Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

En los últimos años se ha ido afirmando un comportamiento perverso en la política peruana, se han confundido las prioridades y hoy prevalece la búsqueda del bienestar de los servidores públicos sobre los ciudadanos, de los agentes intermediarios sobre los usuarios finales.

Esto se ve con claridad en el caso de los maestros (agremiados) versus los alumnos, o en el caso de los transportistas (agremiados) versus los pasajeros, o en el caso de los trabajadores de Sedapal y de las EPSs versus los usuarios del agua.

La diferencia entre unos y otros, entre los servidores públicos y los ciudadanos, es que unos, los primeros, están de alguna manera agrupados o agremiados, el político puede dirigirse a ellos y otorgarles prebendas; en cambio, los ciudadanos y usuarios de los servicios, son una entelequia, son una abstracción de individuos desconectados entre sí.

La consecuencia de esta terrible trampa, que no permite la mejora de los servicios públicos en la educación, la salud, el transporte, etc., es que las normas producidas por las autoridades tienen focos gremiales que muchas veces son absolutamente contrarios a los intereses del ciudadano común.

El caso de la educación

Los maestros de la educación pública están forzosamente afiliados a un sindicato único, cuyo estatuto habla de la lucha de clases, de una opción ideológica y no de un compromiso educativo.

Todos los intentos por mejorar la calidad de la educación pública fracasan por la incapacidad del gobierno de privilegiar a los alumnos sobre las dirigencias magisteriales. No se puede implantar la meritocracia y los sustanciales aumentos de remuneraciones que se vienen haciendo no conllevan compromisos de mejora de la calidad educativa.

Por esta situación es que gran parte de los ciudadanos retiraron a sus hijos de las escuelas públicas y los llevaros a colegios privados, que según las últimas pruebas Pisa tienen mucho mejor calidad. Ver la evidencia en Lampadia: Públicos y privados aliados por la educación.

Lamentablemente la pandemia ha desorganizado dramáticamente la educación en el país, y el Estado ha aprovechado para debilitar la educación privada.

El caso de la salud

Hoy día, todos tenemos muy claro el pobrísimo nivel de servicio de la salud brindada por el Estado, ya sea en los hospitales del Minsa como en Essalud, indebidamente manejada por el Estado, puesto que se sustenta en los aportes de los trabajadores y sus empleadores.

En salud, la excepción confirma la regla, hay dos hospitales de Essalud que están manejados por asociaciones público privadas en la modalidad de bata blanca. O sea, el concesionario: diseña, invierte, construye, equipa, contrata a los médicos, enfermeras, técnicos y administradores y presta el servicio. Todo ello con compromisos minuciosos de estándares de servicio, ya sean costos debidamente acotados, días para la atención o para intervenciones quirúrgicas, etc.

Este es el caso de los hospitales Alberto Leopoldo Barton Thompson en el Callao y del hospital Guillermo Kaelin de la Fuente en Villa María del Triunfo. Ver información al respecto en Lampadia: Las APP han generado servicios de salud de alta calidad.

Pero este modelo de gestión que ha probado ser muy eficiente desde hace seis años, no ha podido ser replicado por el Estado o Essalud, por la oposición de los sindicatos y gremios de los servidores públicos y de los políticos que se prestan para defender los intereses gremiales.

El caso del agua potable

El caso de Sedapal en Lima y de las EPSs en las regiones es clamoroso. Se desperdicia entre el 40 y 50% del recurso, no se factura todo lo producido, abunda la corrupción y se proteje a los servidores públicos que hasta heredan sus puestos a sus hijos, como en Sedapal.

La cobertura del servicio es insuficiente, el servicio no siempre se da las 24 horas, con los riesgos que ello conlleva. Y muchos ciudadanos tienen que subir los cerros cargando baldes de agua por los que tienen que pagar diez veces más que los ciudadanos de los mejores barrios de Lima y provincias.

La evidencia del desastre de gestión es clarísima, los diagnósticos son claros, pero está prohibido políticamente hablar de servicios privados, de asociaciones público privadas, o de otras formas de intervención del sector privado.

Un episodio oprobioso relativamente reciente, fue el que protagonizó el presidente PPK, cuyo lema era agua para todos, que claudicó ante un sindicato de Sedapal y condenó a Lima a mantener un servicio público clamoroso.

Conclusión

Como vemos pues, esta trampa de privilegiar a los intermediarios de los servicios públicos a costa de condenar a servicios paupérrimos a los ciudadanos, debe terminar.

Esperamos que en el proceso electoral en ciernes, algunos candidatos valientes y sensatos, pongan el tema encima de la mesa; y que los medios de comunicación hagan un esfuerzo de buena prensa, dejando de servir de caja de resonancia de la mala política.

Condenar a los ciudadanos a malos servicios, pudiendo tenerlos mejor, es absolutamente inmoral. Es hora de que los ciudadanos (no agremiados), elijamos con nuestro voto la defensa de nuestra calidad de vida. Lampadia

Rafael Venegas
Director Independiente de Empresas y Senior Advisor de Spencer Stuart
Para Lampadia

Lo que hemos vivido en los últimos años y especialmente en las últimas semanas es una verdadera pesadilla que fácilmente podría ser argumento de una serie policial o de mafiosos de Netflix. Yo prefiero pensar que se trata de una pesadilla porque cuando uno se despierta de una todo vuelve a la normalidad.

También prefiero pensar que nuestra normalidad no es la que vivíamos los meses previos a la pandemia, sino el periodo de crecimiento, modernización y reducción de la pobreza que vivimos entre 1994 y 2012, donde prácticamente no importaba quien estuviera en el gobierno de turno, porque el desarrollo y progreso del país era independiente de la política. Parecía que empezábamos a madurar como país.

Esa positiva normalidad se frustro por una elección fallida. Usamos mal nuestro derecho al voto porque no nos informamos bien o porque nos engañó el populismo. Elegimos equivocadamente a un gobierno manejado por personas improvisadas, sin preparación ni experiencia ejecutiva, sin plan de gobierno coherente, sin equipo idóneo y con muchas ansias de poder y ambiciones personales. ¡Fallamos!

Solo bastó un periodo de gobierno equivocado para frenar el desarrollo y ponernos nuevamente en la senda del retroceso y el caos. La falta de moral y ética, la ignorancia, la corrupción, el populismo barato, las agendas individuales y la impunidad han hecho que la política retome un papel preponderante en la marcha de nuestro país. Por eso nos encontramos viviendo un escenario caótico y vergonzoso de crisis política que, junto con la pandemia, han generado también sendas crisis social y económica.

Este escenario tiene a la gran mayoría de la población desmoralizada, frustrada y tremendamente molesta. Sólo una minoría de malos peruanos que no tienen moral ni vergüenza están irresponsablemente contentos con esta situación. Esto no es culpa de los peruanos, es culpa de un pésimo gobierno que incluye a todos los poderes del estado, así como a las entidades públicas. ¡No hay derecho!

Sin embargo, todo parece indicar que estaríamos tocando fondo, lo que podría significar que tenemos una sola dirección hacia adonde ir…hacia arriba. Esta situación no es nueva para los peruanos, que antes hemos vivido y superado cosas peores. La última vez que lo hicimos fue a partir del año 1992, cuando logramos recuperarnos de la terrible peste del terrorismo y de la peor crisis económica de nuestra historia republicana.

Como comenté en mi último artículo de Lampadia (Voz y Voto 3-9-20), tenemos una gran oportunidad de iniciar el cambio y deshacernos de todas las taras y de los malos peruanos que están afectando nuestro bienestar y progreso. Me estoy refiriendo al próximo proceso electoral que se realizará en solo 7 meses. Por eso debemos dejar atrás la pesadilla y el pesimismo, decir YA BASTA, y desde hoy participar activa, valiente y colectivamente utilizando las dos armas con que contamos: Nuestra voz y nuestro voto.

El domingo 11 de abril del 2021 serán las elecciones presidenciales y congresales. Una gran oportunidad de hacer patente nuestro derecho de elegir a quien nos pueda regresar a la normalidad y de castigar a todos los que nos han hundido en esta profunda crisis con su ineptitud, irresponsabilidad y delincuencia. No es un tema entre izquierdas, derechas o centros, es un tema entre los buenos peruanos que queremos el bienestar y progreso del país y los malos peruanos que solo quieren el provecho propio a cualquier costo.

