo que llevó a que tengamos un ausentismo de 25.4%, que tanta falta nos ha hecho para salvar nuestra democracia con toda amplitud y dando un claro y holgado mensaje de “No al comunismo”.

Hoy sabemos de malas prácticas en la instalación de mesas por parte de los partidarios de PC, que ha habido mucha manipulación de votos y actas en mesa, que se han impugnado actas donde había preferencia electoral por KF. Que el partido de KF ha presentado un número importante de impugnaciones a las actas, hasta el último minuto del tercer día posterior a las elecciones, pero que el JNE no ha querido aceptar, bajo el argumento que su hora de atención es sólo hasta las 20:00 horas de esa fecha y no computando las 72 horas legales correspondiente a tres días.

Hace gracia ver cómo los cuatro miembros del JNE, y un buen número de abogados cercanos a PC, se ampara en el respeto a las formas e invocan institucionalidad, para defender la recepción de impugnaciones en un horario que concluye a las 20:00 horas del tercer día posterior a las elecciones dado que, en algún dispositivo de rango menor, fijaron la atención hasta esa hora.

Muy bien por la declaración de respeto a la institucionalidad y observación de las formas, hechas por el JNE, pero entonces

  • ¿Por qué nadie se inmuta por el hecho de que, el JNE cuyo pleno es de cinco (5) miembros, esté conduciendo todo el proceso con sólo cuatro (4) miembros?
  • ¿Por qué, si las planchas presidenciales deben estar constituidas por un candidato a la presidencia y dos candidatos a las vicepresidencias, con alternancia de mujeres y hombres, nadie se haya pronunciado sobre la ilegalidad de una plancha incompleta?  
  • ¿Por qué, si el Sistema Electoral está constituido por el JNE, la ONPE y el RENIEC, nadie objeta que, una alta funcionaria de RENIEC sea candidata a una vicepresidencia, a pesar del claro conflicto de intereses?
  • Y finalmente, ¿Por qué el JNE, quien tiene el mandato de ASEGURAR que el resultado del proceso electoral, refleje estrictamente la voluntad electoral de los ciudadanos, no exige a RENIEC que el padrón electoral se actualice con mayor velocidad, para evitar la posible suplantación de fallecidos al tiempo de votar?

A estas alturas del siglo XXI, contamos con todas las facilidades de sistemas de información y tecnología para; actualizar registros, contrastar padrones con actas de votación, contrastar firmas de RENIEC con firmas consignadas en actas electorales, entre otras facilidades, pues el Perú merece llegar al bicentenario con un gobierno legítimamente elegido. ¿Por qué entonces el JNE sigue actuando y conduciendo el proceso electoral como si estuviéramos en 1921 y no en el año 2021?

Más importante y contradictoria aún, es la actitud irracional de la agrupación política de PC que, a pesar de todas las irregularidades mencionadas, estaría presionando al JNE por una pronta proclamación de PC, sobre la base del cómputo de votos de la ONPE, antes de completar la revisión de impugnaciones, pero cuando preguntamos ¿Cuál es el plan de gobierno a seguir? La respuesta es: ¡Ah mira, yo no sé! Lampadia




Dejar que el organismo electoral revise todas las actas cuestionadas

Dejar que el organismo electoral revise todas las actas cuestionadas

EDITORIAL DE LAMPADIA

Sería muy grave que el presidente Sagasti hubiese llamado a Mario Vargas Llosa para que persuada a Keiko Fujimori de desistir de los recursos de nulidad presentados ante el JNE y que aceptase su derrota. Se trataría de una injerencia punible en un proceso electoral, violando la ley de neutralidad de los funcionarios públicos.

Sagasti ha dado a entender en un tuit que no fue ese el pedido. Ha escrito: “La tarea de un Jefe de Estado es hacer que el país mantenga la serenidad y la calma en momentos difíciles y complejos. En ese esfuerzo me puse en comunicación con varias personas que, entendía, tienen contacto con ambas candidaturas. Mi pedido fue el mismo para ambos: bajar la tensión y esperar los resultados oficiales. Una de esas personas fue Mario Vargas Llosa. Deploro que se distorsione y malinterprete una acción orientada a mantener la tranquilidad en un ambiente tan polarizado, complejo y difícil, plagado de mentiras y distorsiones, como el que estamos viviendo”.

Sin embargo, Álvaro Vargas Llosa, sin entrar en detalles, tuiteó ayer: “Tengo autorización de Mario Vargas Llosa para publicar que a su juicio es indispensable que autoridades electorales revisen actas impugnadas en la 2nda vuelta y que ellas, sin interferencia política, deben determinar el resultado de unas elecciones cuyo resultado aún es incierto”.

Hoy en RPP lo reiteró: “Sería una infidencia revelar el contenido de la conversación porque fue privada. Lo que puedo decir es que, una vez concluida esta conversación, mi padre se puso en contacto conmigo, me la relató y me pidió que me pusiera en contacto con Keiko Fujimori para reiterarle en términos inequívocos su respaldo a lo que está haciendo…”.

El lector puede sacar sus conclusiones. Para efectos prácticos quedémonos con la siguiente frase del presidente Sagasti: “bajar la tensión y esperar los resultados oficiales”. De eso se trata. El problema se presenta cuando aparecen presiones al Jurado Nacional de Elecciones precisamente para culminar ya el proceso y declarar ganador a Castillo, y cuando el propio candidato se autoproclama ganador y líderes del bolivarianismo internacional y hasta el propio presidente argentino Fernández lo reconocen como presidente electo. Sagasti no puede sumarse a esa presión.

