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Podríamos exportar $1,000 millones en joyas formalizando a los mineros informales

Pero MEF tiene que resolver problema de comercialización y formar Mesa Ejecutiva

El Perú exporta algo más de 100 millones de dólares en joyas de oro, pero podría exportar 1,000 millones. De paso formalizaría a parte importante de los mineros informales de oro, que serían los abastecedores naturales de la joyería de exportación. Para eso, sin embargo, se requiere la conformación de una Mesa Ejecutiva en el MEF, que junte a todas las partes, y resolver un problema con la comercialización interna del oro que impide que las empresas mineras le vendan oro a la joyería peruana de modo que se da el absurdo aberrante de que ésta debe importar oro para fabricar joyas, siendo el Perú el sexto productor mundial de oro. Eso también depende del MEF. 




Perspectivas de la economía

Perspectivas de la economía

Después de haber suspendido sus pronósticos en mayo pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) acaba de presentar el Marco Macroeconómico Multianual 2020-2024, dando luces sobre el impacto de la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia del covid19.

Dadas las circunstancias, la visión del MEF es bastante positiva. Se afirma que las fortalezas de nuestra economía nos han permitido tener los recursos suficientes para contrarrestar la crisis y nos deben servir para recuperar la economía. Veamos algunos indicadores:

Según el MEF, el PBI del año no pasaría de una caída de 12%, menor a la prevista por otras fuentes de análisis que están más cerca de 15%. Y el 2021 tendríamos un crecimiento de 10%. Estos resultados serían bastante auspiciosos. Lo importante es ver si se pueden dar las condiciones necesarias para lograrlos, como activar un suficiente nivel de inversión privada.

El sector primario, ligado al sector externo, tendría una caída de 5.6%, mientras el sector no primario, el sector interno, caería 13.7%. Efectivamente, el sector externo ha mostrado signos de recuperación importantes, sobre todo en lo vinculado a los precios de nuestros minerales, cobre cerca de US$ 3 por libra y oro bordeando los US$ 2,000 por onza, más un precio de petróleo relativamente bajo.

Como puede verse en la lámina anterior, el Perú entró a la crisis con grandes fortalezas, como baja deuda pública, posición fiscal controlada, altas reservas internacionales y muy baja inflación. Todas ellas son producto del desarrollo del país con su modelo de economía de mercado establecido en la Constitución de 1993, que además de las fortalezas macroeconómicas, propició la caída de la pobreza de 60 a 20%, la disminución de la desigualdad, el crecimiento de la clase media, la caída de la mortalidad infantil de 75 a 18 por mil y el aumento de los ingresos de los peruanos.

Pero no es fácil que se den todas las condiciones que hagan posible la recuperación prevista por el MEF. La situación sanitaria está muy lejos de haberse superado, hay la posibilidad de un menor consumo de los ciudadanos y los riesgos políticos vinculados a las elecciones generales del 2021.

Pero llama la atención que el MEF no identifique el riesgo de que no logremos invertir lo suficiente. A nuestro entender, este es el mayor riesgo económico dada la incapacidad del Estado para promover la inversión privada, sobre todo en infraestructuras y en minería, que tienen el potencial de generar importantes impactos positivos.

Además, es imperioso incidir en la necesidad de flexibilizar la contratación de trabajadores para recuperar rápidamente el empleo.

Por lo tanto, tenemos que terminar nuestro comentario invocando al gobierno a tomarse muy en serio la necesidad de promover la inversión privada. Lampadia

Ver informe completo del MEF: https://www.lampadia.com/assets/uploads_documentos/4c005-ppt-mmm-2021-2024-250820-3-pm.pdf




¿Por qué la salud pública es deficiente?

¿Por qué la salud pública es deficiente?

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Construir un sistema de salud eficiente y resolver el problema de la informalidad se han convertido en los dos grandes objetivos nacionales a partir de la pandemia. Alcanzarlos requiere de un diagnóstico certero acerca de lo que impide avanzar en ambos temas. En un pequeño ensayo recientemente publicado[1], Alberto Vergara señala que “en los últimos 20 años teníamos un Estado hábil para administrar la macroeconomía del país y defectuoso para gobernarlo”, muy bueno para acumular ahorros, malo para gestionar servicios y soluciones.

Eso es cierto, y la descripción es muy buena, pero en lo que falla, a mi juicio, el ensayo, es en la explicación, en la asignación de responsabilidades. Algo clave, porque una equivocación en eso puede agravar los problemas en lugar de ayudar a resolverlos.

Su argumento es, de un lado, una versión sofisticada de la conocida imputación ideológica de la izquierda en el sentido de que la respuesta del Estado ante el COVID ha fracasado porque el neoliberalismo precarizó los servicios de salud para beneficiar a los negocios privados. Vergara no llega a ese extremo, pero escribe: “somos una región donde se deja a los pobres una salud, seguridad y educación pública de pésima calidad, mientras los ricos y las clases medias pagan por esos servicios. Con un pacto de ese estilo, no había forma de actuar como Alemania, Corea del Sur o Singapur”. Explica que tenemos un gasto público en Salud muy bajo y que ha crecido solo en términos brutos, con el crecimiento del PBI, pero no como proporción del PBI. Y agrega: tenemos “un Estado que puede tener dinero, pero desvinculado del país. Ni lo extrae de su ciudadanía, ni lo invierte en su desarrollo”.

Es verdad que la calidad de la salud pública es muy mala, pero ello no se debe a falta de recursos. No es cierto que el Estado peruano no haya invertido Salud ni que haya abandonado presupuestalmente ese sector.

Como mostré en artículo anterior sobre la base de cálculos del IPE,[2] no es solo que el sector salud ha tenido más dinero porque la economía creció, sino que lo ha tenido en una proporción mucho mayor al crecimiento nacional. El gasto público en salud se ha multiplicado nada menos que por 7 en términos reales (soles constantes) en los últimos 20 años. ¡Por 7! Y se ha multiplicado por 3 como porcentaje del PBI y por 2 como porcentaje del presupuesto nacional. Según el INEI la cobertura de los seguros de salud subió del 42% de la población en el 2007 al 85% el 2019. Y el número de médicos por habitante subió en 50% entre el 2010 y el 2018.[3] En el sector ha habido una evolución incremental que debe reconocerse.[4]

Cierto es que la ampliación de la cobertura no significa incremento de la calidad, pero el hecho es que el gasto en Salud no creció inercialmente, sino por voluntad política.[5] El sector fue priorizado.

Entonces no es cierto que “quienes defendieron las políticas económicas favorecieron también la mediocre inercia de todo el resto”, como argumenta. No son ellos quienes forman parte de ese “pacto” de pobres servicios. Los “defensores de las políticas económicas” no solo autorizaron más presupuesto, sino que crearon instrumentos para mejorar la calidad de los servicios, tales como presupuestos por resultados y la ley del Servicio Civil (SERVIR) para implantar la meritocracia y la gestión de desempeño. Si, pese a todo ello, las mejoras fueron limitadas, lo que debemos hacer es identificar bien el mecanismo que traba las reformas e impide el cambio.  

Un par de ejemplos sirven para ello. A instancias del MEF, se aprobó la mencionada ley que crea el régimen de la Ley del Servicio Civil. Un gran avance para pasar de un Estado patrimonialista (y corrupto) a uno profesional y eficiente. Pero ante un reclamo de los sindicatos de Essalud, el Congreso anterior pasó los CAS no al régimen Servir sino a la 728, que atornilla en el puesto sin evaluación ni posibilidad de exigir rendimiento. Y el Congreso actual ha consagrado la propiedad absoluta de los puestos de trabajo y el ascenso automático en todo el sector Salud. ¿Es posible conseguir una salud pública eficiente en esas condiciones?