Para esto vamos a tener que lidiar con las normas que han sido amañadas a su favor por los malos políticos. Por eso tenemos que actuar colectivamente y utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance, para conseguir que el nuevo presidente del Perú, su equipo de gobierno y los nuevos congresistas sean personas idóneas, con experiencia, comprobada ética y moral y con claras intenciones de trabajar para el Perú y los peruanos y no para su propio beneficio.

Para eso tenemos que utilizar la fuerza de nuestra voz para demandar y exigir nuestros derechos. Hagámoslo publicando artículos en los medios, denunciando, criticando y promoviendo acciones populares en las redes sociales. Pasemos el mensaje boca a boca que es un medio muy potente. Hablemos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo y consigamos que ellos a su vez lo hagan con sus familiares, sus amigos y sus compañeros de trabajo. ¡ALCEMOS NUESTRA VOZ, ES NUESTRO DERECHO!

Lo primero que debemos exigir de manera urgente, es que el congreso cumpla con su mandato de aprobar a tiempo la reforma política para que pueda ser utilizada en las elecciones de abril. Uno de los temas principales que debe aprobarse es la eliminación del nefasto voto preferencial. Está muy claro que hay varios partidos y congresistas interesados en no aprobarlo por conveniencia propia, por eso tenemos que estar muy atentos e identificar quienes son para castigarlos en la próxima elección. Basta de dedicarle tiempo a temas populacheros y enfoquen en los temas verdaderamente importantes. También deben aprobar las reformas del estado y la de justicia, pero la urgente en estos días es la política. Levantemos nuestra voz y exijamos la reforma a tiempo.

El segundo tema para el cual podemos utilizar nuestra voz es para exigirle a las autoridades electorales (Jurado Nacional y ONPE) que cumplan a cabalidad y con profesionalismo el rol que les compete. No solo deben asegurar una elección limpia y transparente, sino que deben garantizarnos que los partidos y las personas que se presenten como candidatos, pasen todos los filtros requeridos para demostrar su idoneidad y probidad y que esto se haga a tiempo (pre y no post elecciones). En este frente una asesoría o asistencia de expertos internacionales sería muy recomendable.

Nuestra voz también será de muchísima utilidad para educar a los votantes para que emitan su voto muy bien informados y sin ser manipulados por propuestas populistas y demagogias. Que conozcan bien los pasados de los partidos que participan, los planes de gobierno que proponen y sobretodo la idoneidad de los candidatos que se presentan. Eduquemos a todos los que podamos, para que no equivoquen su voto.

A los partidos políticos que participen tenemos que exigirles que cumplan estos tres requisitos fundamentales:

(1) Presentar públicamente su Plan de Gobierno y colgarlo en las redes sociales, para que la ciudadanía los pueda analizar. Esto debe ser hecho por lo menos cuatro meses antes de las elecciones.
El plan deberá incluir obligatoriamente estas cinco partes:

1. Resumen ejecutivo (porque no todos tienen el tiempo necesario para leer todos los planes en detalle).
2. Propósito Nacional y Valores.
3. Análisis de Fortalezas y Debilidades (Con sus respectivos Planes de acción para aprovechar adecuadamente las primeras y combatir / eliminar a las segundas).
4. Planes Sectoriales (Con prioridades, cronogramas y planes de financiamiento).
5. Compromiso de cumplimiento del plan firmado por todos los candidatos del respectivo partido.

(2) Presentar sus candidatos a presidente, vicepresidentes, congresistas y también a su equipo principal de gobierno. En todos los casos se debe publicar en redes las respectivas hojas de vida, que demuestren la idoneidad y la experiencia de la persona. El partido deberá comprometerse a recibir y responder los comentarios y denuncias del público sobre esta información.

(3) El partido deberá adherirse y firmar un pacto OBLIGATORIO de no agresión, transparencia y ética durante todo el proceso electoral.

El 11 de abril del próximo año, vayamos a votar muy bien informados, con la frente en alto y digámosle YA BASTA a los malos e improvisados políticos y funcionarios públicos que nuevamente nos han arrastrado a esta situación de la cual solo ellos se aprovechan irresponsablemente. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

¿Tiene sentido el “Pacto Perú” propuesto por el Presidente de la República? Creemos que sí, pero con otra finalidad, menos temas, quizá más actores. Y antes que eso, el pacto inmediato y urgente es el de una agenda legislativa conjunta con el Congreso.

Comencemos con la finalidad. El Presidente la definió así: “Este pacto debe ayudarnos a todos los peruanos a transitar este proceso de transición en paz con acuerdos mínimos que den marco al debate necesario que se dará en la próxima campaña electoral”. En realidad, un proceso electoral es una competencia, una contraposición de ideas y programas. Entonces pedirles a los que están compitiendo a que se sienten a acordar, equivale a forzar un poco la naturaleza de las cosas.

Pero, pese a ello, sí hay una razón, de fuerza mayor, para buscar un acuerdo. Nace del hecho de haber tenido los peores resultados en el mundo en la lucha contra la pandemia, en lo sanitario y en lo económico. La causa de esos pésimos resultados no estuvo solo en los errores del gobierno, sino en que se confabularon además dos problemas estructurales: la precariedad de la salud pública y la altísima informalidad. Tienen en común que se trata de dos formas de exclusión social masiva. Por lo tanto, sí tiene sentido sentarse a llegar a acuerdos sobre cómo resolver, de una vez por todas, esos problemas estructurales. No podemos correr el riesgo de volver a fallar nuevamente.

Y hay una razón adicional para buscar un acuerdo en torno a esos temas: que son aquellos en torno a los cuales precisamente no hay acuerdo. No tiene sentido sentarse a buscar acuerdo en torno a temas en los cuales todos estamos de acuerdo. Eso es lo que ocurre con por lo menos dos de los cinco temas propuestos por el Presidente: calidad educativa y lucha contra la pobreza.

En cuanto a calidad educativa, el Consejo Educativo Nacional acaba de publicar el Proyecto Educativo nacional al 2036,[1] que es en cierto sentido el acuerdo nacional por la educación. Eso ya está. Las mejoras que puede haber son de gestión y énfasis, y dependen del programa de cada gobierno. Salvo que se acuerde algo como lo que propone Fernando Cillóniz: una institución autónoma de los gobiernos -tipo BCR- que maneje la educación pública. Pero eso debería formar parte de otro pacto, que no ha sido planteado: uno sobre la reforma del Estado, que incluye una reforma de la descentralización.

Estos son los cinco temas propuestos por el Presidente:

La lucha contra la pobreza tampoco requiere acuerdo. Se sabe que la pobreza se reduce principalmente con el crecimiento. Cambios en los programas sociales tales como transformar Juntos en Juntos Productivo, por ejemplo, no requiere un acuerdo. Es una mejora que entra dentro de la discreción gubernamental.

De los cinco puntos, solo el primero coincide con los problemas estructurales que afectaron la eficacia de la lucha contra el virus, aunque habría que plantearlo mejor, lo que no es motivo de este artículo. El segundo tema planteado por el Presidente podría contener en alguna medida el problema de la informalidad o, dicho de otro modo, la reforma de la formalidad, para que sea incluyente, para incorporar a los peruanos al Estado legal. Pero está centrado en temas como eliminar prácticas anticompetitivas, que no requieren acuerdo nacional.

El “Pacto Perú”, entonces, debería concentrarse solo en esos dos temas: cómo incluir a los peruanos en una buena Salud Pública y cómo incluirlos en la formalidad, en el Estado legal. En el fondo es un solo tema: la inclusión de los peruanos en el Estado nacional. Si lo resolvemos, habremos dado un paso gigante hacia nuestra conformación como república.

Y esos sí necesitan acuerdo por una sencilla razón: las soluciones que requieren para ser resueltos generan resistencias en los grupos beneficiarios del statu quo. Por eso son políticamente complicados. Y por eso cabe preguntarse por los actores de esos acuerdos: ¿sólo los partidos políticos, como plantea el Presidente, o también los sectores involucrados y la sociedad civil?. Lo segundo entraña el riesgo de que, precisamente, no se llegue a acuerdo alguno, como ocurre siempre, por ejemplo, en el Consejo Nacional del Trabajo cuando se plantea cualquier reforma. Pero debe intentarse, con toda la seriedad del caso. Quizá se pueda manejar en dos pisos, dejando a los partidos como la última instancia.

Si queremos agregar más temas relevantes, tenemos el de la reforma del Estado y la descentralización, antes mencionado, que también requiere de un acuerdo para ser ejecutable. O un mandato claro solicitado por el candidato que gane las elecciones presidenciales.

