1

Gobierno Combi

Gobierno Combi

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Desde Franklin Delano Roosevelt el plazo de los 100 primeros días de gobierno, es sinónimo del período en que, mostrando sentido de urgencia, los gobernantes plantean las acciones principales de su gobierno y tranzan el derrotero de lo que será su período gubernamental. Este plazo emblemático, también ha cumplido ese rol en el Perú y Pedro Castillo Terrones nos ha dicho con palabras y acciones, que su gobierno será “un gobierno combi”.

En esa línea, ha viajado a México y USA, donde ante la OEA, ONU y empresarios, ha dicho cosas que a su regreso al país ha contradicho, demostrando que su palabra de maestro no vale nada. Ha ido a las plazas públicas del altiplano o de la selva, a decir lo que no se atreve a decir en Lima, a la prensa, ni a los principales actores políticos y económicos. Obviamente, como dijo una congresista, requirió de la traducción de sus “traductores con fajín”.

La cultura combi que lo guía es tal, que prefirió estar en Bolivia en lugar de asistir a Glasgow a ejercer el liderazgo que el Perú alcanzó desde el COP 20, especialmente por ser un país amazónico, reserva de múltiples especies y uno de los pulmones del mundo. Pero no, prefirió la pichanguita de barrio, en lugar de dar cara entre los líderes mundiales.

Da vergüenza, tuvo el desparpajo de proponer como embajador en Panamá y Venezuela a un perseguido de la justicia, a quien quería ayudar otorgándole estatus diplomático a como dé lugar. Felizmente el poder judicial le impuso impedimento de salida del país a ese candidato.

  • Dos gabinetes en 100 días,
  • un canciller pro-terrorismo desaforado,
  • un ministro del interior promotor del cultivo de coca, que con su pasividad contribuyó a la fuga de cinco delincuentes requisitoriados de Perú Libre, desaforado por parrandero y
  • un primer ministro impresentable, por ignorante, depravado sexual y acosador, además con antecedentes de cerca de una docena de años de activista estudiantil de izquierda radical en la UNAAC y en la calle.

En esencia, no es capaz de decirnos hasta la fecha, cómo va a reactivar nuestra recesada economía, ni cómo hará para que nuestros niños vuelvan seguros y confortables a clases.  Esto es, contando con adecuadas instalaciones de agua y sanitarias, así como planes de trabajo estructurados y conducidos por maestros capacitados para resolver y conducirse en circunstancias de una grave pandemia de la historia universal. En estos 100 días, no se han dado siquiera el tiempo de fijarse objetivos comunes en beneficio de la población y de unificar mensajes claros y alineados con este propósito, aunque hay que reconocer que no haberse entrometido en el plan de vacunación pre-existente, ha sido bueno.

Es claro que, en educación, sus prioridades no están centradas en los estudiantes, sino en los profesores sindicalistas. Que están sacrificando la meritocracia de los maestros, no entiendo a cambio de qué, a menos que la revisión del currículo educativo se oriente a su máximo objetivo, un adoctrinamiento senderista a los estudiantes. Tampoco se explica el por qué del relevo del profesor Cadillo (reconocido mundialmente por su calidad profesional y sus métodos de enseñanza), por Gallardo (viejo sindicalista de MOVADEF, ahora de FENATEP) en el MINEDU.

El chofer de combi designado ministro en el MTC, para satisfacer a los miembros de su gremio de transportistas, acaba de iniciar la destrucción de la reciente reforma del transporte y para este propósito, acaba de destituir, en contra de la ley, a la presidente de la ATU y de la SUTRAN (reemplazada por una “tendera” o ladrona de tiendas). No le interesó que los accidentes de tránsito sean una de las principales causas de muerte en el Perú (sin considerar el COVID), especialmente en hechos provocados por los irresponsables de su gremio, quienes ostensiblemente no respetan los reglamentos de tránsito, circulan con vehículos destartalados, humeando y contaminando, por lo que sólo merecen chatarreo. Estos, cargados de multas impagas por miles, si no, millones de soles y que lejos de contribuir al ordenamiento y modernización del transporte de pasajeros, exigen ampliación de plazo a sus concesiones de ruta, sin siquiera formalizar la propiedad de vehículos a nombre de la empresa y responsabilizarse por sus choferes. Pero qué podemos pedir, si el ministro es uno de esos deudores de multas.

La corrupción campea desde el 28 de julio, el criterio de nombramiento y “selección de personal” existente en regiones como Junín, Puno, Loreto y muchas otras, se ha impuesto en el gobierno central. Los ministros están exigiendo reducir el nivel de exigencia académico y profesional, para reemplazar personal técnico y calificado de los ministerios y organismos descentralizados, por gente del partido o allegados de menores calificaciones. De paso, la corrupción de los programas sociales conducidos por el MIDIS es flagrante, habiendo nombrado gente de regiones, con serios antecedentes en ese tipo de programas.

En medio de este carnaval y sin un mensaje claro del plan y quehacer económico del gobierno, el MEF de Pedro Francke, tiene el desparpajo de solicitar facultades legislativas para hacer una reforma tributaria, en momentos en que estamos tratando de salir de un período recesivo. Tal como han comentado varios analistas, siempre es posible dar facultades para mejorar procedimientos para reducir la evasión y elusión tributaria o para simplificar los regímenes existentes con miras a ampliar la base de contribuyentes, pero históricamente y desde la creación de la democracia representativa, no se otorga facultades para aumentar tasas de impuestos, particularmente, cuando está explícitamente aceptado que no hay ninguna intención de incorporar más contribuyentes, sino de cargarle la mano a los de siempre. Espero que este Congreso, no sea el primero de la historia universal que permita tal despropósito.

No podemos terminar esta nota, sin dejar de mencionar que, como buen comunista, dentro de estos 100 días, PC ha tratado de imponer en las FFAA, ascensos de personal que responda a lealtades personales, tratando de quebrantar los reglamentos y procedimientos institucionales, lo que de por sí es un acto delictivo de tráfico de influencias (que conlleva pena de cárcel e inhabilitación) y como los Comandantes Generales del Ejército y la Fuerza Aérea no lo permitieron, PC los pasó al retiro de forma inopinada.

Este rosario de perlas, en sólo 100 días, ya es indicativo más que suficiente para saber cuál sería el destino del Perú si les permitimos continuar en esa línea. Lo descrito nos demuestra claramente, que tenemos en la presidencia de la república, a alguien moralmente incapaz para gobernar y para convocar a los mejores ciudadanos a su equipo de gobierno. Lampadia




Majes II: ¿El sueño Arequipeño?

Majes II: ¿El sueño Arequipeño?

Milton von Hesse La Serna
Director de Videnza Consultores
Para Lampadia

La segunda parte del proyecto Majes Siguas es parte del viejo anhelo de la región del sur para conquistar las pampas de Siguas utilizando las aguas represadas del río Apurímac que discurren hacia la vertiente oriental. Este proyecto, que fue concesionado en el año 2010, habría generado -si se hubiese podido implementar de acuerdo a lo planificado-

  • una irrigación de 38,500 hectáreas orientadas principalmente a la agroexportación
  • que hubiera significado la creación de 120,000 empleos directos e indirectos,
  • 1,500 millones de dólares anuales en valor bruto de la producción agrícola y
  • un conjunto de encadenamiento dinamizadores de los flujos comerciales típicos que ya se observan en regiones como Ica, La Libertad y Piura.

El proyecto, sin embargo, luego de más de 20 años apenas presenta un ligero avance físico en su ejecución. Ello debido, principalmente, a razones ajenas al concesionario. ¿Por qué?

