Se conoce como “Trampa del ingreso medio”aquella situación en la cual un país emergente entra en un plató sostenido de estancamiento que detiene su convergencia hacia los niveles de ingreso de los países desarrollados. La experiencia internacional muestra que cuando los países superan el umbral de los US$ 10mil per cápita se encuentran en una etapa intermedia de desarrollo, y es cuando enfrentan el reto de adoptar las reformas necesarias para alcanzar el desarrollo integral y duradero.

¿Cuáles son las causas del estancamientoque lleva a caer en la trampa del ingreso medio? En un primer momento, un país de bajos ingresos puede crecer aceleradamente a partir de la mano de obra abundante y las reformas de mercado que apunten a asignar eficientemente los recursos productivos y a estimular el comercio. Este crecimiento “smithiano” (por Adam Smith), basado en la competitividad ganada por la especialización y la división del trabajo eventualmente empieza a agotarse.Entonces,la economía que alcanza plenamente su potencialproductivo debe buscar un crecimiento basado en la innovación como fuente principal para aumentar la productividad. En palabras de Paul Krugman “la productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo”.

Entonces, la receta para evitar caer en la Trampa del Ingreso Medio es aplicar las reformas adecuadas que permitan generar un cambio cualitativo en la capacidad de realizar mejoras continuas en la competitividad de la economía, estimulando la productividad de la mano de obra.Varios factores influyen en esto. Existe consenso en que la baja calidad de la educación es un cuello de botella que limita nuestro potencial a largo plazo. En Lampadia ya hemos escrito sobre la necesidad de trabajar en una gesta por educación, pues urge aplicar políticas audaces para mejorar agresivamente el capital humano.  Igualmente, invertir audazmente para cerrar la brecha de infraestructuras que en el Perú ya alcanza los US$ 88 mil millones de dólares en agua y saneamiento, telecomunicaciones, energía y transportes (puertos aeropuertos, carreteras, caminos), por un lado, y las de educación y salud por otro. Todo vital para: i) mejorar las condiciones de vida de la población; ii) reducir costos innecesarios y cuellos de botella y  iii) mejorar la competitividad y el clima de negocios.

La agenda pendiente para dar el salto a un desarrollo integral y duradero incluye además una reforma que mejore la calidad y la confianza en las instituciones. En el Perú, estamos lejos de lograr los estándares mínimos requeridos para una transición hacia el estadio de los países avanzados. Nuestra situación en áreas como resolución de conflictos, seguridad ciudadana, corrupción, estructura política o calidad y acceso de la justicia,  muestra grandes deficiencias. Estas situación debilita la confianza en todas las instituciones y, eventualmente, llevaal desprestigio de los gobiernos, y de la clase política, lo cual afecta la gobernanza y la calidad de las decisiones del sistema político.

Por otro lado, en el caso peruano, además de las reformas, tenemos un elemento adicional para tratar de no caer en un estancamiento futuro: no hemos llegado aún a nuestro potencial productivo. En efecto, dado nuestros enormes recursos minerales, forestales, pesqueros y gasíferos, aislados durante largo tiempo de la inversión privada, el Perú cuenta con un potencial gigante para aumentar su base productiva, generando industrias conexas a nuestros sectores primarios, sin que esto excluya otros desarrollos industriales. No obstante, dada la “tramitología”, el ruido político y la ineficiencia del Estado para atraer inversiones, el reto de nuestros economistases siendo cómo hacer que esto no siga solo como un potencial y se pueda desarrollar sin afectar nuestros equilibrios macroeconómicos.

Los elementos en los que la clase política debe generar consensos y una agenda para alcanzar la convergencia al mundo desarrollado los hemos denominado previamente en LampadiaLos triángulos del futuro. Sin duda, la historia nos ha demostrado que solo las sociedades que han puesto el futuro como el centro de la agenda del presente son aquellas sociedades que han alcanzado la prosperidad.  Nuestros políticos deben comprender que éste es el momento de aplicar las medidas que permitan dar el gran salto aun desarrollo integral y duradero.

El gobierno, pretendiendo corregir el desaguisado populachero del segundo gobierno de Alan García, dispuso la elevación de los topes salariales del Estado. Lamentablemente, se presentó de una forma tan torpe, que el domingo pasado, todos los periódicos titularon “se duplica el sueldo de los ministros”. Esperemos que la forma en que se ha planteado y difundido esta medida, no termine frustrando su ejecución. Ojalá los medios sepan aquilatar el fondo de esta norma y no hagan más escarnio de ella. 

Queremos que los peruanos se pongan las pilas para que los mejores profesionales trabajen en el Estado.

El sábado pasado el Gobierno promulgó una norma (Decreto Supremo 023-2014-EF) por la cual se dispone el incremento de remuneraciones de los funcionarios públicos, incluyendo: ministros, viceministros, secretarios generales y otros funcionarios públicos de libre designación y remoción, gerentes generales de regiones y gerentes municipales. Esta medida se enmarca dentro de la reforma de la administración pública que el Estado impulsará este año a través de la Ley del Servicio Civil para introducir incentivos para la meritocracia en la carrera pública, así como para atraer a los mejores profesionales al Estado.

En los últimos años, después de la equivocada norma de García, hemos tenido un Estado que no ha podido atraer, ni retener capital humano de la dimensión necesaria para el buen cumplimiento de sus funciones. El Perú ha crecido a un ritmo promedio de 6% en la última década por el dinamismo de la inversión privada -grande y pequeña-, y el esfuerzo de una pujante clase media emergente. Por su parte, el Estado ha sido casi siempre un gran obstáculo para destrabar inversiones, simplificar la “tramitología” y funcionar eficientemente en el servicio de los ciudadanos. Así, uno de los grandes cuellos de botella que hemos identificado para poder seguir creciendo a tasas elevadas tiene que ver con la baja productividad de la administración pública. En este contexto, uno de los aciertos del presente Gobierno fue la aprobación de la Ley del Servicio Civil, que busca retener a las personas talentosas y altamente calificadas de la administración pública e introducir los incentivos adecuados para que hagan carrera en el Estado. Este aumento de remuneraciones es una corrección para establecer una de las bases de esta gran reforma.

