Jaime de Althaus
Para Althaus

Los Jurados Especiales Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones tienen una responsabilidad muy grande en estos momentos. Es la de corregir el sesgo de la ONPE en las observaciones de actas, que fue riguroso y eventualmente excesivo en las ciudades en las que ganó Keiko Fujimori, y más bien dejó pasar muchas actas con evidentes errores y vicios en las áreas rurales y allí donde ganó Pedro Castillo. Como hemos señalado, lo normal es que una proporción relativamente mayor de actas observadas se dé en las zonas rurales, donde la capacitación es menor. Pero acá ha ocurrido lo contrario: una mucha mayor cantidad de actas observadas (84%) se dio en el extranjero y en Lima, Piura, la Libertad, etc.

Las actas observadas por la ONPE han sido revisadas por los Jurados Especiales y en muchos casos los votos han sido validados. De allí que la distancia entre los dos candidatos se haya acortado. Pero las actas que debieron ser observadas y no lo fueron, han sido, en alguna proporción, objetadas mediante recursos de nulidad presentados ante los Jurados Especiales, una figura bastante más exigente. Pero por eso es especialmente importante que dichos Jurados apliquen un criterio no formalista sino flexible y lo más apegado posible a la necesidad de la justicia electoral.

Comenzando por admitir todas las demandas que han sido presentadas, y aún más en la medida en ellas se repite un patrón que Lourdes Flores ha explicado muy bien:

• Primero, que hay una desviación estadística del promedio de votos en las mesas impugnadas en favor de Pedro Castillo. Es decir, está recibiendo un número de votos mayor al promedio estadístico de los colegios donde están las mesas demandadas.
• Y la explicación estaría en segunda característica: en un tercio de las mesas, donde hay firmas falsas, no hubo votos en blanco, pese a que en la primera vuelta sí hubo hasta decenas de votos en blanco en ellas. Probablemente se convirtieron en votos por Castillo. 

Si hay un patrón que se repite de esta manera en estas mesas, los Jurados Electorales Especiales y el JNE deben admitir y procesar con criterios sustantivos todas las demandas presentadas. Pero el primer problema, como explica también Lourdes Flores, es que el JNE creó arbitrariamente el horario límite de las 8 de la noche sobre base de la norma hora para notificar, no para recibir escritos, cuando el “tercer” día debería llevar hasta las 12 de la noche. El segundo obstáculo es el no haber pagado la tasa, que no es un argumento de improcedencia: los JEE debieran dar un plazo para pagarla.

Pero el tercer problema es más grave: los Jurados Especiales empiezan a decir que no son competentes para hacer una pericia, algo incomprensible porque supone renunciar a establecer la verdad, que es lo que interesa considerando lo que está en juego.

Pues, como ha señalado con acierto la propia Lourdes Flores, la legitimidad del próximo gobierno, sea cual fuera, nacerá precisamente de la verdad electoral. Los JEE y el JNE tienen que abocarse a establecer esa verdad. No hay alternativa. Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

Sería muy grave que el presidente Sagasti hubiese llamado a Mario Vargas Llosa para que persuada a Keiko Fujimori de desistir de los recursos de nulidad presentados ante el JNE y que aceptase su derrota. Se trataría de una injerencia punible en un proceso electoral, violando la ley de neutralidad de los funcionarios públicos.

Sagasti ha dado a entender en un tuit que no fue ese el pedido. Ha escrito: “La tarea de un Jefe de Estado es hacer que el país mantenga la serenidad y la calma en momentos difíciles y complejos. En ese esfuerzo me puse en comunicación con varias personas que, entendía, tienen contacto con ambas candidaturas. Mi pedido fue el mismo para ambos: bajar la tensión y esperar los resultados oficiales. Una de esas personas fue Mario Vargas Llosa. Deploro que se distorsione y malinterprete una acción orientada a mantener la tranquilidad en un ambiente tan polarizado, complejo y difícil, plagado de mentiras y distorsiones, como el que estamos viviendo”.

Sin embargo, Álvaro Vargas Llosa, sin entrar en detalles, tuiteó ayer: “Tengo autorización de Mario Vargas Llosa para publicar que a su juicio es indispensable que autoridades electorales revisen actas impugnadas en la 2nda vuelta y que ellas, sin interferencia política, deben determinar el resultado de unas elecciones cuyo resultado aún es incierto”.