  • En primer lugar, por la demanda constitucional que hizo la región Cusco para evitar el uso de las aguas del río Apurímac por considerarlas aguas cusqueñas y no nacionales. Dicha demanda demoró un lustro en resolverse, tiempo durante el cual se tuvieron que suscribir más de 10 adendas para extender los plazos atados a compromisos de ejecución.
  • Desde el 2015, el concesionario inició un proceso de negociación con el concedente -que es el gobierno regional de Arequipa- para mejorar la tecnología del proyecto ante la constatación de “nuevas circunstancias” que afectarían la disponibilidad de agua para poder llegar con el módulo de agua establecido a las parcelas del proyecto. Estas nuevas circunstancias consistían en el aumento de la reserva del caudal ecológico del río Apurímac determinado por el fallo del tribunal constitucional ante la demanda del Cusco, la corroboración de mayores usos informales del agua asignada al proyecto y, finalmente, por haberse constatado una mayor evaporación del agua como consecuencia de las mayores temperaturas atribuidas al cambio climático.
  • Todos estos factores afectarían la disponibilidad de agua para el proyecto y solo se podrían irrigar 27,500 hectáreas sin un cambio tecnológico que permitiera una mayor eficiencia del uso del recurso hídrico. Por ello, contando con la aprobación de la supervisión especializada del proyecto, y el acompañamiento técnico del Ministerio de Agricultura y Riego y del Ministerio de Economía y Finanzas, el concesionario negoció una adenda, la número 13, al contrato de concesión, para que se permitiera pasar de un sistema de canales de riego abierto tradicional por gravedad a uno más sofisticado y moderno que contempla un sistema cerrado de tuberías y presurización del agua, que disminuye las pérdidas en la conducción así como la evaporación y evita costos a nivel de parcela para los agricultores.
  • Luego de 5 años de discusión y paralización del proyecto, las partes en el marco del contrato acordaron los aspectos fundamentales de la modificación contractual -que implicaba US$ 100 millones adicionales- que fue aprobada por Proinversión ante la constatación de que dicha modificación generaba más beneficios que costos y que, de acuerdo a la opinión técnica especializada del MINAGRI y la económica y presupuestal del MEF, valía la pena suscribirla.
  • Luego la adenda, se dirigió al MEF para su constatación de capacidad presupuestal, y -obtenida ella- fue aprobada por el Consejo Regional de Arequipa.

A pesar de lo anterior, la Contraloría General de la República ha observado la adenda a partir de argumentos que -principalmente- cuestionan la capacidad discrecional de todas las autoridades públicas a nivel nacional (Proinversión, MEF, MIDAGRI) y regional (GORE y Autodema) que participaron en la negociación en el marco de sus competencias funcionales y lo establecido en el propio contrato. La capacidad discrecional de los funcionarios públicos es aquella que les permite -sobre la base de un análisis técnico previo- elegir una opción determinada sobre otra, enmarcado dentro de las competencias que les da el marco legal. Así, uno o dos funcionarios de Contraloría, desautorizan un trabajo técnico legal del concesionario y del concedente durante cinco años bajo la atenta mirada de la supervisión especializada independiente, avalados por el ente rector de las APPs en el Perú (MEF), acompañado por la máxima autoridad en riego (MIDAGRI) y aprobado por el organismo especializado en materia de concesiones (Proinversión). La posición de la Contraloría tiene -claramente- no sólo un sesgo ideológico anti APPs sino también se arroga funciones que claramente escapan de sus competencias.

Si a la posición de la Contraloría respecto de la adenda 13 -que es no vinculante pero que advierte que si las autoridades la llevan a cabo se arriesgan a ser sancionados posteriormente- se agregan los vientos populistas de la anunciada segunda reforma agraria que plantea que los módulos de tierra deben ser para agricultura familiar y no empresarial, lo más probable es que Majes II siga siendo un sueño para los arequipeños por muchos años más y no una realidad. Lampadia




El gato de despensero

El gato de despensero

EDITORIAL DE LAMPADIA
Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Por más increíble que resulte, el diario La República aprovecha su posición de unidad de ‘fact checking’ en el programa de verificación de datos de Facebook en el Perú, para censurar la información que no los acompaña en su manejo informativo.

En Lampadia hemos publicado, hace un par de días, un informe sobre el balance económico presentado por el ministro de Economía, Waldo Mendoza. En este informe hemos reproducido las láminas del ministro y hemos criticado la información referente a la presión tributaria, contrastándola con información del Fondo Monetario Internacional, que presenta datos diferentes.

Además, hemos mostrado la incidencia de la recaudación tributaria en las empresas formales, que es sustancialmente mayor que la presión tributaria de nuestros socios en la Alianza del Pacífico.

Pues bien, La República, a través de su unidad de fact checking, ha rechazado la promoción de nuestro artículo en dos ocasiones.

Evidentemente, nuestro análisis ha sido respetuoso, objetivo y sustentado en fuentes serias. No hay nada que pueda justificar el rechazo de nuestra publicación, excepto el abuso de La República, haciendo un mal uso de su encargo técnico por parte de Facebook.

Esta es pues otra perla del pésimo manejo periodístico de La República, que muchas veces parece más un órgano de difusión política, que un medio de información.

Aprovechamos de nuestro rechazo a estas acciones poco serias, para reiterar nuestro entendido de lo que hemos titulado: El nuevo paradigma del periodismo – Veracidad antes que Neutralidad. Donde Christiane Amanpour, premiada por su periodismo de gran calidad, dice: “Creo en ser veraz, no neutral”.

Exigimos a La República, las disculpas del caso y la rectificación de su acto anti periodístico.

Ver líneas abajo,

  • la imagen de Facebook que muestra el rechazo de nuestra publicación
  • el enlace a nuestro artículo
  • los tuits de Jaime de Althaus y míos sobre el incidente
  • una nota sobre el rol de La República como fact checking
  • la explicación de Facebook sobre el propósito de su modelo de control de contenidos, que está referido a noticias falsas y maliciosas

Ver artículo de Lampadia censurado por La República en representación de Facebook:

La economía peruana La Visión del MEF

Facebook tiene un programa de verificación de datos a nivel mundial. En cada país busca uno a más partners, usualmente medios de comunicación que soporten esta iniciativa. A nivel regional tienen como partner a la agencia AFP. La unidad de fact checking del diario La República es la única incluida por Facebook en su programa de verificación de datos en el Perú.

Verificación de datos en Facebook

https://www.facebook.com/business/help/2593586717571940

Información general

Nos comprometemos a luchar contra la difusión de información errónea en Facebook e Instagram. En muchos países y regiones, trabajamos con organizaciones de verificación de datos independientes certificadas mediante la International Fact-Checking Network (IFCN), una red internacional de verificación de datos imparcial, a fin de identificar y revisar este contenido, además de tomar medidas con respecto a él. Obtén más información sobre nuestras asociaciones aquí y sobre los elementos de nuestro programa a continuación.

El objetivo de este programa de verificación de datos es identificar y abordar los casos de información errónea viral, especialmente los engaños evidentes que no están basados en hechos. Los socios de verificación de datos priorizan las afirmaciones que pueda demostrarse que son falsas, especialmente las que sean oportunas o constituyan tendencias, además de las que sean importantes para la persona promedio.

Los socios de verificación de datos no priorizan las afirmaciones irrelevantes ni aquellas que contengan inexactitudes menores. Además, el programa no tiene como propósito interferir con la expresión, las opiniones o el debate individuales, el contenido humorístico o claramente satírico, ni las disputas empresariales.