Nuestro Estado necesita con urgencia buscar el mejor capital humano disponible, y no solo desde el Perú, sino en todo el mundo. Sin duda, uno de los peores errores del Gobierno anterior fue la aprobación de la llamada “Ley de Austeridad” del 2006, que congeló demagógicamente los sueldos en el Estado, lo que ahuyentó a los funcionarios talentosos que se fueron, por necesidad, al sector privado o al exterior. Esta perniciosa Ley también introdujo una absurda jerarquía en las remuneraciones colocando en un tope de sueldo para Presidente, Congresistas y Ministros de 15,600 soles; es decir, priorizando remuneraciones en los cargos políticos, y subordinando las remuneraciones de todo el resto de la administración pública e un escalafón pernicioso. La consecuencia de esta medida fue debilitar la tecnocracia e incentivar la entrada de profesionales mediocres sin posibilidades de rendir en el sector privado, militantes políticos y allegados sin una preparación suficiente.

Es cierto que en el Perú los sueldos de los ministros están atrasados en comparación a Chile, donde un ministro gana US$ 15 mil dólares al mes, o México donde es remunerado con US$ 11 mil dólares. Esto es algo que debe corregirse. Sin embargo, lo que el Gobierno ha mostrado este fin de semana, es cómo no se debenimplantar las políticas. Ha sido de una tremenda  torpeza no explicar a los ciudadanos el contexto y los beneficios de la norma, incluso dando ventajas para que los rivales políticos aprovechen la ocasión para acusar al gobierno de “repartijas” e incluso algunos insinúen intentonas demagógicas por “levantar a las masas” para frenar la medida.

En Lampadia hemos insistido en la necesidad de una reforma del Estado. Como reseñamos en Reformas de Nueva Zelanda 25 años después, Nueva Zelanda llevó a cabo una profunda reforma que incluyó una radical transformación de su administración pública. Como parte de la reforma, se introdujo un  sistema de incentivos basado en bonos de desempeño y la posibilidad del despido ante los malos resultados. Las regulaciones laborales en el aparato estatal se empezaron a regir por las mismas normas que en el sector privado, para atraer el mejor talento al Estado. El resultado fue la eliminación de las fuertes rigideces burocráticas y un aumento considerable en la productividad y eficiencia del aparato público. Dada esta historia de éxito, sería absurdo no apoyar la reforma de la Ley del Servicio Civil, que tiene como uno de sus elementos un sinceramiento de las remuneraciones de los gerentes y técnicos del Estado. Bien haría la prensa en quitar tribuna a los oportunistas políticos que tienen poco interés en mejorar la calidad del Estado, y apoyar las buenas reformas educando la población sobre este tema.  

Lampadia

Poco se sabe en el Perú de la exitosa y profunda reforma económica, política y administrativa que llevó a cabo Nueva Zelanda, como política de Estado, desde 1985. Esta reforma, considerada como “uno de los episodios más notables de liberalización que puede ofrecer la historia”, fue impulsada por el partido laborista de la  izquierda.

Los años 80´s no solo fueron duros para el Perú y América Latina. Como consecuencia de un Estado benefactor insostenible, políticas públicas proteccionistas de larga data, una economía sin incentivos para generar riqueza y una burocracia estatal ineficiente, Nueva Zelanda aterrizó en la década de los 80’s arrastrando una crisis económica y política que demandaba a gritos reformas radicales en el modelo económico y en la administración pública. 

El contexto previo

Entre 1950 y 1985 Nueva Zelanda registró la tasa de crecimiento más baja entre las economías de la OECD, creciendo menos de la mitad del promedio de estos países. De ser el quinto país más rico del mundo en 1950, pasó a ocupar el vigésimo lugar en el año 1985, a pesar de su extenso “Estado de Bienestar”.

Estos resultados se pueden entender porque Nueva Zelanda era considerada la economía más protegida de la OECD. En efecto, desde 1950 existían extensos controles de precios y, en promedio, un quinto de todos los productos de consumo tenían precios fijados desde el Gobierno; las empresas nacionales tenían protección frente a la competencia de las importaciones; el mercado laboral tenía una pesada regulación basada en criterios redistributivos antes que en productividad; y abundaban numerosas empresas estatales mal administradas, entre otras agudas distorsiones. La crisis que venía arrastrando el Estado neozelandés se agravó fuertemente con el ingreso de Gran Bretaña a la Comunidad Europea, lo que redujo fuertemente sus exportaciones a ese país (que alcanzaban el 70% de las exportaciones totales), así como por la crisis petrolera del 1973, y el incremento de la deuda pública para financiar programas sociales y el gasto en pensiones, que llevó al país a un déficit fiscal de 7% del PBI a comienzos de los 80’s. La crisis fue de tal magnitud que el Gobierno del Partido Nacional tuvo que convocar elecciones anticipadas en julio de 1984. Estas elecciones las ganaría el partido Laborista de izquierda.

La “Gran Transformación”

A partir de 1985 Nueva Zelanda se embarcó en un extenso proceso de transformación que no solo incluyó las “tradicionales” reformas de primera generación asociadas a la apertura comercial, privatización de empresas públicas, simplificación del sistema tributario, eliminación de subsidios a la industria, liberalización de precios y salarios, flexibilización del mercado laboral, reducción del gasto público y disciplina monetaria, ya que el plan de reforma contempló también una profunda metamorfosis en el sector público, principalmente, en el Poder Ejecutivo.

El servicio público de Nueva Zelanda funcionaba con fuertes rigideces burocráticas y los funcionarios públicos gozaban, prácticamente, de estabilidad laboral absoluta. Los Directores y jefes llegaban a sus cargos por criterios de antigüedad antes que por méritos.  El sector público se percibía como lento y costoso, y uno de las principales preocupaciones derivaba de la ineficiencia en la utilización de los recursos públicos, debido a la falta de transparencia y rendición de cuentas. Así, entre 1988 y 1989 se promulgan dos leyes claves (la State Sector Act y la Public Finance Act – ley del sector estatal y de las finanzas públicas), que tuvieron como objetivo lograr mayor transparencia en la gestión, otorgarle a los gerentes públicos mayor libertad para cumplir sus metas -incluyendo mayor flexibilidad en el manejo de sus recursos humanos y financieros-, y una orientación hacia el logro de resultados. El Gobierno logró además introducir un sistema de incentivos basado en bonos de desempeño o la posibilidad del despido ante los malos resultados. Las regulaciones laborales en el aparato estatal se empezaron a regir por las mismas normas que en el sector privado, acabando con la estabilidad absoluta. El nombramiento de los gerentes se empezó a realizar por un periodo fijo, que no coincidía con el ciclo electoral, para separarlo del proceso político.