Y menos aun cuando la Cancillería ha comunicado que: “Ante las expresiones del señor Presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, efectuadas en la fecha, el Gobierno del Perú se ha visto en la obligación de entregar una Nota de Protesta al Embajador de la República Argentina, indicando que los resultados finales de las Elecciones Generales 2021 aún no han sido anunciados por las autoridades electorales de nuestro país”. Muy bien.

Es evidente que el Perú es una pieza clave en el juego geopolítico internacional, y se quiere apurar una victoria que solo puede consagrarse cuando se haya terminado todo el proceso de revisión de actas demandadas. La elección carecerá de legitimidad si por presiones políticas los Jurados Electorales aplican formalismos arbitrarios para rechazar la revisión de las actas cuestionadas.

Es precisamente esa presión a los organismos electorales la que genera una reacción de Fuerza Popular y de quienes consideran que debe contarse hasta el último voto. Lo mejor entonces para calmar los ánimos y pacificar el país, es dejar que las autoridades electorales culminen su labor con total autonomía y la mayor justicia electoral posible. No caben subterfugios de ninguna naturaleza para dejar de revisar lo que puede ser írrito. Dejemos trabajar a los entes electorales y esperemos el resultado final con calma. Lampadia




Dios los cría y el diablo los junta

Dios los cría y el diablo los junta

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Todas las izquierdas peruanas acaban de perder una nueva oportunidad de dar un paso adelante y sumarse a los ejemplos de las izquierdas modernas de Europa, y de Nueva Zelanda, un país más parecido al Perú, del que debiera ser más fácil aprovechar lecciones de desarrollo.

Efectivamente, durante el reciente proceso electoral, todas las izquierdas, sin ninguna excepción, siguieron alejándose de la economía social de mercado, a la que califican peyorativamente de neoliberalismo.

Peor aún, durante la segunda vuelta se han sumado, sin vergüenza alguna, a la propuesta política más radical jamás planteada a los ciudadanos.

Con tal de acceder a una cuota de poder, han guardado sus idearios y han suscrito los del partido Perú Libre de Castillo-Cerrón, que no son otra cosa que un conjunto de ideas para establecer el comunismo en el país, amenazando con destruir nuestras instituciones y nuestra incipiente economía de mercado, basados en sembrar el odio entre los peruanos.

Las cúpulas de todos estos partidos, son incapaces de entender que no hay un solo país en la historia de la humanidad, que haya sido exitoso con el comunismo o el socialismo decimonónico.

No pueden entender la miseria en que viven los cubanos, esclavizados por un régimen corrupto y abusivo.

No pueden entender la tragedia de los venezolanos, que ahora viven en la miseria con 96% de pobreza y 79% de pobreza extrema.

En Venezuela ya no hay clase media, solo quedan los pobres (96%) y 4% de ricos, los jerarcas del chavismo, las cúpulas militares y los narcotraficantes.

No pueden entender la tragedia de Argentina, que hasta mediados del siglo XX lucían un nivel de vida que estaba entre los mejores del mundo, para venirse cuesta abajo durante 70 años, y convertirse en un país muy pobre con el socialismo peronista.

Estas cúpulas, que con sus ideas le dan la espalda a los pobres que dicen defender, quieren destruir nuestra economía social de mercado. No pueden entender el ejemplo de Alemania, que después de la segunda guerra mundial, absolutamente destruida, adoptó la economía social de mercado, para convertirse en una de las mayores potencias globales, con una calidad de vida extraordinaria para toda su población, como explicó Luis Nunes hace pocos días en un programa televisivo.

Inclusive, con este sistema político que las izquierdas peruanas desprecian, han sido capaces de rescatar de la pobreza y del socialismo, a toda la población de la fracasada República Democrática Alemana y emparejar la calidad de vida para todos los alemanes.

Para el Perú es muy costoso no tener una izquierda moderna. La mejor manera de reorientar una economía hacia políticas sensibles y sostenibles, es con la participación y liderazgo de izquierdas inteligentes, como la del laborismo de Nueva Zelanda, que desarrolló reformas de mercado y, en pocos años, llevó a ese bello país, a ser un ejemplo de bienestar general.

Los peruanos estamos hartos de perder todas nuestras oportunidades de desarrollo por la pobreza de nuestra clase política. Nada, excepto la torpeza de nuestros políticos, justifica que no seamos un país rico. Ya es hora que optemos por un camino sostenible al desarrollo integral.

Lamentablemente, la coyuntura de las múltiples crisis que nos afectan, la sanitaria, económica, social y política, nublan nuestra razón y confunden nuestros sentimientos. Nos hacen perder la sensación de futuro y dificultan que distingamos lo bueno de lo malo.

Por ello, los que tenemos la suerte de no haber perdido nuestros empleos, tenemos la obligación de comunicarnos con los demás ciudadanos y transmitirles información, esperanza y confianza en la capacidad de los peruanos para superar cualquier crisis, sin destruir las bases de nuestro desarrollo.

