Promulgando la ley sobre el referéndum 
Por: Jaime de Althaus
Para Lampadia

El presidente Castillo tiene una oportunidad de oro de renunciar a la asamblea constituyente promulgando la ley aprobada por el congreso que reafirma la Constitución estableciendo que el JNE no puede autorizar al Ejecutivo a convocar a referéndum para modificar la constitución sin pasar antes por el Congreso, tal como lo establece el artículo 206 de la Constitución. 

Esa ley no hace sino explicitar el artículo 206 de la Constitución, en el sentido de que no es posible convocar directamente un referéndum constitucional. Por lo tanto, tiene el efecto inmediato de volver inútil el esfuerzo de Perú Libre de recoger firmas para convocar a un referéndum para consultar al pueblo si está de acuerdo o no con una asamblea constituyente. Ese esfuerzo era de todos modos inconstitucional, pero la ley se aprobó para que no quedara resquicio alguno para una interpretación contraria, como la que formulan unos pocos constitucionalistas. 

Por eso, si el presidente promulga la ley, envía una señal muy clara: el referéndum para una asamblea constituyente no va más. Es la señal que necesita dar para empezar a reorientar su gobierno, disminuir la incertidumbre y eliminar la espada de Damocles que es la causa principal de que la inversión privada se haya paralizado. Es decir, para que el próximo año la pobreza siga disminuyendo en lugar de volver a aumentar. 

Por el contrario, si el gobierno observa la ley, quiere decir que insiste abierta, tozuda y suicidamente en el proyecto de la asamblea constituyente, con todas las consecuencias señaladas. Sería un error garrafal. 

Unos pocos constitucionalistas sostienen que esta ley es inconstitucional. Argumentan que, si bien el artículo 206 de la Constitución condiciona el referéndum para una reforma constitucional a una votación previa en el Congreso, el artículo 32 establece que pueden ser sometidas a referéndum: “1. La reforma total o parcial de la Constitución”. Pero, claro, ese artículo hay que leerlo junto con el 206, que reza: 

“Artículo 206°.- Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas.”

Es muy claro: “Toda reforma constitucional…”. No hay escapatoria. Y no puede ser de otra manera, puesto que sería absurdo que la Constitución facilitara una vía para negarse a sí misma. 

Por eso es que el artículo 39 de la ley 26300 de participación ciudadana, que establece que procede el referéndum en el caso de la “reforma total o parcial de la Constitución”, dice a continuación, “…de acuerdo al Artículo 206 de la misma”. 

Entonces la ley aprobada por el Congreso es redundante. Pero se dio para que en el JNE no exista la tentación política de ceder a la interpretación de esos pocos constitucionalistas desencaminados. Lo importante es que es la ocasión perfecta que tiene el presidente Castillo para deslindar con la asamblea constituyente y retirar esa espada de Damocles. 

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

No puedo dejar de mostrar mi indignación ante el artículo escrito por el Sr. Tuesta en El Comercio, bajo el título: “La democracia que me conviene”. Me parece que hubiera sido fuente de inspiración del tango Cambalache.  Es de muy mal gusto que uno de los “notables” convocado durante el gobierno anterior, para plantear “la reforma política” y completar con ella la destrucción de los mecanismos de la democracia en el Perú y que, a pesar de eso, hoy pretenda defender lo que hay y pontificar sobre democracia.

El Perú merece convocar a sus mejores hijos a la actividad política, pero propuestas como la de “la comisión de notables”; eliminando la reelección parlamentaria y con ello, la posibilidad de hacer carrera política, no haber tomado posición en defensa de la bicameralidad, eliminar la inmunidad parlamentaria en lugar de reglamentarla, haciéndole el amén a la disolución del Congreso mediante “interpretación auténtica” de la “denegación fáctica de confianza”, cuando el gobierno se entrometió en un deber y derecho exclusivo y excluyente del parlamento, cual es la elección de los miembros del TC y con esto, dejar al Perú en la precaria situación de contar en estos momentos con 6 de 7 miembros con mandato vencido hace dos años.

¡Imperdonable! Así y con este rosario de desaciertos, manejados políticamente por quienes no estaban facultados para plantear esos temas, cual Senado y llevarnos a esta situación. Estos “notables”, si realmente tenían convicciones democráticas, debieron sugerir que se trabajen los temas con el Congreso, tal como manda la constitución y que eso se trabaje en las comisiones, para luego proponer la mejor vía para las adecuaciones legales o constitucionales, según corresponda.

Hoy, esos “demócratas”, después de unas elecciones manejadas por un JNE incompleto, habiendo guardado silencio y hacerse de la vista gorda ante todas las infracciones cometidas en la admisión e inscripción de candidatos y planchas presidenciales incompletas, al igual que durante el proceso mismo, quieren dictar cátedra.

Que un país asuma y acepte la proclamación de una plancha presidencial, no le da a estos proclamados patente de corso para armar un gabinete ministerial que incluya prontuariados, gente que está bajo investigación penal o con antecedentes por terrorismo. Ni que, ahora, quienes perseguían el “delito” por lavado de activos y financiamiento ilegal de partidos en el pasado, cuando no era delito, olviden que desde el año 2019, el financiamiento ilegal de partidos sí es un delito tipificado, pero silencien en todos los idiomas, que los “Dinámicos del Centro” financiaron con recursos captados ilegalmente desde el GR de Junín, la campaña de PL, ahora en el gobierno.

No acepto que el autor de ese artículo afirme que, “Una parte de nuestras élites tiene una alterada forma de entender la democracia” y pretenda dar lecciones respecto “al acceso al gobierno por elecciones, en el marco de un juego reglado”, cuando aquí, si algo se ha violentado, son las reglas a manos de una organización enquistada en el sistema electoral y con un partido financiado con recursos ilegales.

No es aceptable que, justo ahora, cuando tenemos ministros bajo sospecha e investigación por terrorismo y apología de terrorismo, se haga una intervención a la DIRCOTE, con 6 equipos de inspección, como si se tratara de una inspección normal. Espero que no desaparezcan grabaciones, archivos de las investigaciones, ni documentación, sustento de las correspondientes acusaciones. ¿Dónde está la Fiscal de la Nación? ¿Nuevamente le han comido la lengüita los ratones? Definitivamente, nuestro sistema judicial, la JNJ, entidad que designa y sanciona a jueces y fiscales, están absolutamente infiltrados y por eso, no son confiables, ni sirven para reconstruir la democracia que merecemos.

Mención aparte merece el “Chauchiller” Béjar, quien está claro, no tendrá la hombría de reconocer su mentira y rectificarse públicamente por decir barbaridades en entrevistas de TV, ofendiendo a nuestra Marina de Guerra del Perú. Lo seguro es que, bien sea recurriendo al viejo argumento de “haber sido sacado de contexto” o tal vez recurriendo a la inimputabilidad que, supongo, sus delirios terroristas sesenteros y su senilidad le permitirían argüir, pretenderá evadir sus responsabilidades.

Pero la cosa no queda ahí, la PUCP (Pontificia Universidad Católica del Perú) ha cobijado a Béjar como catedrático, por lo que queda claro cuales han sido las enseñanzas y adoctrinamiento que ha dado a sus alumnos en la universidad, cambiando abiertamente la historia y, a base de eso, infundiendo odios en nuestras juventudes, de ahí los pensamientos equivocados de sus estudiantes y egresados. La PUCP tiene una gran responsabilidad con el Perú y no puede pretender ahora, pasar bajo el radar. La PUCP nos debe una disculpa, no sólo a la Marina y nuestros institutos armados, sino a todos los peruanos, por engendrar en sus aulas ese veneno.