En los 90 se crearon los comités locales de administración de salud (CLAS), con médicos contratados y participación de la comunidad en el directorio. Las postas funcionaron mucho mejor porque se exigía más rendimiento y horas de trabajo. Pero luego de un paro el Congreso de Toledo nombró a los médicos, y los CLAS perdieron toda capacidad de exigir desempeño.

El mecanismo que traba las mejoras es una alianza natural entre el clientelismo político en el Congreso y las demandas de privilegios patrimonialistas por parte de los sindicatos del sector. Una cosa son las demandas remunerativas justas -que también han ayudado a incrementar el presupuesto- y otra rechazar la introducción de regímenes de gestión modernos, exigentes y meritocráticos.

Lo que esa alianza produce es una pésima gestión patrimonialista sin metas ni evaluaciones y organizada en torno a la corrupción, que ha impedido que los mayores recursos se transformen en calidad del servicio.

El propio Vergara parece por momentos darse cuenta de ello: “…la avalancha de dinero llegado al Estado en los últimos años lo engordó, encareció y ayudó a la propagación de la corrupción”, reconociendo, en esta parte del ensayo, que sí hubo más recursos. “Teníamos muchos recursos, pero la crisis de salud vino a reconfirmar, una vez más, que la plata no compra eficacia gubernamental”.

Se convertiría entonces en un eficaz aliado de la reforma si profundizara en esa línea para identificar con precisión los factores que la han impedido una y otra vez. En cambio, si insistimos en poner en la mira a los “defensores de las políticas económicas”, vamos a sacar del tablero a los únicos que intentan introducir principios y modelos de gestión modernos y eficientes y vamos a empeorar aún más la situación.

Esto es clave porque neutralizar el mecanismo que impide mejorar los servicios requerirá de un fuerte consenso nacional, que solo puede basarse en una conciencia clara de la existencia de dicho mecanismo. 

Y es mas o menos el mismo que está detrás de nuestros niveles tan altos de informalidad. Pues esta formalidad tan costosa y farragosa que excluye a los informales, expulsa a los formales, impide el crecimiento de los pequeños y mantiene bajos los salarios, se ha formado también en parte a punta de presiones de grupos de interés recogidas en leyes y normas. 

El asunto no es fácil porque se trata del interés difuso de la sociedad, que no puede defenderse, versus el interés rentista de grupos organizados, que tiene a su favor la precaria institucionalidad política que tenemos, tremendamente proclive a favorecer las presiones patrimonialistas. Un sistema de muchos partidos, híper fragmentado hasta el delirio con el voto preferencial, solo sirve para que cada partido busque apuntalarse ofreciéndole alguna ventaja a algún bolsón electoral. Fomenta la irresponsabilidad, la entrega de beneficios presentes a costa del futuro. En el otro extremo, un sistema bipartidista fomenta la responsabilidad, porque el partido que está en la oposición sabe que en el próximo periodo puede ser gobierno, y entonces no socava el futuro.

Tenemos que entender el sistema que bloquea cada vez más la transformación de los servicios públicos en el Perú. De lo contrario, nunca podremos mejorarlos. Lampadia

[1] La crisis del COVID-19 como Aleph peruano (Artículo preparado para el libro América Latina: Del estallido al COVID, editado por Rafael Rojas y Vanni Pettina) Alberto Vergara

[3] Ver artículo de Iván Alonso: https://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/los-progresos-de-la-salud-publica-por-ivan-alonso-columna-salud-sistema-de-salud-crecimiento-economico-noticia/?ref=ecr

[4] Consultados Midori de Habich y Oscar Ugarte, resumen así la evolución de la salud pública:

1. Luego del terrorismo y debacle económica, hacia 1994, se reabren los establecimientos de salud del primer nivel con médicos.

2. Luego se introduce el modelo CLAS, de administración compartida con la comunidad.

3. En 1997 se crea el Seguro Escolar Gratuito y el 1999 el Seguro Materno Infantil. El 2002 se fusionan y transforman en el SIS.

4. En 2004 todos los partidos políticos firman el Acuerdo de Partidos Políticos en Salud que plantea el Aseguramiento Universal.

5. El 2009 se aprueba la Ley Marco del Aseguramiento Universal

6. En el 2013 se dictan los DL de implementación de la Ley de AUS.

7. A fines del 2019 se aprueba el DU que autoriza a que todos los no asegurados (4 millones) a incorporarse al SIS

[5] El argumento que de todos modos el gasto en Salud en el Perú es mas bajo como porcentaje del PBI que en países vecinos, es relativo. El Dr. Moisés Rosas demostró en Lima Este el 2006 como con menos recursos que los históricos pudo mejorar la atención radicalmente (los pacientes resolvían sus problemas y se llevaban sus medicamentos gratis) haciendo que el SIS pagara no por número de atenciones -lo que fomentaba su multiplicación corrupta- sino por resultados en términos de atención a los pacientes. Ver: https://www.lampadia.com/analisis/salud/la-revolucion-que-el-sis-necesita/




Martin (improvisación) Vizcarra 2

Martin (improvisación) Vizcarra 2

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En el mes de abril escribí un primer recuento de lo que, a mi juicio, hacían del Sr. Vizcarra un improvisado, sin visión de estadista, ni capacidad para gobernar. Probablemente haya que explicarle que gobernar significa tener; clara visión del país, sus debilidades y fortalezas, al igual que sus riesgos y amenazas, sus problemas y sus posibles soluciones. De igual forma, tener capacidad de convocatoria, de armar equipos capaces de diseñar estrategias y de ejecutar adecuadamente aquello que se planeó.

Pensé en algún momento que podría haber excedido mi apreciación negativa y que, el presidente merecería aún el beneficio de la duda. Lamentablemente, no es así y, a la luz de hechos posteriores o identificados con posterioridad, veo que me quedé corto.

Basta ver que, a los prácticamente 3 meses de la declaratoria del “Estado de emergencia sanitaria”, la que se declaró fundamentalmente para poder tomar medidas económicas, de compras y manejo de la situación, “saltándose” las reglas y procedimientos convencionales del Estado, el gobierno “descubrió” que no tenía oferta suficiente de oxígeno. Nunca hicieron una proyección de la demanda, un inventario de las plantas de oxigeno disponibles, ni de las que habían comprado, pues tenían en abandono incluso en el Hospital de Huaycán, entre otros y por supuesto, no compraron más plantas. Lo anterior, pasando por el crimen de la carencia de oxígeno en distintas regiones de la costa y la selva, con niños y adultos fallecidos por esa negligencia.

A propósito del tema del oxígeno, no se les ocurrió que estaban exigiendo oxígeno al 99% (exigencia creada por el hoy gerente de operaciones de ESSALUD y miembro del “Comando COVID”, durante su tiempo de ministro de salud), cuando este estándar podía ser al 93% y a sabiendas que, con la valla impuesta, estaban alimentando un oligopolio corrupto, que generaba un pingüe negocio. ¿Por que no corrigieron oportunamente esa exigencia? ¿Por que no instalaron y pusieron en operación las plantas recientemente adquiridas para los hospitales, ni repararon aquellas que estaban malogradas o compraron de emergencia las plantas requeridas? No, ante la incapacidad del Gobierno, se tuvo que recurrir a la caridad del sector privado y sus donaciones. No sólo eso, sino que no priorizaron la atención temprana con oxígeno, antes que las camas UCI, que hubiera salvado muchísimas vidas.

Igualmente, en el abastecimiento de medicinas, siendo el Estado el principal comprador y suministrador de estas, no se manejó una compra negociada de forma centralizada, ni una logística adecuada, pero se repartió dinero (léase, se alimentó corrupción descentralizada) mostrando así su incapacidad. Pero claro, de inmediato y en la mejor de sus rutinas de teatro, culpó a los laboratorios privados y amenazó con imponer controles de precios. En esto entró en competencia por populismo con el congreso.