Hoy en RPP lo reiteró: “Sería una infidencia revelar el contenido de la conversación porque fue privada. Lo que puedo decir es que, una vez concluida esta conversación, mi padre se puso en contacto conmigo, me la relató y me pidió que me pusiera en contacto con Keiko Fujimori para reiterarle en términos inequívocos su respaldo a lo que está haciendo…”.

El lector puede sacar sus conclusiones. Para efectos prácticos quedémonos con la siguiente frase del presidente Sagasti: “bajar la tensión y esperar los resultados oficiales”. De eso se trata. El problema se presenta cuando aparecen presiones al Jurado Nacional de Elecciones precisamente para culminar ya el proceso y declarar ganador a Castillo, y cuando el propio candidato se autoproclama ganador y líderes del bolivarianismo internacional y hasta el propio presidente argentino Fernández lo reconocen como presidente electo. Sagasti no puede sumarse a esa presión.

Y menos aun cuando la Cancillería ha comunicado que: “Ante las expresiones del señor Presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, efectuadas en la fecha, el Gobierno del Perú se ha visto en la obligación de entregar una Nota de Protesta al Embajador de la República Argentina, indicando que los resultados finales de las Elecciones Generales 2021 aún no han sido anunciados por las autoridades electorales de nuestro país”. Muy bien.

Es evidente que el Perú es una pieza clave en el juego geopolítico internacional, y se quiere apurar una victoria que solo puede consagrarse cuando se haya terminado todo el proceso de revisión de actas demandadas. La elección carecerá de legitimidad si por presiones políticas los Jurados Electorales aplican formalismos arbitrarios para rechazar la revisión de las actas cuestionadas.

Es precisamente esa presión a los organismos electorales la que genera una reacción de Fuerza Popular y de quienes consideran que debe contarse hasta el último voto. Lo mejor entonces para calmar los ánimos y pacificar el país, es dejar que las autoridades electorales culminen su labor con total autonomía y la mayor justicia electoral posible. No caben subterfugios de ninguna naturaleza para dejar de revisar lo que puede ser írrito. Dejemos trabajar a los entes electorales y esperemos el resultado final con calma. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Es importante tener presente los roles y atribuciones que le competen al JNE. Para ello, cuando uno ve sus funciones, tenemos los siguientes:

1. Rol jurisdiccional de inscribir candidatos, resolver apelaciones sobre sus inscripciones, resolver apelaciones de tachas a estos, proclamar resultados electorales y convocar a referéndum y consultas populares, entre otras.
2. Fiscalizador de todos los procedimientos y procesos, velando por el cumplimiento de las normas aplicables.
3. Educativo, brindando asistencia técnica, formación y promoción de valores democráticos.
4. Difusión, promoviendo espacios deliberativos, con eventos masivos dirigidos a la ciudadanía.
5. Normativo de los procesos electorales y procedimientos propios. Y
6. de Administración electoral.

Dentro de ese marco y con la finalidad de lograr una ciudadanía bien informada, tiene la obligación y la responsabilidad legal de efectuar las acciones que, a su criterio, permitan el logro de este objetivo.

Así pues, el JNE propuso el desarrollo de cuatro debates, como parte de la labor de difusión necesaria para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del año 2021. Planteó pues, dos debates de los candidatos presidenciales, uno de los candidatos a las vicepresidencias y uno de los equipos técnicos que soporten los planteamientos políticos de los candidatos. Hasta ahí, el JNE estuvo cumpliendo su rol.

Los problemas comienzan cuando uno de los candidatos rehúye las coordinaciones, evade las convocatorias a debatir hechas por el JNE, reclama que no son necesarios los debates, hasta que finalmente, Pedro Castillo pone como condición previa a los debates oficiales del JNE, un debate en Chota, su tierra natal, donde él había ganado con 64% de los votos, bajo las reglas fijadas por sus personeros, sin participación de los de Keiko Fujimori y fijando también los personeros de Castillo, los temas a tocar.  Cuál no sería la sorpresa de Castillo, cuando Fujimori le aceptó todos los términos del debate; lugar planteado, que éste le cambiara fecha y hora del debate y que fijara todas las demás condiciones, incluyendo que los partidarios de Castillo entren a la plaza para aplaudirlo a él y abuchear a Fujimori. Todo, a condición de que Castillo aceptara los cuatro debates planteados por el JNE.