Por eso, los que votamos por convicción contra el comunismo y los que por confundidos no lo hicieron, debemos trabajar juntos por la democracia que merecemos y no permitir que nadie, que coincidentemente es también profesor de la PUCP, pretenda el jueguito de hablar de “La democracia que me conviene”.

Señores de la PUCP, ustedes no pueden permitir que en sus aulas se modifique la historia del Perú y se manipule nuestra democracia de esa manera. Ningún peruano bien nacido le va a aceptar a Béjar tamaña ofensa y por eso las expresiones de Bellido dando su respaldo a Béjar, lo muestran tal cual es y terminan por descalificar a ambos. Los dos han hecho “méritos suficientes” para ser reemplazados de inmediato en el gabinete. Quien los designó tiene una oportunidad para rectificarse. Lampadia

Oscar Sumar
Director de Regulación Racional
Doctor en Derecho, UC Berkeley
Para Lampadia

Los primeros días de Castillo han sido exactamente como los esperaba, pero para algunos –que querían creer-, han sido peores. No solo conforma un dúo perfecto con Cerrón, sino que sus rasgos dictatoriales se han mantenido incólumes. Tampoco ha mejorado en la improvisación, pero –nuevamente, sin sorpresa- ha nombrado a personas vinculadas directa o indirectamente con el terrorismo, como ministros.

Pero no solo eso, Castillo ha nombrado como Ministro de Defensa al abogado Ayala, vinculado a Julián Palacín y que ha sido señalado por la decana del CAL como el artífice de impedir el nombramiento del representante del CAL ante el JNE, dándole doble voto a Salas Arenas; además de haber impedido el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional con un cuestionable amparo, y denunciado a los periodistas de Willax por pertenecer a una supuesta “organización criminal” cuando lo investigaron. El nombramiento de Ayala en la cartera de Defensa –donde tiene cero experiencia o conocimientos-, además de ser una afrenta al pueblo peruano, es fácilmente interpretable como un premio. ¿Un premio a qué? Si es a impedir el nombramiento del quinto magistrado del JNE, prácticamente sería una prueba irrefutable del fraude electoral. La unión con el corrupto Cerrón y el ilegal oscurantismo de sus primeros días, al despachar fuera del Palacio, por si mismas, también serían causales de vacancia, sin contar con el gabinete filo-terrorista. Pero, ¿es conveniente vacar a Castillo ahora?

Han salido voces “moderadas” a decir que se debería dar la confianza al gabinete Bellido y no vacar a Castillo aún. “Reflexionar y ser estratégicos”. No comparto esta visión. Creo que es un grave error darle aire al dúo dinámico, el cual aprovechará estos meses para fortalecerse copando instituciones, acumular recursos y comprar prensa y favores políticos. Cada día que pase, será más difícil sacarlos. Pero no solo eso.

Un segundo punto a considerar es que el dúo dinámico está probando al Congreso. Ellos confían en que el Congreso no hará nada y, con esto, habrán establecido un precedente. Es el foul artero al comienzo del partido que el árbitro no sanciona con amarilla. Luego, condiciona todo el partido. No habrá una oportunidad tan clara para vacarlo luego, porque no existe nada peor que nombrar a personas vinculadas con el terrorismo en puestos clave del Gobierno, incuso a la cabeza del Gobierno, con acceso a información confidencial.

Un tercer punto, es que el dúo dinámico tiene la intención de cerrar el Congreso, pero no lo piensan hacer con confianza sobre ministros. Si son tan hábiles como aparentan, harán cuestión de confianza sobre la reforma constitucional. ¿No se puede hacer sobre atribuciones del Congreso? A llorar al río, como con el fraude electoral o el cierre ilegal del Congreso por parte de Vizcarra. Además, gracias al que me gusta llamar “precedente Pantaleón”, si el Congreso no hace exactamente lo que quieren Castillo y Cerrón, considerarán que la confianza ha sido negada de forma fáctica. Si, en ese punto, el Congreso actúan cuidándose las espaldas, igual los cerrarán luego de cambiar la Constitución por medio de una asamblea constituyente a su medida.

Existe un motivo para la aparente improvisación de Perú Libre: ellos no se han preparado para gobernar, sino para tomar el poder de manera perpetua. Donde personas razonables estarían preocupados por la pandemia o la situación económica, al dúo dinámico solo le importa el poder. Lo más trágico -o chistoso- es que nos lo han dicho hasta el cansancio, en nuestras caras.

Por su parte, más allá de los buenos deseos, el Congreso no tiene ni puede tener una estrategia de largo plazo para hacerle frente a esto. Solo podemos esperar que actúen con liderazgo decidido, de forma certera, rápida, yendo al “todo por el todo”, negando la confianza y vacando a Castillo. “Negociar”, “colaborar”, “reflexionar” solo nos llevará a caer cual corderos en las fauces del dúo dinámico y el eje bolivariano. O quizá este temor extremo es “desconocer cómo funcionan las cosas”, como sugiere Sagasti. Lampadia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

Luego de la fraudulenta e ilegal proclamación de Pedro Castillo por el cuestionado Jurado Nacional de Elecciones (JNE), han arreciado las críticas -y a veces insultos- de algunas personas contra algunos líderes del campo democrático, en particular hacia Keiko Fujimori.

Eso, en mi opinión, es un error. Salvo que alguna persona o grupo político abandone la lucha contra el comunismo y se rinda o se venda por alguna prebenda, debe mantenerse la unidad y evitar los reproches destemplados y las ofensas.

Sin duda, todos han cometido errores durante la campaña electoral y, en ocasiones, han pronunciado discursos excesivos. Ya habrá tiempo para discutir eso.

Un punto importante es que hay diversas estrategias y propuestas para enfrentar el peligro de una dictadura chavista. El asunto es que no son contradictorias entre sí y la mayoría de las veces se trata solo de palabras y definiciones.

Por ejemplo, algunos dicen que no se debió reconocer la decisión del JNE. Yo considero ilegal e ilegítima la proclamación, lo he dicho y lo he publicado (“Expreso, 19/7/21). Pero en los hechos ¿cuál es la diferencia? Castillo va a ocupar Palacio el 28 de julio y va a designar a los ministros. Ese gobierno va a gobernar (o desgobernar).

El 30 de setiembre de 2019 Martín Vizcarra disolvió ilegal e inconstitucionalmente el Congreso. Fue un golpe de Estado. Pero los partidos participaron en las elecciones de enero de 2020 para el nuevo Parlamento y los peruanos fueron a votar.

En suma, muchas discrepancias son, hasta ahora, solo declarativas, algunas más estridentes que otras. Quizá luego aparezcan diferencias sustanciales en las estrategias. Puede ser. Pero no exacerbemos discordancias donde no las hay.

Otro tema es el del liderazgo de las fuerzas democráticas, de la oposición al comunismo. Hasta ahora todos cerraron filas alrededor de Fujimori, como había que hacer dado que ella es la que había pasado a la segunda vuelta. Ese capítulo terminó. Ahora no existe un líder natural de la oposición.