Y tenemos por último el tema de la reforma política y de la justicia, que sí fue propuesto por el Presidente. Pero este asunto debería ser tratado en otro marco: el de la gestación de una agenda legislativa común entre el Ejecutivo y el Legislativo, tarea insoslayable de Cateriano, tanto para contener la hemorragia populista como para acordar efectivamente las reformas que se requieren para que el próximo gobierno tenga un Congreso que le permita gobernar. Es decir, en este caso el escenario es el Congreso, y los actores, las bancadas allí representadas.

En suma, el Pacto Perú debería reducirse a las dos reformas estructurales ya impostergables sobre las que no hay acuerdo: la salud y la informalidad, agregando quizá la reforma del Estado y de la descentralización. Fuera de eso, el acuerdo sobre la reforma política debe formar parte de la construcción de una agenda legislativa común, que es el pacto político de necesidad inmediata y urgente. Lampadia

Entrevista de Lampadia
Liliana Rojas-Suárez
Directora de la Iniciativa Latinoamericana: Center for Global Development

Para Liliana Rojas-Suárez, la única forma de reactivar la economía es mejorar la confianza en que la situación se va a manejar de la mejor manera posible. La crisis es fiscal. El gobierno tiene que compensar a la gente con bonos, transferencias directas, no con moratorias o controles de tasas de interés, medidas que distorsionen el sector privado y financiero y que pueden afectar el acceso a financiamiento externo, que es vital. Debería planificarse un segundo bono, pues para los pequeños los mecanismos de garantías a los bancos no funcionan.

Pero se necesita que el sector privado sea mucho más proactivo, que comparta la carga. Debe plantearse qué hacer para ayudar al país a salir del problema, por su propio bien. Podría proponer un plan de recuperación, un listado de proyectos de inversión. El Perú no tiene cultura de reuniones público-privadas, pero esa no debería ser una restricción para el sector privado, no necesita la convocatoria. 

“No veo sentido de unidad, como ayudo. Sólo veo críticas”.

Añade que el proceso electoral será positivo si los partidos confluyen hacia lo que la gente demanda: inversiones en salud, resolver la informalidad. La gente se formaliza cuando siente el beneficio de la formalidad. Con los bonos la gente ha visto los beneficios de formalización digital. Hay que construir sobre esos beneficios.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Al gobierno le está faltando principio de realidad. No parece darse cuenta o no acepta hasta ahora que:

• Su proyecto de adelanto de elecciones ha generado una crisis artificial que complica la economía del país.
• Que el Congreso lo va a archivar y que es claro que no puede hacer cuestión de confianza, tal como argumentamos en este portal la semana pasada reproduciendo el fundamento 75 de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la cuestión de confianza que a la letra dice:
  • 75.…la cuestión de confianza… ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso, para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera. (Expediente 0006-2018-P1/TC)

Es decir, puede plantear cuestión de confianza de manera abierta pero solo por temas vinculados a su gestión, que no tiene nada que ver con reformas constitucionales y menos con un adelanto de elecciones, que sería un pedido para no gestionar, lo contrario de lo que constitucionalmente debe y puede hacer.

• Que si, pese a ello, plantea cuestión de confianza, ésta no va a ser denegada –dando pie a la disolución del Congreso- sino que no va a ser tramitada o va a ser declarada improcedente, con el agregado eventual de una acusación constitucional al presidente del Consejo de ministros por plantear un recurso inconstitucional. Un escenario absurdamente caótico que podría desembocar incluso en una vacancia presidencial. Nada de esto tiene sentido.
• Tampoco ha tomado nota de algo mucho más elemental: no hay tiempo para el adelanto de elecciones. Eso fue lo que quedó claro en la presentación de los representantes de los organismos electorales en la Comisión de Constitución del Congreso, para cualquiera que quiera escuchar bien. No hubo una declaración explícita y formal de que no hay tiempo porque no se atreven a decirlo así, pero los plazos que indicaron hablan por sí solos.

Veamos. Como dio cuenta El Comercio, “El jefe interino de la ONPE, Manuel Cox Ganoza, detalló que su institución necesita 180 días para organizar el proceso electoral. Con ese plazo, si las elecciones se convocaran en diciembre próximo, se realizarían en mayo del 2020”. En realidad, junio, salvo que se convoque el 1 de diciembre (en ese caso la primera vuelta podría realizarse el 31 de mayo) Allí ya nos habríamos pasado entre uno y dos meses. Pero el mismo Cox señaló que para el referéndum la ONPE necesita un mínimo de 3 meses, de modo que las elecciones no podrían convocarse antes de enero. Eso llevaría la primera vuelta a junio o julio. Ya no tendría sentido.

Además, hay que considerar un mes mínimo para el cómputo, considerando los votos en el extranjero. Esto nos lleva a 210 días.

Pero allí no queda la cosa. Como registró El Comercio, “el jefe nacional del Reniec, Bernardo Pachas, señaló que su entidad requiere 150 días si se organizan comicios sin un referéndum previo, y de 210 días si se efectúa la consulta ciudadana”. Consultamos con funcionarios de Reniec qué implica esto, y resulta que supone agregar 100 días más al cronograma presentado por la ONPE. Este organismo considera solo 50 días entre el cierre del padrón electoral y la aprobación de éste. Pero Reniec considera que necesita de 150 días entre ambos procesos para cumplir con lo que la ley les manda (verificación domiciliaria, geolocalización de ciudadanos, publicación de listas de padrón inicial, etc., salvo que no se actualice y verifique el padrón). Es decir, 100 días más, repetimos. Esto sin contar el tiempo adicional que necesitaría para el referéndum.

Estamos hablando, entonces, de un mínimo de 310 días en total para el proceso electoral, más 90 días del referéndum: 400 días. Es decir, 13.3 meses, octubre o noviembre del 2020, solo para tener los resultados de la primera vuelta.

La negación de la realidad ha alcanzado al propio presidente Vizcarra, a quien seguramente le informan mal. Declaró el sábado en Moquegua: “Han ido el Reniec, la ONPE, el JNE (al Congreso), quienes han declarado que técnicamente es factible adelantar las elecciones”. Es lo contrario, como vemos.

La propuesta del Ejecutivo contenida en el proyecto de reforma constitucional consideraba solo 2 meses para el referéndum y 4 meses para el proceso electoral. Total: 6 meses. Engaño o autoengaño, no lo sabemos. Pero queda claro que no se tomó la molestia de preguntar siquiera a los organismos electorales. Principio de irrealidad absoluto. Ese es el nivel de seriedad del pedido de adelanto de elecciones. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hemos sostenido que el adelanto de las elecciones generales sería desastroso para el país, por las siguientes razones:

• Por la parálisis de la economía que entraña, que ya se siente,
• Porque los novedosos y prometedores Planes de Competitividad y de Infraestructura quedarán en letra muerta.
• Porque podría haber 30 o más candidatos a la presidencia con sus respectivas listas congresales, porque se ha facilitado la inscripción sin que pueda haber primarias obligatorias. Con primarias (2021), no pasarían de 6 u 8 candidatos
• Porque los partidos no tendrán tiempo para seleccionar buenos candidatos al Congreso. Reclutarán a quienes puedan, el nivel será muy bajo.
• Porque sin distritos electorales más pequeños y con voto preferencial, la elección será peor aún.
• Porque los partidos no tendrán tiempo para preparar un plan de gobierno. Será la improvisación pura.
• Porque no da el tiempo para organizar bien referéndum y elecciones. Podría haber muchos cuestionamientos.
• Porque el próximo gobierno podría terminar en la misma trampa de gobernabilidad que afectó a PPK, pues no habrá tiempo para que entren en vigencia las reformas políticas pendientes orientadas a prevenir una confrontación entre Poderes (que sí funcionarían si las elecciones son el 2021)

Pero, además, ocurre que aprobar el adelanto de elecciones, con el pretexto de una crisis hiperbolizada que en realidad ha sido generada por el mismo pedido de adelanto, implica violentar la Constitución, según varios Constitucionalistas.

El constitucionalista Natale Amprimo, en su respuesta a la consulta que le formulara el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, sostiene que no se puede modificar la constitución para alterar aspectos esenciales de ella, que definen la identidad y forma política de la República. Y el periodo gubernamental forma parte de esa esencia. Es una garantía de los límites al poder.  