Todas las evaluaciones de la experiencia neozelandesa indican que se registraron importantes ganancias en productividad y eficiencia, y que la reforma del Estado fue un gran éxito. Como señaló el ex embajador neozelandés Darryl Dunn, en una entrevista para El País de Montevideo, Nueva Zelanda cambió en “las actitudes hacia las instituciones del Estado, en el sentido de darse cuenta de la necesidad de reformas”.

Es rescatable que al margen del color político, Nueva Zelanda haya podido construir un consenso entre el Partido Nacional, de derecha, y el Laborista, de izquierda, para hacer de esta profunda reforma una política de Estado perdurable.

Nueva Zelanda ha sido visitada  innumerables veces por misiones de muchos países de la tierra desde la década del 90´ para evaluar el diseño, implementación y resultados de esta gran reforma de Estado. Como hemos manifestado en Lampadia, el Perú tiene la necesidad de emprender importantes reformas en educación, institucionalidad, infraestructuras y clima de inversión, todos temas en los que Nueva Zelanda descolla a nivel mundial y tiene mucho que enseñarnos. 25 años después de la transformación de Nueva Zelanda, creemos que sería de extrema utilidad organizar visitas de estudio, del sector público y del privado, para recoger los elementos políticos y técnicos que hicieron posible el gran salto hacia la prosperidad de este país.  Lampadia

El año pasado el canon minero total ascendió a S/. 5,170 millones lográndose las mayores transferencias de la historia. Sin embargo, la caída no esperadade los precios de los metales en el 2012 llevó a que este año el canon haya disminuido en más de mil millones de soles, y en algunas regiones como en Cusco, la caída de las transferencias fue mayor al 90%, dañando las finanzas sub-nacionales y la programación de algunos proyectos de inversión.

El malestar social, el oportunismo político ante las menores transferencias, y las movilizaciones regionales contra el Gobierno Central -en especial contra el Ministro de Economía- evidenciaron que la bonanza (no esperada) de los últimos años, que incrementó el canon y regalías de S/.285 millones en 2003 a S/. 5,700 millones en el 2012, había acostumbrado a los gobiernos sub-nacionales a recibir crecientes transferencias. Sin embargo, el Gobierno Central también ha fallado en su estrategia de comunicación para hacer entender la naturaleza volátil y transitoria de estos recursos. De hecho, entre el 2004 y el 2012, las transferencias por canon minero y regalías han mostrado una correlación de 0.9 con la evolución del índice de precios de los metales, lo cual revela la elevada sensibilidad de las finanzas de los perceptores de estos recursos a las fluctuaciones de los precios de los commodities. Esta situación es más grave si consideramos que las circunscripciones que dependen delos recursos naturales muestran altas tasas de necesidades básicas insatisfechas (NBI), y que muy pocos de estos distritos (en su mayoría rurales) están en la capacidad de recaudar impuestos directos sosteniblemente, mostrando bajo grado de autonomía fiscal y alta dependencia de transferencias del gobierno central.

Ante esta situación, la creación de un Fondo de Estabilización Sub-nacional (FES), que se extienda sobre los ciclos presupuestarios con depósitos hechos durante los años de boom y retiros durante los años de vacas flacas, permitiría suavizar la volatilidad de los precios de los commodities a los presupuestos sub-nacionales, haciendo más previsible y estable el flujo de recursos disponibles por canon y regalías, y con ello se facilitaría una mejor planificación y programación de los presupuestos locales y regionales. No solo eso, también podría funcionar como un fondo para encarar emergencias (por ejemplo, por desastres naturales), y además facilitaría la ejecución de políticas anti cíclicas por parte del Gobierno Central, ya que este nivel de gobierno tendría más control sobre el gasto agregado.

Las fuentes que alimenten el FES podrían estar asociadas a apropiaciones discrecionales del presupuesto sub-nacional, parte del superávit (cuando se genere) o transferencias basadas en una fórmula predeterminada. Igualmente, los retiros del FES podrían estar sujetos a la aprobación de una mayoría calificada o de acuerdo a una fórmula que refleje la caída de los ingresos. En general, la recomendación es que se utilice -tanto para los depósitos como para los retiros- una fórmula predeterminada, sencilla y fácil de entender, sobre las transferencias generadas por las industrias extractivas, ya que el uso de una regla no solo reduce la interferencia política, incrementando las propiedades estabilizadoras de los fondos (genera menos control discrecional), sino que la fórmula puede forzar a los gobiernos locales a realizar depósitos incluso en años en los cuales las transferencias se reducen, si es que desde un horizonte de largo plazo el canon y las regalías son aún elevadas. Además, los superávit presupuestarios (generación de saldos) no necesariamente son adecuados para alimentar el FES, ya que estos pueden ser consecuencia de la manipulación política más que de la evolución de la economía y el manejo financiero apropiado.

Los depósitos tendrían que estar en cuentas individuales a nombre de cada gobierno local o regional, ya que la normativa constitucional establece que el canon es de propiedad de cada circunscripción; no obstante, el manejo financiero tendría que hacerse en conjunto para buscar mayores retornos por estos recursos. Dado que el objetivo del FES es reducir la volatilidad de las transferencias de recursos naturales, y no actuar como un “fondo de riqueza” de largo plazo, se deben establecer ciertos techos en su stock, puesto que el FES debe ser suficientemente grande como para financiar la menor disponibilidad de recursos, pero no tan grande como para perder retornos importantes en su uso, dada las altas necesidades en los distritos más dependientes del canon.

En la siguiente presentación Lampadia invita a continuar con el debate de la clase media y ofrece mantener abierto su Libro Blanco para recoger opiniones de tirios y troyanos en el afán de converger en un cierto consenso.

La evolución de la clase media peruana es una de las mejores representaciones del desarrollo reciente del país. Los peruanos necesitamos aprender y difundir las lecciones de nuestro desarrollo social y económico, así como entender los procesos experimentados en otros países, para comprender las relaciones causa-efecto que puedan marcar la dirección de nuestras futuras políticas públicas.