Si queremos referirnos a nuestro sacrificado equipo de profesionales de la salud; a ellos no se les entregó los equipos de protección personal (EPP), ni en cantidad, ni oportunidad, ni en calidad requeridos. No se les paga sus remuneraciones oportunamente y los tenemos con dos o tres meses de retraso en sus pagos. Hemos traído 85 personas entre médicos y enfermeros de Cuba, a quienes, por supuesto se les paga bien y oportunamente, independientemente de la incapacidad y falta de calificaciones demostrada para el manejo de esta enfermedad y peor para la atención en UCI. Mientras que, en cambio, no les dieron la oportunidad a 1890 médicos peruanos, recién graduados y deseosos de apoyar. Tampoco se ha sido diligente con la selección e incorporación de médicos venezolanos, residentes en el Perú, pero absolutamente sub empleados.

Tema especial fue el de las clínicas particulares y el uso de camas UCI, que según el gobierno ya están llegando a dos mil. Después de más de dos meses de haber promulgado un decreto que indicaba el uso indistinto de las camas UCI por el Estado, según designación del Seguro Integral de Salud (SIS), no establecieron ni el procedimiento correspondiente, ni fijaron los términos económicos de tal contratación. Al encontrarse al borde del colapso, lanzó una pataleta con amenaza de expropiación y se llegó esa misma noche a un acuerdo entre el SIS y las clínicas. Lo que no dicen, es que el acuerdo fue al mismo precio que se había venido negociando con toda anticipación. Ciertamente, como el Sr. Vizcarra se siente de salida, no le importó nada el impacto internacional de su amenaza y “bravuconada” expropiatoria para el Perú (una vez más era el “faite” del barrio y lanzó la amenaza por un total de 55 camas, 15 de ellas en Lima).

Como anda por puntitos de encuestas como el diablo por almas, un día de abril amaneció con que quería comprar un millón de “tablets” para uso escolar, por supuesto, se las imagino con conexión automática a internet, cargadores solares, con procesadores de tecnología no más antigua que 2019 y servicio de contenidos. Todo para tenerlas disponibles y entregadas en el mes de julio 2020. Se convocó a más de 43 empresas y, dadas las condiciones, sólo quedó una de ellas en carrera y ya veremos, en medio de esta carrera loca, qué resulta.

Por supuesto, levantada la inamovilidad, ya empezamos actividades con la “nueva normalidad”. Desde luego, al transporte público se le exige muy severamente la distancia social con el consecuente aforo reducido, pero el gobierno no pensó en la necesidad de aumentar dramáticamente la cantidad de unidades del Metropolitano y sus alimentadoras, ni la necesidad de pagar un subsidio del orden de S/.6 millones semanales. Mientras tanto el transporte informal hace lo que quiere y les ha aumentado la demanda, con lo que podemos asegurar la agudización del caos en el transporte limeño y de otras grandes ciudades, al igual que el nivel de contagios (similar al que se produjo en los mercados y bancos por el bono). Desde luego que, como no han planeado nada durante los cuatro meses de cuarentena, hoy en medio de este caos, recién están revisando los contratos y qué opciones les permite, no saben si controlar el subsidio por consumo de combustible o por viaje controlando con GPS. Ya veremos en qué terminan.

Como el Sr. Vizcarra no se proyecta a largo plazo, no se le ocurrió mejor cosa que autorizar que, el 28 de setiembre de 2018 se suscriba el acuerdo de Escazú, hoy ad portas de ser ratificado por el Congreso, y que nos lleva a perder soberanía en las decisiones sobre nuestros recursos naturales, sometiendo cualquier última decisión a tribunales internacionales. Eso nos puede costar la prolongación del estado de pobreza de millones de compatriotas.

En fin, qué podemos esperar, cuando en lo económico, según se comenta en la columna Bajo la Lupa del diario Gestión, “andamos sin brújula”. Vivimos con estimaciones económicas proyectadas por el BCRP, el FMI, el Banco Mundial o el Consejo Fiscal, porque el MEF no ha actualizado nada desde el año pasado y para “facilitar” el descontrol, han decidido suspender las reglas fiscales -en vez de utilizar las cláusulas de excepción- y diseñar estrategias para corregir.

Por último y para ratificar su inmadurez política, nos presentó el show del “cumplimiento de su compromiso personal” de convocar a elecciones, como si eso fuera un mérito, cuando debiera tener claro que, no convocar oportunamente es una grave infracción constitucional que le costaría la vacancia inmediata.

La pena es que, con el desmadre que está dejando con sus “reformas políticas”, estoy seguro que en el siguiente periodo tendremos iguales o peores ejemplares políticos, encargándose de destruir las instituciones del Perú.

¡Que Dios nos agarre confesados! Lampadia




Aprendices de brujo

Aprendices de brujo

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Finalmente se anunció la cifra oficial de variación del PBI para abril 2020 y, como no podía ser de otra forma, el resultado fue una caída de 40.49%, lo que nos ha llevado en los primeros cuatro meses del año a caer 13.1%. Lo más lamentable, es que estos números han venido acompañados de una pérdida de 2.3 millones de puestos de trabajo, sólo para Lima metropolitana en el mes de mayo.

Lo más triste es que todo este sacrificio, hecho en nombre del control de la pandemia, no ha servido de nada, pues estamos “rankeados” entre los países del mundo con mayor número de infectados y número de fallecidos, entre otros indicadores. Más impactante aún, cuando lo medimos en índice por cada 100,000 habitantes. Es decepcionante este resultado, después de haber aplicado una de las cuarentenas más extensas y rígidas del planeta.

Entonces es legítimo preguntarse, ¿qué pasó? ¿Hemos sometido a la población a un encierro de más de 90 días, orden de inamovilidad y toque de queda, con apoyo de las Fuerzas Armadas, uso de toda la Policía Nacional con suspensión de garantías constitucionales y declaratoria de emergencia, para no tener ningún obstáculo en esta “Operación COVID-19” desde el 16 de marzo 2020, para nada?

Creo que la respuesta es sencilla, hemos querido manejar este problema con un equipo de “Aprendices de brujo”, con no poco aire de corrupción. A la cabeza de la operación, un presidente y un primer ministro que seguro pensaron estaban atendiendo un problema del tamaño de la municipalidad de Moquegua, que no convocaron a un equipo de expertos en todos los campos y experiencia suficiente para hacer un planeamiento adecuado (¿o no deseaban observadores extraños?). Aún sin un planeamiento integral, desecharon el esfuerzo hecho por la exministra Hinostroza, quien mal que bien, aprobó con Resolución Ministerial N. 039-2020/MINSA del 31 de enero de este año, el “Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus 2019-nCoV”, con apego a las recomendaciones de la OMS y considerando el uso de pruebas moleculares.

No pretendo que este haya sido “el plan a ejecutar”, lo que podemos notar es que, si para enero ya se tenia una Resolución Ministerial al respecto, al menos dos semanas antes ya era un tema de discutido en el sector salud y compartido a nivel del gabinete, pero nadie (presidente, ni PCM) lo acogió debidamente, hasta que el 15 de marzo optaron por lo más efectista y sin mayor análisis; la cuarentena total por quince días. ¿Quién en su sano juicio, después de observar lo que venía ocurriendo en los países afectados más tempranamente, incluyendo a China, hubieran pensado en ese plazo?

Por otro lado, la cuarentena, en la historia, se concibe como el confinamiento de un enfermo para evitar que este transmita sin control la enfermedad contagiosa. Eso obligaba a ser muy estricto en la identificación de los portadores del virus, desde el momento más temprano posible e identificar a sus contactos, hacerles pruebas moleculares y si estaban contaminados, ponerlos también en cuarentena. Cerrar fronteras desde el primer día y hacer pruebas moleculares a quienes retornaron al país, en lugar de pagarles dos semanas en un hotel a ver cómo evolucionaban (más efectivo y económico).