Cabe resaltar todas las condiciones adversas a la visitante, largo viaje nocturno (11 horas, en lugar del de 4 horas normales), falta de respeto de los partidarios de Castillo y Cerrón, sin normas de comportamiento adecuadas de la gente en la plaza y condiciones precarias para la seguridad. Llegar a la plaza, subir al estrado del debate y empezar con las mismas, sin un descanso previo, para enfrentar un debate de más de una hora y media.

No obstante, Fujimori aceptó y superó todas las condiciones y caprichos que, al mejor estilo dictatorial, impuso Castillo y de acuerdo a las encuestas inmediatas y comentarios especializados posteriores, Fujimori le ganó el debate a Castillo, fijándose en ese momento un punto de inflexión en las preferencias electorales y generación de una nueva tendencia; Castillo bajando y Fujimori subiendo.

Pero, más allá de los temas anecdóticos, no podemos minimizar el rol y atribuciones del JNE al respecto, quien debió establecer públicamente y mediante el nivel de resoluciones que le competa; cuantos debates tenía programado realizar, de qué características, en qué lugares, en qué fechas y convocar a los personeros para coordinar detalles. Pero no, resulta que, sin ejercer ninguna autoridad, el JNE dijo que esperaba que los personeros se pongan de acuerdo sobre el número de debates, sus características y demás detalles. ¿Nos quiere hacer creer el JNE, que en la primera vuelta dejó a los representantes de los 18 candidatos, que se pongan de acuerdo entre ellos sobre los debates, sus formatos, temas y orden de aparición?

En este caso, un candidato sin preparación, ni plan, sin equipo técnico, ni capacidad para convocar a un equipo que pueda darle contenido técnico a su ideario y llevar adelante un gobierno para el Perú, se corrió tanto como pudo.  Se dio maña para llevar de las narices al JNE, forzó el paso del tiempo para que sea imposible organizar y realizar los debates que la ciudadanía merece ver y oír, pues ahí se podría apreciar cuales son los planes y programas a ejecutar, cuán viables son las propuestas de gobierno, cuales son los estilos de liderazgo de los candidatos y qué tan consistentes son los diagnósticos, propuestas de solución y capacidades de gestión y ejecución de tales planes.

Los ciudadanos merecemos respeto por parte del JNE y de los candidatos y, por el modo como se han conducido, podemos calificar de muy mala la actuación del JNE al respecto, pues no ha cumplido la misión encomendada e impidió que los ciudadanos tomemos la mejor decisión en momentos tan difíciles para el Perú.

Los miembros del JNE merecen una censura, pues lo que han hecho es una de las formas como se deteriora nuestro sistema democrático y se induce a su descrédito. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Estamos a un año de las elecciones generales y todavía no tenemos ni idea de cuáles van a ser las reglas que regirán esa elección ni cuál es el diseño político que queremos para nuestra democracia. La disolución del Congreso anterior interrumpió un proceso de reformas y el nuevo Congreso no se ha mostrado entusiasmado por el tema institucional y más bien prefiere pescar a río revuelto de la terrible Pandemia para proponer leyes oportunistas que rompen una estrategia que debe ser coherente.

Pero ya es hora de tomar en serio la definición de las reglas del juego político. Se requiere un acuerdo en el Congreso para ello. La pandemia ha venido a alterar los plazos y la aplicabilidad de algunas reformas ya aprobadas. Pero entonces hay que definir qué cambios vamos a efectuar.

La fecha

Lo primero que ha saltado es la fecha de las elecciones. Omar Chehade (APP) y Ricardo Burga (AP) han considerado la posibilidad de alargar un año o más el periodo presidencial, alegando que no hay condiciones para desarrollar campañas electorales apropiadas y que resultaría mucho más barato juntar en una las elecciones presidenciales, regionales y municipales el 2022. Pero, así como no era procedente recortar el mandato presidencial, menos aún se lo puede alargar. Sin tanto mitin y caravana, quizá esas elecciones sean más programáticas y menos clientelistas, como ha señalado Carlos Meléndez. Justo lo que los tiempos demandan: propuestas de reformas de todo orden.  