En ese sentido afirma que “el Proyecto de Reforma afecta gravemente el modelo constitucional peruano, en razón que vulnera el principio de separación de poderes y los derechos políticos esenciales de elegir y ser elegidos, que el modelo constitucional peruano contempla para un período rígido y determinado, que sólo puede ser alterado por la causal específica contemplada en el artículo 134 de la Constitución”. En efecto, el artículo 31 de la Constitución sanciona el derecho constitucional “de ser elegidos y de elegir a sus representantes”. En el mismo sentido se pronuncian otros nueve constitucionalistas[1] en comunicado emitido recientemente. Enrique Ghersi también opina que el proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones afecta derechos fundamentales de personas que fueron elegidas.

Amprimo precisa que el proyecto también vulnera el artículo 134 de la misma Carta, que prescribe que, fuera de lo contemplado en tal numeral, “No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario”.

No solo eso, el Artículo 95 de la Constitución Política del Perú señala en su primer párrafo: “El mandato legislativo es irrenunciable”. Además, el Artículo 90 de la Constitución Política del Perú establece que el congresista es elegido por periodo fijo. Señala en su segundo párrafo: “El Congreso se elige por un período de cinco años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley”.

Enrique Ghersi sostiene, de otra parte, que nuestra Constitución adoptó la doctrina de los hechos cumplidos (vs los derechos adquiridos): eso quiere decir que no hay retroactividad. Las leyes se aplican hacia adelante, no hacia atrás. El presidente de la República y los Congresistas se rigen por regla del 2016, año en que fueron elegidos. Cualquier cambio se aplica al siguiente periodo gubernamental.

Natale Amprimo fundamenta este punto: “Conforme con el artículo 103 de la Constitución, cuyo texto fue modificado por la Ley Nº 28389, del 17 de noviembre de 2004: “La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo”.

Se ha respondido que, en realidad, se trata de una medida transitoria. Pero eso no altera la naturaleza retroactiva de la medida. Por lo demás, como argumenta Ghersi, una disposición transitoria es, por definición, simultánea o contemporánea a la dación de la norma, no posterior. Viene a cubrir una dificultad concreta de aplicación en el momento en que se da la norma. No se puede dar 27 años después.

Natale Amprimo hace notar, además, que “Las reformas que implican suspensión o disminución de derechos fundamentales no pueden someterse a referéndum, como lo prescribe, de manera expresa, el último párrafo del artículo 32 de la Constitución Política del Perú”.

Concluye señalando que “la aprobación del Proyecto de Reforma, reduciendo el mandato congresal resultaría inconstitucional, pues sería transgresora de principios, valores y normativa específica contemplada en la propia Constitución”. Lampadia

Luis Vargas Barbieri, Director del Semanario Minas y Petróleo
Para Lampadia

El rotundo fracaso de las organizaciones políticas anti-mineras lideradas por Gregorio Santos, Marco Arana y Jorge Rimarachín, tanto en las elecciones para gobernador de la región como para las de alcaldes provinciales y distritales, fue el hecho de mayor trascendencia del proceso electoral del 7 de octubre último en la región Cajamarca. En consecuencia, como lo señaló un residente cajamarquino, experto en la agricultura de esa región, que prefiere el anonimato: la minería ha dejado de ser satanizada (en Cajamarca) y podrá trabajar en armonía con los nuevos alcaldes”.

Si bien Gregorio Santos no fue candidato a ningún cargo, él es el líder anti-minero más importante de la región Cajamarca. En consecuencia, al haber quedado su organización política el MAS en tercer lugar, con el 18.6% de los votos, es evidente que esa organización política y su líder máximo han perdido gran parte del capital político que demostraron tener en las elecciones regionales y municipales del 2014, en que con el 44.3% de los votos válidos, ganaron la elección para gobernador regional.

Por su parte, Ramiro Díaz el candidato del Frente Amplio (liderado por Marco Arana) y Jorge Rimarachín, tuvieron votaciones insignificantes del 3.6% y el 2.0 %, respectivamente.

Al no haber alcanzado ninguno de los candidatos a gobernador el 30% de los votos válidos, Walter Benavides de Alianza para el Progreso, que obtuvo el 23.4% y Mesías Guevara de Acción Popular con el 21.3% tendrán que ir a una segunda vuelta en diciembre. Ninguno de ellos rechaza la minería.

¿Cómo explicar esta evolución en el electorado? Nuestro informante cajamarquino nos dice que actualmente el 50% del electorado cajamarquino tiene menos de 30 años y de este total la mitad tiene menos de 21. Este electorado tiene mayor cultura, está ávido de que el progreso también llegue a Cajamarca y está consciente de que la minería puede ayudar para mejorar el abastecimiento de agua en la región.

De las ocho listas que participaron en las elecciones regionales de Cajamarca 7 pertenecen organizaciones políticas sin trayectoria anti-minera: Alianza para el Progreso, que tuvo como candidato a Walter Benavides (23.5% de los votos); Acción Popular con Mesías Guevara (21.3%); Podemos con Absalón Vásquez (11.9%). Cajamarca Siempre Verde, con Enrique Mosqueira (9.7%) y el Frente Regional de Cajamarca con Lilian Cruzado (9.4%).

En la otra orilla, tres listas representaron a organizaciones políticas y/o candidatos con una trayectoria anti-minera ampliamente conocida: El MAS, con Porfirio Medina gobernador interino de esa región (18.5%).  El Frente Amplio con el profesor Ramiro Díaz (3.6%) y Democracia Directa, con el ex congresista anti-minero Jorge Rimarachín (2.0%).  

Una importante consecuencia de esta catastrófica derrota de la izquierda anti-minera es que de los 19 consejeros que le corresponden a la región Cajamarca, solo uno pertenece a una organización política de la izquierda radical, el MAS.  Cabe señalar que ese único consejero ganado por la izquierda radical fue uno de los tres que le corresponden a la provincia de San Ignacio. La cual se haya en el extremo norte en el mapa de Cajamarca y en consecuencia muy alejada de las zonas que tienen riqueza minera.

ALCALDÍAS PROVINCIALES

De las 13 alcaldías provinciales, los partidos nacionales y los movimientos regionales de centro y centro izquierda ganaron 12 y los movimientos de la izquierda radical anti-minera solo una.

Alianza para el Progreso ganó las municipalidades provinciales de Cajabamba, Celendín, Contumazá, San Marcos y San Miguel; Cajamarca Siempre Verde las de Cutervo, San Pablo y Santa Cruz, Acción Popular las de Chota y Jaén; Restauración Nacional la de Hualgayoc y el Frente Regional de Cajamarca la de la provincia de Cajamarca.  

El MAS por su parte al ganar las elecciones de alcalde para la provincia de San Ignacio, fue la única organización política de la izquierda radical capaz de ganar una alcaldía provincial en la región Cajamarca.

ALCALDÍA PROVINCIAL DE CAJAMARCA

En esta provincia se ubican las operaciones de Minera Yanacocha y los proyectos de Conga y Michiquillay y parte del de Galeno. De ahí la enorme importancia que tienen los resultados electorales para la elección de alcalde en esta provincia.

El alcalde electo de la provincia de Cajamarca, el abogado Andrés Villar del Frente Regional de Cajamarca, tiene una visión ecológica ambiental de cosecha de agua con reservorios grandes y medianos y micro reservorios familiares. Para lograr este propósito no hay otra opción que complementar la inversión pública con la privada y en Cajamarca inversión privada es sinónimo de financiamiento logrado con el apoyo de las empresas mineras. Cabe resaltar que la relación de la minería con los alcaldes, puede llegar a ser más importante que la de aquella con los gobiernos regionales, opina nuestro informante anónimo.

Los candidatos a la alcaldía provincial de Cajamarca, con ideologías de centro y centro izquierda concentraron el 91.2 % de la votación, los de la izquierda antiminera solo el 8.8% y por consiguiente sólo tendrán un concejal de los 13 de esa municipalidad. 

ALCALDÍA PROVINCIAL DE CELENDÍN

En el caso de la provincia de Celendín, en cuyo distrito del mismo nombre se ubica el proyecto El Galeno y en los de Huasmín y Sorochuco, parte del proyecto Conga, triunfó con el 35.4% de los votos José Marín Rojas, ex alcalde de Huasmín, quien postuló por Alianza para el Progreso, quedando en segundo lugar el candidato de Somos Perú con el 32%; mientras que el único partido de la izquierda radical que participó fue el Frente Amplio, que apenas alcanzó el 2.7% de los votos. De este modo de los nueve concejales de la alcaldía provincial de Celendín, cinco pertenecerán a Alianza para el Progreso, 3 a Somos Perú y uno a Acción Popular. Mientras que la izquierda anti-minera no logró colocar ningún concejal.