En Lampadia queremos promover un debate sobre este importante tema, para poner sobre la mesa las opiniones e ideas que se vienen desarrollando en torno a la conformación de la clase media en el Perú. En este “Libro Blanco” monitoreamos las distintas publicaciones que se realizadas sobre este tema desde el mes de noviembre de 2012. Nuestro enfoque se basa en los siguientes lineamientos:

1. La base de cualquier análisis debe ser la información objetiva sobre la evolución de nuestra sociedad.

2. Más allá de mostrar las “fotos” de nuestro desarrollo en un momento específico, es importante destacar los procesos y las tendencias; es decir, “las películas” que explican dicha evolución.

3. Si queremos establecer y focalizar la agenda pendiente para la superación de nuestras grandes falencias y atrasos, es indispensable hacer una línea de base: la identificación de donde estamos hoy.

4.  Ya es hora que dejemos de flagelarnos y de destacar solo lo malo que nos rodea.

5.  Gozamos del espíritu de un sano y elegante optimismo.

Existen diversos reportes que destacan un notable avance de la clase media en el Perú. Según el informe del Banco Mundial (BM) titulado “La movilidad económica y el crecimiento de la Clase Media en América Latina“, el 69% de los peruanos perciben entre 4 y 50 dólares per cápita por día, constituyendo lo que podemos llamar la nueva clase media  peruana.

El estudio del BM considera tres líneas de ingresos para hacer su segmentación: en el  segmento Pobres considera quienes tienen ingresos per cápita por debajo de 4 dólares  al día, en el grupo de Población en Situación de Vulnerabilidad (PSV o clase media baja, aquellos que podrían retroceder a niveles de pobreza por shocks no esperados), están los que ganan entre 4 y 10 dólares per cápita por día; y en la clase media consolidada, quienes perciben ingresos entre 10 y 50 dólares per cápita por día.

La gran noticia para el Perú es que en el informe del BM el 29% de la población peruana es considerada de clase media consolidada, el 40.1% clase media no  consolidada o baja, y el 31% pobre (con ingresos menores a US$ 4 por día y por persona). Es decir, una impresionante fotografía de cómo el  crecimiento económico ha ido construyendo un nuevo rostro social del país en el que la pobreza es arrinconada y resurge vigorosa, la clase media. El siguiente gráfico detalla la estructura de la clase media peruana, sobre la base de las cifras y el análisis del Banco Mundial:

Por su parte, el estudio publicado por el BID advierte que no existe un consenso en cuanto a la magnitud de la clase media, pues establecer umbrales en el ingreso monetario como parámetros para definir estratos socioeconómicos a los cuales pertenece la clase media es una simplificación arbitraria y, por tanto, subjetiva. No obstante, Fidel Jaramillo, representante del BID en el Perú, explica que la participación de la clase media en el Perú es muy importante y ronda entre el 39% y 49%, y ha crecido de manera sostenida en los últimos años. De acuerdo a las cifras que maneja el BID, entre 2005 y 2011 habría pasado del 26% al 49%. El estudio también concluye que el crecimiento económico registrado en este periodo ha sido particularmente pro-pobre y pro-clase media.

Sin embargo, el BID también advierte que la clase media es muy vulnerable a choques adversos como una reducción del crecimiento económico, desempleo, enfermedades, accidentes, muerte o desastres naturales, entre otros. Ello podría hacer retroceder los avances de estos últimos años y millones de peruanos y peruanas caerían nuevamente en la pobreza. Por ello, Fidel Jaramillo del BID remarca que la discusión importante no es cuántos ni cómo se define a los del medio, sino cómo consolidar a la clase media y hacer que la población que ha emergido de la pobreza sea menos vulnerable.

Por otro lado, la consultora Arellano Marketing destaca que la tradicional pirámide socioeconómica -en la cual hay muy pocos ricos arriba y muchísimos pobres abajo-, se viene convirtiendo en un rombo luego de 10 años de crecimiento sostenido y el gran fenómeno migratorio sucedido en el Perú. En efecto, el estudio Planificar 2013-2014 de la consultora Arellano Marketing afirma que el 57% de la población peruana pertenece a la clase media, donde el 39% corresponde a la nueva clase media y el 18% a la tradicional, gracias al desarrollo del país, que les han permitido salir de la pobreza.

El estudio de Arellano Marketing destaca que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, el crecimiento de la clase media emergente es descentralizado y remarca que ésta constituye un estrato social diferente que no se ajusta al estereotipo tradicional, al no depender o aspirar a las características de las clases altas. La clase media emergente ha surgido sin depender de la clase alta tradicional y más bien en muchos casos con aquella en contra porque la ha tratado de limitar. Ha creado su propia economía, su propio desarrollo en sus zonas, por lo tanto ha crecido sin necesitar a las clases tradicionales y está generando sus propios criterios estéticos y  sus propios criterios culturales.

Arellano usa la misma metodología de The Economist para definir a la clase media. The Economist plantea que está constituida por las familias que pueden hacer un uso discrecional del 30% de sus ingresos; Arellano habla de  la capacidad de hacer consistentemente, algunos gastos discrecionales (no todos): unas veces en diversión, otras en educación y otras en ahorro. Así mismo, a diferencia del paradigma tradicional de medición basado en los niveles de ingresos, enfatiza la estructura del gasto de las familias, enfoque que parece ser más preciso.

Los ingresos promedio de la Nueva Clase Media (S/. 1,850 por persona y por mes) son similares a los de la Clase Media Tradicional (S/. 2,070). Sin embargo, hay algunas diferencias: las tres cuartas partes viven en las zonas periféricas de las ciudades, 51% tiene vivienda propia, para el 39% culminar el colegio es su máximo grado educativo, el 18% tiene un negocio propio y el 14% tiene vehículos.

El informe Consumer in 2050: The rise of the EM middleclass (“El consumidor del 2050: La aparición de la clase media en los países emergentes”), del HSBC remarca el excelente potencial que tiene la economía peruana para ser una de las estrellas del crecimiento en América Latina, al identificar al Perú entre los países de “alto crecimiento” junto a India, China, Malasia y Filipinas, entre otros, llegando al 2050 a ubicarnos entre las 26 economías más grandes del planeta.