Como hemos dicho, no se convocó a un equipo para el planeamiento integral y se cambió de ministro en el sector salud. Supongo habrán tenido muy buenas razones para el cambio (la ministra Hinostroza no aceptó cambiar las pruebas moleculares a rápidas, como en efecto se hizo), pero ¿nombrar a un médico que nunca ejerció como tal, sin experiencia en gestión y gerencia de ninguna institución, sino que se ha pasado la vida de asesor de organismos regionales, MIDIS u otros, que no tiene que ver con el sector?

La primera disposición de este ministro fue no comprar pruebas moleculares (mintió desde el primer día diciendo que Trump las había acaparado todas, mientras la representación diplomática de Corea del Sur ofrecía, sin limitación y con disponibilidad inmediata, las de empresas de su país) y dispuso “usar pruebas rápidas aplicadas sólo a quienes tengan síntomas”. Como sabe cualquier ciudadano, alguien puede estar infectado, no tener síntomas y estar contagiando a todos los que interactúan con él, aunque la prueba serológica reportará negativo durante los primeros 6 a 7 días de infectado.

Sobre ese “error” se optó por la cuarentena masiva. Un grave error, porque no se contempló las condiciones de vida de la población, de las casas habitación, ni las condiciones sanitarias de las mismas. Y como respuesta al encierro sumamente restrictivo (semana Santa y “pico y placa” por sexo incluidos), se desbordó la población, en particular los de menores recursos.

Para darles dinero crearon el bono, del cual hasta hoy, hay cerca de un millón de ciudadanos que no lo reciben, pero con eso destruyeron el principio básico de “la distancia social”. El MIDIS a cargo de una persona sin ninguna capacidad, el ministerio de la mujer igual. Ciertamente con gente incapaz de concebir y menos de manejar un proyecto logístico de entrega de alimentos o de alimentación con cocinas populares o distribución de dinero, como soluciones alternativas a ser aplicadas según el caso. Búsqueda de soluciones de agua potable que les permita lavado de manos frecuente, tampoco se plantearon y hasta hoy no se dan.

Mención especial merece el MEF, pues, por su gran inexperiencia, no sólo no fue capaz de darle velocidad al plan de rescate financiero concebido por el BCRP, sino que lo burocratizó demorando su aplicación. Tampoco fue capaz de analizar qué sectores de la actividad económica debían seguir operando. Verificar con países de estructura productiva similar a la nuestra qué harían. Tomar el liderazgo del aparato productivo para convocar a los gremios y ministerios sectoriales a un trabajo de equipo. Pedir a los gremios que establezcan protocolos de operación en lo inmediato para ponerlos a trabajar y que no se nos caiga la economía del país. El MEF no sólo tiene que manejar la caja y los presupuestos, es responsable fundamental de la marcha de la economía del país, por lo que, ante lo evidente, ha debido tomar medidas correctivas. Pero les faltó entender su rol…

Cuando designaron a la ministra, algún periodista me preguntó qué pensaba de su designación y comenté: “Entiendo que es una profesional con muy buena formación, grandes valores, pero su falta de experiencia podría ser una debilidad”. No me equivoqué, pues esto no hubiera ocurrido con alguien de más experiencia y peso personal.

Lo preocupante es que, hasta el día de hoy, insisten en tratar de solventar la salida de esta catástrofe económica amparados en la inversión pública. No dudo que es una oportunidad que trabajen por fin la reconstrucción con cambios que, el señor Vizcarra no trabajó como es debido durante su tiempo de ministro y menos como presidente, pero deben tener en cuenta que la inversión pública es sólo la quinta parte de la inversión total.

Otra preocupación es la reiteración de este gobierno en  pretender hacer inversión pública entregando dinero a los gobiernos locales y regionales, quienes no tienen capacidades técnicas,  les falta control y claro reporte de cumplimiento de metas, además de su altísimo nivel de corrupción.

Hasta aquí ya tenemos mucho material de trabajo para la Contraloría General de la República y para la Fiscalía de la Nación. Sería importante que lo vean ahora que el tema está fresco.

Finalmente, el Perú cuenta con un enorme portafolio de proyectos en el sector privado (varias veces mayor al de “Arranca Perú”), es tiempo de convocar y promover esa inversión privada y diseñar un plan de recuperación muy potente para salir de este caos. ¡El Perú lo necesita! Lampadia




Pensión para Todos

Pensión para Todos

EDITORIAL DE LAMPADIA

La propuesta de Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Nuestro nuevo Congreso está en medio de un populismo exacerbado, y como no podía ser de otra manera, uno de los temas predilectos del desenfoque parlamentario es el de las pensiones.

Ya han legislado sobre el nefasto retiro del 25% de los fondos privados acumulados en el Sistema Privado de Pensiones (SPP). Han rechazado la propuesta del Ejecutivo para formar una comisión que estudie una posible reforma integral del sistema, y ya anunciaron su intención de apurar una reforma, seguramente desencaminada, dados los comentarios que se han adelantado.

Mientras tanto el MEF ha adelantado algunas ideas de reforma, que entre otras cosas habla de un modelo integral, sin la deficitaria e inconveniente ONP.

La verdad es que el sistema de pensiones sí necesita una reforma de raíz. No pensamos que este sea el mejor momento para emprenderla, pero ante la soltura de huesos de los congresistas para abocarse al tema, tenemos que reiterar nuestras propuestas al respecto.

Actualmente, el 70% de los trabajadores están excluidos de la cobertura de un sistema mínimo de pensiones. El 40% pertenece el SPP, pero menos de la mitad cotiza; el 27% pertenece el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), pero solo el 7% tiene beneficios. Además, un 1% pertenece a otros regímenes.

La República. Elaboración: Kevin Zuñiga. Fuente: Consejo Evaluador de Pensiones/MEF

La cobertura de pensiones es largamente insuficiente. En buena medida porque el sistema está basado en los asalariados, los formales que deben aportar parte de su renta, cuando el 70% de los trabajadores son informales y no tienen obligación de cotizar.

Todos los intentos de llevar a los informales a afiliarse a un sistema de pensiones, han fracasado. Por esta razón, en Lampadia, en enero del 2014, propusimos un modelo de generación de pensiones que no se basara en la renta, como actualmente, sino en el gasto. La idea es usar los pagos individuales de IGV como fuente de aportes individuales para la formación de fondos previsionales.

El sistema establecería que todos los ciudadanos, desde la edad de 18 años, aporten a su fondo individual de pensiones una parte de lo que paguen por IGV cada vez que consuman. En otras palabras, cada vez que un ciudadano consuma, el Estado le devolvería para su fondo individual, digamos cinco puntos de los 18 pagados por IGV.

Veamos una simulación de rangos de aportes:

Estos cálculos están basados en que una persona con un ingreso mensual de S/. 1,500, que consume el 80% de su ingreso, podrá obtener, con sus consumos realizados entre los 20 y 65 años, destinando un punto de IGV de sus compras a su fondo individual, con una rentabilidad real anual de 7%, una renta vitalicia equivalente de S/. 181. Esto le daría una tasa de reemplazo (es decir la pensión obtenida como fracción del ingreso obtenido durante la etapa laboral) de 12.1%. Con 5 puntos de aporte, la pensión llegaría a 905 soles y la tasa de reemplazo sería del orden de 60.5%.

Este modelo previsional permitiría lograr un sistema de las siguientes característica:

  • Universal
  • Voluntario
  • Formalizador
  • Autofinanciado

Universal

Al definirse que los aportes se den mediante devoluciones de una parte de los pagos de IGV por parte de todos los ciudadanos desde los 18 años de edad, se supera la exclusión de los trabajadores independientes y se alargan los aportes al empezar a darse con anterioridad.