Cómo funciona el programa

Nuestro programa incluye varios pasos clave:

  • Identificar noticias falsas: identificamos posible información errónea por medio de señales, como los comentarios de personas en Facebook, y mostramos el contenido a los verificadores de datos. Los verificadores de datos también pueden detectar por su cuenta contenido para revisar.
  • Revisar el contenido: los verificadores de datos revisan el contenido, verifican la información y califican su veracidad. Esto sucede independientemente de Facebook y podría implicar llamar a fuentes, consultar datos públicos, autenticar videos e imágenes, y mucho más.
  • Etiquetar información errónea e informar a los usuarios sobre ella: aplicamos una etiqueta al contenido que revisaron los socios de verificación de datos para que las personas puedan leer contenido adicional. También notificamos a las personas antes de que intenten compartir este contenido, y a las personas que lo compartieron anteriormente.
  • Garantizar que menos personas vean información errónea: una vez que un verificador de datos califica contenido como “Falso”, “Modificado” o “Parcialmente falso”, aparece más abajo en la sección de noticias, se lo filtra de la sección “Explorar” en Instagram y aparece con menos frecuencia en el feed y las historias. Eso reduce significativamente la cantidad de personas que lo ven. También rechazamos anuncios con contenido que hayan calificado los verificadores de datos.
  • Tomamos medidas contra los reincidentes: las páginas y los sitios web que comparten información errónea de manera reiterada, que se califica como contenido “Falso” o “Modificado”, son objeto de algunas restricciones, como la reducción de su distribución. También se les puede quitar la capacidad de monetizar, anunciar y registrarse como páginas de noticias durante un período determinado.

Lampadia




La Visión del MEF

La Visión del MEF

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Líneas abajo publicamos partes del ‘Balance de Gestión’ del ministro de Economía, Waldo Mendoza. Nos parece importante compartir con nuestros lectores varios de sus gráficos, que consideramos adecuados.

Sin embargo, como se puede apreciar más abajo, no coincidimos con la información que presenta el ministro sobre la presión tributaria. Uno de los caballitos de batalla de los enemigos de nuestra economía de mercado es la narrativa de que el Perú no tiene suficientes recursos fiscales. 

No nos olvidemos que los recursos que necesitamos para afrontar los retos del desarrollo están esperando, fundamentalmente, en el crecimiento de la economía.

Veamos algunos de sus cuadros:

A pesar de haber desperdiciado muchas oportunidades de crecimiento, la performance económica del Perú desde el año 2000, ha sido la mejor de la región.

Igual es en el caso de la inflación. Después del desastre de la hiperinflación que se inició en la dictadura militar de izquierda en los años 70, y que terminó a principios de los años 90 con la nueva Constitución, que estableció la autonomía del Banco Central, los peruanos aprendimos a mantener la estabilidad macroeconómica.

El regreso de la inversión extranjera, el crecimiento de la economía y la generación de recursos fiscales, permitieron que bajáramos la deuda externa de 89% del PBI a menos de 20%. Sin embargo, desde el gobierno de Humala empezó a subir nuevamente, disparándose a 35% con la pandemia.

Pero el avance en los temas macroeconómicos no fue acompañado de desarrollos en salud, infraestructuras, instituciones y otras. Hubo recursos, pero también mala gestión,  corrupción y falta de visión. Veamos el ranking del World Economic Forum.

Ya durante la pandemia, en la que el gobierno de Vizcarra generó una innecesaria crisis múltiple: sanitaria, económica, social y política; gracias a la visión y responsabilidad de Julio Velarde, como presidente del BCR, se pudo desarrollar un audaz programa crediticio que evitó el corte de la cadena de pagos. El programa más importante fue el llamado Reactiva Perú, que en contra de las mentiras de los grupos de izquierda, llegó a más de 500 mil empresas, la mayoría de ellas Mypes.

Viendo hacia el futuro, el MEF estima una recuperación importante de la economía. Sin embargo, con el acceso de Perú Libre y sus socios al gobierno, es muy probable, dadas sus propuestas, que estos indicadores no se puedan dar.

Otro tema importante, donde se está creando una narrativa descalificadora de la economía peruana, es el de la presión tributaria. En la siguiente gráfica, el propio ministro afirma que la presión tributaria habría bajado hasta 13% del PBI.

Sin embargo, el mismo ministro muestra que los ingresos del gobierno general, un indicador más realista, son de 19.9%.

Pero en el documento: PERÚ 2021 ARTICLE CONSULTATION – PRESS RELEASE; STAFF REPORT; AND STATEMENT BY EXECUTIVE DIRECTOR FOR PERÚ, del FMI, se dice que el NFPS Revenue (Non Financial Public Sector Revenue), o Ingresos no Financieros del sector público, fueron de 24.8% del PBI el 2019, y 22.1% el 2020.

Personalmente he podido comprobar que la información sobre los ingresos del Estado se está distorsionando, aparentemente para justificar eventuales incrementos de impuestos. Algo que, en las actuales circunstancias, sería una barbaridad.

Pero esa no es la única distorsión que se está creando. Los recursos fiscales los generan las empresas privadas formales, y estas sufren de sobrecargas tributarias que son las mayores de todos los países de la Alianza del Pacífico, como podemos ver en el siguiente cuadro.

Algo que el ministro destaca adecuadamente, es la identificación de los motores de la economía, la minería y las agroexportaciones, los dos sectores atacados por el populismo de izquierda.

También destaca los motores que debemos consolidar, como la acuicultura, el sector forestal y el turismo.

Ver el Power Point del MEF en el siguiente enlace:

https://www.lampadia.com/assets/uploads_documentos/238d5-mef-balance-de-gestio-n-12.07.pdf

Lampadia




¡Ahí está la explicación… ellos son la corrupción!

¡Ahí está la explicación… ellos son la corrupción!

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 2 de julio de 2021
Para Lampadia

Hace poco, Cusco fue sede de la IV Cumbre de la Descentralización donde participaron Gobernadores Regionales y expositores invitados, nacionales y extranjeros. No participaron Alcaldes Provinciales ni Distritales, ni ninguna otra autoridad de otros organismos estatales descentralizados. En buena cuenta, fue una cumbre de Gobernadores Regionales.

¿Cuál fue el tema central del foro? Pues el de siempre – ¡cuándo no! – la descentralización del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). O lo que es lo mismo: más presupuesto para las regiones y más autonomía para los Gobernadores Regionales. Incluso Castillo repitió la trillada imagen de las autoridades regionales – Gobernadores y Alcaldes – yendo personalmente al MEF en Lima para mendigar dinero para sus jurisdicciones… incluida la coima de 10% del presupuesto concedido.

A ese respecto, yo tengo algo que decir. En mi condición de Gobernador Regional de Ica entre los años 2015 y 2018 – efectivamente – fui muchas veces al MEF para realizar gestiones propias de mi función pública. Aparte de dar cuenta del manejo de las cuentas del Gobierno Regional, coordinábamos el financiamiento de varios proyectos y programas para Ica. Y – en honor a la verdad – nunca me pidieron nada indebido, y menos un porcentaje de los presupuestos conseguidos. Cero.

En ese sentido, me parece muy mal – incluso una cobardía – señalar al MEF como un antro de corrupción, sin mencionar con precisión a los funcionarios – supuestamente – corruptos. ¿Por qué son así la gran mayoría de nuestros políticos? ¿Por qué no dan los nombres y apellidos de los funcionarios coimeros? ¿Por qué las vagas generalizaciones que ensucian por igual a corruptos y honorables?

Seamos sinceros. Hay mucho cinismo – y oscurantismo – detrás de la mayoría de Gobernadores Regionales. Tanto que durante la cumbre en cuestión – que duró dos largos días – no se tocó para nada el tema de la corrupción. Sin embargo, el registro de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) indica que 19 de los 25 Gobernadores Regionales vienen siendo investigados por corrupción. Para mayor información Googleen “Gobernadores Regionales Corruptos” y conocerán los nombres de todos ellos… con Vladimir Cerrón a la cabeza.

No nos vengan con cuentos. Lo que quieren los Gobernadores Regionales – salvo honrosas y escasas excepciones – es más plata para robar, y más libertad para coimear. ¡La regionalización – o descentralización – de nuestro país fracasó! Y fracasó por lo moral. Mejor dicho, fracasó por la corrupción de la mayoría de Gobernadores Regionales.