Rechacemos el socialismo y luchemos por una economía social de mercado que nos de mejores oportunidades a todos los peruanos. Lampadia




No perdamos la perspectiva

No perdamos la perspectiva

 

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Acabamos de concluir el domingo 11 de abril, la primera vuelta electoral y encuentro que esta es una formidable oportunidad de reflexión.

Respecto al proceso electoral, definitivamente la ONPE tomó una muy mala decisión, programando votación de los adultos mayores entre las 7:00 y las 9:00 am, asumiendo que los jóvenes miembros de mesa estarían antes de las 7.00 am en los locales de votación y con sus respectivas mesas instaladas, nunca ha sido así y siempre se requiere “invitar” a los primeros de la fila a que sustituyan a los ausentes. Ciertamente, esta vez no fue diferente, pero los adultos mayores se vieron obligados a esperar, desde las 7:00 am hasta el mediodía, en muchos casos, para votar, después de asolearse por cerca de cuatro horas (Espero lo rectifiquen para la segunda vuelta). Muchos se retiraron y no volvieron, lo que se agregó a quienes no asistieron por COVID o desinterés en las elecciones y esto nos llevó a un ausentismo de 28.3%, el más alto de la historia. Si alguien pensó que pagar 120 soles a los miembros de mesa, era incentivo suficiente para que asuman sus puestos y que, imponer una multa a los faltones persuadiría, se equivocó. En el Perú nadie paga multas, así que habría que pensar, que estos paguen con un servicio comunitario; limpieza de calles, reparación de instalaciones u otro equivalente.

Gracias a que no se aplicó la valla electoral en las elecciones pasadas, hemos contado, esta vez, con 18 planchas presidenciales en competencia y, como resultado, una muy alta fragmentación del voto.

El pueblo, siempre sabio, ha castigado a los candidatos de “centro moderado”, los progresistas y caviares, los “políticamente correctos”, que luego de; fomentar una mala regionalización, permitir delincuentes en gobiernos regionales y municipales, parasitar, mamando del Estado por dos décadas, no resolvieron ningún problema álgido a los más pobres, tales como; agua, desagüe, salud, nutrición, educación y seguridad. El pueblo sabe que estos, no tienen la excusa de falta de recursos, porque les ha sobrado dinero, pero han hecho gala de su incapacidad para tomar decisiones y gestionar, falta de empatía con el pueblo y ningún interés por ellos. Ese castigo, ha llevado a darle el voto a un representante de los pueblos más olvidados por estos “progres”, que sólo saben vivir del Estado y por otro a un representante de la derecha, en la esperanza que sea capaz de resolver los problemas existentes. Mi abuelita diría; “se juntaron el hambre con la necesidad”.

Muchos se inquietan por la presencia de Pedro Castillo, con cerca de 19% de los votos válidos, mientras que, Keiko Fujimori ocuparía el segundo lugar con casi 14%, según el ONPE, al tiempo de escribir. La atomización de las candidaturas, el 28.3% de ausentismo (en los segmentos A/B entre 30% y 38%) y los 12.6% de votos blancos y nulos, indican que, Castillo logró el voto del 11.3% del total de electores. Esto comparado con el resultado de las tres elecciones anteriores, en que el primer puesto alcanzó entre 22.8% y 26.7% y los segundos puestos entre 14.1% y 18.1% de esas elecciones, nos hace ver que esta “victoria” electoral es bastante diminuta.

Ciertamente, los demás candidatos perdieron el foco de su “mercado objetivo” o participaron haciendo bulto, como aquellos que no tuvieron la humildad de percibir, que no valían ni medio por ciento en unos casos o máximo 2% del electorado. La primera gran lección, es que los posibles candidatos, deben ser capaces de reconocer si servirían de buenos asesores o ejecutores, pero no de candidatos presidenciales, a riesgo de llegar a su nivel de incompetencia (como país, ganamos un mal candidato y perdemos un buen asesor). Mejor hubiera sido un proceso entre los primeros 6 u 8 candidatos. Una segunda lección, es que debemos mejorar los tiempos para que los partidos realicen alianzas electorales y no mantener un grupo tan numeroso e inútil de candidatos hasta el final. Una tercera lección es que, quienes han sido sentenciados por delitos penales, particularmente terrorismo, no deben jamás ser candidatos a cargos públicos, de elección o contratación. ¡No podemos tener una democracia tan boba!

Keiko, a pesar de cargar una mochila muy pesada, debo reconocer, que ha llevado una campaña manejada con sencillez y humildad. Dicho esto, espero que haya sopesado debidamente el odio que despierta en muchos que, sabiendo o sin saber, prefieren al propio demonio que a un Fujimori en la presidencia. Por su lado, Pedro Castillo, con callada astucia andina y métodos ronderiles, ha logrado mover las bases que, desde el SUTE CONARE/MOVADEF, con sus cerca de 400,000 maestros afiliados, han cosechado el fruto de un trabajo de más de 25 años. Recordemos que, con recursos del Estado, el sindicato más numeroso del Perú ha venido adoctrinando escolares, especialmente rurales e influyendo sobre los padres de familia, para darnos esta “sorpresa” electoral.