De todos los alcaldes electos en Cajamarca, José Marín es probablemente el que tiene una mejor trayectoria en sus relaciones con la minería.  En el 2008, como alcalde del distrito de Huasmín, obtuvo financiamiento del Fondo de Solidaridad Cajamarca (FSC), que administra recursos voluntarios de la minera Yanacocha, para lograr que con una inversión de 250 mil nuevos soles se avanzara con la instalación del servicio de agua potable, para beneficiar a más de 600 habitantes de la comunidad de Santa Rosa, de ese distrito.

La popularidad, dentro de la población de Celendín de José Marín, fue la causa de que, en el 2014, en vísperas de las elecciones para alcalde de Celendín, en las que él participó, sus enemigos políticos le colocaran una bomba casera en la puerta de su vivienda. Los activistas del MAS fueron los principales sospechosos de la colocación de esa bomba.

ALCALDÍA PROVINCIAL DE CHOTA

En esta provincia, en el distrito de Querocoto se ubica el importante yacimiento de La Granja. La mayor votación para la alcaldía provincial la obtuvo Acción Popular con el 34.4%, quedando segunda Alianza para el Progreso con el 27.2%, tercero el MAS con el 16.1% y cuarto Podemos con el 11%. En consecuencia, de los 11 concejales 6 le pertenecerán a Acción Popular, 3 a Alianza para el Progreso, uno al MAS y uno a Podemos.

ALCALDÍAS DISTRITALES

En el distrito de La Encañada, en el que se ubican varios de los depósitos de minera Yanacocha, incluyendo parte del de Conga y también el importante yacimiento de Michiquillay de Southern, el alcalde electo es el exalcalde Leoncio Vera, que participó como candidato de Alianza para el Progreso. En este distrito la derrota de los anti-mineros fue total, ya que, a pesar de haber participado con tres candidatos, solo pudieron do alcanzar en conjunto el 5.2% de los votos.

Otros distritos con importantes proyectos mineros, como se ha señalado anteriormente, son los de Huasmín y Sorochuco en Celendín. El Frente Amplio que fue la organización política de la izquierda radical más votada, solo alcanzó a tener el 6.6% de los votos válidos. Cifra con la cual no le alcanza ni siquiera para tener en concejal en el consejo municipal distrital de Huasmín.

En el caso de Sorochuco, la ONPE no reporta ninguna votación para las organizaciones políticas de ese sector ideológico. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Este 7 de octubre serán las elecciones a gubernaturas regionales y alcaldías en el Perú. Este proceso electoral tiene importantes implicancias sobre el sector minero y sobre las dinámicas de inversión del sector. Si bien de acuerdo a las leyes peruanas las autoridades sub-nacionales no tienen prerrogativas importantes a la hora de regular la gran inversión minera, si tienen una un rol importante en las dinámicas regionales de las que depende la resistencia social y política que puede enfrentar las inversiones mineras en el Perú.

Las autoridades locales son un factor importante en la conformación de la correlación de fuerzas afines u hostiles a la minería en un entorno de conflictividad social. La victoria de fuerzas políticas anti-mineras en este proceso electoral tiene un conjunto de consecuencias de corto y largo plazo en la medida en la cual instrumentalicen municipios o gubernaturas regionales hacia el activismo anti-minero. En el Perú ha sido visible el papel de figuras como Gregorio Santos desde la Presidencia Regional de Cajamarca o de Oscar Mollohuanca desde la Alcaldía de Espinar. Sus apariciones en medios y manifestaciones los llevaron a tener una figuración mediática nacional y el caso de Gregorio Santos le facilito el asumir un liderazgo relevante dentro del espectro político radical.

A continuación, listamos algunos de los efectos potenciales de la victoria de figuras políticas hostiles a la minería sobre la legitimidad y viabilidad del sector:

• Manutención de Activistas: La presencia de activistas a tiempo completo dedicados es un importante factor de éxito en los movimientos sociales anti-mineros. Con autoridades anti-mineras estos activistas pueden ser contratados como funcionarios o consultores para cumplir, en el papel, determinadas funciones cuando en realidad son activistas anti-mineros financiados con fondos públicos tanto en sus ingresos personales como en la logística de su activismo como lo es el transporte alimentación y locales de reunión.
• Soporte logístico a manifestaciones: Es posible que autoridades hostiles a la minería brinden transporte o alimentación a los manifestantes en contra de proyectos mineros. Se ha dado casos de uso de unidades de transporte contratadas o de propiedad por autoridades utilizadas para transportar a manifestantes hacia marchas o bloqueos. Esto se hace con recursos públicos que son utilizados con fines distintos a los presupuestados. Lamentablemente el grado de fiscalización por parte de la Contraloría o Gobierno Central es mínimo y estos actos de malversación de fondos públicos pueden ser realizados con mínimas consecuencias.
• Representación Social: Las autoridades locales tienen un importante rol de representación social puesto que han sido electas por la población. A diferencia de las ONGs o los Frentes de Defensa que se auto-asignan sus roles, estas autoridades han obtenido su puesto gracias a procesos electorales en las que ha participado la inmensa mayoría de la población. Una autoridad local anti-minera podrá presentar al resto del país su postura como representativa de su población. Ello facilita una polarización política contra el gobierno central y el acceso a medios de comunicación nacionales de la postura anti-minera.
• Aparato de Propaganda: En múltiples casos las autoridades sub-nacionales tienen importantes recursos comunicacionales bajo su control. Radios o canales de televisión locales son controlados por dichas autoridades. Estos recursos comunicacionales pueden resultar siendo canalizados dentro del aparato de propaganda anti-minero y dedicarse a socavar la legitimidad de la minería. En Espinar era común que el canal de televisión municipal transmitiera reportajes respecto a muerte de ganado a ser atribuidos a la actividad minera sin ninguna investigación científica que lo sustentara. En Cajamarca el Gobierno Regional durante el conflicto de Conga creo un programa radial “La Voz de La Región” que se dedicaba a la difusión militante del discurso anti-minero. La imagen superior proviene de la televisión municipal de Espinar mostrando un reportaje[i] en el que se acusaba a la Glencore-Xtrata de ser responsable de enfermedades en el ganado.

  

• Presión Institucional: Como mencionamos previamente el marco legal peruano no brinda a las autoridades locales muchos instrumentos para impedir legalmente las actividades mineras. Sin embargo, pueden realizar múltiples actividades que sirven para deslegitimar a los ojos de distintas audiencias las actividades del sector. En el caso de conflicto Conga fue visible el rol de la Ordenanza Regional 036 la cual prohibía el proyecto minero y que fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. También se hace uso de declaraciones de reservas naturales en zonas de operaciones mineras o se declara a una determinada población como pueblo indígena. Estas acciones se realizan por fuera de las atribuciones legales de estas autoridades. Sin embargo, su rol no consiste en inviabilizar legalmente a un proyecto.  Estas acciones se dan con fines políticos y permiten presentar los proyectos como enfrentados a la voluntad local e impuestos por el gobierno central.
• Adoctrinamiento: Los anti-mineros son conscientes de la importancia de la formación discursiva y de la importancia de penetrar a la sociedad con su narrativa. Por ello es común que utilizando recursos públicos lleven a cabo acciones de adoctrinamiento anti-minero a los empleados de las instituciones bajo su control. Los empleados públicos forman una fracción importante de los formadores de opinión en las inmediaciones de los proyectos mineros al constituir gran parte de la población local con mayores niveles educativos y capacidad discursiva. La siguiente imagen muestra a Wilder Sánchez, autor de estudios hostiles al proyecto Conga, dando una conferencia[ii] en contra de dicho proyecto a los empleados del Gobierno Regional de Cajamarca. La posición de Sánchez respecto a Conga es bastante clara:

“Ni una catástrofe natural, llámese huracán, aluvión, Fenómeno de El Niño o terremoto de gran magnitud, causaría la destrucción descrita en las cinco cabeceras de cuenca.Incluso una bomba nuclear como la lanzada sobre Hiroshima, que destruyó totalmente el 69% de sus edificaciones en 12 Km2 de la ciudad (o sea 1,200 hectáreas) pero no dejó profundos cráteres, tampoco se asemejaría a la devastación del territorio que ocasionaría Minas Conga si prosigue adelante”.