El problema es que muy pocos proponen una solución al respecto. Muchos no quieren tocar el tema – ni siquiera quieren hablar – del fracaso de la regionalización en nuestro país. Otro – pocos – reconocen el fracaso, pero no proponen ninguna solución al respecto. Se quedan en el diagnóstico. Sin embargo, José Mujica – un lector de Lampadia – publicó hace poco un comentario muy aleccionador a raíz del excelente artículo que escribió Fausto Salinas del Cusco titulado “La dinámica de las regiones… un fracaso que debemos corregir”; precisamente a raíz de la reciente Cumbre de la Descentralización.

En síntesis, lo que dice José Mujica es: “… Ningún movimiento político y ningún político en particular trabaja para construir consensos ciudadanos. Eso demuestra que no son democráticos. – Y agrega. – Alcanzar la verdadera democracia no depende de los políticos, sino de los ciudadanos. Y en el contexto actual los políticos son un obstáculo para alcanzarla.”

Construir consensos ciudadanos, exigirle al Estado el cumplimiento de dichos consensos, fiscalizar y denunciar a los corruptos… lo que José Mujica nos está diciendo es que tenemos que ser mucho más activos. Se refiero a nosotros, los ciudadanos.

A lo cual yo agregaría. Quitarle a los Gobiernos Regionales las competencias de salud, educación, e infraestructura. Y quitarle a los Gobiernos Municipales, las competencias de agua y saneamiento, vivienda, y limpieza pública. Sencillamente, porque han fracasado. Y – en su reemplazo – crear instituciones autónomas especializadas, blindadas de los políticos, que implementen los consensos ciudadanos que propone Mujica.

Al pan, pan; y al vino, vino. La Regionalización fracasó por culpa de los Gobernadores Regionales. ¡Ahí está la explicación… ellos son la corrupción! Lampadia




Cambiar la Constitución no resuelve nada

Cambiar la Constitución no resuelve nada

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos el siguiente video sobre cambiar la Constitución no resuelve nada.

Participa como invitado Carlos Oliva, presidente del Consejo Fiscal, junto con Gonzalo Prialé, Fernando Cillóniz y Rodrigo Acha, asociados de IIG.

Reflexiones de Carlos Oliva

Las proyecciones del MEF delinean una senda de recuperación fiscal. Pero parecen ser más una aspiración que un pronóstico realista. Tiene dos grandes supuestos:

  • que vamos a crecer más del 4% a partir del año 2022, hasta el año 2030.
  • Que vamos a conseguir 0.7% de PBI en ingresos tributarios permanentes

Si se dan estos supuestos, podríamos llegar a un nivel de deuda de 36% de acá a 5, 6 años.

Pero estos supuestos son muy grandes.

En el tema tributario hay muchas cosas que se pueden hacer sin subir tasas. Quizás la única tasa que se puede subir es la del IGV. Un punto del IGV no causaría mucho daño.

En la lucha contra la evasión se puede tratar de regresar al nivel de evasión de 2014. Nos puede dar casi un punto de mayor recaudación. Bajar la tasa de evasión del IGV de 33% a 28%, y en el impuesto a la renta bajar 4 o 5 puntos.

Hay pues un camino trazado. La gran pregunta es si el próximo gobierno será capaz de materializar esto.

Sobre la Constitución, se puede decir que gran parte de las ganancias económicas y parcialmente sociales, se deben a lo establecido en la Constitución.

La autonomía del banco central es angular. La iniciativa de gasto en el Congreso es una medida indispensable en nuestro país, aunque recientemente vulnerada. La autonomía de la SBS. El rol subsidiario del Estado es clave.

Yo no veo la necesidad de hacer un cambio en ese capítulo (el económico). Quizás otros temas sí, como establecer dos cámaras en el Congreso.

En el ámbito económico no veo la necesidad de hacer ningún cambio. ¿Por qué?. Porque los resultados están a la vista.

  • Se ha aumentado el PBI
  • La tasa de crecimiento de los últimos 20 años ha sido en promedio casi 5%
  • El PBI percápita en dólares, se ha triplicado
  • La pobreza ha disminuído
  • La desigualdad también ha disminuído en 3 o 4 puntos.

Por otro lado la Constitución establece donde sí debe estar el Estado. Promoción del empleo, educación, salud, seguridad ciudadana, servicios públicos, etc. Y justamente en esto es que hemos avanzado menos.

Claramente, el tema es mejorar la eficiencia del Estado. No es darle más responsabilidades. Ni siquiera con lo que está en la Constitución puede, entonces como le quieres dar una mayor preponderancia en el capítulo económico.

  • Promoción del empleo: informalidad 70%
  • Educación: últimos en la prueba Pisa
  • Salud: anemia 42%
  • Seguridad ciudadana: tasa de victimización 60%
  • Servicios básicos: gente sin agua potable

Donde miremos, lo que es responsabilidad del Estado, no lo estamos cumpliendo.

Por lo tanto, el análisis para mejorar tendría que ser al revés. Pásale a otros lo que no puedes hacer.




Urgente pasar a campaña masiva de testeo-aislamiento de contagiados

Urgente pasar a campaña masiva de testeo-aislamiento de contagiados

 

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La discrepancia pública entre la ministra de salud y el ministro de Economía acerca de si lo que estamos viendo es una segunda ola o solo un rebrote, es en el fondo una buena señal porque es un indicador de que en esta ocasión el MEF va a tener una posición más firme frente a las pretensiones del MINSA de restringir severamente actividades económicas, como ocurrió fallidamente en la ocasión anterior.

Como sabemos, para afrontar la primera ola lo que tuvimos fue una suerte de dictadura sanitaria a la que la ministra de Economía de entonces tuvo que someterse. La mencionada dictadura cerró la mayor parte de las actividades económicas, incluyendo absurdamente la minería, la pesquería y las grandes obras públicas, lo que no solo no sirvió para nada sino que produjo los peores resultados sanitarios del mundo junto con la caída económica más profunda del orbe.

Con ese aprendizaje en la cabeza, ahora el ministro de Economía se defiende diciendo que esto es un rebrote y no una ola, y trata de preservar la actividad económica, que de todos modos ha sido restringida en alguna medida con la reducción de diversos aforos y del transporte aéreo de carga.

El MINSA tiende a optar por lo más fácil: restringir actividades y, eventualmente, tratar de incrementar las camas UCI disponibles. Son estrategias defensivas, cuando lo que debería hacer es pasar a la ofensiva: ir en busca del virus para aislarlo e impedir que se reproduzca, sobre todo considerando que el grueso de las vacunas va a llegar recién a partir de abril o mayo. Es decir, atacar masivamente con pruebas moleculares las zonas que registran rebrotes, aislar a los contagiados y llevarles alimentos durante 14 días para que no salgan de sus casas.

El ministerio de Defensa hace eso en alguna medida con la Operación Tayta, que interviene la población vulnerable de algunos barrios de 16 distritos por semana. Pero esa operación había logrado identificar y aislar a 96,000 contagiados y sus familias hasta el 9 de diciembre, lo que equivale solo al 12% de todos los contagiados desde el 1 de junio en que la operación comenzó.

Su impacto, entonces, es claramente insuficiente. Se requiere un esfuerzo mucho más masivo. Es un asunto de decisión política, determinación y organización, aceptando de una vez por todas la participación de la logística privada para la distribución de medicamentos y alimentos y movilizando la organización social de los barrios –juntas vecinales, comedores, jóvenes- para que ayude a controlar que los aislados no salgan de sus casas. Y en cuanto al personal encargado de tomar las pruebas, se puede convocar a estudiantes de medicina y enfermería de últimos años, incluso como voluntariado. Es una cruzada, una movilización general, un esfuerzo colectivo en el que todos los sectores se unen. Llevarla a cabo aglultinaría al país y mejoraría el nivel de autoconfianza nacional. 