De acuerdo a las proyecciones del HSBC, al año 2030 el Perú contará con el 70% de su población ubicada en la clase media consolidada (con ingresos anuales por persona de más de US$ 3,000), y un 10% en el grupo de altos ingresos (con ingresos anuales por persona de más de US$ 15,000), igualando a Chile y superando ampliamente a Colombia, que tendría solo al 50% de su población en los grupos de ingresos medios y altos. En términos de población, esto significa que 12 millones de peruanos ingresarían al grupo de personas que reciben ingresos medios y altos. Asimismo, el HSBC destaca que para el año 2050 el progreso permitiría que el 50% de la población se ubique en el grupo de ingresos medios y  el 40% en el grupo de ingresos altos.

Esta proyección toma en cuenta el estado actual de nuestro desarrollo y nuestro perfil poblacional, así como el potencial económico del país y las acciones  fundamentales necesarias para converger con los países del mundo desarrollado. En un documento previo del mismo HSBC, “The World in 2050”, se vincula este potencial del Perú a la estructura de nuestra población y a la necesaria priorización política de los temas de nuestra agenda pendiente: educación, instituciones, infraestructuras y clima de inversión.

Las nuevas clases medias lo único que han visto es progreso. La tendencia es que ese progreso se siga fortaleciendo y para no detener esta favorable transformación social el gobierno debe continuar con las reformas en pro de una economía de mercado que permita el crecimiento sostenido de largo plazo. Sólo así podremos alcanzar las proyecciones presentadas por el banco internacional HSBC.

Más allá del aporte de estas instituciones, en el Perú hay todavía algunas empresas consultoras y de investigación, así como analistas económicos, que insisten en negar este proceso de avance social y económico. Por esta razón consideramos muy importante seguir profundizando el debate.

Así como hemos indicado que la evolución de la clase media es una de las mejores representaciones del desarrollo reciente del país, también creemos que el análisis prospectivo, como el aportado por el HSBC, representa de manera extraordinaria nuestro potencial de desarrollo integral y las política públicas fundamentales que lo harían posible. Por ello, insistiremos en promover su análisis y discusión.

Con este propósito, es que a continuación presentamos, como un libro abierto, las distintas publicaciones referidas al tema, las que hemos identificado durante los últimos meses, y las que se produzcan en el futuro. Esperamos que en algún tiempo próximo, podamos cerrar el “Libro Blanco de la Clase Media Peruana”, cuando hayamos alcanzado un consenso básico.

El director de Stratfor Global Intelligence, George Friedman, explicó durante la VIII Cumbre de Comercio Exterior organizada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) que el Perú está considerado entre las 16 economías con el potencial de suceder a China en los siguientes años en el sitial que esta economía dejaría de ocupar en el  mundo al empezar a agotarse las ventajas que permitieron su rápido crecimiento. 

Las 16 Economías con el potencial combinado de suceder a China

El experto indicó que China ralentizará su crecimiento porque el impulso de su industria manufacturera y de ensamblaje basada en bajos salarios estaría llegando a su fin, cumpliendo el mismo ciclo que ocurrió en varios países desde el impulso global de la Revolución Industrial, que en un primer momento estimuló una  rápida expansión basada en bajos costos y abundante mano de obra, como sucedió en EEUU entre 1890 y 1900, en Japón durante el siglo XX, y en otros países desarrollados antes de llegar el punto de transformación que está alcanzando China.  

El informe de Stratfor considera 16 países que tendrían el potencial combinado de ocupar el nicho económico que dejaría vacío China al trasladarse hacia una matriz productiva de mayor especialización y costos. Perú es uno de los cuatro países de América Latina (y el único de Sudamérica), junto a México, Nicaragua y República Dominicana, considerados en el grupo que tendría el potencial de satisfacer la demanda por las exportaciones de China y atraer los flujos de inversión que hoy en día se dirigen a esas industrias. Friedman remarcó que la inclusión de Perú responde al importante movimiento que se observa en industrias como confecciones, calzado, y ensamblaje de teléfonos móviles, destacando que en los siguientes años serán los pequeños negocios los que crearán empleo y crearán la base para un futuro desarrollo industrial.

El informe resalta que existen también razones financieras para considerar el despegue de este grupo de economías, puesto que existen capitales en los mercados desarrollados que necesitan economías en distintas etapas de desarrollo para calibrar riesgos y buscar altos rendimientos, con lo cual estos 16 países atraerían los flujos de capital que hoy se dirigen a las industrias chinas. 

Algo importante a remarcar es que Stratfor no ha incluido economías que están creciendo solo por explotación de minerales o industrias extractivas, y también han revisado la infraestructura mínima suficiente con que cuentan estos países para apoyar la demanda de mayores exportaciones. En el caso del Perú, consideran que una de las principales ventajas es que es una economía orientada a la exportación, miembro de la Alianza del Pacífico, y tiene TLC’s con EEUU, China, Japón y la Unión Europea. Además, consideran que la ubicación estratégica del Perú en la costa del Pacífico, su creciente clase media y fuerza laboral, y la estabilidad económica y relativa estabilidad política de que goza permitirán mantener un flujo estable de inversión en las boyantes industrias manufactureras que serán las que impulsen el crecimiento en los siguientes años. 

Si a esta auspiciosa predicción de Stratfor le sumamos lo que considera la HSBS en su informe Consumer in 2050: The rise of the EM middleclass (“El consumidor del 2050: La aparición de la clase media en los países emergentes”), que identifica al Perú entre los países de “alto crecimiento” junto a India, China, Malasia y Filipinas -llegando al 2050 a ubicarnos entre las 26 economías más grandes del planeta-, confirmamos una vez más algo que empieza a ser una constante: desde afuera se reconocen los avances económicos y sociales y el potencial de nuestro proceso de crecimiento hacia el futuro, mientras que aquí algunos sectores suelen impregnarnos de pesimismo y e intentan bajarle la llanta a nuestro modelo de desarrollo.