El problema es que podría existir la tentación de algunos de encabezar a los demócratas demoliendo a los vecinos. Eso sería un gravísimo error. ¿Qué lograrían con eso? ¿Ser candidatos con un poco más de opción el 2026, cuando quizá ya no haya elecciones competitivas? ¿Qué sentido tiene pelear y golpear a otros para obtener un pedazo más grande de una torta que no existe?

No hay nada por lo que reñir entre los demócratas hoy día. Ningún beneficio puede obtener ahora el que ataque a otro demócrata, el que pueda sobresalir algo sobre los demás elevando el tono de voz o planteando propuestas más radicales.

Sin duda habrá competencia luego, pero ese momento no ha llegado todavía. Si nos peleamos entre nosotros ahora, de seguro no habrá un mañana. La experiencia de Venezuela es aleccionadora, las estériles disputas de la oposición ayudaron al chavismo a consolidar su dictadura.

La más inmediata tarea es, sin duda, que una alianza de las fuerzas democráticas logre ganar la mesa directiva del Congreso. Ojalá que sea posible. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Según el diccionario, prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público, dé una disposición arbitraria a sabiendas de que tal resolución es injusta y/o contraria al texto expreso de la ley.

Por estos días la prevaricación se ha convertido en el delito más común entre nuestras autoridades de gobierno, la fiscalía, el poder judicial y el JNE, entre otros. Vemos cómo, según estimados de la Contraloría General de la República, la corrupción entre los gobiernos regionales, municipales y gobierno nacional, ha perjudicado al país por 22 mil millones de soles, en el año 2020. Tenemos regiones donde el impacto de la corrupción alcanza a más de 26% del presupuesto asignado, mientras que en los más “honestos”, este perjuicio alcanza al 11% del presupuesto.

“Gracias” a la paralización económica del 2020 y, con ella, la paralización de obras públicas (principal fuente de corrupción), nos han robado 1 mil millones de soles menos que en el 2019, en que la pérdida se estima en 23 mil millones de soles. Por supuesto que los departamentos con mayor corrupción, son aquellos donde hay mayor pobreza y/o cacicazgo político local y regional. Es curioso el caso de Puno, departamento que, para fines prácticos, se ha liberado de la carga tributaria y legislación laboral, lo que le permite una gran actividad comercial (contrabando), turística y productiva, pero de pequeñas y numerosas empresas locales que no pagan impuestos, lo que significa menor dependencia del gasto público y, en consecuencia, la pérdida por corrupción es de “sólo 8.6%”, la menor del Perú.

Según lo publicado por GESTIÓN, en el 2020 se encontró 6,698 funcionarios públicos responsables de faltas administrativas y delitos de corrupción causantes de esas pérdidas, pero lo trágico es que, si bien la Contraloría General de la República gestionó ante el Congreso la legislación que le permita sancionar a los funcionarios que sean encontrados responsables de tales actos y el Congreso aprobó la ley, el Ejecutivo la ha observado. Esto no hace más que retroalimentar el concepto de que, en el Estado se puede cometer faltas y delitos, pero nada pasará, puesto que no habrá una sanción inmediata (más de tres años), como consecuencia de los hallazgos de la gestión de la Contraloría y una acción de control “sin dientes”, no sirve para nada.

Por supuesto, este sentimiento “empodera” a los malos funcionarios para continuar tomando decisiones contra la ley, no sólo en obra pública, sino también en organismos reguladores y supervisores u otras entidades de la administración pública, cuyo impacto económico nadie mide. En esos casos, al “administrado” no le queda más que judicializar su reclamo y, aun teniendo la razón, el sistema judicial se lo reconocerá varios años después, cuando el daño a la economía del país ya no tiene remedio, ni se identificará al causante del daño.

Otro grupo de prevaricadores está en el JNE, ONPE y RENIEC, donde, tal como se ha observado en este proceso electoral, han actuado y resuelto contra la ley, al extremo de haber permitido que varios terroristas sentenciados y liberados lleguen al congreso, acumulando además cuando menos 45 actos de prevaricato que, al final están inclinando la balanza electoral en contra de la voluntad ciudadana.

El ejecutivo, además de haber obstruido la posibilidad sancionadora de la Contraloría, tiene también lo suyo, pues desde el año 2000, entre Valentín Paniagua y Diego García Sayán, indultaron por Resolución Suprema a por lo menos 34 terroristas sentenciados, que en los años posteriores se infiltraron en la administración del Estado y desde ahí han socavado las bases de todo lo positivo que se pudo realizar en la década de los 90s. Luego de dos décadas de destrucción de la educación pública, creación de trabas a la gestión pública y crecimiento de una burocracia parásita, hemos llegado a una situación de control del aparato del Estado y de la educación por parte de la izquierda.

En el sistema judicial, las cabezas del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación, al igual que la Junta Nacional de Justicia, por supuesto que acompañados de ciertas ONG y muchos representantes de la prensa, actúan con un evidente “doble racero”. Por ejemplo, en el caso de corrupción de los “Dinámicos del Centro”, a quienes la Fiscal Bonnie Bautista identificó ejecutando actos de corrupción en el GRJ, les encontró maletas de dinero, producto de tales actos y les acumuló varios miles de llamadas telefónicas que los incrimina, así como WhatsApp con coordinaciones ilegales respecto a la conducción en las mesas de votación, los han liberado. Lamentablemente, el Fiscal Superior Omar Tello, jefe de las Fiscalías Anticorrupción, con anuencia de la Fiscal de la Nación, pospuso el allanamiento y detención de 38 investigados por un lapso de dos semanas, dándoles tiempo suficiente para huir y desaparecer pruebas. No obstante, se encontró todo lo antes mencionado. Además, el juez superior de Junín, Ever Bello, quien tendría que ver con el caso de Vladimir Cerrón y sus secuaces, es amigo y ex asesor de Cerrón en el GRJ.

A las ONG (persecutoras de la corrupción “dizque”), que normalmente filtran toda información de sospechas de delito, en este caso les han comido la lengua los ratones y paralelamente, la jueza de Junín, July Baldeón, ha liberado a esa gavilla de delincuentes “por falta de elementos de convicción” para decretar una prisión preventiva de 36 meses, sin el más mínimo resuello de esas ONG.

Como se puede observar, podemos denominar al año 2021, el “año de los prevaricadores”. Lampadia

Humberto Reinafarge
Para Lampadia

Estamos a 14 días de la celebración del Bicentenario de la Independencia del Perú.

Que tiene de especial, aparte de la celebración mencionada. Se proclama al nuevo presidente de la República.

¿Qué sucederá?

1) Si el JNE proclama al Sr. Pedro Castillo como presidente, dadas las circunstancias actuales, es probable una reacción en contra de parte de la población (en representación del 50 % que votó por FP). El JNE ha negado la Auditoría solicitada por Fuerza Popular a una cantidad de actas, que si se revisarán podrían dar como ganador a la Sra. Fujimori. En este caso también habría una fuerte reacción del pueblo que ha respaldado a la otra parte (el otro 50 % que votó por Perú Libre).

¿Qué sucederá?