Habría ayudado mucho que las pruebas moleculares rápidas que está desarrollando el científico Edward Málaga Trillo en la Cayetano Heredia, estuvieran ya disponibles. Iban a estarlo a fines de diciembre, pero, como siempre, trabas burocráticas y normativas de diverso tipo demoraron el inicio de la validación de campo, que ya debe estar en curso. Esas pruebas pueden estar listas en las próximas dos o tres semanas y tienen la ventaja de que son más simples de aplicar porque no requieren hisopado.

Nada de esto fue siquiera mencionado de pasada en la conferencia de prensa presidencial de la semana pasada. El gobierno se concentra solo en medidas restrictivas y confía en que la vacuna resolverá todo. Pero la vacuna va a llegar en cantidades importantes solo recién a partir de abril o mayo. Carlos Neuhaus nos informa que de acá a marzo llegarán solo 1 millón de vacunas por mes y recién en abril llegarían 15.5 millones y en mayo17.5 millones, si es que se termina de cerrar el contrato a tiempo.

Entonces no queda sino pasar a la ofensiva con una estrategia masiva de testeo con moleculares-aislamiento-alimentación. Una gran movilización. Parece claro que para ello se requiere un recambio en la conducción de la estrategia sanitaria. Alguien que entre con nuevos bríos, con ideas claras. Ahora. No podemos esperar más.  Lampadia




Demanda contra el MEF

Demanda contra el MEF

 

Rafael Rey Rey
15 de enero 2021
Para Lampadia

He interpuesto una Demanda de Acción Popular ante el Poder Judicial, que me ha preparado el doctor Lucas Ghersi Murillo, para que se declaren inconstitucionales los artículos 4.1, literal b), numeral i) y 4.2 del Decreto Supremo 430-2020-EF, (en adelante la “norma”) que obliga al sistema financiero a suministrar cierta información a la Sunat. En la demanda decimos, en esencia, lo siguiente:

1) La norma vulnera el secreto bancario.

El inciso 5 del artículo 2 de la Constitución señala:

“El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una Comisión Investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado”.

Esta norma debe entenderse según el principio de que las excepciones al ejercicio de los derechos fundamentales se interpretan restrictivamente.

Así que el secreto bancario y la reserva tributaria sólo pueden ser levantados por esas autoridades y no por otras.

Por eso el Tribunal Constitucional:

En su sentencia 004-2004 señala que el secreto bancario y la reserva tributaria están incluidos en el derecho a la intimidad.

En su sentencia 1219-2003 señala que a diferencia de lo que sucede con la información pública, tratándose del conocimiento de información vinculada a la vida privada de una persona, “la regla es siempre el secreto, y su publicidad, la excepción”.

Así que un banco sólo puede entregar la información protegida de sus clientes en los casos expresamente previstos en la Constitución. Levantar el secreto bancario como pretende la Sunat, convertiría la excepción en regla.

2) Existe precedente de inconstitucionalidad de una norma similar.

El TC declaró inconstitucional la Ley 29720, promulgada supuestamente para “fortalecer el mercado de capitales”, que obligaba a todas las empresas con determinados ingresos anuales a entregar sus estados financieros a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), porque la publicidad de la información exigida por el mercado de valores solo podía ser exigida a las empresas que habían decidido ingresar a la bolsa, pero no a las empresas que no querían participar del mercado de valores. Por eso, pese a recoger recomendaciones del Banco Mundial, esa ley fue declarada inconstitucional.

Así que, siendo inconstitucional ordenar a las empresas con determinados ingresos anuales entregar sus estados financieros a la SMV, también lo es ordenar a los bancos que informen a la Sunat sobre las cuentas bancarias que contengan más de S/. 10,000.

3) Además de inconstitucional la norma es innecesaria.

Si, como dice la Sunat, la norma tuviera por objeto combatir la evasión tributaria, además de inconstitucional sería innecesaria. Por ejemplo, si alguien paga por ITF 1 sol, la Sunat sabe que hubo una transferencia 20,000 soles y puede tomar las medidas para detectar una evasión tributaria. Por eso el propio Intendente Nacional de Estrategias de la Sunat, señor Palmer de la Cruz, ha declarado que:

“Entre el 2016 y el 2019, a través del ITF, se identificaron facturas falsas por 4,000 millones de soles y operaciones sospechosas por 5,000 millones. Si este impuesto se elimina sería difícil detectarlo”.

Por otro lado, que la norma señale de un límite de 10,000 soles hace pensar que se trata de maximizar el poder de la Sunat permitiéndole acceder automáticamente, y sin solicitar autorización judicial, a una gran cantidad de información sobre la situación financiera de las personas naturales y jurídicas. ¿Con qué fin?

4) La norma atenta contra la separación de poderes.

Como vimos, la potestad de levantar el secreto bancario solo puede ser ejercida por el Poder Judicial, el Ministerio Público o el Congreso de la República, no por el Poder Ejecutivo ni por otras instituciones. El constituyente estableció que si el Poder Ejecutivo desea una información protegida por la Constitución, tiene que acudir a otro poder, ordinariamente al judicial. 

La norma cuestionada autoriza a la Sunat a levantar el secreto bancario incluso sin existir indicio alguno de evasión tributaria.

La norma subvierte el principio de separación de poderes. Aumenta las competencias del Poder Ejecutivo, a costa de las del Poder Judicial, contraviniendo la Constitución.

Más grave. La Sunat cuenta con un poder exorbitante que no se le ha concedido, ni siquiera, a los fiscales que son los funcionarios públicos principalmente encargados de investigar el delito.

5) Vulnera el principio de seguridad jurídica.

Por su naturaleza, la norma debió ser objeto de un debate con transparencia y amplia participación. En vez de ello, fue publicada aprovechando el inicio de año, sorpresivamente, con ausencia de deliberación, como si se quisiera que pase desapercibida y en medio de una pandemia y un proceso electoral convocado.

6) Fomenta la informalidad y refuerza la exclusión financiera.

La informalidad laboral en el tercer trimestre del 2020 alcanzó el 75.2%, la cifra más alta en ocho años. Solo uno de cada diez peruanos paga el impuesto a la renta. Una situación insostenible y preocupante que merece una reflexión profunda y un programa decisivo de reformas por parte del Poder Ejecutivo y el Congreso de la República para fin de ampliar la base tributaria.

Obligar a las entidades bancarias a entregar a la Sunat gran cantidad de información eleva más los costos del sistema financiero, lo que, en lugar de generar inclusión, reforzará la exclusión y la informalidad, y reducirá el grado de bancarización, generando más condiciones para la evasión tributaria. Lampadia




Si algo funciona no lo toques, por favor

Si algo funciona no lo toques, por favor

Alonso Rey Bustamante
Para Lampadia

Se ha escrito mucho sobre los beneficios que ha tenido la Ley de Promoción Agraria publicada en octubre del 2000 y los abusos que ha tenido esta norma contra los trabajadores por los beneficios sociales no otorgados, contra las empresas por los beneficios tributarios y otros beneficios recibidos como por ejemplo el pago de la contribución de Essalud. Creemos que es necesario hacer un poco de historia para ver si aprendemos de nuestros errores del pasado.

1.- En los años 60´s solo exportábamos pocos productos agrícolas y ellos eran azúcar, algodón y café los más representativos; y, Perú era conocido por su alta calidad de algodón.

2.- Vino la reforma agraria y empezaron a cambiar lo que funcionaba bien que era la agricultura, para ello expropiaron las tierras a los propietarios y se las entregaron a cooperativas y campesinos que ellos si trabajaban las tierras, según su falso discurso. Resultado un fracaso absoluto, tanto así que terminamos importando azúcar por las ineficientes cooperativas. Además, estas cooperativas y muchos campesinos dejaron de pagar impuestos y se robaron hasta lo que no tenían.

Por ejemplo, en azúcar se producía 8,050 TM en el año 1970 y en el año 1980 producíamos 5,600 TM. En el caso del algodón se exportaba 113,892 TM en el año 1966 y en el 1977 exportamos 21,482 TM, tenemos que ser estúpidos para cambiar lo que funciona, y de esos ejemplos muchos como las empresas públicas.