En un artículo previo publicado en Lampadia explicamos que los crecientes recursos públicos (no esperados) recibidos por los gobiernos subnacionales en calidad de canon, debido al gran impulso que ha tenido en los últimos años la actividad minera en el país, ha generado fuertes desbalances entre las circunscripciones productoras y no productoras, al punto que el 60% del canon total se concentra en distritos de solo 16 provincias. Existen disparidades dentro de los mismos departamentos productores -en Pasco un distrito productor recibe un ingreso per cápita 106% mayor que un distrito no productor-, al tiempo que la mayor afluencia de estos recursos han incrementado la presión para gastar con una deficiente planificación; en otros casos se registró una baja ejecución con una creciente acumulación de saldos de balance -que ascendieron a S/. 4,162 millones a diciembre de 2012-, y una elevada fragmentación de la inversión local, además del descontento social de las circunscripciones que no reciben canon.

Como se aprecia a continuación, en la actualidad el canon sigue un esquema de reparto en capas que prioriza fuertemente a las zonas productoras: 

Esto quiere decir que un distrito productor como San Marcos, que alberga a la compañía minera Antamina, recibe un 10% del canon total generado por esta mina (50% de su IR) por ser distrito productor, más parte del 25% a ser repartido entre todos los distritos de la provincia de Huari, más una participación sobre el 40% a ser repartido entre todos los distritos del departamento de Ancash. La participación que San Marcos obtendrá por ser parte de la provincia productora y del departamento productor dependerá de los factores de asignación provincial y departamental construidos sobre la base de su población y el Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas. Así, este año este distrito se benefició en neto con el 14,4% del canon repartido en Ancash.

La problemática mostrada indicaría la necesidad de ir hacia una reforma que apunte a mejorar la distribución relativa al interior de los departamentos productores, de forma que se logren mayores niveles de equidad dentro del ámbito territorial productor y se asegure una mayor participación de los distritos más pobres. Pero se debe ponderar las restricciones de naturaleza constitucional, política y social que existe en torno a la distribución del canon, por lo cual la reforma no debería ampliarse para distribuir estos recursos más allá del propio departamento productor.

Consideramos conveniente elevar la participación de los gobiernos regionales a 25%, ya que es la instancia sub-nacional con la capacidad de articular la planificación del desarrollo a nivel departamental -por el alcance territorial de sus funciones-, y adecuar el equilibrio territorial y político entre los diferentes gobiernos locales. El nivel regional cuenta con mayor facilidad para ejecutar proyectos de envergadura alineados a las políticas nacionales y demandas territoriales -de impacto interdistrital- aprovechando economías de escala. Así por ejemplo, en promedio la inversión por proyecto de los gobiernos regionales es de S/. 5 millones mientras este monto asciende a S/. 1,1 millones para el nivel distrital. El distrito productor debería mantener un porcentaje fijo de asignación, no solo por consideraciones políticas, sino también económicas, pero reduciendo su participación global para desconcentrar las transferencias. Lo mismo debe suceder con la segunda capa, a ser distribuida entre los distritos (productores o no) localizados en la provincia productora. De esta forma, se liberalizarían mayores recursos concentrados en los distritos cercanos a la zona productora para ser repartidos dentro del ámbito departamental. La construcción de fórmulas de reparto interdistrital del canon que incorporen factores que potencien la compensación por capacidad fiscal, necesidades de gasto o niveles de pobreza redundarían en una significativa mejora de la eficiencia asignativa y con ello también se optimizarían los niveles de ejecución.

El tema de la reforma del canon es complejo por las múltiples dimensiones que abarca la distribución, uso, manejo y ejecución de las rentas generadas por las industrias extractivas (en un contexto descentralizado), así como las consideraciones constitucionales y políticas en torno al canon, y los problemas adicionales de la alta volatilidad de estos recursos. Sin embargo, en relación a la distribución de los recursos, el Gobierno podría aprovechar la actual coyuntura para implementar una reforma que apunte a una mayor equidad. Es el momento, tomando en cuenta que el canon minero del presente año ya fue repartido y el MMM 2014-2016 considera una reducción estimada de cerca del 10% para el canon minero del 2014.

En la siguiente entrevista del diario Gestión, Liliana Rojas, investigadora principal del Centro de Desarrollo Social, señala que en el Perú no hay ninguna crisis como en otras regiones del planeta. Resalta las fortalezas de la economía peruana y, por el contrario, alerta de los problemas que enfrenta Brasil. Sin embargo deja en claro que nuestro país tiene que avanzar a resolver en la Agenda Pendiente en educación, salud, instituciones, infraestructuras, para sostener el crecimiento en el mediano y largo plazo.

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En una reciente declaración realizada durante su visita a Lambayeque, el presidente Ollanta Humala enfatizó la importancia de la política social para el gobierno y señaló que el crecimiento económico no era lo más importante. Esto resulta preocupante, pues declaraciones como esta dan da pie a que se descuiden las políticas que promuevenel crecimiento o peor aún, que se lleven a cabo políticas erradas que terminen por desalentarlo.

Más aún, si el gobierno hace énfasis en el desarrollo social, resulta de vital importancia no descuidar el crecimiento de la economía.El crecimiento económico es esencial para la reducción de la pobreza. Después de décadas de proteccionismo y atraso, la liberalización de la economía, que permitió el aumento de la inversión privada, redujo significativamente la pobreza y la desigualdad. Entre los años 2002 y 2010 la pobreza cayó en el Perú en alrededor de 23 puntos porcentuales y hay estudios que muestran que el crecimiento económico explica el 75% de la reducción de la desigualdad económica.

Imagine usted que para saciar el hambre visita su pizzería favorita y comparte con un amigo una pizza chica. Seguramente disfrutará la comida, pero es poco probable que salga con el estómago lleno. Imagine, por el contrario, que su amigo y usted piden una pizza tamaño familiar.Sin importar cómo la distribuyan, en la mayoría de casos ambos saldrán más que satisfechos. La razón es obvia: mientras más grande sea la pizza mayor será el tamaño de la tajada. Ver artículo: Del cuero salen las correas.

Del mismo modo, una economía más grande y robusta lleva a una mejor situación para los ciudadanos. Con crecimiento económico hay una economía más grande que, a la larga, termina beneficiando a todos. Incluso en presencia de un crecimiento desigual, que requiera llevar a cabo inversiones que permitan sacar provechoa los menos favorecidos, una economía más grande significa que habrá más recursos para llevar a cabo estas políticas. En otras palabras, con crecimiento económico hay más pizza para repartir.