Este domingo se está jugando su futuro una importante fracción de la inversión minera nacional durante los próximos 4 años. De darse triunfos anti-mineros en regiones o municipios envueltos en conflictos sociales se verá severamente dificultado el aprovechamiento del enorme potencial geológico del país. Sería bueno que las empresas mineras estén claras sobre las consecuencias de una victoria de los grupos anti-mineros en algunas regiones del país. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Estos son los últimos días de la campaña presidencial en Brasil. El domingo 7 se realizará la primera vuelta del proceso electoral. Son 13 los candidatos a la presidencia, pero, en estos momentos solo dos tienen posibilidades de pasar a la segunda vuelta: Jair Bolsonaro y Fernando Haddad. Los demás candidatos ya están fuera de carrera. Entre los fracasos se destacan: Geraldo Alckmin, candidato por el PSDB, el eterno rival del PT, que se estancó en 10% a pesar de ser el candidato con la alianza política más amplia de todas, Marina Silva (ex-ministra del ambiente del PT), quien comenzó en segundo lugar con 16% y ahora tiene sólo 4% y sigue cayendo, el populista Ciro Gomes (ex-ministro del PT) que soñaba ser el opositor a Bolsonaro, pero que ya cayó al tercer puesto, el millonario Henrique Meirelles, del MDB, el partido del presidente Michel Temer, con sólo 2% y Guilherme Boulos, de PSOL (división radical del PT) con 0%.

Como expliqué en un artículo anterior, la polarización entre Bolsonaro y Haddad/Lula frenó el crecimiento de los candidatos de centro y generó una dinámica en que los electores opuestos al PT optarían por Bolsonaro como su alternativa, y los opositores a Bolsonaro busquen a Haddad/Lula como su opción realista de victoria. Una parcela importante de los votos de Marina migró a Haddad y muchos de los potenciales electores de Alckmin se fueron a Bolsonaro y a Haddad, bloqueando su despegue y consolidando la polarización derecha-izquierda.

Esa polarización tiene dos bases: una política y otra ideológica. La polarización política es anti-PT, es decir, la agrupación de todos los aquellos que son contrarios al retorno del PT al Brasil. La polarización ideológica es anti-Bolsonaro, la unión de las corrientes ideológicas que son contrarias a sus valores conservadores.

Como se puede ver en el cuadro anterior, construido por el Movimento Brasil Livre, MBL, en base al promedio de las 10 principales encuestadoras del país (http://mbl.org.br/analise/), Bolsonaro ha venido subiendo en forma consistente, alcanzando un techo de 30% de intención de voto, y Hadad ha subido en forma rápida estabilizándose en 23%. Si las elecciones fueran hoy Bolsonaro obtendría cerca de 36% de los votos válidos y Haddad obtendría 28%.

Con esos resultados los dos candidatos irían a una segunda vuelta tres semanas después, el 28 de octubre. A pesar de la brevedad del tiempo, la segunda vuelta tiene una dinámica propia, y sus perspectivas se presentarán en forma más clara después de conocer los resultados de la primera vuelta. Sin embargo, una encuesta reciente de Datafolha (vista por muchos como pro-PT) puede dar una idea del tipo de panorama que puede presentarse.

El PT ha organizado su campaña electoral en base a tres ideas: “Lula libre”, con “Lula estábamos mejor”, y “Mujeres contra Bolsonaro”. Sus mítines no han sido multitudinarios, con excepción de las marchas de mujeres en contra de Bolsonaro que sí fueron multitudinarias. Las ideas centrales de Bolsonaro fueron: “No a la corrupción”, “defensa de la familia, honradez, etc.” y “Bolsonaro es el cambio que necesitamos”. Las manifestaciones a favor de Bolsonaro han sido espontaneas y también multitudinarias, aún más grandes que las del PT. En las marchas del PT se observa una gran carga ideológica (marxista y post-moderna), en las de Bolsonaro lo característico es la indignación hacia la corrupción. Ambos grupos se consideran defensores de la democracia, y acusan al otro lado de ser pro-dictaduras.

El PT (Lula) dispone de una gigantesca maquinaria partidaria y mediática. Son más de un millón de militantes formados y financiados en dos décadas de control del estado (primero local, y después nacional) y de adoctrinamiento de universidades y medios de comunicación. El PT dispone de los equipos de marketing electoral más sofisticados de América Latina, y los medios internacionales liberales (The Economist, New York Times, BBC, etc.) se han posicionado en contra de Bolsonaro asociándolo a Trump, apoyando implícitamente el retorno de Lula, vía Haddad.

El movimiento de Bolsonaro, no tiene una organización partidaria significativa, su núcleo intelectual es reducido y su presencia mediática es casi nula. El punto fuerte de los partidarios de Bolsonaro es que son una especie de movimiento social masivo y espontaneo, con amplio espectro ideológico: conservadores, liberales e indignados en general. Socialmente, Bolsonaro se apoya en los sectores más educados de la clase media, en los pequeños emprendedores y en los grupos religiosos. Lula se apoya en los beneficiarios del programa Bolsa Familia, en los millones de empleados públicos y en los sectores ideologizados de la clase media.

Lula continúa argumentando su inocencia, se declara un perseguido político y ha advertido que, si él gana, habrá represalias contra la operación Lava Jato, el juez Sergio Moro y todos los jueces que lo condenaron. José Dirceu, estratega del PT, ya avisó que ahora la lucha no es por ganar unas elecciones sino por tomar el poder.

Bolsonaro apoya a la operación Lava Jato, y promete combatir a la corrupción y a la delincuencia y a defender la familia y los ciudadanos de bien. A pesar de su origen militar, y de contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Bolsonaro promete respetar la institucionalidad democrática, aunque su pasado genera dudas sobre sus promeses democráticas.

Este tipo de polarización política (derecha x izquierda) es una novedad en la política brasileña, pues el predominio de la izquierda ya tiene muchas décadas, y tanto los liberales como los conservadores no han contado con apoyo social masivo desde los años 30 del siglo pasado, y esto ha cambiado en los últimos 5 años. Sin dudas, este proceso electoral está rediseñando el panorama político brasileño.

Como hice notar antes, es imposible predecir quien va vencer, con la información disponible. Lo que sí es posible predecir es que, con la victoria de Lula, se acaba la lucha contra la corrupción, y que, si Bolsonaro gana, él va enfrentar una fuerte oposición desde el primer día de gobierno. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El 7 de octubre próximo se realizarán las elecciones presidenciales en Brasil, en poco más de 40 días el país escogerá el próximo presidente para el período 2019-22. Si nadie logra más de 50% en la primera vuelta, el 28 de octubre, tres semanas después, se realizará la segunda vuelta con los dos más votados. Este será un proceso electoral muy breve para tomar una decisión con grandes implicancias para el futuro.

Con una economía semi paralizada y una situación fiscal insostenible, Brasil va necesitar de reformas políticas y económicas difíciles pero indispensables para viabilizar una nueva fase de crecimiento económico. La población respalda a Lava Jato y está clara sobre la necesidad de luchar contra la corrupción, pero tiene poca claridad sobre las condiciones necesarias para que sus aspiraciones comiencen a volverse una realidad. En esas condiciones, la población es una presa fácil para los discursos populistas, y los populistas abundan en Brasil.

Son 13 los candidatos a la presidencia, pero solo 5 tienen alguna posibilidad de llegar a la segunda vuelta, hasta ahora.

En la última encuesta de Data Folha (agosto)[i] el ex-presidente Lula da Silva lidera las intenciones de votos con 39%, seguido del diputado ultra-conservador Jair Bolsonaro con 19%. Sin embargo, Lula está condenado en segunda instancia y ratificado en tercera instancia, y según la ley, él no puede postular a ningún cargo público.

La única opción para que Lula pueda participar en las elecciones es que el Supremo Tribunal Federal (STF) anule su condena, o emita una resolución haciendo una excepción legal con nombre propio para viabilizar su candidatura. Considerando el gran poder económico y político de Lula, la probabilidad de que el STF, a estas alturas, tome tal decisión no es nula. Pero considerando también que tal decisión provocaría una crisis en el poder judicial del país (romper la ley para que un condenado en segunda instancia sea candidato) dicha probabilidad es muy baja.

Por lo tanto, el segundo escenario es el más probable. En ese escenario es el ex-alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, quien será el candidato del PT a la presidencia.

Si se explora el escenario en que Lula no está presente, Bolsonaro salta a 22%, seguido por la ambientalista y populista Marina Silva con 16%, el populista tradicional Ciro Gomes con 10%, el socialdemócrata Geraldo Alckimin, ligado a Fernando Henrique Cardoso, con 9%, y el representante de Lula, Fernando Haddad, con 4%.