Voluntario

Algunos analistas criticaban que los aportes sobre la base de planillas de remuneraciones fueran obligatorios. Pues los aportes vía IGV no necesitan ser obligatorios, pues el incentivo del canje es más que suficiente para su adopción universal.

Formalizador

Una de las grandes ventajas del sistema propuesto es que propende a una acelerada formalización, puesto que, bastando el DNI, todos los ciudadanos mayores de 18 años pueden pasar a formar parte de los registros de aportantes y llevar la evasión del IGV hacia su eliminación. El canje de IGV por aportes individuales a fondos privados de pensiones, es muy atractivo para que se deje de hacer y, por lo tanto, que se deje de exigir comprobantes por todas las transacciones de los ciudadanos. Un aporte de 10 Soles a los 18 años, con un rendimiento promedio de 7% anual, representa 240 Soles a los 65 años.

Autofinanciado

Este es el tema que le cuesta más entender a la mayoría de economistas. Veamos:

  • Actualmente se evade IGV por aproximadamente 6.5 puntos (de 18), algo que disminuiría sensiblemente.
  • Con el sistema propuesto se puede cerrar el defectuoso sistema de la ONP que tiene un déficit fiscal de S/. 70,000 millones. Ver en LampadiaONP: Inclusión o Exclusión 
  • El nuevo sistema permite que se vayan eliminando las exoneraciones de IGV, generando otra fuente de compensación financiera.
  • Nuestro IGV nominal es muy alto, 18%. El IGV real no pasa de 8%, entre evasión e inafectaciones.
  • Si asumimos una recaudación neta de IGV de 10% como sostenible a largo plazo, tendríamos espacio para promover el canje por aportes pensionarios.

Por lo tanto, puede estimarse que, en el largo plazo, el canje de IGV por pensiones individuales puede ser de una buena parte de 8 puntos del IGV nominal, suficiente para establecer un incentivo poderoso y volúmenes adecuados de pensiones. Ver en Lampadia: El IGV y las Pensiones.

Esta propuesta tiene seis años, solo ha sido recogida por algunos economistas y ha sido descartada por las AFPs, que prefieren seguir con un sistema cojo como el actual, que ya nos ha llevado a reacciones y normas equivocadas, como la del 95.5% y las que se airean estos días.

La propuesta de Lampadia debe ser complementada con una pensión mínima que compense a quienes no lleguena acumular suficientes aportes.

En su ámbito de vigencia, el SPP, para los afiliados aportantes, ha sido muy exitoso en rentabilidad y pensiones. Demos pues rescatar lo bueno que se ha logrado y llevarlo de manera realista hacia una cobertura universal.

Analicemos seriamente los aportes pensionarios individuales vía IGV. Lampadia




¿Resucita Perú?

¿Resucita Perú?

José Armando Hopkins
Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima
Para Lampadia

Hoy se cumplen exactamente 40 días de Cuarentena Covid-19. Cuarenta días que la mayoría de empresas peruanas no generan ingresos, pero sí deben cumplir con sus trabajadores, deben pagar a sus proveedores y atender múltiples obligaciones.

Todos sabemos que la liquidez para las empresas es como la sangre para el cerebro o como el aire para el ser humano. Sin sangre o sin aire, de inmediato se muere.

¿Debemos esperar que las empresas mueran, para luego resucitarlas? ¡Indudablemente, no!

Desde los primeros días de la Cuarentena, hemos venido señalando la urgencia de hacer llegar los recursos a las empresas para preservar los empleos y mantener la cadena de pagos.

Hace exactamente 20 días, la Cámara de Comercio de Lima, en una Nota de Prensa, ¡pidió que los créditos fuesen desembolsados en 10 días!

¡Como sabemos, hasta la fecha no se desembolsa ningún crédito!

Sabemos que el proceso es muy complejo. El gobierno se ha propuesto llegar a 350,000 empresas con el financiamiento de Reactiva Perú. De estas empresas, sólo cerca de 100,000 tienen operaciones de crédito registradas en el Sistema Financiero. Lo cual significa que más de 250,000 empresas no tienen antecedentes crediticios ni un record de pagos para evaluar.

Por cierto, esto a la vez representa una gran oportunidad para los bancos, ya que se podrá casi cuadruplicar la cantidad de empresas bancarizadas.

Dada la complejidad del reto, proponemos transformar un proceso de aprobación de créditos en un simple proceso de tramitación de desembolsos, que lleguen en los próximos días a las empresas peruanas.

Por ello, propongo que se introduzcan los siguientes cambios al Programa Reactiva Perú:

  1. Que la Sunat prepare un documento virtual en que se incluya la información necesaria para tramitar el crédito de Reactiva Perú: Ventas 2019, Pagos a EsSalud 2019, Deudas Coactivas con Sunat y Calificación SBS. Este documento lo debe poder consultar el titular del RUC y las Instituciones Financieras.
  2. Simplificar el proceso de revisión previa de Cofide, prácticamente limitándolo a asegurarse que una empresa no pueda tramitar su crédito más de una vez. Posteriormente, durante el periodo de gracia de un año, Cofide puede revisar en detalle los expedientes de cada operación.
  3. Poner en funcionamiento en Cofide una mesa de autorizaciones, telefónica o digital, que asigne códigos únicos por cada RUC y Banco, que impida que un crédito pueda tramitarse más de una vez.
  4. Establecer que para tramitar los créditos de Reactiva Perú sólo baste con que firmen los representantes legales acreditados para girar sobre las cuentas o los Apoderados acreditados ante la Sunat.
  5. Incluir a las Cooperativas y al Banco de la Nación como otorgante de Reactiva Perú, por su llegada a los lugares más recónditos de nuestro país y para generar más competencia y velocidad al proceso.
  6. Añadir como nuevos beneficiarios de Reactiva Perú a los Profesionales Independientes que tributan por 4ta Categoría y que emiten formalmente Recibos de Honorarios Profesionales.

Además, insistimos que el MEF retome el espíritu original de la línea aprobada por El Banco Central que fue que la Garantía del Gobierno sea del 100% de la operación.

¡Es vital que los recursos lleguen a todas las empresas de inmediato!

Por último, habiéndose decretado la tercera prórroga de la Cuarentena y contando con que la apertura va a ser gradual, debe aumentarse el monto del crédito de Reactiva Perú a 3 meses de ventas promedio del año 2019. Lampadia




Se nos rompe la cadena de pagos

Se nos rompe la cadena de pagos

EDITORIAL DE LAMPADIA

A estas alturas de la crisis sanitaria y económica-social, todos sabemos qué significa que se rompa la cadena de pagos, porque ya lo estamos viviendo. Cada día se multiplican los impagos y los despidos. Es como una gran explosión hacia abajo; una vez que se desata es muy difícil de parar.

En su afán de evitar, o por lo menos aminorar, un desarrollo tan negativo para toda la sociedad, el BCR ofreció otorgar una línea de crédito de 30,000 millones de soles al sistema financiero, para que sea canalizada a las empresas para cubrir planillas y proveedores. Los créditos debían contar con garantía del Estado por el 100% en la gran mayoría de casos, y debieran incluir costos especialmente reducidos. Para ello, el BCR volvería a reducir la tasa de interés de referencia en los siguientes días, como efectivamente hizo, llevándola a 0.25% por año.

La idea era que el sistema financiero fuera una suerte de canal de distribución de los créditos, evitando la mayoría de los análisis crediticios, ya que la facilidad debía ponerse a disposición de las empresas de la manera más ágil y a la brevedad posible.