Ahora comparemos brevemente al Perú con Brasil. Nuestro país, a pesar de tener un menor nivel de gasto social como porcentaje del PBI, ha logrado reducir la pobreza mucho más rápido que nuestro vecino, cuya relación entre gasto social y PBI es mucho más alta. Para muestra un botón: entre 1999 y 2009 Brasil ha tenido un gasto social equivalente al 23% de su PBI y ha reducido la pobreza extrema, definida como la población que vive con menos de un dólar por día por persona, de 5.7% a 3.6%; mientras que el Perú, con un gasto promedio de 9.3% del producto ha reducido la pobreza extrema de 6.2% a 1.6%. Esto es una reducción de la pobreza muchísimo más grande que la de Brasil y con solo una fracción de la inversión. No dejen de releer: Luces y sombras de la visita de Lula al Perú.

A pesar del mayor gasto social de Brasil con respecto al Perú, nuestros resultados en reducción de pobreza son largamente superiores. En contra de lo aseverado por Lula, lo que está detrás de esto es que el Perú ha crecido más de 6% anual promedio, mientras que Brasil no llega al 4%.

Por lo anterior, resulta primordial que el gobierno no deje de alentar la inversión privada y generar confianza, pues solo así podremos mantener el ritmo de crecimiento económico de los últimos años y cumplir con la agenda pendiente en educación, salud e infraestructuras. Según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el año pasado la inversión representó el 26.7% del PBI y la inversión privada 21.5%, todo un record.El reciente reconocimiento al país por el cumplimiento anticipado de los ODM (Objetivos del Milenio) debería ser un llamado a seguir creciendo. 

Esta semana se reanudará en el Congreso la discusión del proyecto de ley Nº 2102/2012-CR, que propone la creación de un organismo regulador de precios de medicamentos. Indecopi ha presentado objeciones al respecto, pero estas parecen no haber sido suficientes para convencer al Congreso. La propuesta, que “busca poner  los medicamentos al alcance de todos los ciudadanos”, muestra un total desconocimiento de los fundamentos más básicos de la teoría económica y tendría el efecto contrario, como lo hemos explicado antes en el artículo Normas Contra-Propósito.

Uno de los argumentos expuestos en el proyecto de ley a favor de un organismo que controle los precios de los medicamentos es que “existe un oligopolio encubierto por los grandes laboratorios farmacéuticos que fijan el precio de venta”. Argumento errado de por sí pues este tipo de prácticas se encuentran reservadas para los monopolios naturales (servicios públicos).Más aún, como señala Augusto Rey, presidente de ALAFARPE (Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos), a la fecha no existe ninguna prueba que sustente tal afirmación. La Comisión de Libre Competencia del INDECOPI concluyó en enero del año en curso una investigación orientada al mercado de productos oncológicos, señalando que no existían indicios que sugirieran la existencia de prácticas colusorias que afectarán el precio de medicamentos.

El proyecto tampoco toma en cuenta que un paciente no puede cambiar libremente un medicamento por otro. Por ejemplo, un paciente a quien se le ha recetado ácido valproico para tratar un desorden bipolar no puede sustituirlo por paracetamol (distribuido por GlaxoSmithKline bajo el nombre Panadol). Sucede que en el mercado de medicamentos existe un concepto que quienes proponen esta ley parecen no conocer: la patente. La idea detrás de las patentes es otorgaral laboratorio que desarrolla el medicamento un monopolio temporal para su comercialización. Dado que los laboratorios de investigación necesitan realizar grandes inversiones para desarrollar una nueva molécula que dé origen a un nuevo fármaco, es necesario que luego perciba ingresos que le permitan recuperar la inversión del producto exitoso, pero también de los que no lo fueron. De lo contrario: ¿por qué alguien invertiría en un negocio en el cuál sabe que va a perder dinero?

Por un lado, entonces, una entidad reguladora que controle los precios de los medicamentos terminaría impidiendo el acceso a fármacos de última generación. Por el otro, resulta redundante para medicamentos de uso terapéutico pues existe amplia competencia, lo que ha tenido como consecuencia una caída constante en los precios de adquisición para la seguridad social y el MINSA.

Si no hay incentivos para entrar al mercado, los medicamentos más recientes simplemente dejarían de comercializarse. Como sucedió durante el tiempo en que hubo control de precios en el Perú, quedarían en el mercado solamente los medicamentos de bajo costo y mala calidad, o aquellos que maneje el mercado negro, excluyéndose los medicamentos de última generación y de buena calidad, tal como declaró anteriormente para Lampadia Carlos Adrianzén, decano de la Facultad de Economía de la UPC (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas). Esta norma terminaría por afectar más a los pobres, que no pueden traerlo por Courier o en sus maletas, como una familia acomodada.

Durante el control de precios se generó un éxodo de laboratorios que recalaron en Colombia y Chile, y el desabastecimiento de los fármacos de última generación. Mientras tanto, los programas del gobierno de turno no hacían sino apelar al precio más bajo posible sin considerar la calidad, plantea Rey. ¿Por qué no contar en el Perú con productos innovadores, además de medicinas genéricas de calidad, compartiendo un mercado público y privado que promueva la competencia? De lo contrario se estaría condenando a los pacientes que necesitan estos medicamentos a no poder acceder a los tratamientos adecuados.

Existe un cuestionamiento en relación a los criterios óptimos que deberían guiar una distribución adecuada de los ingresos provenientes de las industrias extractivas, como el canon, en un contexto de descentralización. En el Perú, el canon se reparte solo al interior de los departamentos productores, priorizando a los distritos donde se explota el recurso natural.

La priorización del principio de proximidad geográfica tiene sustento legal en el artículo 77° de la Constitución Política, que establece que las circunscripciones donde se explotan recursos naturales deben recibir una participación “adecuada” del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de dichos recursos en calidad de canon. Igualmente, tiene un sustento económico, en la medida en que la explotación de recursos naturales genera costos en los distritos donde se realizan dichas actividades, por la mayor demanda de infraestructura pública y generación de externalidades como inmigración y riesgos de contaminación. Además, el canon se justifica en la medida en que permite a las localidades productoras intercambiar dichos recursos por infraestructura y capital productivo para mantener la sostenibilidad económica de dichas zonas una vez agotados los recursos no renovables.