Fernando Tuesta ha sugerido realizar la elección presidencial en una sola vuelta. Quizá podríamos regresar, por esta vez, al 35% del voto, vigente hasta la Constitución de 1979, para ganar en primera vuelta, lo que podría llevar desechar el voto perdido y concentrar la votación. Si no se alcanza, realizamos la segunda vuelta. Y ambas en junio y julio.

Inscripción

Otro tema indefinido es el de la inscripción y habilitación de los partidos. El JNE suspendió el plazo, que era el 16 de abril, para que los partidos se adecuaran a la ley de inscripción acreditando 24,800 afiliados, y para que los partidos aspirantes presentaran lo propio. Pero, que se sepa, no hay nuevo plazo. Mientras tanto hay un proyecto de ley en el Congreso para anular el requisito mismo de los 24,800 afiliados permitiendo que los partidos ya inscritos participen en las venideras elecciones tal como están ahora. ¿Y las agrupaciones nuevas que estaban completando su lista de afiliados y comités para inscribirse?

Elecciones internas

Martín Tanaka sugiere no eliminar el requisito sino bajar la valla: 12 mil afiliados, por ejemplo. Pero eso tiene que jugar con las elecciones internas en los partidos que, tal como está establecido hasta ahora, son elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Estas contienen un filtro: sólo siguen en carrera los partidos que obtienen más del 1.5% del padrón, para evitar que haya multitud de candidatos presidenciales.

Pero ahora hay incertidumbre también respecto de las PASO. Parece haber consenso entre la mayor parte de bancadas para suspenderlas por esta vez. Son muy costosas en momentos de aguda carestía, y hay poco tiempo. Fernando Tuesta ha propuesto aplicarlas recién para la elección regional y municipal del 2022. Incluso hay partidos que no creen en las PASO y hay estudiosos (Ian Shapiro y Frances MacCall, por ejemplo)[1] que desconfían de estas reformas pretendidamente democratizadoras de los partidos porque resultan -sostienen- contraproducentes: debilitan la capacidad de los partidos y sus líderes de conducir campañas y proponer programas de gobiernos consistentes y abarcadores, pues los partidos necesitan tener un grado de verticalidad precisamente para servir mejor a los intereses de la sociedad. En fin, no vamos a entrar en esa discusión ahora, pero la suspensión de las PASO abre un espacio de tiempo para analizarlas y discutirlas mejor.   

El asunto inmediato es que si suspendemos las PASO –y, por lo tanto, el filtro- y al mismo tiempo hemos flexibilizado la inscripción de nuevos partidos, podemos terminar con decenas de candidatos presidenciales y listas el congreso en las elecciones del 2021, confundiendo al elector.

Entonces sería necesario que el régimen que sustituya a las PASO contenga también un filtro. La única forma de que ello ocurra es que la elección interna sea mediante el sistema un militante un voto, de modo tal, como sugiere Martín Tanaka, que pasen a la elección general solo los partidos en los que la concurrencia a votar superó un determinado porcentaje del número de afiliados o un determinado número de ellos. Habría que ver bien la fórmula porque hay partidos, como Acción Popular y el APRA, por ejemplo, que tienen más de 200 mil afiliados, pero solo concurren a votar no más de 20 o 30 mil. Quizá tendrían que sincerar su padrón interno o tendría que establecerse un número como alternativa a un porcentaje.

Y es una elección que se puede realizar a través de Internet. El JNE tiene experiencia en ello.

Pocos partidos serios: voto preferencial, distritos electorales pequeños y think tanks por impuestos.

Pero hay otros temas que requieren definición, de la que dependerá la calidad de la democracia que tengamos. Debemos hacer un esfuerzo por pensarlos bien. Tenemos que apuntar a un número pequeño de partidos serios, con capacidad propositiva.

Para eso hay que eliminar el voto preferencial -que fomenta la lucha fratricida, el individualismo programático y el clientelismo-, canjeándolo por distritos electorales más pequeños -uni o binominales- en los que yo elijo a mi representante -es el mejor voto preferencial posible- y me relaciono con él, dándole carne y hueso a la democracia representativa, única manera de competir con la democracia directa y empobrecedora de las redes y las encuestas, o de ponerla a su servicio.

De paso, este sistema ayuda a reducir el número de partidos porque incentiva a los partidos pequeños a juntarse con otros para aspirar a ganar en alguna circunscripción electoral.  