3.- En los 80 recuperamos la democracia, pero no se hizo nada por la agricultura, por el contrario, se permitió el avance del terrorismo y la población campesina se vio obligada a migrar a las ciudades para escapar del terrorismo. En consecuencia, se abandono el agro por completo.

4.- En los 90 no se desarrolló ni se promovió la agricultura como debió hacerse. Sin embargo, se combatió al terrorismo que permitió el regreso a las tierras por los agricultores.

5.- En el 2020 se promulga la Ley hoy derogada con muchos beneficios que no sólo los agricultores la conocen, sino los trabajadores y proveedores que trabajan o prestan servicios para ellas. Pero nadie ha salido a defender a las mujeres que son las mayores beneficiadas con un trabajo digno y no dependientes de sus maridos o convivientes, es mas lograron su independencia económica. Más del 50% de las labores manuales la realizan las mujeres. Ahora ellas eligen el mejor lugar para trabajar.

En el 2019 se produjo 10,929 TM de azúcar, imagínense como se hubiera desarrollado el agro sino realizábamos los cambios absurdos que se hicieron en los últimos 40 años del siglo XX.

Algunos autores se rasgan las vestiduras por los beneficios otorgados a la agricultura y regañan de los principios del MEF al aceptar beneficios tributarios al sector agrícola, que de por sí es un sector que genera trabajo descentralizado y rural. Pero veamos para los economistas las cifras que ha generado el empleo en el sector agrícola y comparémosla con el sector textil en los mismos años. Ojalá los estúpidos que quieren cambiar cosas cuando funcionan se den cuenta de tamaña estupidez. Luego citaremos a Cipolla, gran economista.

El sector textil entre los años 2004 y 2018 ha generado un incremento de trabajadores del 5.39% en total y en su mejor momento en el año 2008 del 24%, con muchas pérdidas de trabajo durante los últimos12 años. Esto lo pueden apreciar del cuadro abajo (Cuadro I)

Cuadro I

El sector agroindustrial por el contrario entre los años 2004 y 2018 ha generado un incremento de trabajadores del 43% y sobre todo de forma descentralizada en todo el Perú. (Ver Cuadro II abajo).  ¿Por qué, se habrán preguntado?

Cuadro II

En ambos casos, tanto textil como agrícola, son trabajadores formales y tienen los beneficios sociales y el seguro social, que no sirve de nada por que a los trabajadores agrícolas se encuentran tan lejos de un centro de salud de Essalud, que no lo utilizan. Por ello al empleador le resulta mejor prestar el servicio él que el trabajador se enferme y logre llegar a un centro de Essalud. Es decir, los empleadores agroindustriales pagan por un servicio que NO reciben, como muchos otros empleadores.

En el caso textil como ha evolucionado las exportaciones del año 2000 al 2019, como se puede apreciar del Cuadro III las exportaciones se incrementaron en 194% en esos años. Es falso el argumento que el TLC con Estados Unidos haya beneficiado el incremento de las exportaciones. Ello se puede apreciar fácilmente, si bien ayudan a las empresas a colocar sus productos en otros mercados, no son el único incentivo que requieren para exportar más.

Cuadro III

Ahora veamos el sector agrícola que gracias a la Ley de Promoción se ha desarrollado y crecido no sólo por los TLC sino por que la Ley estaba bien concebida en el sentido que se requiere una flexibilización laboral, se requiere menores impuestos, se requiere inversión privada y mucho menos Estado. Como podemos apreciar del Cuadro IV las exportaciones agrícolas crecieron de los años 2000 al 2019, 1,104% es decir se multiplicaron por 11.04 y ello fue por que la Ley fue concebida y dio resultado no por haber suscrito un TLC.

Cuadro IV

Ahora bien, a pesar de los resultados no sólo en generación de trabajo sino en exportaciones, lo que resulta evidente ante cualquier persona (no estúpida), que la actividad agrícola ha sido un ÉXITO y ello no se puede ocultar.  No sólo la agricultura debería tener estos regímenes sino todos los sectores. Porque no lo ampliamos a todos los sectores para ver si tenemos el éxito de la agricultura, por cuanto con los regímenes vigentes ya sabemos que nuestro sistema tributario, laboral y de permisología no funcionan y una muestra de ello es que el sector informal en el Perú es del 60% o más.

Por lo expuesto, nos preguntamos ¿si algo funciona exitosamente y da resultados positivos, una persona NO estúpida se le ocurriría cambiarlo o destruirlo? La respuesta es lógica no se toca por que funciona bien, sin embargo, en el Perú eso no es correcto y allí entra uno de nuestros autores preferidos el economista Carlo Cipolla que dice que existe cuatro tipos de individuos en la sociedad, según el beneficio o el perjuicio que generan para el resto de las personas y para sí mismos. El los define como:

  • Inteligentes: benefician a los demás y a sí mismos.
  • Incautos: benefician a los demás y se perjudican a sí mismos.
  • Bandidos: perjudican a los demás y se benefician a sí mismos.
  • Estúpidos: perjudican a los demás y a sí mismos.

Para concluir como calificaría usted lector a nuestros congresistas, de acuerdo a la definición de Cipolla, que han cambiado el régimen que si funcionaba y era exitoso. Para finalizar como es costumbre “Donde termina la razón empieza el Perú”. Que pena. Lampadia




¿Cuándo perdimos nuestro derecho a la privacidad?

¿Cuándo perdimos nuestro derecho a la privacidad?

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En la primera quincena de diciembre 2020, escribí el artículo: ¿Estamos seguros en el Perú?”. En él me refería al atrevimiento de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, de solicitarle a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), un archivo “espejo” de toda la información que el sistema financiero le proporciona a ésta, así como de toda la comunicación sensible, manejada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El punto es que, el Estado está infiltrado de delincuentes, en todos los poderes, a nivel de gobierno nacional y gobiernos sub-nacionales.

Ahora, mediante nuevo reglamento del MEF, se ordena a los bancos, la entrega mensual de los movimientos bancarios; saldos, ingresos y egresos, de al menos 1.7 millones de ciudadanos, aquellos que son formales, manejan sus operaciones de forma bancarizada y, además, por eso, se les cobra el ITF, con el único objetivo que la SUNAT pueda contar con la información de ingresos y egresos que tanto requiere para contrastar con las declaraciones juradas de ingresos y rentas. Creo que, en primera instancia, el Estado debe explicar qué pasó con la información proporcionada por el ITF, y de otro lado, de insistir con este requerimiento de información a la banca, cuando menos derogar el ITF, pues ya no le sirve de nada.

Con este nuevo pedido de información, aunque redundante, si lo que buscan es conocer los volúmenes de ingresos y egresos de los contribuyentes, la SUNAT quiere conocer también, cuál es tu patrón de gastos, a quién le pagas, a quien le compras, si apoyas económicamente a tus hijos, familiares y allegados o si eres ese mes, el gestor de un pandero. En esencia, estos 1.7 millones de ciudadanos, somos los nuevos rehenes del fisco, estaremos “bajo la lupa” del “gran hermano” y tendremos que estar dando explicaciones, de manera detallada y mensual, de cualquier movimiento de dinero que pueda no ser renta, pero que a ojos de SUNAT, debemos explicar de forma documentada.

Ya se ha repetido que, en el Perú, más del 70% y hoy cerca del 80% de la actividad económica es informal, pero lo cierto es, que de los cerca de 18 millones de ciudadanos que conforman la PEA (población económicamente activa), alrededor del 10% está bancarizado (1.7 millones) y sujeto a este nuevo escrutinio. Estos ciudadanos, hemos pasado nuevamente, a ser un grupo discriminado y sujeto al espionaje del que la gran mayoría (alrededor de 90%) está libre. En este punto, si alguien había previsto bancarizar sus actividades económicas, de seguro reevaluará sus opciones y diferirá su decisión.