Debido al fuerte incremento de los precios de los commodities experimentado en los últimos años, los gobiernos subnacionales recibieron importantes recursos públicos provenientes del canon y regalías, al tiempo que las finanzas públicas de los gobiernos regionales y gobiernos locales evidenciaban aún una incipiente capacidad de gestión. Este fenómeno generó desbalances, al punto que durante el año pasado sólo 16 provincias concentraron el 60% del total repartido a nivel distrital, mientras que el restante 40% se repartió entre 179 provincias. Dos distritos: Echarate y San Marcos, en Cusco y Ancash respectivamente, acumularon el 10% del canon. Echarate recibió  S/. 464 millones.

Las disparidades se mantienen dentro de cada departamento. Por ejemplo, en el  Cusco, el segundo con mayores ingresos, un distrito no productor recibe un ingreso per cápita 72% menor que un distrito productor. En el caso del departamento de Pasco, dicha diferencia llega al 106%.

Por otro lado, los incrementos del canon aumentaron la presión por gastar, lo cual llevó a una baja calidad de ejecución y, al mismo tiempo, a acumular saldos no ejecutados. En el 2012 los saldos por canon ascendieron a S/. 4,162 millones, de los cuales S/. 3,277 millones (79%) correspondían a los gobiernos locales y S/. 884 millones a los regionales (21%).

Los problemas se agudizan por la elevada fragmentación de la inversión local, los pocos incentivos para la coordinación entre circunscripciones y la baja correlación de la tasa de pobreza con las transferencias per cápita recibidas a nivel nacional. Estos argumentos se complican por el riesgo de financiar gastos esenciales con una fuente volátil, dada su naturaleza.

Esta problemática requeriría una reforma que genere una distribución más equitativa, que considere las obvias restricciones de naturaleza constitucional, política y social existentes. Por ello, ésta tiene que ser muy cuidadosa y conversada, tomando en cuenta que la solución completa de este problema requeriría una reforma paralela del sistema de transferencias, así como la mejora en la calidad del gasto.

También sería adecuado que el MEF diseñe un mecanismo de estabilización del canon, como puede ser un Fondo de Estabilización, que establezca un ahorro de uso contingente y permita estabilizar los proyectos interanuales.

El politólogo norteamericano Steven Levitsky (SL), en su última columna, enfatiza que la caída de la aprobación presidencial se debería a la “ultra ortodoxia económica”. Según SL, el Perú se ha convertido en una de las democracias “más tacañas del mundo” por haber obtenido la nota más alta de América del Sur en la evaluación sobre gasto público del Índice de Libertad Económica elaborado por la Heritage Foundation. El artículo de Levitsky contiene varias inexactitudes y errores de razonamiento que vale la pena aclarar.

Una de las perlas de SL es su afirmación de que el gasto público debería ser el resultado de un “tira y afloja” entre políticos (que buscan reelegirse) y tecnócratas. Esta nefasta receta se encuentra en las antípodas de la elaboración óptima del presupuesto público, que se debería diseñar con una metodología transparente que permita hacerlo predecible, incorporando criterios de optimización inter-temporal. Como académico, Levitsky debería entender que los tecnócratas no basan sus decisiones en convicciones románticas o ideológicas, sino en conocimiento especializado respaldado por investigación y evidencia empírica. Por ello, a diferencia del político promedio -cuyos incentivos están centrados en su reelección de corto plazo-, el tecnócrata, que no participa en elecciones populares, debe buscar maximizar el bienestar social de forma sostenible. SL manipula el papel de estos actores al asociarlos maliciosamente con una “menor protección social” para los peruanos. Nada más falso e insidioso.

Por otro lado, si bien es cierto que el gasto social en el Perú como porcentaje del PBI es más bajo que en países como Chile y Brasil, muchas investigaciones han encontrado la importante orientación pro-pobre, pro-clase media y pro-descentralizadora que ha cumplido el crecimiento económico experimentado por el Perú en los últimos 15 años (ver el siguiente documento del BCRP). Es remarcable que la experiencia peruana, además, constituya un fenómeno virtuoso, diferente a los típicos procesos de crecimiento que agudizan la desigualdad en el corto plazo, al haber creado una clase media emergente y haber incrementado los recursos destinados a los gobiernos locales y regionales, acentuando la descentralización.

La reducción de la pobreza en el Perú ha sido generada fundamentalmente por el crecimiento económico, pasando de 58.7% en el 2004 a 25.8% en el 2012, según el INEI. Complementariamente, el gasto social básico -definido por el Consenso de Oslo como los gastos en educación básica, salud básica, alimentación y nutrición, y agua y saneamiento, entre otros- creció 173% en el mismo periodo, y el gasto social complementario (que incluye educación secundaria, educación superior, infraestructura social y productiva, electrificación rural, carreteras rurales, etc.) se incrementó en 125% en el mismo periodo. En la actualidad, el presupuesto público es el doble del aprobado en el año 2006 y el 56% del mismo se concentra en sectores sociales y productivos, como Educación, Salud, Protección Social, entre otros. Solo lo social alcanza el 38%, con un crecimiento de 21,6% con relación al año anterior. 

Para sustentar su falacia, SL usa cifras del año 2009, argumentando que la democracia peruana es “tacaña”. Esto es falso, ya que el indicador de la Heritage no analiza la composición sectorial del gasto, sino el manejo prudencial de la política fiscal que busca asegurar la robustez macroeconómica, la transparencia y la sostenibilidad de las finanzas públicas, aspectos en los que el Perú tiene una fortaleza reconocida a nivel internacional.

SL también comete el “error” de inferir que la legitimidad democrática se construye a partir de la expansión del gasto social, ya que el aumento o la disminución de la participación del gasto social con respecto al presupuesto total o con respecto al crecimiento del PBI, no es condición suficiente para hacer afirmaciones sobre su efecto redistributivo y sobre el bienestar de la población. Cabe señalar que un estudio (Yamada, Castro y Bacigalupo, 2012) encuentra que los programas asistencialistas como JUNTOS solo explican un cuarto de la reducción de la desigualdad, mientras que las fuerzas del mercado y el crecimiento económico han sido los motores del 75% de la mejora en la distribución del ingreso y el consumo. En este sentido, parece ser que la caída de la aprobación presidencial no radicaría en la “ultra ortodoxia” o en el Estado “tacaño”, sino en la pérdida de confianza alimentada desde el Ejecutivo.