Ahora en segunda vuelta, ya tenemos dos candidatos; Fujimori, quien cree en el juego democrático y la economía social de mercado y que, por lo tanto, aplicaría un plan y estrategia en esa línea. Está convocando a otras agrupaciones políticas e independientes que, concuerde con las ideas básicas democráticas y de mercado, para reconstruir el país; en lo sanitario, lo económico, aplicando una verdadera reforma política, que fortalezca nuestra democracia. De otro lado, Castillo, quien, como ya dijo públicamente, se presentará como “el candidato de los pobres”, oponiendo a Fujimori, como “la candidata de los ricos”. Castillo ya adelantó, que sus primeros actos serían; indultar a Antauro Humala, cerrar el Tribunal Constitucional y convocar a una Asamblea Constituyente, para cambiarlo todo y si el Congreso se opone, disolvería el Congreso para ir adelante con su proyecto, acciones que de por sí, son el anuncio anticipado de que, no piensa respetar la Constitución que, deberá jurar cumplir y defender, si le tocase asumir la presidencia de la república.

El sistema electoral y las diferentes instituciones del Estado peruano, deben tener claro y prepararse, para que ningún ciudadano que pretenda violentar la institucionalidad democrática, la Constitución y la Ley, pueda asumir la jefatura del Estado, personalizar a la Nación, ni asumir la Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

No pensé jamás, que dentro de las reflexiones tendría que incorporar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, quienes se deben a la Constitución del Perú y se subordinan al Presidente de la República, siempre que éste cumpla con la Constitución que, al asumir, debe jurar cumplir. Partiendo del claro concepto, que las FFAA y PNP, no son deliberantes en política, sí debemos tener muy claro que, sólo deben subordinación al Presidente en tanto se somete al fiel cumplimiento de la Constitución y la Ley. Lampadia




Alianza frente al peligro nacional

Alianza frente al peligro nacional

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Sostuve el 10 de octubre en El Comercio que la grave situación económica y social generada por la pandemia debía terminar generando una polarización o sinceramiento ideológico en la campaña electoral, en detrimento de las posiciones de centro. Y eso es lo que ha ocurrido.

Quienes se enfrentan en la segunda vuelta representan casi paradigmáticamente los dos modelos en pugna: el estatismo y el totalitarismo político (anulación de la libertad de prensa)[1] encarnado en Castillo, y el modelo de mercado contenido en la Constitución del 93, encarnado en Keiko Fujimori.

Por supuesto, hay más que eso. Pasaron a la segunda vuelta las opciones de izquierda y derecha que tenían o alcanzaron arraigo popular. Podríamos decir que Castillo recoge el voto que en el pasado hubiese ido a Alberto Fujimori, que desarrolló una relación personal con los sectores andinos y marginales. Ese capital fue casi totalmente dilapidado por Keiko, pero ha logrado rescatar algo de él. En la segunda vuelta deberá activarlo.

Los resultados que comentamos reflejan las características particulares que ha tenido esta elección:

  1. La muy grave crisis sanitaria y económica, que ha sido un terreno fértil para la oferta populista y radical, pero también para quien pueda dar alguna garantía de recuperar el crecimiento económico. Lo primero explica el voto por Castillo, que es un voto de rechazo o castigo de los menos integrados al sistema a los señalados como culpables o como enemigos del pueblo, sean estos grupos monopólicos, empresas privadas o políticos corruptos o ineptos responsables del desgobierno y la desatención del Estado. Lo segundo explicaría las votaciones por Keiko Fujimori, López Aliaga y de Soto.
  2. El hecho de que quienes pasaran la segunda vuelta lo hicieran con una votación bastante baja. Salvo en alguna medida el fenómeno Castillo, no hay candidatos que ilusionen ni entusiasmen. No quedan líderes. La clase política ha sido diezmada y casi desaparecida por los procesos LavaJato, que en algunos casos tuvieron un contenido persecutorio y plebiscitario que ha resultado muy destructivo, y por la anarquía de los últimos cinco años. Por eso quienes obtienen la primera, tercera y cuarta votación son outsiders.

Y ese es el lado débil de Keiko Fujimori. Ella forma parte del cuadro político repudiado, con la carga particular en su caso de un antifujimorismo que es la identidad política –negativa- más grande del Perú. En teoría, sin embargo, Keiko Fujimori ya pagó con la cárcel no por delitos que no cometió, sino por tremendos errores políticos que no son causal de prisión tampoco, pero sí estimularon una justicia plebiscitaria que canalizó el enorme antifujimorismo existente precisamente. Es decir, el antifujimorismo ya cobró cuentas, como las ha cobrado también con la condena excesiva a Alberto Fujimori. Si el análisis racional funciona, esas prisiones deberían amainarlo.

Quizá el pase a la segunda vuelta de Keiko Fujimori pueda ser leído como un llamado a superar el anti. Ante el peligro nacional que representa la otra candidatura, no queda más remedio. De hecho, candidatos de varios partidos han expresado que su prioridad será darle gobernabilidad a un próximo gobierno que busque recuperar la economía dentro de los cauces de la economía social de mercado. Es un punto de partida para un acercamiento que le permita a la candidata allanar resistencias en la segunda vuelta y armar luego una coalición de gobierno, que debería ir trabajándose desde ahora. Se trata de pensar en el país.

Pues, de otro lado, parece muy difícil que la mayor parte de la población se incline en la segunda vuelta por el candidato que propone destruir todo lo avanzado, pese a todo lo que falta. Pero encarna un sentimiento, que hay que leer y reconocer.