Lamentablemente, el MEF, sin aparentemente entender la coyuntura ni la propuesta del BCR, diseñó ‘Reactiva Perú’, el programa que tendría que efectivizar la excelente propuesta del Banco Central.

Efectivamente, el decreto que crea el programa fue ampliamente criticado por lo más graneado del establishment económico y financiero del Perú. Ver en Lampadia: Reactiva Perú – ¿Un fallido intento de parar el corte de la cadena de pagos?

Las críticas hicieron especial interés en la necesidad de garantizar el 100% de los créditos y en los montos de los mismos.

Pero el gobierno, con gran necedad, ha producido un reglamento que no corrige los errores más importantes del decreto y crea una serie de figuras que malogran el instrumento y lo hacen ineficaz para cumplir con sus fines, evitar el corte de la cadena de pagos. Veamos:

  • Se insiste en no dar cobertura de riesgo por el 100% de los créditos, dejando márgenes a cubrir por las empresas que van del 2 al 20%, dependiendo del monto. Esto evita que las empresas más pequeñas accedan a los créditos, aumenta los costos y alarga los plazos de desembolso.
  • Se hace intervenir a Cofide como agente intermediario, complicando la operación y encareciéndola. Se estima que el costo de intermediación de Cofide desde 0.5% anual, el doble que el costo de la fuente de 0.25% del BCR.
  • Se establecen límites máximos de desembolso muy pequeños, restando efectividad al programa.
  • Se mantiene la exclusión de empresas con adeudos a la Sunat.
  • Se exige que las empresas estén en situación de ‘Normal’ en el sistema financiero.
  • Se excluyen empresas de “sectores con percepción social negativa”, como serían los productores de tabaco, alcoholes y juegos de azar. Una absurda discriminación, ya que el objetivo del programa es salvar puestos de trabajo, pero parece que para este gobierno es más importante la ideología y la politiquería disfrazada de falsa moral.

Con este diseño del programa ya se especula que los créditos podrán llevar tasas innecesariamente altas, del orden del 8 al 10% anual.

En resumen, se puede decir que el programa será un gran fracaso, y la pérdida de una buena oportunidad de evitar costos sociales. Mientras tanto Chile ha sacado un programa que sigue al pie de la letra las ideas originales del BCR en el Perú.

¿Cuándo vamos a hacer las cosas bien? Lampadia




¿Un fallido intento de parar el corte de la cadena de pagos?

¿Un fallido intento de parar el corte de la cadena de pagos?

EDITORIAL DE LAMPADIA

Una iniciativa magnífica del BCR, explicada por su presidente, Julio Velarde, hace 10 días, ha tardado mucho en convertirse en norma, y ha sido distorsionada por el MEF, el gobierno, al punto de crear severas dudas sobre su eventual efectividad para aguantar el corte de la cadena de pagos, su objetivo expreso.

Además de la grave crisis sanitaria que nos aqueja, corremos el riesgo de que se rompa la cadena de pagos, o sea de que se interrumpan los pagos entre los agentes económicos, empresas y ciudadanos, de modo que cunda el desempleo y la quiebra de múltiples empresas. Esto ya sucedió el año 1998, cuando el MEF y el BCR, pusieron cortapisas al acceso de liquidez al sistema financiero. Nos costó años de recesión y un retroceso importante de 20 puntos en el nivel de pobreza.

Pues ahora, enfrentamos el mismo riesgo. El Banco Central, aprendiendo de la experiencia y con su proverbial capacidad de análisis, propuso hace pocos días una línea de capital de trabajo para las empresas, por un monto de 30,000 millones de soles, un 4% del PBI, para que con la garantía del MEF se pusiera a disposición de todas las empresas.

La idea era generar una línea de financiamiento al sistema financiero, desde el BCR, que, con la garantía del MEF, se pudiera trasladar a las empresas, por el 100% del crédito a costos muy bajos y con agilidad, al no requerirse garantías a las empresas, más allá de las empresas muy grandes, que tendrían que respaldar una parte pequeña de los créditos, el 5 o 10% de los mismos, según la explicación de Velarde.

Lamentablemente, después de las largas elucubraciones del MEF, mediante el Decreto “Legislativo” 1455, se establece que los créditos del sistema financiero a las empresas tendrán que incluir responsabilidad de las mismas por el 2 al 20% de los mismos, dependiendo del tamaño del crédito. Esto genera varias consecuencias negativas:

  • Se crea un riesgo parcial al sistema financiero que deviene en demoras para los desembolsos, y la necesidad de establecer coberturas por los saldos a riesgo de las empresas.
  • En consecuencia, se encarecen los créditos, puesto que los bancos tendrán que cubrir sus riesgos (que nos se daban en el esquema original, para la gran mayoría de empresas).

O sea, ahora tenemos un mecanismo de apoyo más lento, más caro, y muchas veces difícil de lograr para muchísimas empresas que no tienen relaciones fluidas con el sistema financiero. Especialmente las Mypes.

Por otro lado, como explica Elmer Cuba, se ha puesto otra limitación, que las empresas no le deban a la Sunat. Con esto quedan fuera unas 80,000 empresas. Además, los límites de los créditos son muy bajos, y por lo tanto, no constituirían un alivio adecuado a las circunstancias.

El Perú ha sacado pecho por su rapidez para plantear un paquete de apoyo que evite el corte de la cadena de pagos, hasta se ha puesto un nombre atractivo al programa, costumbre del actual gobierno, pero parece que este programa puede quedarse en la etiqueta.

Esperamos una rápida rectificación de las condiciones del decreto que no puede fallar en contener la ruptura de la cadena de pagos. El problema que enfrentamos, no es un problema económico, es un problema social. Lampadia

Un resumen, [oficial], de la norma “Reactiva Perú”:

1) ¿De qué se trata el Programa Reactiva Peru?

Es un programa por el que el Estado garantiza financiamientos otorgados por el Sistema Financiero a empresas que requieren reponer su capital del trabajo.

2) ¿Cuál es el monto máximo de la garantía?

La garantía cubre como máximo el monto que resulte menor, el monto equivalente a tres (3) veces la contribución anual de la empresa a EsSalud en el año 2019 y el monto equivalente a un (01) mes de ventas promedio mensual del año 2019.

3) Respecto del saldo insoluto, la garantía cubre:

Crédito (Soles) Garantía (%)

Hasta 30,000  – 98%

De 30,001 a 300,000  – 95%

De 300,001 a 5´000,000 – 90%

De 5´000,001 a 10´000,000    – 80%

El monto total de los créditos que se garantizan a través del Programa REACTIVA PERÚ, por empresa deudora, no excede los S/ 10’000,000.00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES).

4) ¿Se puede utilizar el financiamiento para pagar deudas pre existentes?

No es posible utilizar los créditos garantizados por Reactiva Peru para el pago de créditos o financiamientos pre existentes con el Sistema Financiero.

5) ¿Cuáles son los plazos de repago?

Hasta 36 meses, con 12 meses de período de gracia.

6) ¿Cuándo se publica el Reglamento?

A los 5 días de entrada en vigencia del Decreto Legislativo N°1455. El Reglamento establecerá condiciones como los parámetros para la determinación de las tasas de interés.




La irresponsable y peligrosa ley del 25% de los fondos de las AFP

La irresponsable y peligrosa ley del 25% de los fondos de las AFP

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El primero en romper la disciplina y la unidad de comando en la lucha contra el virus, ha sido el Congreso, al aprobar la ley que permite a los aportantes al sistema privado de pensiones disponer del 25% de sus fondos. Lo ha hecho pese a la oposición del gobierno, del MEF, del BCR, de la SBS y de todos los entendidos en la materia, solo por ganarse el aplauso inmediato sin interesarle las consecuencias. Condenable oportunismo político en el que han caído todas las bancadas con la excepción responsable, hay que decirlo, del Partido Morado.