En ese segundo caso, sin la participación de Lula, habría que ver cuánto del electorado del PT efectivamente votaría por Haddad. Data Folha dice que el 31% de los encuestados se inclinarían a votar por un candidato indicado por Lula y un adicional de 8% podría hacerlo. Ello significa que Fernando Haddad tiene un gran potencial de crecimiento. Sin embargo, los otros candidatos populistas, Marina Silva y Ciro Gomes, ya están posicionados y van disputar férreamente el voto de los electores de Lula. Las encuestas del escenario 2 evidencian cómo ellos crecen más que Haddad con la ausencia de Lula. Además, el tiempo de campaña es muy breve y el electorado brasileño dedica por espacio mental a los temas electorales.

Afectado por su condena a 12 años y por su encarcelamiento, Lula orientó su partido a mantenerlo como su candidato hasta el final. El 15 de agosto, el PT ha inscrito a Lula como candidato a la presidencia y a Haddad como su vice-presidente. Con esta estrategia maximalista, el PT ha debilitado la imagen del candidato sustituto de Lula. Sin proponérselo, el PT ha estado enviando el mensaje de que Lula es insustituible y que nadie más en su partido tiene la estatura para ser un buen candidato presidencial. Durante todo este tiempo, los otros candidatos populistas (Marina y Ciro) han podido presentarse como dignos sustitutos de Lula y han fortalecido sus posiciones.

La persistencia de Lula en ser el candidato del PT ha contribuido a la polarización política favoreciendo al candidato ultra conservador, Jair Bolsonaro, opuesto a Lula. No es gratuito que, faltando seis semanas para la elección, Bolsonaro tenga 22% de intención de voto y Haddad, el candidato sustituto de Lula, tenga solo 4%. El PT va tener que hacer una campaña excepcional de demolición de las imágenes de Bolsonaro, Marina Silva y Ciro Gomes para poder llegar a la segunda vuelta. El PT sabe destruir las reputaciones de sus críticos y rivales. Esta es, en realidad, una de sus mayores habilidades, pero no es fácil destruir a varios candidatos en pocas semanas sin que el suyo no resulte afectado en ese combate. Además, según la encuesta de Data Folha, en una segunda vuelta, Bolsonaro derrotaría a Haddad. Entonces, si Haddad llega a la segunda vuelta, la victoria del PT no estará asegurada.

En el caso de que el PT no llegue a la segunda vuelta, y la disputa sea entre Bolsonaro y Marina Silva o entre Bolsonaro y Ciro Gomes, el PT tendrá la opción de apoyar al rival de Bolsonaro, llevando a que un populista, no muy distinto del PT, gane el gobierno federal. Ello permitiría al PT arribar a acuerdos políticos con esos candidatos y tener buenos aliados en Brasilia, mientras busca reconstituir sus fuerzas.

Hay un candidato liberal, Joao Amoêdo, que merece una atención especial. Amoêdo es un empresario que ha creado un partido político llamado “Novo”, es decir, nuevo. Amoêdo es contrario al financiamiento público de los partidos políticos, ha rechazado dicho financiamiento público para su campaña en la TV y ha apostado en hacer campaña electoral solo con donaciones privadas, operando en las calles y en las redes sociales. Un casi desconocido, Amoêdo ha comenzado a crecer en las últimas tres semanas y ya tiene 2% de intención de voto. Amoêdo apoya a Lava Jato, a la economía de libre mercado, y tiene el plan de gobierno y el discurso electoral más coherente con los desafíos del país. Sin embargo, es poco probable que en cuatro semanas logre crecer lo suficiente para llegar a una segunda vuelta. Lo atractivo de Amoêdo para los sectores más educados de la clase media, es que él se presenta como una nueva forma de hacer política en Brasil, y la gente está harta con la forma corrupta de hacer política en Brasil.

Gane quien gane las elecciones, van a presentarse dos opciones: O se hacen las reformas fiscales y legales, o el Brasil sigue en el estancamiento o va hacia una segunda crisis económica en el corto plazo.

• Si gana un conservador (Bolsonaro) o un liberal (Amoêdo) las probabilidades de reforma son mayores, pero la oposición estará asegurada.
• Si gana Haddad, es decir Lula, el escenario más probable es una crisis institucional, económica y política en el corto plazo, con la destrucción de Lava Jato y el desencadenamiento de un conflicto político abierto.
• Si gana otro populista (Marina o Ciro), su dilema va ser difícil pues, para salir del estancamiento y evitar la crisis, va tener que hacer una serie de reformas que son opuestas a su discurso electoral, y si no hace las reformas las perspectivas no serán positivas para nadie.

El dilema de los populistas puede representarse en una frase conocida en Brasil:

• Si corres el bicho te alcanza, si te quedas quieto, el bicho te come
  (Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come).

En cualquiera de los casos, el ambiente social, político y de negocios en Brasil no será tranquilo ni agradable en los próximos años. Sin embargo, desde el 2013 el país ha ingresado a un período de profundos cambios políticos: se desencadenó la mayor operación anti-corrupción (Lava Jato) y las mayores movilizaciones de la historia brasileña, surgieron nuevos movimientos políticos, y se cerró la Era PT. Es muy probable que ese proceso continúe y que se desarrollen corrientes de pensamiento liberales y conservadoras que en el futuro puedan constituirse en alternativas de gobierno al populismo que ha dominado la política brasileña por muchas décadas. Lampadia 

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 15 de junio de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa – efectivamente – omití consignar en mi Hoja de Vida mi oficio de Amansador de Mulas entre los años 1966 y 1978.

Me refiero a las Hojas de Vida que todos los candidatos debemos presentar al JNE para participar en cualquier proceso electoral a nivel nacional. Si… aquellas en las que algunas congresistas mintieron acerca de sus estudios. Las mismas en las que otros congresistas omitieron consignar sus prontuarios delincuenciales.

Ahora que me pongo a pensar… ¡yo debo estar en las mismas! En mi Hoja de Vida para las elecciones regionales pasadas, consigné mis estudios escolares en el Inmaculado Corazón y Santa María; mis estudios de ingeniería en la UNI; y mi MBA en la Escuela de Graduados de Wharton en EEUU. Pero ¿Amansador de Mulas?… ni una sola mención.

Ahora – a los 67 – ya no amanso mulas. Pero que he amansado mulas mañosas… tengo testigos de ello. Chun – un negro chinchano sensacional – fue mi gran maestro mulero. Mi cumpa Eduardo Peschiera fue mi más fiel compañero amansa-mulas. Ambos… que en paz descansen. Pero ahí están – vivitos y coleando – mis acompañantes de mil aventuras Ava Gutiérrez, José Miguel Devéscovi y Víctor Haaker con quienes cabalgábamos días enteros – con sus noches – amansando mulas.

Pero… ¿qué tiene que ver mi oficio de domador, con mi cargo actual? Pues mucho. Tanto que – para gobernar – más me sirve mi experiencia mulera, que todos los diplomas obtenidos a lo largo de mi vida. Paciencia, buen humor, don de mando, fortaleza, fe en Dios… y en la Virgencita del Carmen, tolerancia cero con la mañosería… todo eso se aprende cuando se es Amansador de Mulas. Y muy importante… ¡en qué momento meter las espuelas… y dónde meterlas! ¡Cómo que amansar mulas no sirve para la política!

Veamos. Siendo Gobernador Regional he conocido a gente que se parece mucho a las mulas que amansé durante mi juventud. Incluso, hay un caso – muy curioso – de homonimia. Me refiero a una mula vieja y pellejuda – recontra mañosa – que se llamaba Nora. Y que pateaba duro cuando le ponía la baticola. Luego – ya montado sobre ella – le metía las espuelas bien atrás… donde más le dolía. Así – poco a poco – la vieja Nora dejó de respingar, y terminamos siendo buenos amigos. Ojo. Cualquier similitud con algún personaje de la vida real, es mera coincidencia.

También amansé a un burdégano. (Los burdéganos son cruces de potro con burra. Las mulas son cruces de burro con yegua.) El caso es que, para ensillar a mi burdégano, había que chantajearlo con un poco de chala verde. Si no le daba chala verde, no se quedaba tranquilo. Mi burdégano me hace acordar a los periodistas chantajistas de Ica. Si no les das su marmaja, tampoco se quedan tranquilos.

Tuve – también – una mula que se escapaba del corral para comerse el maíz de las gallinas. Era una ladrona. Y otra que mordía a todo aquel que se le cruzara por delante. A la mordelona le quité la maña cuando un día hice que mordiera un rocoto picante. ¡Santo remedio!