Ahora bien, el que nuestra democracia haya sufrido una depredación casi total de líderes políticos no es solo producto del caso Lavajato y de la confrontación política del último quinquenio, sino también de un problema estructural: el sistema de partidos y el funcionamiento de la democracia no atraen a la élite académica, profesional y empresarial del país. Hace mucho tiempo que los mejores ya no ingresan a la política establecida. La gran lección de este proceso electoral, entonces, es que es urgente reconstruir la política. Eso significa:

  • En el corto plazo, la capacidad de construir una coalición de gobierno en el próximo Congreso. Eso depende exclusivamente de la voluntad y capacidad política de los líderes políticos. Tendrían que superarse a sí mismos, como hemos escrito antes. Lo que ya habría empezado a ocurrir, al tenor de las primeras declaraciones.
  • En el mediano plazo, aprobar de una vez las reformas que permitan:
    • Que sea atractivo ingresar a los partidos políticos. Aprobar la propuesta de think tanks partidarios por impuestos.
    • Que servir en el Estado sea prestigioso. Para eso es indispensable instaurar la meritocracia en el aparato público.
    • Que el Ejecutivo tenga gobernabilidad, lo que implica que la insistencia en leyes observadas por el Ejecutivo se apruebe con los 2/3 de los congresistas, y que el Congreso sea elegido en segunda vuelta porque es imposible gobernar con un congreso muy fragmentado.
    • Que los candidatos a la presidencia puedan ser candidatos al Congreso, para que el Parlamento se convierta en un foro político de alto nivel donde estén los líderes políticos que, de paso, aseguren la disciplina de sus bancadas.
    • Que el Congreso tenga mayor legitimidad, lo que supone distritos electorales uni o bi nominales para que exista una verdadera relación de representación entre los electores y sus representantes.

Que esta segunda vuelta sirva también para construir todos estos consensos. Lampadia




Un elefante en una exposición de porcelanas

Un elefante en una exposición de porcelanas

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Estamos a muy poco de un proceso electoral, para elegir a un nuevo gobierno y congresistas. El rol de los congresistas, además de representar y fiscalizar, debe ser legislar en beneficio del país y sus ciudadanos. Cuando revisamos la historia del siglo XX, encontramos Congresistas, Diputados y Senadores de diferentes corrientes ideológicas, grandes defensores de sus correspondientes doctrinas, muy bien formados académicamente, cultos y que, como decía el Dr. Luis Bedoya, eran políticos que, ponían por delante los intereses de la patria, en segundo lugar, el de sus partidos y finalmente, sus intereses personales.

Los jóvenes encontraban en los debates de las cámaras, una oportunidad de aprendizaje multidimensional; de doctrinas, propuestas políticas, defensa de los intereses de la ciudadanía, con capacidad argumentativa y oratoria. Siempre de buena fe y con la mirada puesta en los más altos intereses del país y sus repercusiones de corto, mediano y largo plazo. Probablemente, unos más acertados que otros, pero todos tratando de asegurar mejores horizontes en el desarrollo del Perú, y eso, era una fuente de aprendizaje del quehacer político.

En las últimas décadas, gradualmente, se ha ido tomando una serie de decisiones políticas, que han producido cambios normativos, que han minado la estructura del Estado. La “regionalización”, multiplicó la burocracia y amplió las fuentes de corrupción, a partir de Gobernadores Regionales, sin visión de país, planes, programas, ni control centralizado. Esto provocó que, salvo alguna excepción, argollas regionales encumbradas mayoritariamente con financiamiento ilegal, alimenten un masivo proceso de corrupción, pagando favores a costa del erario nacional y a partir de movimientos locales, no partidos políticos nacionales, se aúpen al Estado, hasta convertirse en congresistas.

Este proceso de deterioro, pérdida de escrúpulos y actitud intrínsecamente corrupta para lograr alguna cuota de poder, alimentada mayoritariamente por el financiamiento ilegal y lavado de dinero, nos ha llevado a tener dos docenas de partidos inscritos para estas elecciones. Por si fuera poco, esta vez, producto de la dispersión del voto, el congreso podría llegar a tener hasta 9 bancadas, que en principio representen a 9 partidos, pero por sentencia del Tribunal Constitucional de este último lustro, estos congresistas pueden crear bancadas adicionales, que no respondan a los partidos dentro de los que fueron elegidos (creo que esto se da sólo en el Perú).

Este creer que, ser Presidente de la República, es casi como ser un Gobernador Regional “más grande” y actuar como tal, generó la distorsión, provocada por políticos inescrupulosos. Inducir una “reforma política” que, eliminó la reelección de congresistas, evitó la creación de un Senado que cumpla un rol reflexivo y de estabilidad, debilitó los pesos y contrapesos del sistema democrático.  Esto permitió forzar la disolución del Congreso inconstitucionalmente y luego, alimentar en congresistas desbocados, una sed de venganza que terminó por producir la vacancia presidencial, lo que podría repetirse a futuro.

Este proceso de deterioro, ha permitido, en última instancia, que se proponga leyes, que no se evalúen debidamente, se aprueben, casi a escondidas (de madrugada), se envíen al ejecutivo exonerándolas de segunda votación y finalmente se promulguen por insistencia, ignorando olímpicamente las observaciones del poder ejecutivo.