Perjudica a los propios beneficiarios

Porque es imposible que no entendieran las razones por las que esa medida es perjudicial y contraproducente. Primero, para los propios supuestos beneficiarios. Estos, claro, podrán retirar sus fondos, aunque muchos en realidad no necesiten hacerlo, pero ese 25% que retiren significará una cantidad de soles mucho menor a la que recibirían si los retirasen en otro momento, cuando el fondo estuviera en un valor normal. Ahora han perdido valor, precisamente debido a la pandemia. Pero cuando ésta se supere lo recuperará y con creces, como ha ocurrido en todas las ocasiones anteriores. Allí la gente se dará cuenta de todo lo que perdió al acceder a la manzana envenenada que le regaló el Congreso.

El 25% que retiren los afiliados –o el 100% que retiren los que ganan por debajo de S/ 4,300- perderá más valor aun porque el precio de los bonos del tesoro y de las acciones en los que se ha invertido los fondos caerá todavía más a consecuencia de la cantidad de bonos y acciones que las AFP tendrán que vender para devolver a los aportantes. Es decir, doble perjuicio para los afiliados a las AFP. Un engaña muchachos.

Es perjudicial, en segundo lugar, para la gran cantidad de pequeños accionistas de las empresas listadas en bolsa -muchos de los cuales seguramente tienen su fondo de pensiones-, pues al desvalorizarse sus acciones perderán cuantioso capital. Perjuicio por partida triple para esos ciudadanos.

Perjudica la lucha contra el coronavirus

Y perjudica, en tercer lugar, a la propia lucha contra el coronavirus, pues le resta recursos. Al desvalorizarse tremendamente los bonos del Estado, al gobierno le va a resultar mucho más caro endeudarse para financiar el sobregasto que entraña combatir el coronavirus y recuperar luego la economía, porque al haber mucha oferta de bonos y poca demanda, tendrá que ofrecer una tasa de interés mucho más elevada para conseguir que el mercado compre.

Es decir, la ley socava puniblemente los esfuerzos del país para ganar esta guerra.

Razones estructurales

  • Ahorro nacional

Hay otros argumentos más estructurales por las que esta ley es vergonzosa. La razón por la que el Perú, a diferencia de los demás países de América Latina, puede destinar ingentes recursos -S/90,000 millones- a esta lucha, se debe precisamente al ahorro nacional acumulado, por primera vez en la historia nacional, en los últimos 30 años. Y parte sustancial de ese ahorro -que se vuelve inversión- es precisamente el fondo de pensiones, que había alcanzado los S/150,000 millones. No se puede empezar a dilapidar el ahorro nacional con el pretexto de auxiliar a personas la mayor parte de las cuales están cubiertas porque reciben un sueldo en las empresas en las que trabajan, y las que no van a poder retirar hasta S/2,000 gracias a un decreto supremo.

  • Bomba de tiempo fiscal

En realidad, esta ley no es sino un paso desintegrador más en el camino que inició la populista ley que permitía a los afiliados retirar el 95.5% de sus fondos acumulados al cumplir la edad de jubilación, que desnaturalizaba la razón de ser del ahorro forzoso. Si este ya no sirve para tener recursos en la jubilación, carecía de sentido su existencia misma. De modo que más temprano que tarde -pronosticamos- algún político propondrá eliminarlo.

El problema es que probablemente lo que propondrá no será eliminar el ahorro forzoso, sino el sistema privado de pensiones, el sistema de cuentas de ahorro previsionales individuales (que no es lo mismo que las AFP).  No sería de extrañar que en la campaña electoral que se viene, que amenaza con ser una competencia muy populista, algún candidato ofrezca devolver todos los fondos acumulados en las cuentas individuales.

Lo que no se dan cuenta es que las cuentas de ahorro previsional individuales son justamente la garantía de que no habrá contingencia fiscal futura, porque en ese sistema la pensión no depende del presupuesto nacional sino del ahorro previsional personal.

Destruir este concepto –el de las cuentas individuales- equivale a montar una verdadera bomba de tiempo fiscal, que haría inviable el Estado peruano. Un acto de traición a la patria, porque comprometería el futuro del país.

Salvo que sí se elimine la aportación obligatoria como tal, el ahorro forzoso, para todos, como reclaman algunos liberales en nombre de la libertad individual. Con ello ya no habría, en teoría, contingencia fiscal. Pero eso es, precisamente, teórico. No toma en cuenta la existencia de la política. En ausencia de ahorro forzoso, y ante la constatación de que muchos no ahorraron para su vejez (como lo demuestra la economía del comportamiento) o invirtieron mal, los políticos ofrecerán una versión recargada de pensión 65 universal. Todos los mayores de 65 al presupuesto público, con una “pensión digna”. La receta perfecta para el hundimiento nacional.

  • Reforma integral

Por esta misma razón es que es indispensable ir a una reforma integral del sistema de pensiones en su conjunto, porque la mayor parte de los peruanos carece de afiliación a un sistema pensionario y existe entonces el riesgo de que esa mayoría termine refugiada en una pensión estatal infinanciable en el largo plazo. Es necesario incorporar a todos los peruanos, pero en un sistema de cuentas previsionales individuales -organizado o no por AFPs-, aunque pueda haber una pensión mínima que en algunos casos pueda requerir un subsidio solidario.

Lampadia ha formulado una propuesta para alcanzar ese resultado (que todos aporten a su cuenta previsional un porcentaje del IGV que pagan cuando compran algo). Un esquema universal, voluntario y formalizador, que permite superar buena parte de nuestras limitaciones. Es lo que hay que discutir. Mientras tanto el Ejecutivo está en la obligación de observar esta ley y realizar todos los esfuerzos para introducir responsabilidad en el Congreso. Lampadia




Apoyo extraordinario para el sostenimiento del trabajo empresarial

Apoyo extraordinario para el sostenimiento del trabajo empresarial

JAIME A. GARCIA DIAZ
Investigador Asociado del IDEI/PUPC
27 DE MARZO DE 2020
Para Lampadia

El impacto de las necesarias acciones tomadas por el Gobierno ha significado la paralización de gran parte de la actividad empresarial a nivel nacional. Diversos reportes señalan el fuerte impacto en el decrecimiento del PBI en el 2020.

Uno de los aspectos que más preocupa a los empresarios y trabajadores es qué va a pasar después del 12 de abril, pero aún más allá si se sigue ampliando la inmovilización social selectiva frente a COVID 19. Sin duda, el mayor impacto estará en el posible escenario de miles de trabajadores sin empleo frente a una economía recesada y que tardará en recuperarse varios meses. Esta situación profundizaría la recesión con un gran impacto social sobre buena parte de la población.

Actualmente, de acuerdo reportes de la SUNAT, existen aproximadamente 3.9 millones de puestos de trabajos formales en el sector privado. De acuerdo al Ministerio de Trabajo el promedio mensual de remuneraciones de los empleos formales en el sector privado es de S/. 2,600 (año 2018). Es decir, los desembolsos mensuales del sector privado para remuneraciones es un aproximado de S/. 10,140 millones de soles.

El Gobierno viene diseñando diversas estrategias para enfrentar el “post aislamiento social”. En esa línea diversos gremios empresariales vienen alcanzado propuestas que están siendo evaluadas por el Ejecutivo. Entre ellas, una que se debe destacar es la que recientemente ha propuesto la Cámara de Comercio de Lima – CCL, a través de su vicepresidente José Armando Hopkins en el sentido de solicitar apoyo al Gobierno para financiar las remuneraciones de los trabajadores para evitar el despido masivo, el quiebre de la cadena de pagos y una mayor recesión.