Establecer distritos electorales más pequeños sería más fácil aun si vamos a la bicameralidad, pues son ideales para elegir a los diputados.

Para que los partidos posean capacidad programática, debería facilitarse la fórmula que propuso Carlos Meléndez: think tanks o centros de estudios por impuestos. Es decir, que las empresas puedan destinar parte de los impuestos que pagan a financiar esos centros en los partidos. O puedan hacer donaciones transparentes a los partidos, lo que ahora ha sido absurdamente prohibido. Tendríamos partidos de otro nivel, capaces de formular planes de gobierno serios, para no improvisar cuando llegan al poder. 

Gobernabilidad para reconstruir el país

Por último, deberían los congresistas hacer un esfuerzo para pensar en las reformas de gobernabilidad. El próximo gobierno tendrá que reconstruir el país, y por lo tanto el Ejecutivo necesitará tener mayoría en el Congreso. Para ello, elegir al Congreso junto con la segunda vuelta o después de ella, como en Francia, es indispensable. Y si, pese a ello, no alcanza mayoría, debe tener capacidad de veto. Es decir, que la insistencia del Congreso en leyes observadas por el Ejecutivo tenga que aprobarse con los 2/3 de los votos -como es en todas partes- y no con la sola mitad como es ahora. De lo contrario, no podrá gobernar. Eso ya lo sabemos.

La bicameralidad también es fundamental para la gobernabilidad y para mejorar la calidad de las leyes. Existía un cierto consenso entre varias bancadas, pero ahora hay dudas respecto de la pertinencia de dar ese debate en las circunstancias actuales. Omar Chehade ha sugerido elegir el Senado junto con las elecciones del 2022, de modo que luego de ello el Congreso electo el 2021 se convertiría en Cámara de Diputados. Pero entonces tendría que ir desde ya con los distritos electorales rediseñados. 

Conclusión   

Discrepo del argumento de que estos no son tiempos para debatir las reformas institucionales. Por el contrario, ante una situación de cuasi guerra como en la que estamos, el Congreso debería dejar en manos de Ejecutivo la dación de medidas legales que deben tomarse dentro de una estrategia que tiene que ser coherente, para lo que se requiere de mando único, concentrándose -el Congreso- en el tema que solo le compete al órgano propiamente legislativo, que es la reforma institucional. Eso solo lo puede hacer el Parlamento. Tiene que asumir su responsabilidad. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 24 de enero de 2020
Para Lampadia

Tal como la viví… la cuento. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) me excluyó – a mí y a varios otros candidatos, de distintos partidos políticos – de participar en la reciente contienda electoral congresal. Fuimos excluidos por errores en las declaraciones juradas que teníamos que llenar para poder postular al Congreso.

Aparte de reconocer nuestros errores, todos los candidatos excluidos apelamos al Jurado Electoral Especial de Lima Centro (JEE) con el fin de corregir nuestras declaraciones juradas. OTROSÍ DIGO: Además de los honorarios legales correspondientes, había que pagar una tasa de S/. 1,000 aproximadamente. ¡Todo por un error involuntario e irrelevante!

El JEE nos choteó a la mayoría. Ante ello, los entendidos dijeron – no se preocupen. Apelen al Jurado Nacional de Elecciones (JNE)… y ahí queda todo OK –. Y así lo hicimos. Yo, y los demás candidatos excluidos apelamos ante el JNE.

Pues bien, el JNE nos volvió a chotear. – Ya fui – me dije a mi mismo. – Pero no – presenten sus Acciones de Amparo y las correspondientes Medidas Cautelares ante el Poder Judicial – insistieron los entendidos. – ¿Cómo se hace eso? – preguntaba yo. – No te preocupes – siempre aparecía el “no te preocupes” tan nuestro.

Todo un pool de abogados se involucró en la redacción de los voluminosos – e ininteligibles – Acciones de Amparo y Medidas Cautelares. Pero eso sí… había que ir hasta la propia sede del Poder Judicial en la Avenida Abancay – junto al Parque Universitario – para legalizar nuestras firmas. – Podría legalizarla ante un notario cerca de mi oficina – dije yo. – No. Tienes que ir personalmente al Poder Judicial – me dijeron. Así que fui.