Entre las perlas aprobadas están;

  • la suspensión del cobro de peajes,
  • el ascenso automático para el personal de salud del Estado,
  • la eliminación general del sistema CAS,
  • pero quisiera centrarme en el manoseo de los sistemas de pensiones, que empezó con el retiro del 25% de los fondos de pensiones administrados por las AFPs, el “retiro” de fondos de la ONP y la reciente propuesta de jubilación anticipada desde los 50 años de edad. ¿Acaso estos congresistas, no saben que la expectativa de vida en el Perú está en el orden de los 80 años de edad y aumentando y que la capacidad de trabajar a los 50 es ampliamente superior que a los 70?  

Preocupa que la búsqueda desaforada de un voto, los lleve a un nivel de irresponsabilidad tan enfermizo.

Permitir que, a quienes se obligó a generar un fondo de pensiones, hoy se les plantee dos condiciones que, juntas, devienen en explosivas, es muy grave. Primero, se produce un proyecto de ley que indica que, lo que era un fondo privado, en una cuenta personal, administrada por una entidad privada especializada, se convertiría en un fondo, del cual parte será individual y parte “solidario”, administrado por el Estado. No hay que ser muy ilustrado para entender que echarán mano del fruto de tu trabajo. A renglón seguido y tras esa amenaza, ofrecen la opción de retirar tu fondo previsional de inmediato. Ese es un incentivo diseñado pensando en destruir el Sistema Privado de Pensiones, pero sin tomar en cuenta que le hacen daño al ciudadano y al país.

Obviamente, el ciudadano va a querer salvar del asalto planteado por el Estado, el fondo personal acumulado, producto de su esfuerzo y sacrificio familiar, pensando en no ser una carga en la vejez. Pero al país en su conjunto, le están destruyendo un actor fundamental para la gestión económica, pues tal como comentó Julio Velarde, Presidente del BCRP, tras estas medidas, se ha generado una presión al alza del tipo de cambio y un incremento importante del costo de los Bonos del Tesoro peruanos.

Respecto al tipo de cambio, los mensajes que dan al mercado las medidas adoptadas por el Congreso, junto con ciertos discursos durante la campaña electoral, han producido un retiro de capitales del Perú y una retracción de la inversión, que ya llevó el tipo de cambio a S/3.75/dólar (una subida de 4.2% en sólo tres meses), que continuará hasta ver un panorama más claro, cosa que puede agravarse.

Por otro lado, las AFP, en conjunto el inversionista institucional más importante del Perú, ha visto mermada su capacidad de acción tras el retiro de fondos realizado, pues “antes, en momentos en que los precios del bono del tesoro caían, las AFP traían sus dólares del exterior y compraban el bono, aprovechando el precio bajo”.  Ahora, por la incertidumbre existente, no lo están haciendo, ante la amenaza de un mayor retiro de fondos que autorice el Congreso, mientras los fondos de inversión internacionales evitan comprar estos bonos, ante la falta de liquidez de ese mercado. Esto está generando un perjuicio enorme al país, al incrementar dramáticamente (entre 25.6% y 29.9%) el costo de financiamiento del Estado, al subir los intereses del bono con vencimiento 2031 de 3.66% a 4.60% y el de vencimiento 2028 de 2.61% a 3.39%, algo particularmente malo, justo en momentos de requerir mayor endeudamiento.

Con un pensamiento liberal, si ahorras e inviertes para tu vejez en un fondo previsional, debería ser una decisión personal. Si uno hace un acuerdo con su descendencia para que ellos lo sostengan económicamente en su vejez, tal como los padres los mantuvieron en su infancia, también estaría muy bien. Lo que no puede ser es que, el Estado juegue con el futuro y expectativas de los ciudadanos y ponga todos los estímulos para destruir un fondo previsional ya constituido, para que, en el futuro, el Estado te mantenga con una pensión de subsistencia, proveniente del tributo de los demás.

Desde el Congreso están actuando como un elefante en una exposición de porcelanas y de eso, debemos protegernos en estas elecciones. Lampadia




Perú: País de eufemismos y algo más

Perú: País de eufemismos y algo más

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Nuestro país tiene características muy particulares, que nos distinguen del resto del mundo y las culturas universales. Siempre repetimos que, “el Perú es un crisol de razas y sangres”, pero básicamente, somos un crisol de culturas. Un país que, partiendo de las culturas pre-incaicas, llegó a consolidar una cultura incaica, de cuyo imperio nos hemos hecho orgullosos herederos.

Dicho esto, llegó la conquista y la influencia hispana desde esa etapa de la historia, que luego se afianzó durante el virreinato, y con ella, se inoculó variantes y matices raciales, culturales, económicos y “aspiracionales”. Las personas empezaron a distinguir entre el indígena, el hispano y diferentes matices de criollos; unos más educados que otros, algunos con mayores fortunas, otros con más acceso a las fuentes de recaudación de tributos, fuente principal de robo a la corona, que luego se prolongó y afianzó en la república.

Ya en ese momento comenzó a desarrollarse, con la ayuda de un muy rico idioma, debidamente manejado por un amplio grupo de criollos e hispanos, “el arte” de no hablar claro y directo, ni de calificar correcta y adecuadamente a las personas y sus acciones. Tal como hemos sido capaces de aprovechar en la cocina, todo lo que en otras culturas no apreciaban, para crear y preparar platos muy variados y exquisitos, los criollos de estas latitudes desarrollaron también, la sutileza en el hablar y fueron capaces de crear múltiples eufemismos.