Esta iniciativa tiene mucho sentido, se viene ejecutando en otros países en función de sus capacidades económicas. En ese sentido se puede estructurar un planteamiento que viabilice la propuesta de la CCL.

En base a experiencias anteriores que han tenido buenos resultados en el país, se plantean algunas ideas que pueden viabilizar el apoyo a los empresarios y trabajadores:

1.- Se debe identificar una propuesta que sea económicamente viable, que reduzca el impacto en la caja fiscal, que se base en evidencias y experiencias exitosas, que amplifique los impactos positivos en trabajadores, empresas e instituciones financieras intermediarias – IFIs reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y APP – SBS.

2. Se propone la creación de un “Fondo de Respaldo para el sostenimiento laboral en las Empresas”. En el pasado, desde 1996 ha habido este tipo de esquemas que funcionó muy bien para promover el acceso al crédito de las microempresas.  La última versión fue la que se creó mediante el Decreto de Urgencia Nº 050-2002, se constituyó en el Ministerio de Economía y Finanzas el Fondo de Respaldo para la Pequeña y Mediana Empresa por US$ 50 000 000.00 (cincuenta millones y 00/100 dólares americanos), cuya administración estuvo a cargo de la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, bajo la modalidad de comisión de confianza, para lo cual se suscribió el convenio correspondiente, en el que se estableció los términos y condiciones dentro de los cuales se desarrolló el encargo a COFIDE, esos fondos permitieron multiplicar el acceso a financiamiento de las empresas.

Lo importante de este tipo de Fondos es el apalancamiento, es decir si quiero movilizar S/. 5,000 millones, debo constituir un Fondo de S/. 500 millones.

3.- El Fondo tendría una serie de características que se enumeran a continuación:

  • Cubre a las IFIs en “operaciones de cartera”, por ejemplo, en el caso que se plantea, las IFIs podrían desarrollar una línea de crédito especial para “Financiamiento Extraordinario de Planillas”. Todos los préstamos que se otorguen a las empresas estarían coberturados por el Fondo.  De tal manera que, si una empresa deja de pagar, el fondo paga y la IFI no se ve afectada, aunque tiene que seguir el proceso de cobranza.
  • La garantía del Fondo puede ser un porcentaje, allí viene a veces los problemas de implementación, si la cobertura de garantía es muy baja, no hay interés por parte de las IFIs en tomarla, si la garantía es más alta habrá mayor interés. Habría que proponer una cobertura del 100% en esta oportunidad para hacerla atractiva a las IFIs, con esa tasa de cobertura, todas las IFIs querrán utilizarla.
  • La garantía del Fondo favorece la exigencia de provisión de las IFIs. Es decir, si el crédito otorgado se garantiza al 100% con el Fondo, la provisión es 0% (todo de la mano con las regulaciones de la SBS). Esto es importante porque reduce el costo a las IFIs.
  • En este momento las IFIs tienen liquidez, más aún con las recientes disposiciones del BCRP, pero más aún por la recesión que se viene, no encontrarán mucha demanda de créditos o la aversión al riesgo las limitarán en las colocaciones.  Pero con un Fondo de Respaldo se elimina la aversión al riesgo.
  • El Fondo de Respaldo (garantía) tiene un costo, que puede ser una comisión de 1% ó 0.5% anual para las IFIs, pero la condición sería que, si se les garantiza el 100%, las colocaciones deben ser a tasas de interés muy bajas, alrededor de 4% (la tasa de interés corporativa a 90 días está en 2.83%).  
  • El Fondo de Respaldo, además el ingreso de la comisión para el Fondo, también puede rentabilizar el monto disponible (S/. 500 millones que recibiría).
  • Otro aspecto importante que se debe diseñar es un Reglamento de Crédito para el “Financiamiento Extraordinario de Planillas”. Es decir, se debe definir muy claramente las condiciones de los créditos (montos, plazos de 4 años, períodos de gracia y forma de pago); número de meses de planilla requeridos para financiar (de 1 a 3); condiciones para la empresa (no reparto de utilidades hasta cancelación del crédito, empresas con un número de años de funcionamiento, empresas al día con el pago de los gastos laborales al 31.01.2020, entre otras).
  • El Fondo crece con los ingresos de las comisiones y la rentabilidad misma del Fondo que se tiene que gestionar. El Fondo se reduce con el pago de los incobrables de las empresas, se espera que la tasa de incobrabilidad no sea alta, por ejemplo, de 8%, que podrían ser cubiertas con los ingresos. Hay que hacer algunas corridas y análisis de sensibilidad para el análisis y sustento correspondientes.

4.- Existe una extensa experiencia en el diseño, gestión y manejo de estos Fondos en el país, que se originaron en 1996. El MEF, COFIDE, SBS, FOGAPI tienen experiencia al respecto.  Existen reglamentos ya diseñados que pueden ser la base para el nuevo Fondo.

5.- Debería ser una propuesta atractiva para el MEF por las siguientes consideraciones:

  • En nivel de inversión es de 1/10, en vez de una línea de crédito o de garantía de S/. 5,000 millones, sería un Fondo de Respaldo de S/. 500 millones gestionado por COFIDE y se ejecutaría a través de todas las IFIs.
  • Se utiliza a las IFIs, que conocen y tienen las cuentas corrientes de las empresas, se puede hacer una rápida evaluación y desembolso crediticio.
  • Para las IFIs les asegura una colocación importante de sus recursos con riesgo cero (0), les ayudará en su proceso de recuperación.
  • Su implementación es muy rápida, porque todas las empresas formales tienen cuentas en los bancos
  • Se asegura la estabilidad laboral.

Lampadia




El Perú enfrenta la crisis económica

El Perú enfrenta la crisis económica

EDITORIAL DE LAMPADIA

Más allá del tema sanitario, el gran riesgo de la pandemia del coronavirus es que, ante la cuarentena, se corte la cadena de pagos, dejando sin sustento a millones de peruanos. Esta no es una crisis económica, es una crisis social.

Pues, como se ha venido solicitando por parte de los más renombrados economistas del país, y como se solicitó en Lampadia, el Estado está poniendo la carne en el asador.

Julio Velarde, el presidente del BCRP ha anunciado anoche que el banco central está lanzando un programa de apoyo financiero inédito en el Perú por 30,000 millones de soles (4% del PBI) en el que participarán el BCR, los bancos y el MEF.

En este programa el BCR proveerá liquidez a los bancos con la garantía de carteras de crédito y los bancos lo utilizan para apoyar a las empresas con nuevos créditos contra garantizados por el MEF. La idea es apoyar el pago de planillas al 100% hasta cierto límite y luego el 90 y 95% de las mismas. Con esto se evitará que se rompa la cadena de pagos y se pierdan muchos puestos de trabajo. El BCR y del MEF han decidido “hacer lo que sea necesario” para evitar una crisis económica, financiera y social sin precedentes.

Por su lado la ministra de economía, María Antonieta Alva, ha explicado que los otros programas de apoyo sumarían un esfuerzo total del orden de 90,000 millones de soles, 12% del PBI. Además, se está solicitando una línea de crédito de emergencia a las multilaterales por 18,000 millones de dólares.

Aún no tenemos mayores detalles de estos programas, pero debemos saludar la visión, decisión y coraje con el que se está empezando a contrarrestar esta tremenda crisis.

Así mismo, el presidente del BCRP explicó los daños que ocasionaría el retiro del 25% de los fondos del Sistema Privado de Pensiones, según lo propuesto por varias bancadas en el Parlamento. Sería malbaratar los ahorros causando más daño que bien. Dadas las medidas que se están anunciando, esto no tendría justificación.

Este es el momento de apostar nuestros recursos y ahorros, logrados gracias a un modelo económico exitoso de 25 años, en combatir una crisis profunda pero pasajera. Otros países no lo pueden hacer, el Perú sí. Lampadia