Aquí surgen varias preguntas, como, por ejemplo; ¿Por qué quiere saber el Estado a quién compro y, en consecuencia, mi patrón de consumo? Si lo que el fisco requiere verificar son todos mis ingresos, ¿Por qué requieren conocer todos mis gastos? ¿Por qué tiene que saber si gasto, invierto o regalo mi dinero? ¿Alguien quiere desarrollar nuestra biografía económica? ¿Por qué debemos confiar en funcionarios de la SUNAT, que en su momento fueron capaces de filtrar información financiera de personas que tenían “RUC sensible”? Seguro algunos recordarán que la Declaración Jurada de impuestos de Vladimiro Montesinos, en su momento de mayor control del SIN, fue publicada por la prensa, con lo que se demuestra, que no es un tema de seguridad de los sistemas de información, sino de confiabilidad de los funcionarios.

Al escribir el artículo antes mencionado, no imaginaba que el lumpen que ha infiltrado al Estado, iba a tener la dicha de contar, como los de “Piedras Gordas”, con una base de datos depurada y de primera mano, para identificar a sus potenciales víctimas de secuestro y/o extorsión. ¿Quién garantiza nuestra seguridad y la de nuestras familias, de ahora en adelante? ¿Con qué derecho, unos funcionarios del MEF, pueden ir contra la Constitución y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional?

Me temo que ahora sí se han excedido, puesto que esa información se debe abrir a la autoridad, sólo por mandato judicial (también por pedido del Fiscal de la Nación y Comisión Investigadora del Congreso), pero siempre que sea información relevante para un proceso de investigación de algún delito. No es correcto que, en un país como el Perú, con tantos casos comprobados de delincuencia infiltrada en los distintos estamentos del Estado, se permita disponer, como cosa de rutina, de información tan delicada y personal. Esa información, es parte de la intimidad financiera de los ciudadanos, que nadie debe violar, mucho menos, ser manejada y manipulada por “sabe Dios quién”, ni con qué potenciales intereses subordinados.

Siempre se repite, que el Perú es un país de discriminadores y muchos creen que es un tema étnico, socio-económico o de origen geográfico (de costa, sierra o selva), pero lo cierto es que el propio Estado es el que crea, a cada paso, condiciones que dividen y separan a los ciudadanos, que les trae obligaciones y derechos diferentes. Para unos cuantos de la Lima moderna, se imponen reglas de altos estándares, para los demás, hasta “toma de carreteras” sin consecuencia alguna. Si queremos incorporar más ciudadanos a la base de contribuyentes, desarrollemos legislación tributaria más sencilla y fácil de cumplir, eliminemos el vicio de las amnistías tributarias, nacionales y municipales. Dejemos de premiar por esa vía a los que incumplen sus obligaciones.

En esa línea, el gran cuento es que, esta disposición es una recomendación de los países de la OCDE, pero para los soñadores, los países miembros de la OCDE, no tienen el nivel de “economía subterránea” que tiene el Perú (80%), ni su Estado está infiltrado de delincuencia como el nuestro. Igualmente, el contribuyente de países OCDE, ve plasmado el pago de los impuestos que realiza en beneficios al ciudadano, vía; servicios de salud, justicia, educación, seguridad e infraestructura. En nuestro país, en cambio, se exige más recaudación a los mismos de siempre, el Estado gasta o invierte mucho menos de lo que debiera y lo que gasta lo gasta mal y con gran merma por corrupción. Lampadia




El derecho de propiedad en el Perú (2)

El derecho de propiedad en el Perú (2)

Gunther Hernán Gonzales Barrón
Doctor en Derecho Cum Laude. Universidad de Castilla-
La Mancha (Toledo, España). Ex Juez Superior Lima
Para Lampadia

PREMISAS ERRADAS

Las políticas públicas aspiran a modificar un sector de la realidad social, y, con ese fin, como primer paso, se requiere contar con información fiable, aunque ello, parece que no ocurre en el sistema registral, que maneja una data altamente dudosa, sino errada:

1. ¿Cuál es el porcentaje de predios inscritos, privados o públicos, en relación con la superficie aprovechable del país? El PEI 2016-2018 de SUNARP señala que en 2015 el porcentaje de predios inscritos era 87%, mientras en 2020 llegaría a 92%[1], basándose en el libro ENAPRES (INEI), cuya información se obtuvo por vía muestral, a través de 44,000 consultas a ocupantes de viviendas, que se cierra con una conclusión sospechosamente tajante: “para el año 2016, de las viviendas con título de propiedad, el 88.8% están registrados”[2], pues no señala sustento alguno; sin embargo, los posteriores Planes de SUNARP han omitido de esta cifra, probablemente, porque la encuesta nacional INEI 2017 (no muestra), con preguntas a los ocupantes de predios, arroja un resultado muy distinto: 2’900,000 cuentan con título (38.5%) y 2’800,00 no tenerlo (37.5%), con diferencia en el ámbito urbano (falta título: 29%) y rural (66%).

2. ¿Qué indicador se utiliza actualmente para medir la formalización registral? El PEI 2019-2023 de SUNARP[3] utiliza el “porcentaje de incremento anual de predios inscritos”, que define como “partidas registrales nuevas”, lo que constituye un dato superfluo, por tanto, nada útil, pues, un sector ya formal, por ejemplo, de terrenos urbanizados e inscritos, puede a su vez ser objeto de desmembración, edificación e independización sucesiva, con el consiguiente “incremento de partidas”, pero sin ningún aumento en la formalidad, pues, ya desde el inicio, se trataba de sectores registrados. Esta situación, de lejos, sería la más usual.

3. ¿Qué porcentaje de documentos, que llega al registro, se inscribe, y cuál no? Las cifras de SUNARP son engañosas, pues suman todos los documentos, incluso los de registros sencillos, por tanto, en primer lugar, sería necesario discriminar los títulos destinados exclusivamente al registro de predios, pero, además, en segundo lugar, el tema más importante no está medido: ¿cuántos documentos ni siquiera llegan a la mesa de partes porque los ciudadanos abandonan el intento antes por las trabas del sistema?

El porcentaje más razonable de formalización registral plena no debe superar el 30% de los predios, no solo por la encuesta INEI 2017, concordante con la inacabada titulación de los organismos estatales, que demuestra el elevado desfase entre la realidad y registro, sino, además, porque una cifra como la señalada coincide con el promedio general del Banco Mundial[4]. Por tanto, el “92% de propiedad registrada” es fantasiosa, y no sirve para construir políticas públicas, como tampoco “el incremento de partidas”.

PROPUESTAS

Un catálogo de propuestas, desde una información más realista, puede resumirse así:

1. Reubicación sectorial: La SUNARP pertenece al Sector Justicia, pero en los últimos veinte años -para no retroceder más-, ningún ministro ha tenido interés en el tema, y, lamentablemente, sin voluntad política es difícil avanzar. Por ello, el sistema registral debería reubicarse en el MEF (como en Francia)[5], o Vivienda, mucho más interesados en la formalidad y en el impacto económico de la propiedad.

2. Proactividad: El sistema solo actúa desde el momento de ingreso del documento en la oficina registral, sin embargo, el problema de la formalización comienza mucho antes, por lo que se hace necesario actuar en esa etapa previa: a) Mesa permanente pública-privada de eliminación de barreras burocráticas; b) Informes vinculantes de regularización; c) Potestades oficiosas, y vinculantes, por ejemplo, en cierre de partidas; d) Unidad de catastro con tolerancias realistas.

3. Reforma normativa: La vigente Ley 26366 tiene 26 años de antigüedad, y, hasta en la terminología se encuentra desfasada, por lo que se necesita una norma que la sustituya, complementada con nuevos reglamentos que deberán simplificar los requisitos de inscripción, lo que es imprescindible ante la jungla legalista.