Tal como indica Jorge Yamamoto en su libro “La gran estafa de la felicidad”, los peruanos, en su dinámica migratoria interna, crearon y afianzaron múltiples culturas, dependiendo de sus lugares de origen y de la comunidad (familia ampliada) que los acogía. Crearon sus “argollas” y “flexibilizaron” sus reglas, para poder mantenerse y desarrollarse en una ciudad como Lima, casi siempre hostil con el “recién bajado”. En esa dinámica, ampliaron sus grados de libertad y tolerancia para con el incumplimiento de las reglas e irrespeto de las instituciones. Para los miembros de la comunidad (familia ampliada), dejó de llamársele al pan, pan y al vino, vino, hasta que se generalizó en toda la “cultura peruana”, si no, sólo veamos el caso Vizcarra.

Desde ese momento, primero en el lenguaje, pero absolutamente en línea con el tratamiento real de los hechos y valoración de las conductas, lo que es un robo o estafa, pasó a ser “una pendejada”, al igual que, el quebranto de la ley al bloquear una carretera en una protesta, sin respetar los derechos constitucionales de los demás ciudadanos, pasó a ser simplemente un “derecho a la protesta” que, no puede ser reprimido, no importa si incendian propiedad privada. Lo más lindo de todo es que ahora, para las autoridades y la prensa, los secuestros han pasado a ser una “retención”. Ahora, los miembros de cualquier comunidad, irrumpen en la propiedad privada de una empresa (por ejemplo, estaciones de bombeo de Petroperú) y secuestran a sus trabajadores, y eso, es sólo una retención de los trabajadores. Estos, para nuestras autoridades, ya no son los rehenes de un secuestro perpetrado por un grupo de criminales, ahora son “acompañantes involuntarios de un grupo de ciudadanos que los han retenido para dialogar” …

Este proceso de descomposición social, ya no se debe permitir. Quien aspire a ser autoridad, debe ser consciente que, ser autoridad, no es ser “el dulce del pueblo” y que, al recibir un mandato, debe hacer respetar las instituciones, la constitución y las leyes y que debe velar porque las normas de convivencia entre los ciudadanos, se respeten.

Esto se ha tornado particularmente peligroso para nuestro Estado-Nación, porque, de un tiempo a esta parte, pero especialmente durante este proceso electoral, se escucha a ciertos candidatos decir, que quieren nueva constitución y a otros que agregan, que esta debe ser desarrollada por una Asamblea Nacional Constituyente, “que elabore una Constitución con sabor, color y olor del pueblo”, “que desactive de inmediato el Tribunal Constitucional, para elegir otro a su medida”. Algunos, sin pudor, han mencionado que la Asamblea debe ser conformada por ciudadanos elegidos, pero dando a un determinado grupo étnico, una cuota predominante. ¿De cuándo aquí, la democracia es el gobierno de cierta cuota predominante de ciudadanos? Como bien dice Francisco Miró Quesada Rada en una reciente columna, siempre habrá élites de gobiernan, pero, en democracia, estas son elegidas, por lo que se debe “diferenciar élite de elitismos” y que “el elitismo es tan peligroso para la democracia como las dictaduras”.

A propósito, es conveniente recordar y resaltar que, en una auténtica democracia, las elecciones responden al criterio de “un ciudadano, un voto” y, por lo tanto, la representación nacional, debe ser elegida y estructurada, respetando escrupulosamente la adecuada ponderación de la población electoral. Es importante estar alerta y adelantarse, pues debemos prevenir y proteger nuestra democracia, contra las propuestas de cuotas a partir de ciertos criterios, tal como se ha venido sugiriendo. Comenzamos con la “paridad y alternancia” por sexo, pero ya sugieren cuota indígena, personas con habilidades diferentes, LGTBIQ+ y otros. Con ese criterio, ¿no debiéramos poner cuota de ciudadanos con educación superior o cuota de pagadores de impuesto a la renta o cuota por profesiones?

La pregunta es; ¿todos somos ciudadanos peruanos? ¿qué criterio debe primar, en caso un candidato sea peruano, indígena, mujer, persona con habilidad diferente u otro? ¿se puede elegir bajo qué criterio o cuota se les incorpora? Debemos analizar bien el asunto, puesto que, de otra forma, no podemos asegurar que todos los ciudadanos tengan igual valor, ni que su voto responda realmente a las preferencias del elector.

No vaya a resultar esta, otra manera de ir, de a poquitos, como con los eufemismos, manipulando la voluntad ciudadana. Lampadia




La libertad económica reduce la corrupción y redistribuye

La libertad económica reduce la corrupción y redistribuye

 

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En este proceso electoral competirán, a grandes rasgos, dos propuestas distintas para lograr la recuperación económica y aliviar el costo social ocasionado por la pandemia: la que se basa en liberar la iniciativa privada versus la que se apoya en la iniciativa pública. Es decir, la libertad económica versus la intervención estatal; la generación de riqueza popular versus la redistribución de la riqueza existente. 

La ventaja de la primera no es solo que es mucho más eficaz para conseguir el resultado económico, sino que, de paso, tiene otros dos efectos: reduce o elimina la corrupción y es socialmente redistributiva, ayuda a reducir la desigualdad.