2) De ser proclamado Pedro Castillo, como hasta ahora lo tiene definido el JNE, no sabemos porque no dice nada sobre si seguirá el Programa de Gobierno de Perú Libre, liderado por el Sr. Cerrón, o lo abandona y asume un programa de izquierda, pero más moderado que el de PL.

¿Qué sucederá?

3) La incertidumbre generada por la actuación personal del Sr. Castillo viene afectando a la sociedad, especialmente en lo económico, como es el caso de la devaluación del dólar que ya generó un importante incremento de precios que afecta principalmente a la clase menos pudiente y a los microempresarios, y a todas las Empresas y población nacional.
Definida su posición el 28 de Julio, si fuera proclamado, sabremos cual posición adoptó.

¿Qué sucederá?

4) Si a lo económico le añadimos lo político, proponer ese mismo 28 una nueva Constitución.
Es previsible que presentará al Congreso una propuesta de esta naturaleza, como así ya lo ha declarado.
Luego, o el Congreso lo aprueba, o si no lo aprueba, tal como también ha declarado “Si el pueblo lo pide” el seguirá adelante contra el Congreso, la Constitución y las leyes.

¿Qué sucederá?

5) Nos detenemos un momento para señalar que estaría incurriendo en falta constitucional que podría llevarlo a la vacancia.
Vacancia, que hasta podría ser conducido por el partido PL. Este tendría 2 razones para hacerlo: conseguir la Constitución perseguida, o que las fuerzas políticas logren vacar a PC y se proclame presidente a la Vice, Sra. Boluarte.

¿Qué sucederá?

6) El Poder Judicial acaba de admitir a trámite un Habeas Data presentado por FP.
¿Tendrá efectos para evitar la proclamación de la Presidencia?
¿Qué sucederá?

Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Quedará claro en la historia del Perú, que justo camino al bicentenario de nuestro país, hubo un tal Vizcarra que generó las condiciones para acelerar un Estado decadente.

No perderemos el tiempo en repasar su prontuario como “lagarto”, bien descrito por el periodista Carlos Paredes, ni la forma ladina como este conspiró contra su jefe y benefactor PPK, quien lo llevó a la vicepresidencia, ministerio de transportes y, finalmente, lo salvó enviándolo a Canadá como embajador. Pero bien vale la pena repasar la manera como, de manera anti-patriótica, manipuló los hilos del poder, abusando de su condición de presidente de la república.

• En primera instancia, “levantó las banderas anti-corrupción” de la boca para fuera, considerando que lo que más se puede observar son las acciones dolosas, de las que tendrá que dar cuenta tarde o temprano.
• Colocó como ministros y viceministros a un grupo de gente de bajo nivel intelectual, académico y moral, sólo por el hecho de ser moqueguanos, pero sin visión de país, ni proyección global.
• De la mano del mensaje anti-corrupción, estimuló los apetitos y aprovechó las debilidades de los jueces y fiscales, para aplastar a unos y encumbrar a otros a los más altos cargos de la fiscalía y poder judicial, con apoyo de gente de izquierda que ha copado la burocracia nacional y sub-nacional durante estos últimos 20 años, pero sin méritos suficientes (recordemos su retorno imprevisto de Brasil, cuando participó en la ceremonia de asunción de mandato de Bolsonaro, para involucrarse en una decisión del Fiscal de la Nación, respecto de la designación de fiscales).
• Creó la Junta Nacional de Justicia (cambio de nombre al “Consejo Nacional de la Magistratura”), en base a más gente de izquierda proveniente de, o sometida a ONGs, cuyos miembros ni siquiera cumplen con las normas para su permanencia (límite de edad, por ejemplo).

Todas estas condiciones irregulares han convertido al sistema judicial y electoral, en una organización capaz de pasar por encima de todas las normas, pero que, para ellos, son de “aplicación selectiva”. Baste ver el trato dado por estos días al Dr. Luis Arce, quien, mientras les resultaba funcional en el JNE para consolidar un manejo fraudulento de las actas electorales, estaba muy bien y actuando como representante de la Fiscalía ante el JNE, pero tan pronto se resistió a ser parte de un proceso, que denunció abiertamente como a todas luces impropio, se convirtió de inmediato en un ser no ético, indigno de la fiscalía, razón por la que lo destituyeron en pocos días como Fiscal Supremo y en menos de una semana le impusieron una orden de restricción de salida del país, todo contraviniendo la legislación vigente.

Por su lado la población, que siente que le están robando el país, protesta en las calles e internacionalmente solicita una auditoría independiente, dada la actitud de indiferencia de las autoridades electorales ante la denuncia de tantas irregularidades que se pueden verificar, pues hay más de 45 denunciadas, empezando por tener un JNE compuesto sólo por cuatro miembros, cuando tienen que ser 5, o la aceptación de la candidatura de una “plancha presidencial” incompleta, incluyendo como vicepresidente a un miembro de RENIEC, cuando está explícitamente prohibido en la ley electoral.

Paralelamente, seis miembros del TC (Tribunal Constitucional) continúan aún con sus mandatos vencidos por cerca de dos años. Quién diría que el proceso de elección, que generó la pataleta de Vizcarra del 30 de setiembre de 2019, fecha en la que mandó a su primer ministro para detener el proceso de elección de los miembros del TC (función exclusiva y excluyente del Congreso) y que terminó con un golpe de Estado y disolución del Congreso, encubierto con “la denegación fáctica de confianza” sobre un tema que no incumbe al ejecutivo; fue finalmente cohonestado por la mayoría de los miembros del TC, específicamente aquellos que se beneficiaban con esta medida que prorrogaba su propio mandato.

Como consecuencia, se eligió un nuevo Congreso, probablemente el peor de los doscientos años de historia republicana, cuya principal misión era completar el proceso de elección de los miembros del TC. Es tragicómico ver la crítica de la prensa, al decir que no se cumple a cabalidad el reglamento de evaluación de este proceso, porque “la sustentación de las calificaciones dada a los candidatos al TC es de muy baja calidad”. ¿Qué esperan de 130 individuos elegidos sin exigencia académica alguna, ni experiencia? En algo más de un año, lejos de acometer la tarea pendiente, este Congreso, que ha destruido el sistema previsional y aprobado por insistencia, pero sin mayor análisis, muchas leyes inconstitucionales, afectó la marcha del sistema económico y las finanzas públicas del Perú, al extremo que el TC ha tenido que declarar inconstitucionales, al menos tres de esas leyes.

Dicho esto, y a menos de tres semanas del término de su mandato, este Congreso tampoco ha elegido el reemplazo de ninguno de los seis miembros del TC con mandato vencido. No sólo eso, sino que para reafirmar que no hay institucionalidad en nuestro país, una jueza supernumeraria ha acogido un recurso de amparo y ha ordenado al Congreso de la República, que suspenda nuevamente el proceso y se abstenga de elegir a los miembros faltantes del TC. Paralelamente, el vocero de uno de los partidos de izquierda del Congreso, ha enviado cartas a los candidatos al TC, intimidándolos e invocándolos bajo amenaza, a que renuncien a continuar en el proceso reiniciado hace nueve meses.