4. Simplificación de acceso: La escritura pública social con alcance general es posible, como ocurre con las constituciones de sociedades, a un costo de S/. 50 soles. Pero, en los casos en que el problema sea más complejo, la Ley General deberá permitir un procedimiento extrajudicial de saneamiento de la propiedad y la edificación (siempre que no agravie estándares mínimos de seguridad y urbanísticos). Por otro lado, la consulta de una sola hoja en el registro no puede seguir costando S/. 6 soles.

5. Flexibilizar evaluación legal: Los títulos están sometidos a una previa evaluación de funcionarios especializados, pero su principal característica es la rigurosidad. Los cambios son imprescindibles: (i) simplificación administrativa; (ii) registrador alterno (reconsideración); (iii) tribunal registral de sala única con nueva tónica y conformación; (iv) eliminación de duplicidades evaluación; (v) lineamientos, “salvo más simplicidad”.

CONCLUSIÓN

El sistema registral no puede analizarse de modo aislado (¿partidas nuevas?), sino como una parte del engranaje de la propiedad, por lo que se necesita proactividad, simplificación y flexibilidad para lograr formalización predial. Lampadia

[2] “Esta tarea fue posible gracias a las declaraciones de las personas de 44.000 viviendas”: INEI (2017). (https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1442/libro.pdf)




El desarrollo productivo y social debe ser en paralelo

El desarrollo productivo y social debe ser en paralelo

Para destrabar los proyectos mineros debemos rescatar los conceptos del ‘adelanto social’.

El MEF parece acercarse a la necesidad, pero no sabe cómo hacerlo.

MEF: Se agilizarán obras sociales en áreas aledañas a proyectos mineros

Priorizarán iniciativas para desarrollo de servicios básicos en áreas en torno a futuras minas, a través de PMO y como proyectos especiales de inversión pública.

El Gobierno buscará ejecutar en forma rápida una cartera priorizada de obras en servicios básicos a favor de las comunidades asentadas en torno a proyectos mineros, a medida que se identifiquen las posibilidades de ampliar esa actividad extractiva, según indicó el viceministro de Economía, Mario Arróspide.

En esa línea, Arróspide refirió que, una vez determinado el potencial minero (a destrabar), el Gobierno identificará en forma rápida los requerimientos de las comunidades, así como una cartera priorizada de proyectos que se puedan empaquetar (y ejecutar) con el uso de nuevas herramientas que se han aprobado para acelerar la inversión estatal.

Glosado de Gestión, 16 de setiembre de 2020

En Lampadia lo volvimos a plantear en detalle en junio del 2017. Ver propuesta:

Una gran idea que no entienden
El gobierno destruye la potencia del ‘adelanto social’

La mejor idea del gobierno para facilitar las inversiones en minería está siendo malograda por el propio gobierno. El Ministerio de Energía y Minas está apurando desembolsos y ofrecimientos de apoyo económico bajo el paraguas del ‘adelanto social’, sin vinculación alguna con el desarrollo de  proyectos mineros específicos. Esto demuestra que el gobierno no ha entendido la naturaleza y la potencia del ‘adelanto social’.

Fuente:  andina.com.pe

Veamos por qué se configura la necesidad del adelanto social:

  • Uno de los problemas de las inversiones mineras es que normalmente se dan en zonas alejadas, mayormente en la sierra, donde las actividades productivas son fundamentalmente de sobrevivencia, de muy baja productividad y donde se adolece de malos servicios del Estado o de la inexistencia de ellos.
  • El desarrollo de un proyecto minero supone una inversión de alta tecnología y un gran impacto económico para el país y las zonas aledañas a los proyectos. Para que todos los beneficios de la inversión minera sean percibidos por la población adyacente tiene que pasar mucho tiempo, ya que hay que esperar que se haga toda la inversión y que, paulatinamente, se empiecen a producir utilidades con su consiguiente pago del impuesto a la renta, que finalmente llega a la gente mediante la utilización del canon minero que sirve para financiar infraestructuras sociales y económicas, como escuelas, centros de salud y caminos, así como programas de extensión productiva, algo que podemos llamar desarrollo social.
  • Pero, para que se inicie la inversión minera, además de los procesos de pre-inversión (como las exploraciones), hay que desarrollar los estudios de factibilidad económica, de impactos sociales y ambientales, trámites legales y, muy importantemente, los procesos que llevan a recoger, canalizar y conseguir el apoyo de la población. Todo esto toma mucho tiempo y es difícil que la población pueda proyectarse en el futuro para medir las eventuales contribuciones de un proyecto a su calidad de vida. Máxime si, al mismo tiempo, tienen que superar los efectos de la manipulación política de los anti-mineros, que hacen todo lo posible para evitar las inversiones.  

¿Cómo se superan estas limitaciones de un buen ambiente pro-inversión?
¡Manya! – Con el ‘Adelanto Social’

Pero, para convertir el ‘adelanto social’ en un mecanismo positivo y no una caricatura inútil, como la que está dibujando el gobierno, hay que hacer una buena definición del concepto y aplicarla con rigurosidad. En Lampadia entendemos el ‘adelanto social’ de la siguiente manera:

Que en la zona de influencia de un proyecto minero, se desarrollen en paralelo la inversión minera y la inversión social.

Para ello hay que definir el siguiente proceso:

Proceso de desarrollo del ‘adelanto social’

  • Evaluar las necesidades de desarrollo socio-económico de la zona del proyecto minero, una vez que tome cuerpo la posibilidad de una  inversión minera de cierta magnitud
  • Mientras se hacen los estudios para la inversión minera, se deben desarrollar en paralelo los estudios de un eventual programa de ‘apoyo social’
  • Una vez definida la viabilidad del proyecto minero,  tanto económica, ambiental y socialmente, el Estado puede proyectar la generación de canon del proyecto para la región, y delimitar los componentes del programa de ‘adelanto social’ que puedan financiarse con, digamos, un 20 a 30% del valor presente del flujo esperado de canon del proyecto
  • Fijada la inversión minera definitiva, el Estado debe crear un fideicomiso como el vehículo que canalice el financiamiento del ‘adelanto social’
  • El fideicomiso puede financiarse de múltiples formas y no debería representar una dificultad mayor
  • El inicio de la inversión minera debería darse en paralelo con el desarrollo del programa social que se expresaría a través del ‘adelanto social’

Pero, probablemente, lo más importante del ‘adelanto social’ es que permite viabilizar el desarrollo integral de la zona de influencia del proyecto minero, con el aporte de la inversión privada y sus impactos directos e indirectos, y con el aporte de la inversión pública, vía el ‘adelanto social’.

Estas inversiones conjuntas determinan un incentivo muy importante para la evaluación de los proyectos mineros. Permiten que esta se haga con la mayor objetividad posible, contrarrestando las interferencias políticas y disminuyendo la posibilidad de que inversiones positivas para la región y el país, puedan ser rechazadas sin un buen análisis de pros y contras, dificultado por la manipulación política.

La idea es que el proceso de aprobación de la inversión minera, incluyendo las instancias de participación de la población de la zona, se haga en paralelo a la definición del programa de ‘adelanto social’.

En otras palabras, si la población rechaza la inversión minera, estaría rechazando al mismo tiempo el ‘adelanto social’. La llamada ‘licencia social’ implicaría la aprobación conjunta de la inversión minera y de la inversión del programa de ‘adelanto social’, o salen ambas, o se frustran ambas.

Una gran idea incluida en el programa de gobierno del Partido PPK, pero que su gobierno no ha sabido definir, ni llevar a cabo. Peor aún, está destruyendo el concepto y, quién sabe, su mejor estrategia para viabilizar la muy necesaria inversión minera.

Demandamos: una inmediata rectificación de las acciones equivocadas que hemos señalado, definir en detalle el mecanismo del ‘adelanto social’ (‘Que en la zona de influencia de un proyecto minero, se desarrollen, en paralelo, la inversión minera y la inversión social’), comunicarlo a la población y a los medios y ponerlo en marcha con coherencia y disciplina. Lampadia