Mañosas, respingonas, convenidas, ladronas, mordelonas… ¡qué parecidas eran mis mulas a algunos personajes de la política local! Aunque valgan verdades – una vez amansadas – ¡que animales tan nobles e inteligentes! No hay como una buena mula para cabalgar por caminos escarpados… como los escarpados caminos de la política peruana.

Total… confieso haber sido Amansador de Mulas. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros hermanos, que intercedáis por mí ante los Consejeros Regionales para que no me vaquen por haber omitido mi oficio de Amansador de Mulas en mi Hoja de Vida. ¡Amén! Lampadia

No se necesitan más llamadas de atención para que los peruanos nos aboquemos a corregir las deficiencias de nuestro sistema de partidos políticos y las normas que regulan el proceso electoral. Es suficiente apreciar el continuo descrédito del Congreso de la República en opinión de los ciudadanos y recordar las vicisitudes del reciente proceso electoral, para que asumamos la tarea de sus reformas.

La siguiente propuesta, preparada por Jaime de Althaus pretende poner en la agenda inmediata una de las reformas pendientes más importantes para mejorar la calidad de nuestra democracia. Ver otras propuestas de reformas en nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.

La indispensable reforma política que el nuevo Congreso deberá abordar

El nuevo Congreso deberá abordar, como una de sus primeras tareas, la reforma electoral y política indispensable para que no se repitan los problemas que se presentaron en el reciente proceso electoral y, sobre todo, para resolver los problemas de fondo de la democracia peruana: la ausencia de un sistema de partidos, el desequilibrio potencial en las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, y el descrédito del Congreso.

En los dos gráficos que siguen podemos ver la tragedia del sistema de partidos políticos del Perú. En el primero muestra cómo el sistema de partidos colapsó en 1989 y nunca se pudo recomponer:

Y en el siguiente constatamos cómo en cada elección municipal los partidos nacionales ganan cada vez menos alcaldías provinciales, de modo que su presencia en el interior del país es cada vez menor, en provecho de movimientos locales liderados en ocasiones por aventureros políticos que convierten a los gobiernos sub-nacionales en botines políticos. Es la feudalización del país, que tiene que acabar.  

La otra cara de esto es la ruptura de los canales de representación: no hay conexión ni comunicación entre alcaldes o gobernadores regionales que no pertenecen a ningún partido, y los partidos presentes en el Congreso. Y los congresistas representan colectivamente a circunscripciones relativamente grandes, donde nadie sabe quién es realmente su representante: no hay relación entre electores y representantes. La consecuencia es el descrédito total del Congreso.

El problema es que ningún partido político de los que accedió al nuevo Congreso formuló propuesta alguna de reforma política en sus planes de gobierno. Sugerimos, por lo tanto, que se forme una comisión integrada por especialistas para elaborar un proyecto de tales reformas que tome como base la propuesta de reforma institucional elaborada por la Asociación Transparencia[1]. Mientras tanto, nos adelantamos a presentar la nuestra, que creemos recoge un conjunto de medidas orgánicamente pensadas para resolver los tres problemas mencionados.

Reformas electorales para no repetir los problemas que se presentaron en las últimas elecciones generales:

1. Calendario electoral: inscripción de candidatos presidenciales y congresales con más anticipación. Y acortar la segunda vuelta a 4 semanas.

2. Requisitos: disminuir la cantidad de requisitos formales para acreditar democracia interna y reemplazarlos por una fórmula como la que propone Transparencia: que los partidos políticos elijan a sus candidatos mediante elecciones abiertas supervisadas obligatoriamente por los organismos electorales. En esas elecciones podría participar cualquier ciudadano esté o no inscrito en el partido y lo ideal sería que se realizaran simultáneamente.

3. Exclusión de candidatos: derogar la sanción de exclusión para los candidatos que distribuyan dádivas o mantenerla solo para casos muy escandalosos, pero habría que tipificarlos con claridad. Y, tal como propone Transparencia,  prohibir la candidatura de personas que hayan cumplido condenas por terrorismo, narcotráfico, corrupción, delitos contra el Estado, homicidio, secuestro o violación sexual.

Reformas políticas para resolver los desequilibrios potenciales entre Ejecutivo y Legislativo:

1. Creación del Senado. Podría tener 30 miembros y ser elegido en distrito único nacional hasta la creación de regiones propiamente dichas, momento en el que se elegirían por regiones. Su función sería principalmente revisora. Es particularmente importante y necesario aprobarlo en una circunstancia como la actual en la que un partido tiene la mayoría absoluta, pues dos cámaras son una forma de limitar el poder del Congreso. Fuerza Popular podría dar una señal democrática muy positiva si propone auto limitar su poder con el restablecimiento de la bicameralidad. 

2. Elevar a los 2/3 o 3/5 el porcentaje de votos que se requiere para insistir en un proyecto de ley observado por el Ejecutivo, como es en casi todas las democracias presidencialistas. Actualmente es de solo la mitad más uno del número legal de congresistas. Esto, junto con lo anterior, para prevenir el populismo parlamentario.

3. Permitir la candidatura al Congreso del candidato a la presidencia de la República. Esto es muy importante para dos efectos:

a. Que el Congreso se convierta en un verdadero foro político, con la presencia de los líderes partidarios.

b. Que el ex candidato o líder del partido pueda mantener unida a su bancada.

Reformas políticas para revalorizar el Congreso y reconstruir el sistema de partidos

1. Eliminación del voto preferencial y su reemplazo por el distrito electoral uni o binominal para el Congreso o para la Cámara de Diputados. El mejor voto preferencial es el voto por un representante en un distrito electoral pequeño en el que solo se elige a un representante. Esta reforma es fundamental por varias razones:

a. Para que los ciudadanos se sientan representados en el Congreso y la democracia tenga sentido concreto: en un distrito uninominal uno sabe quién es su representante y puede expresarle sus demandas y problemas, y puede fiscalizarlo. Y el representante está obligado a relacionarse con sus electores para representar bien sus intereses si quiere ser reelegido. En cambio, en el sistema plurinominal o proporcional, el congresista representa al partido y no a los electores[2]. Por eso en la última elección para el Congreso el 34% votó en blanco o nulo.

b. Para elegir mejores representantes: en un distrito uninominal no se presentan decenas o cientos de candidatos, como ocurre actualmente, sino solo uno por cada partido que participa. Conforme se reduzca el número partidos, los electores tendrán que escoger entre, digamos, 4, 6 u 8 candidatos. Pueden entonces conocerlos mucho mejor antes de elegir.

c. Para reducir el número de partidos: el distrito uninominal induce a los partidos pequeños a aliarse con otros más grandes a fin de tener chances de ganar en algún distrito. De lo contrario, no ganaría en ninguno. Fomenta, así, la aglutinación partidaria, lo contrario de nuestra actual fragmentación. Apunta al bipartidismo, que es el sistema más eficiente.[3]  

2. Inscripción y vigencia de los partidos políticos. La idea es bajar la valla para la inscripción de los partidos pero subirla para su permanencia.

a. Reducir sustancialmente el número de firmas (no más de 10 mil, por ejemplo) para formar un partido, pero éste queda obligado a presentar candidatos por lo menos al 50% de las regiones y municipalidades provinciales y distritales del país.

b. Subir la valla para las alianzas. El Congreso recientemente la subió un punto por cada partido que se suma a una alianza, pero eso es insuficiente. La propuesta original fue aumentar 2.5% por cada partido adicional.

3. Subir los requisitos para formar y mantener movimientos regionales. Para inscribirse y funcionar, deberán acreditar existencia y presentar candidatos en por lo menos tres regiones.

4. Financiamiento público y privado de los partidos.

El financiamiento público de los partidos debe comenzar a ejecutarse a partir del 2017 tal como lo establece la tercera disposición transitoria de la ley Nº 30414, de modo que debe estar incluido en el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo envía al Congreso en agosto del presente año.

En cuanto al financiamiento privado, este tiene un tope anual muy bajo, de 60 UITs, equivalentes a 237 mil soles, lo que obliga a los partidos a buscar formas de disfrazar aportes mayores y favorece la búsqueda y blanqueo de financiamiento ilegal. Si el monto que una persona individual o una empresa formal puede dar es mayor –bastante mayor- entonces será más fácil para los partidos depender de financiamiento privado formal o legal, que del ilegal. Para eso tiene que ser transparente, por supuesto.

Lampadia