Hoy el Perú se debate al borde de caer en manos de la izquierda radical, la misma que ya ha amenazado con plantear el 28 julio, durante el mensaje de toma de mando, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, con “color, olor y sabor a pueblo”, destruyendo así todo lo avanzado. El sistema judicial y electoral se han convertido en una organización criminal, gracias a los manejos orquestados desde marzo de 2018. Y el Congreso no ha cumplido la única tarea que debía cumplir, por lo que no tenemos un Tribunal Constitucional fuerte e independiente, así que debemos observar con pena, que nuestro país está indefenso y sólo nos queda su defensa en la calle, degradando el concepto de Nación, a su más trágico y bajo nivel.

¿Llegamos así a este bicentenario por incapacidad o mala fe? Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Las últimas elecciones han producido la posibilidad de un quiebre dramático en la vida de los peruanos. Las propuestas de Perú Libre (PL) mostraron, sin ningún recato, un programa político extremista inspirado en el marxismo-leninismo, que se llevaría a cabo detrás de un cambio de Constitución, el quiebre de las regulaciones del sector productivo y la eliminación de una serie de instituciones republicanas.

Luego estas propuestas han ido siendo edulcoradas y cambiadas a conveniencia de la coyuntura electoral. PL ha llamado al resto de las izquierdas que, ante propuestas tan extremistas, suenan a muchos como música para sus oídos. Pero no podemos olvidar que estas siempre fueron de una oposición caprichosa, desinformada y hasta falseante, a nuestra economía de mercado.

Como hemos dicho anteriormente, las elecciones se salieron de su curso normal ante la gravedad de la multi-crisis: sanitaria, económica, social y política, creada por el desastroso gobierno de Vizcarra y sus compinches. Situación que llevó a gran parte de la población a la pérdida de confianza en los liderazgos políticos y a una tremenda confusión sobre las relaciones causa-efecto de las políticas públicas. Confusión agravada por la aparente contradicción del crecimiento económico de las últimas décadas, con los pésimos servicios públicos, sobre todo en salud y educación.

No fue suficiente que los peruanos reflexionáramos sobre el desarrollo del país desde el año 1990, en que nuestra incipiente economía de mercado redujo la pobreza de 60% a 20%, además de haber generado muchos otros indicadores positivos (ver en Lampadia: La prosperidad sin precedentes del Perú). La multi-crisis y la narrativa anti mercado de las izquierdas pre modernas, más la manipulación mediática del gobierno Vizcarrista, llevaron a muchos peruanos a abrazar la propuesta política de cambio, como un cheque en blanco, sin reparar que los remedios que planteaba, solo producirían más daños en la calidad de vida de toda la población, pero especialmente en la vida de los más pobres.

Aún así, la elección fue muy ajustada, como presagiaban todas las encuestas. La boca de urna dio la victoria a Fuerza Popular, pero horas más tarde, el conteo de votos daba como ganador a Perú Libre.

Ahí empezaron los problemas, pues el conteo rápido no incluía las actas observadas, mayormente en Lima, donde FP tenía larga ventaja. Algo que podía explicar la mínima variación que volteó el resultado. Lamentablemente, Ipsos no advirtió esto al país, y PL pasó a representarse como ganador final de la contienda. A esto se empezaron a sumar una serie de denuncias sobre irregularidades en distintas zonas del país.

Con toda lógica, FP y una gran mayoría de peruanos planteó la imperiosa necesidad de que el cómputo electoral fuera especialmente cuidadoso y transparente, y que se analizaran en detalle todas las observaciones de irregularidades.

Lamentablemente, la conducción del proceso electoral, adoleció de todo lo contrario.

• La composición de JNE fue irregular, con solo cuatro miembros y doble voto para su presidente.
• No se exigieron las mismas reglas a todos los participantes. El JNE fue muy severo con algunos (PPC, Apra, Fernando Cillóniz) y laxo con otros.
• Se pasaron por alto varias faltas, como no haber descalificado la postulación de Vizcarra al Congreso por no haber renunciado oportunamente. Lo mismo sucedió con la candidata a la primera vicepresidencia de PL. Así mismo, no se descalificó al propio Pedro Castillo de PL, por haber mentido y ocultado información sobre su situación patrimonial.
• El JNE se ha negado a analizar adecuadamente los reclamos de FP.
• Se mantuvo de manera arbitraria el límite de las ocho de la noche, en lugar de considerar las 11:59 como la ley permitiría, para rechazar expedientes de FP.
• Ante denuncias de firmas falsas, el propio presidente del JNE ha llegado a declarar que no existe disposición alguna que prohíba al ciudadano hacer una grafía distinta a su propia firma.
• Contrariamente a lo usual, la ONPE observó la mayor cantidad de actas en las zonas más educadas, ahí donde ganó Keiko Fujimori, y, en cambio validó actas con errores y vicios en la zona rural y del interior del país.
• En la revisión de esas actas observadas por lo general no se respetó el principio de salvar el voto.
• El JNE le niega a FP, acceso a información pública, como son los padrones, evitando que se despejen buena parte de la dudas y resquemores.  

Además, el fiscal supremo Luis Arce Córdova, miembro del pleno del JNE, declinó continuar en el proceso para evitar que sus “votos en minoría sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales, que son en realidad decisiones con clara parcialización política”. En su carta pública, hizo acusaciones muy graves contra los presidentes de los órganos judiciales y electorales, sobre algunas supuestas irregularidades en el proceso electoral.

Este proceso, evidentemente lleno de irregularidades, para no hablar de algo más grave, ha sido, indebidamente, santificado por el presidente Sagasti, por los negligentes observadores de la OEA y de la Unión Europea. Del mismo modo, apuradamente, los medios internacionales tomaron partido por PL, mediante (hasta groseras) manipulaciones de muchos de sus corresponsales en el Perú, la mayoría de izquierda pre moderna, a pesar de que no representan la línea editorial de sus medios.

La honrosa excepción a estas reacciones del exterior, es la expresada por el Premio Nobel peruano, Mario Vargas Llosa, que apoya a Keiko Fujimori y a todas las gestiones que está haciendo ante la autoridad electoral. Un gesto doblemente valioso, pues MVL representó durante varios lustros, la inspiración de una acérrima oposición a todo lo que se relacionara con el fujimorismo.

Hoy día estamos ante la posibilidad de que se entronice un gobierno de izquierda radical, sin pasar por un proceso electoral claro y transparente. Llama especialmente la atención, la pertinacia, la arbitrariedad y la poca voluntad del JNE para ser transparente y legitimar el proceso electoral.

Por nuestro lado, tenemos que insistir en que se corrijan todas las actitudes oscuras que nublan las elecciones. Deben revisarse todos los reclamos, incluyendo los rechazados por el supuesto vencimiento de plazos y revisarse todos los votos.

¡Nunca es tarde para hacer las cosas bien! Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Debemos reconocer, que la situación de estas elecciones presidenciales del Perú, son dignas de Ripley. Como vimos en la primera vuelta, un candidato desconocido, PC (Pedro Castillo) que en las encuestas aparecía en los últimos lugares, llegó a pasar a la segunda vuelta con cerca de 19% de los votos válidamente emitidos. Un dato al pie es que PC, previo a esa primera vuelta electoral, cuando un periodista lo entrevistó y le preguntó acerca de sus expectativas de pasar a segunda vuelta, teniendo en cuenta que tanto la Sra. Mendoza, como el Sr. Arana, líderes de candidaturas de la izquierda, le aventajaban en preferencia, se le escapó la sonrisa y sólo atinó a decir, “es que ellos no llegarán pues”. Esto significa que, algo sabía que no se atrevía a confesar, pero la organización de algo irregular, ya estaba en marcha.