Elimina corrupción

En efecto, parte importante de la corrupción es la consecuencia del costo de cumplir las disposiciones legales. Si las regulaciones son muy onerosas, es preferible o necesario pagar un soborno para poder operar. Ese soborno es una suerte de impuesto informal o de seguro que se compra para ejercer la actividad sin tener que cumplir con las disposiciones normativas.[1]

Eliminar regulaciones, requisitos y obligaciones caras e inútiles, que poseen un costo mayor al beneficio que producen, no solo libera a los emprendimientos de una carga que les impide despegar y crecer, sino que elimina ocasiones de corrupción. Elimina peajes. La mayor parte de micro y pequeños empresarios por lo general no pueden cumplir con todas las regulaciones municipales, sectoriales y laborales existentes. Entonces deben pagar a los inspectores para desarrollar su actividad.

Y es por eso que la corrupción está mucho más extendida en los sectores populares.[2] Una empresa grande suele tener capacidad económica suficiente para cumplir con las regulaciones existentes, muchas veces diseñadas precisamente para excluir competencia. Por lo tanto, no necesita realizar pagos ilegales. Una micro o pequeña empresa o un informal no pueden darse ese lujo.

Discriminación, desigualdad y redistribución

Las leyes costosas impactan, pues, de manera asimétrica. A los pobres les cuestan más, mucho más. Por eso, son intrínsecamente discriminatorias e injustas. Engendran desigualdad.

De aquí se desprende un tercer efecto de esta política: redistribuye ingresos a favor de los que tienen menos. Porque los más afectados con toda esta carga regulatoria son los que menos pueden pagarla: los informales, las micro y pequeñas empresas.

La estructura que profundiza esa desigualdad es la exclusión de la legalidad, del Estado legal. Es decir, de la protección y beneficios de la legalidad. Esto lo hizo notar claramente Hernando de Soto.[3] Los informales no tienen acceso al crédito comercial ni al mercado de capitales, de modo que tienen que pagar tasas de interés mucho más altas en el mercado negro; sus contratos y sus derechos de propiedad no son exigibles ante los tribunales, lo que les inhibe de invertir; tampoco pueden asegurar sus propiedades o sus talleres; no tienen acceso a la sociedad anónima para separar la inversión de su capital personal o asociarse con terceros de manera protegida, etc. Sus palancas de crecimiento no son del tamaño del mercado sino de sus círculos familiares. Son parias de la economía de mercado y del Estado legal.

Redistribución de privilegios rentistas

Una formalidad inclusiva, entonces, es profundamente redistributiva. Y lo es más precisamente porque anula el mecanismo generador de esa legalidad costosa, que suele ser el rentismo o el mercantilismo. Muchas regulaciones no reflejan simplemente el buen deseo del burócrata o del legislador. Son el producto de la presión de intereses particulares, que de esa manera protegen su actividad de la competencia o de la exigencia de productividad. Son regulaciones rentistas. Transfieren ingresos de los sectores excluidos a los protegidos. La eliminación de esas normas tiene, por esa razón también, un claro sentido redistributivo: redistribuye privilegios.  

El problema es encontrar el mecanismo preventivo. Porque así como la democracia limita el poder político mediante el sistema de pesos y contrapesos entre instituciones, no tiene manera de contrapesar la acción organizada de grupos de interés cuando el costo de las rentas o privilegios que estos obtienen se disuelve en toda la sociedad tocándole a cada uno una porción mínima.[4] Se requiere un sistema muy serio e intenso de análisis de calidad regulatoria (RIA) y de pre-publicación y consultas de todas las normas que se emitan, y del stock de normas existente.[5]   

Las excesivas regulaciones municipales, laborales y sectoriales condenan a los pobres a ser corruptos. En ese sentido, son moralmente degradantes. Pero con frecuencia degradan también a sus beneficiarios, porque construyen su poder en virtud de privilegios, no de esfuerzo digno. Lampadia

[1] Ver Enrique Ghersi, “Economía de la Corrupción”, CEDICE Libertad, 2013

[2] Ver Pablo Sánchez Nassif, “Justicia a la Venta”, Unión Editorial 2019.

[3] Ver “El Otro Sendero” y “El Misterio del capital”

[4] Ver Mancur Olson, “La Lógica de la Acción Colectiva. Bienes Públicos y Teoría de Grupos”. Noriega Editores, Buenos Aires, 1992.

[5] Enrique Ghersi cita a Henri Lepage explicando que hay dos tipos de normas:  las de carácter general, con supuestos de hechos abstractos, aplicables a una pluralidad de personas, generalmente ordenadas en razón de la naturaleza de las cosas y no de los individuos, y las normas de carácter particular, generalmente con supuestos de hecho concretos, propósitos distributivos, limitado rango de aplicabilidad y ordenadas en atención a las diferencias entre las personas y no de las cosas. A las primeras, Lepage las llama “normas” A las segundas, “privilegios”

En las segundas, los costos y beneficios de los “privilegios” se reparten asimétricamente. Es decir, mientras que los costos están diluidos entre una gran cantidad de personas, los beneficios sólo favorecen a un grupo concreto y definido. Esto, de hecho, plantea un fuerte incentivo para reclamar la multiplicación de “privilegios”: como las rentas que éstos generan van a manos de un número reducido de personas y los costos de sufragarlos se difunden entre todas las demás, aquéllas tendrán un estímulo mayor para obtenerlas que el de quienes deben soportarlas. (Enrique Ghersi: “El Costo de la Legalidad”, CEP, Chile, 2016)