Después de todo, era cuestión de llevar mi DNI y firmar frente al funcionario en cuestión… y listo. – Me tomará unos 15 minutos – pensé. Pues no. ¡Me tomó casi 3 horas legalizar mi firma en el Poder Judicial! Había una sola ventanilla para “LF” (Legalización de Firmas). Una sola ventanilla para un mar de gente. Todos maltratados a más no poder. Y ojo… no había atención de 1:30 a 2:30 pm. A esa hora todos los funcionarios del Poder judicial almuerzan. ¿Y la gente?… que espere.

Pues bien, pasaron los días y – ¡oh sorpresa! – el Poder Judicial admitió nuestras Acciones de Amparo. – ¡La hicimos! – dijimos todos los choteados. – Ahora el jurado electoral tendrá que tragarse el sapo y habilitarnos para poder candidatear al Congreso –.

Pues no. Resulta que el JEE se zurró en las resoluciones del Poder Judicial. – Es imposible ejecutar la orden de reponer a los candidatos excluidos – dijeron ellos. Y colorín colorado… este cuento se ha acabado.

OTROSÍ DIGO: El Poder Judicial es un infierno. El trato que nos brinda a los ciudadanos es pésimo. El JEE de Lima Centro y el JNE, también. En vez de penalizar faltas graves, ellos penalizan errores involuntarios e irrelevantes. Eso sí. El legalismo se aplicó – sólo – a algunos candidatos. Otros – incluso sentenciados – se la llevaron fácil.

OTROSÍ DIGO: A pesar de todo, no me arrepiento de haber postulado al Congreso. Al contrario. Estoy muy contento y agradecido. He conocido al monstruo por dentro. Con mayor razón, me siento más comprometido que nunca a luchar contra el Estado indolente, obsoleto, inoperante, abusivo, corrupto, ineficiente y displicente. ¡No al Estado legalista y maltratador! Lampadia

Fausto Salinas Lovon
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

¿Cual es el escenario de las elecciones parlamentarias, luego que la mayoría del Tribunal Constitucional dejando un funesto precedente en pro del híper presidencialismo, ha convalidado estas elecciones parlamentarias?

Veamos algunos datos relevantes.

• Hay 22 partidos en disputa, 4 más que en las elecciones del 2016, donde hubieron 18. Nuestra política está más atomizada que antes.
• Las 22 organizaciones políticas en disputa no están obligadas a superar la valla electoral para mantener su inscripción política, por tratarse, según la decisión del JNE, de elecciones extraordinarias. Quiere decir que estas elecciones no tamizarán a los partidos para el 2021 y la atomización se prolongará por lo menos hasta las siguientes elecciones generales.
• El presidente Vizcarra, artífice de estas elecciones al disolver inconstitucionalmente el Congreso, no tiene partido en estas elecciones. ¿No era lógico pensar que debió buscar una mayor presencia parlamentaria para obtener la gobernabilidad que reclamaba?
  De tener una bancada diminuta, el gobierno pasará a carecer de bancada parlamentaria.
• Hay 2,325 candidatos al Congreso para 130 curules. Quiere decir que la competencia es de 17 a 1 por cada escaño.
• El 40% de los candidatos son mujeres. El 90% de las candidatas mujeres NO TIENE EXPERIENCIA EN CARGOS DE ELECCION POPULAR. El porcentaje es de 79.3% en el caso de hombres. La inexperiencia es la regla.
• 1,100 de los 2325 candidatos ha prestado servicios al Estado por más de 120 millones de soles. Uno de cada dos candidatos es por tanto “caserito del Estado”, que ahora van por un sueldo fijo.
• Hay más de 200 candidatos con sentencias judiciales en contra, más de 100 con sentencias por omisión de alimentos y cerca de 20 involucrados en actos de violencia familiar.

Con estos datos, no es extraño que, a menos de 10 días de las elecciones parlamentarias, si apreciamos la constante de los sondeos disponibles a la fecha, más de la mitad de los peruanos no saben por cual agrupación política votar (menos por qué candidato) o votarán en blanco, nulo o viciado.