Al pasar a la segunda vuelta para competir con KF (Keiko Fujimori), fue clara la ventaja de PC en las encuestas iniciales, resultado del fuerte anti-voto contra KF, producto de dos décadas de campaña persistente contra la familia Fujimori, de adoctrinamiento escolar y universitario, que cambió la narrativa de la lucha del Estado y las fuerzas del orden contra el terrorismo, a una versión de “conflicto armado de luchadores sociales, contra el Estado opresor”. Esto, acompañado de mentiras tales como el de las “esterilizaciones forzadas de la década de los 90”, cuando realmente se trató de un programa de planificación familiar, destinado a mujeres humildes con al menos cuatro (4) hijos, entre otros mensajes. Así como, una fuerte campaña en el sistema judicial, que acusa a KF de encabezar una organización criminal dedicada al tráfico de influencias y lavado de activos. Todo lo dicho, acompañado de la lamentable reacción de KF ante el resultado electoral de 2016, en que, lejos de asumir una actitud constructiva con miras a darle al Perú una década de éxitos y crecimiento, en coordinación con el gobierno de PPK y preparar el camino para lo que debiera ser un gobierno exitoso y sin conflictividad de KF 2021-2026, se picó.

Esta acumulación de desinformación, la “mala entraña” generada contra KF y la campaña político-judicial en su contra, sólo pudo ser remontada tras una campaña política de siete semanas (después de tener que esperar el permiso del poder judicial para poder movilizarse en campaña por el país), campaña durante la cual, la candidata KF tuvo que hacer comprender que la suya, era la candidatura de defensa de la democracia y, tras pedir perdón cuantas veces se lo exigía una amplia población de ciudadanos “dignos”, fue remontando una diferencia que, inicialmente llegó a 20 puntos porcentuales.

Todo este trabajo, movió a ciudadanos adultos mayores, quienes a pesar de su edad y todas sus dificultades, fueron a votar, dando una magnífica lección de civismo. Lamentablemente, esa lección no fue transmitida a mucha gente joven, lo que llevó a que tengamos un ausentismo de 25.4%, que tanta falta nos ha hecho para salvar nuestra democracia con toda amplitud y dando un claro y holgado mensaje de “No al comunismo”.

Hoy sabemos de malas prácticas en la instalación de mesas por parte de los partidarios de PC, que ha habido mucha manipulación de votos y actas en mesa, que se han impugnado actas donde había preferencia electoral por KF. Que el partido de KF ha presentado un número importante de impugnaciones a las actas, hasta el último minuto del tercer día posterior a las elecciones, pero que el JNE no ha querido aceptar, bajo el argumento que su hora de atención es sólo hasta las 20:00 horas de esa fecha y no computando las 72 horas legales correspondiente a tres días.

Hace gracia ver cómo los cuatro miembros del JNE, y un buen número de abogados cercanos a PC, se ampara en el respeto a las formas e invocan institucionalidad, para defender la recepción de impugnaciones en un horario que concluye a las 20:00 horas del tercer día posterior a las elecciones dado que, en algún dispositivo de rango menor, fijaron la atención hasta esa hora.

Muy bien por la declaración de respeto a la institucionalidad y observación de las formas, hechas por el JNE, pero entonces

• ¿Por qué nadie se inmuta por el hecho de que, el JNE cuyo pleno es de cinco (5) miembros, esté conduciendo todo el proceso con sólo cuatro (4) miembros?
• ¿Por qué, si las planchas presidenciales deben estar constituidas por un candidato a la presidencia y dos candidatos a las vicepresidencias, con alternancia de mujeres y hombres, nadie se haya pronunciado sobre la ilegalidad de una plancha incompleta?  
• ¿Por qué, si el Sistema Electoral está constituido por el JNE, la ONPE y el RENIEC, nadie objeta que, una alta funcionaria de RENIEC sea candidata a una vicepresidencia, a pesar del claro conflicto de intereses?
• Y finalmente, ¿Por qué el JNE, quien tiene el mandato de ASEGURAR que el resultado del proceso electoral, refleje estrictamente la voluntad electoral de los ciudadanos, no exige a RENIEC que el padrón electoral se actualice con mayor velocidad, para evitar la posible suplantación de fallecidos al tiempo de votar?

A estas alturas del siglo XXI, contamos con todas las facilidades de sistemas de información y tecnología para; actualizar registros, contrastar padrones con actas de votación, contrastar firmas de RENIEC con firmas consignadas en actas electorales, entre otras facilidades, pues el Perú merece llegar al bicentenario con un gobierno legítimamente elegido. ¿Por qué entonces el JNE sigue actuando y conduciendo el proceso electoral como si estuviéramos en 1921 y no en el año 2021?

Más importante y contradictoria aún, es la actitud irracional de la agrupación política de PC que, a pesar de todas las irregularidades mencionadas, estaría presionando al JNE por una pronta proclamación de PC, sobre la base del cómputo de votos de la ONPE, antes de completar la revisión de impugnaciones, pero cuando preguntamos ¿Cuál es el plan de gobierno a seguir? La respuesta es: ¡Ah mira, yo no sé! Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

Los cuestionamientos de fraude que empañan el resultado de la segunda vuelta electoral de las elecciones peruanas han trasladado el debate a los tribunales. Los argumentos políticos no están ausentes, sin embargo, los que deben protagonizar el debate son los jurídicos.

Veamos las cuestiones jurídicas en debate.:

1. El derecho a la participación política en el JNE
2. El derecho a la autenticidad de las elecciones
3. La revisión judicial de las decisiones del JNE y el rol del TC

El derecho a la participación política

Este derecho lo tenemos todos. Está como derecho de la persona en el 2° inciso 17 Constitucional, como garantía institucional en el 31° de la misma Constitución y en el 23° de la Convención Americana. Incluye el derecho a participar en los asuntos públicos, el derecho a elegir, a ser elegidos y, sobre todo, nuestro derecho al voto, que es personal, libre, secreto y obligatorio. La “neutralidad estatal” es parte del último precepto constitucional.

En base a este derecho fundamental, por ejemplo, el JNE desestimó una de las tachas contra el ciudadano Martín Vizcarra. Al hacerlo, la mayoría del JNE subrayó expresamente el párrafo final del artículo 31° Constitucional que dice: “es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos”.  [i] Queda claro entonces que para el máximo tribunal electoral todo acto que prohíba o limite el ejercicio de este derecho, incluido obviamente el derecho al voto, es nulo y punible.

Bajo esta lógica hay que esperar a ver lo que resuelve el JNE en las apelaciones pendientes y si en ellas conserva su criterio de prevalencia del derecho a la participación política sobre otras consideraciones administrativas o procedimentales y, si continúa subrayando la importancia del párrafo final del artículo 31 de la Constitución. Impedir las impugnaciones por ausencia de tasa (lo cual no sucede ni en el más elemental proceso de cobro de soles) o interpretando restrictivamente el horario previsto en la Ley, va en la dirección contraria. Cambiar de criterio en el mismo proceso electoral sería no solamente una violación del principio de igualdad ante la ley que dimana de todo precedente jurisdiccional, sino una clara infracción constitucional.

El derecho a la autenticidad de las elecciones

Si levantamos la mirada por encima del marco constitucional peruano, encontramos que la Convención Americana tiene una definición más amplia de nuestros derechos políticos y consagra en su acápite 23.1.b), no sólo el derecho a unas elecciones periódicas, sino el derecho a unas elecciones “auténticas”.

Si hay algo que esta en cuestión en estas elecciones es precisamente la “autenticidad” de los resultados electorales, de manera que el debate jurídico en curso tendrá que tener necesariamente presente esta variable convencional, que en caso no sea respetada, trasladará el debate jurídico de los tribunales electorales a otros tribunales, inclusive internacionales.

La búsqueda de la “autenticidad electoral”, dada su ubicación jerárquica del más alto nivel, es entonces una tarea que no puede cesar, ni siquiera si las partes electoralmente interesadas desistieran. Constituye un imperativo jurídico, moral y supra nacional que debe protegerse y que, bajo ninguna circunstancia, podría calificarse como un abuso de derecho o una maniobra antidemocrática. Bastará que un ciudadano acredite que su derecho ha sido suprimido en una mesa, en un acta o en la digitación de un resultado para que la autenticidad haya sido afectada y le estén habilitadas las vías jurisdiccionales para recurrir a ellas.

La revisión judicial de las decisiones del JNE.

La lectura no especializada de la Constitución e inclusive el positivismo pop[ii] de algunos colegas en la interpretación del 142 y 181 de la Constitución, los lleva a opinar acerca de la intangibilidad de las decisiones del JNE.  Nada más errado. Desde el 2003 hasta el setiembre de 2020 que concluyó la revisión para este artículo, la regla ha sido que al interior del Estado Constitucional de Derecho no hay zonas o ámbitos exentos de control constitucional, ni siquiera las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones.

Desde el caso 02366-2003-AA/TC hasta el caso 02466-2019-PA/TC, pasando por el caso Lizana Puelles (05854-2005-PA/TC) las decisiones del JNE vienen siendo revisadas a través de procesos constitucionales como el de Amparo o Inconstitucionalidad. Desconocer esto sería muy grave. Discutirlo y considerarlo un abuso de derecho también. Una apreciación autorizada sobre la materia es esta del profesor César Landa Arroyo[iii]

“Desconocer la vinculación del JNE a la Constitución y a los derechos fundamentales que la Carta reconoce, al convertir en irrevisables sus resoluciones en materia electoral por un órgano judicial independiente, consagra potencialmente la impunidad a las violaciones constitucionales en las que éstas puedan incurrir. (…) Por otro lado, nadie duda de la necesidad de preservar también la seguridad jurídica del proceso electoral, pero no es constitucionalmente válido pretender ello a costa de la desprotección de los derechos fundamentales

No nos extrañemos entonces que el debate jurídico se traslade a los tribunales ordinarios y llegue, desde ellos al Tribunal Constitucional o a los tribunales internacionales, si la participación política, el derecho a elegir, el derecho al voto y la neutralidad de los entes estatales no son preservadas por el JNE o si este no hace lugar a su propio criterio de proscribir con la nulidad los actos que hayan limitado el derecho al voto de los ciudadanos.

Tal es la naturaleza y relevancia del derecho a la participación política, que un jurista al cual no se puede acusar de mirar desde el mismo prisma de alguno de los contendientes en esta elección, nos aconseja lo siguiente:

“atrincherarlos constitucionalmente para hacer posible el proceso democrático, entonces la custodia de los mismos supone – con una comprensión adecuada de la independencia judicial – un control judicial rígido y una intervención activa de los jueces…”. Luigi Ferrajoli[iv]

Lampadia

Jaime Spak
Para Lampadia

Es muy curioso que desde que empezó la pandemia, los peruanos nos hemos convertido en expertos en temas que antes desconocíamos.

No hay quien no sepa el nivel de saturación de oxigeno que debemos de tener, la diferencia entre PCR, prueba antígena, y prueba rápida.

Sabemos ahora la cantidad de camas UCI, el número de contagiados de Covid 19, el número de fallecidos, cuantos se han vacunado, etc.

Esta semana todos sabemos la diferencia entre actas observadas, actas impugnadas, % de votos que faltan en la ONPE, con cuantos votos uno u otro candidato podrían ganar las elecciones.

Cuando juega la selección, sabemos matemáticamente cuantos puntos necesítanos para clasificarnos.

Somos unos expertos y lo aprendemos muy rápidamente.

Lo único que espero es que no nos volvamos expertos en saber dónde se consigue pan, quien nos puede vender dos botellas de aceite, quien vende tarros de leche que no hay en el mercado. Es decir, los que no vivieron la terrible década de los 80, no tienen idea de lo que estoy escribiendo.

No deseo ser mal pensado, pero veo que en estas elecciones hay un tufillo de trafa que se ha presentado de una manera muy bien elaborada que puede haber inclinado la elección a favor de uno de los candidatos.

Sin embargo, cuando veo en las conferencias de prensa de los dos partidos, uno que indica que ha habido irregularidades, pero no de los organismos electorales, sino de miembros de mesa que han manipulado resultados, y que esperan que el JNE de la manera mas objetiva y justa resuelva estas actas que desean anular y que luego de ello acataran la decisión.

Mientras que en el lado de Peru Libre, veo al abogado Arbizu indicar “que los estudios de abogado de la gente mas adinerada del Peru están trabajando para quitar los votos de la gente más humilde”, o que las personas que están colaborando con Fuerza Popular, son unos esbirros (hombre que a cambio de dinero realiza acciones violentas), solo genera echar más leña al fuego.

¿Yo le preguntaría a este abogado, si no hay esbirros dentro de los manifestantes en las afueras de la ONPE? he escuchado decir a uno de estos manifestantes, que la ONPE debe de declarar vencedor a Castillo porque Ipsos ya lo hizo (sic).

No me lo han contado lo he visto y escuchado.

¿No están incitando a la rebelión y al levantamiento de la población? Los mensajes de odio hay que erradicarlos de lleno.

He leído innumerables mensajes, tweets, de gente que aprovecha la soledad del teclado bota toda la bilis que lleva adentro.

Mi impresión es que si se declara ganador a Fuerza Popular luego de la decisión de los jurados electorales especiales y ratificado por el JNE , tendremos una época de violencia que esta siendo azuzada por gente como este abogado o como el mismo candidato Castillo que desde los balconazos diarios en el Paseo Colon no esta ayudando a que se calme la gente, sino que esta exacerbándolos mas con un discurso vacío y nos damos cuenta  porque no da una sola entrevista a la prensa, luego de la desafortunada charla con el periodista Diego Acuña en Febrero de este año,  donde demostró una carencia de ideas de cosas elementales.

Si el JNE declara ganador a Castillo vendrán épocas muy difíciles que personalmente no la deseo para mi país, que hizo un gran esfuerzo en disminuir el nivel de pobreza en casi 40 puntos, para volver a épocas nefastas de nuestra historia.

Castillo no está preparado para gobernar, y su ignorancia en temas fundamentales será motivo para que gente improvisada o políticos reciclados se suban al carro ganador, y hemos podido apreciar a un excandidato a la presidencia que da mucha lastima, pasando por múltiples organizaciones y ahora recalando donde Castillo.

Si al final la decisión del JNE es la segunda, es el congreso el que tendrá que ser el fiel de la balanza, para poner orden en esta difícil coyuntura.

Este nuevo congreso tiene la enorme misión de conciliar, pero tomando como prioridad el desarrollo del país.

¿Podrán hacerlo congresistas que ya vienen con una idea prejuiciada que hay que cambiar la constitución, uno se pregunta para que, sino seria para lograr cambios que hagan ingobernable el país?

Venezuela aprobó una nueva constitución en 1999, Ecuador en 2008 y Bolivia en 2009. ¿Y para qué?

Pues para tener reelección indeterminadas, Chávez y Maduro ya están mas de 20 años, Correa gobernó 10 años, y Evo Morales 13 años.

Cuando los gobernantes se quedan más allá de los tiempos establecidos la corrupción se apodera de todo el aparato estatal.

Vuelvo a preguntar cuál es la intención de cambiar la constitución en el Peru, sino para quedarse por tiempo indefinido en el poder.

Esto seria muy perjudicial para el Peru.

El Perú debe de seguir creciendo, somos un país muy rico tanto en materias primas, productos agrícolas de exportación, gastronomía, arte, cultura, y lo que falta es como hacer para que la ciencia y tecnología también se le dé la importancia del caso.

No podemos seguir escuchando barbaridades como de hacer un teleférico de 300 km en Lima, ni un aeropuerto en la isla San Lorenzo, ni tampoco las ilusiones de Cerrón de querer clausurar el Congreso y que la asamblea constituyente sea la que gobierne el país.

Solo espero que la calma se imponga y no nos volvamos de nuevo expertos en cosas desagradables, sino en saber cada mes cual es el crecimiento del PBI, y que porcentaje de la pobreza disminuye año a año. Lampadia

Rafael Venegas
Director Independiente de Empresas
Para Lampadia

Lo que estamos viviendo hoy en el escenario electoral es una verdadera vulneración del derecho ciudadano al libre voto y a la vez es una afrenta a la soberanía de nuestro país. Esto no lo debemos permitir de ninguna manera.

Estamos ante la presencia de una bien montada maquinaria para el fraude electoral manejada desde el exterior, ante una aparente complacencia de las autoridades electorales locales.

Esta metodología de fraude hormiga es una especialidad que utilizan regularmente los miembros del foro de Sao Paulo (FSP) para perpetuarse en el poder en los países que tienen dominados como Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia.

En el Perú la están utilizando en este proceso para conseguir el poder. La presencia en el país del especialista en fraude electoral Chamorro lo confirma. Es la misma práctica, pero reforzada con psicosociales aprovechándose de la vulnerabilidad y frustración del pueblo peruano.

Se trata de una estrategia a gran escala estructurada y digitada internacionalmente, lo que la convierte en una intromisión extranjera, o sea una vulneración de la soberanía de nuestro país. Cuando esto se presenta, tanto la ciudadanía, como las fuerzas armadas, tienen el deber de defenderla.

La misión del JNE es salvaguardar todos y cada uno de los votos de todos y cada uno de los peruanos. De esta manera se asegura un resultado justo y transparente que le da la legitimidad necesaria a quien resulte ganador. La vulneración de este derecho está penada por ley con cárcel. Ojo con la impunidad.

Como se sabe, el comunismo internacional cambió de estrategia luego de su gran derrota a partir de la caída del muro de Berlín. El llamado socialismo del siglo XXI contempla ahora la toma del poder a través del terrorismo ideológico, en vez del terrorismo armado. En Latinoamérica quien está a cargo de la ejecución de este plan es el FSP.

Se trata de un plan de largo plazo que consiste en ¨capturar¨ la mente de las personas, a través de la penetración sistemática de tres frentes de acción: la educación pública, los medios de comunicación y los poderes del estado.

Una vez conseguida esta penetración, se procede a la conquista del poder a través de elecciones, para luego perpetuarse en el poder y someter al pueblo.

El Perú siempre ha sido muy deseado por el FSP. No sólo por su ideal ubicación geográfica y sus enormes riquezas naturales, sino también porque es un centro importante del narcotráfico. Su sometimiento es parte del plan de toma del poder de los tres países sudamericanos de la Alianza del Pacífico.

En Chile, a través de las protestas callejeras y el vandalismo, consiguieron elegir una Asamblea Constituyente para cambiar la constitución. Esta ha sido conformada en mas del 70%, por izquierdistas. En tanto que, en Colombia, las protestas callejeras y el vandalismo cumplen ya varias semanas de caos, con claros objetivos hacia las próximas elecciones presidenciales.

En el Perú vienen ejecutando su plan de penetración desde hace muchos años y aparentemente ya ha sido cumplido con éxito. No es para nadie una sorpresa que la educación pública y el propio ministerio de educación están penetrados por la ideología socialista desde hace muchos años.

Tampoco es novedad que los medios de comunicación hayan virado hacia la izquierda, poco a poco, incluyendo a los mas pintados. La gran mayoría de periodistas están dominados por las corrientes de izquierda y las ONGs, escudándose en la defensa de los derechos humanos y la lucha por las desigualdades.

Por último, los poderes del estado están totalmente penetrados por las izquierdas y por la corrupción. Esto incluye al poder ejecutivo, al legislativo, al judicial, a los gobiernos regionales y locales y por supuesto al JNE. Además, la reinante y vergonzosa impunidad, permite que todo esto suceda sin el menor reparo.

¿Como hemos permitido esta penetración? Este es un tema que tendremos que analizar profundamente, aceptar nuestro gran error y enmendarlo. Pero ahora debemos de concentrarnos en superar el tema que nos ocupa.

A este plan de penetración se le sumó la pandemia y la crisis económica, cosa que les cayó como anillo al dedo. Por eso ahora están en plena ejecución del último paso de su plan para la toma del poder y anexión del Perú al FSP. Es decir, el proceso electoral, para lo cual están utilizando su estrategia del fraude hormiga.

Para esto han contado con el apoyo de miles de personeros reclutados con tarifa establecida. También con personal remunerado en el área operativa de la ONPE y finalmente con el apoyo aparente del JNE. Todo está orquestado para la toma del poder. 

Felizmente la oposición y la opinión pública se ha percatado de este malévolo plan y han iniciado una lucha legal detallada a través de impugnaciones y pedidos de nulidad, así como grandes demostraciones callejeras diarias en contra del fraude. ¨Con mi voto no te metas¨.

El gran problema es que, cualquiera sea el resultado, el ganador no va a contar con la legitimidad que se necesita para gobernar. Esto no sería ningún problema para un gobierno totalitario, pero si para uno democrático.

Por todos estos motivos, lo mas razonable sería que el JNE declare nulo el proceso de elecciones y que el presidente convoque inmediatamente a nuevos comicios en un plazo que no debería exceder de los seis meses.

Ese debería ser el procedimiento democrático, pero también hay otra forma, que fue la que se utilizó en las frustradas elecciones de 1962 y que podría ser utilizada en caso extremo y en salvaguarda de la soberanía nacional.

Estas elecciones están manchadas por el fraude y la vulneración del voto ciudadano, por lo tanto, el proceso debe anularse y convocarse a nuevos comicios.

La soberanía de nuestro país está en riesgo, ante la descarada intromisión de una organización comunista internacional, que quiere someter al Perú a su fracasada ideología y perpetuarse en el poder. Eso no lo vamos a permitir.