Este panorama debiera llamar inmediatamente a reflexión acerca del sentido político (dejando de lado el sinsentido constitucional) de esta elección. La renovación del Congreso tiene como premisas (avaladas por la mayoría del Tribunal Constitucional), el obstruccionismo al gobierno, la falta de mayoría del ejecutivo en el Parlamento y la necesidad de una renovación de la clase política parlamentaria. El panorama nos muestra que nada de eso se va a superar. El gobierno ya no tendrá una bancada diminuta: no tendrá bancada. El congreso estará más dividido que antes del 30.09 y la calidad parlamentaria con candidatos sentenciados, procesados, incumplidores de obligaciones alimentarias, agresores sexuales y proveedores del Estado no va a ser mejor.

¿Tuvo sentido político entonces la disolución del Congreso?

Como van las cosas no. Porque el país necesita enfrentar en serio sus males, no atribuirlos a las instituciones que interesa desacreditar para cambiar. Debemos dejar de aplaudir medidas efectistas que sólo atacan la epidermis del problema, que contentan de manera efímera al electorado, pero no que enfrentan los problemas de fondo del país. La corrupción, la idoneidad y la medianía no eran atributo exclusivo del Congreso anterior de mayoría fujimorista. Son problemas estructurales de nuestra sociedad que hay que enfrentar en serio y no solamente cambiando a los congresistas que no te agradan por su orientación política.  La nueva composición del nuevo parlamento puede ser la prueba del sinsentido político de esta medida. Lampadia

Roque Bravo Basaldúa
Ex secretario general del JNE
Para Lampadia

Los equipos pueden ser extraordinarios, pero si el arbitraje es malo, lo complica todo y el resultado no satisface a nadie.

En el fútbol, si se pretende conseguir un buen nivel competitivo, se requiere de clubes sólidos, dirigentes eficientes y eficaces, los mejores jugadores elegidos según su capacidad técnica y profesional; así como, organismos reguladores y árbitros que actúen de manera imparcial y en cumplimiento de las reglas.

Si no se cuenta con lo anterior, ¿qué sentido tiene apresurarse en realizar el próximo campeonato? Si se hace sin mejorar se tendrá más de lo mismo, malos dirigentes, jugadores mediocres, autoridades y árbitros parcializados e incompetentes, así como resultados insatisfactorios y un nivel competitivo deficiente, esto es, lo contrario a lo que se esperaba lograr.

¿Y qué pasa si no se habla de una actividad económica específica sino del proceso electoral para elegir autoridades? Bueno, ahí la cosa toma color de hormiga porque es un escenario que, se quiera o no, afectará la vida de los más de treinta millones de peruanos. Y vale la pena hacer hincapié en el “se quiera o no” porque muchas veces se escucha la expresión “no me interesa la política porque los políticos no me dan de comer”, cuando la realidad es completamente diferente y se presenta cotidianamente cuando se constata  que un país extremadamente rico en petróleo tiene a sus ciudadanos buscando otros destinos porque no hallan futuro en el propio. Bueno, los políticos no dan de comer, pero las decisiones que toman, afectan, ¡y de qué modo!, ¿o acaso ya se olvidó que millones de peruanos están fuera del país por un motivo similar?

Entonces, se puede presentar una primera conclusión: no se puede ir a un adelanto de elecciones sin solucionar o superar aspectos mínimos que permitan lograr un buen proceso electoral con resultados que se sientan legítimos. Lo demás es pura irresponsabilidad e improvisación que, lamentablemente, abunda en el país.

¿Y qué se debe mejorar para tener un buen proceso electoral? Bueno, el proceso de mejora de toda actividad humana nunca acaba, en este caso se trata de un proceso que tiene casi todas las patas flojas.

Se puede afirmar, aunque ya sin mayor sorpresa, que el sistema electoral se encuentra en crisis y al límite de sus capacidades. Un claro indicio que permite afirmar lo anterior es que se pretenda ampliar el plazo del proceso electoral. El plazo inicial era de cuatro meses o ciento veinte días, por tal motivo, el artículo 134 de la Constitución establece que el decreto de disolución del Congreso contiene la convocatoria a proceso electoral que debe realizarse dentro de los cuatro meses siguientes. Sin embargo, a inicios del año 2017, se modificó la ley electoral para incrementar el tiempo del proceso electoral de cuatro meses, al actual plazo, de nueve meses o doscientos setenta días. Además, en la última propuesta de los tres organismos del sistema electoral se ha pedido ampliar nuevamente el plazo del proceso electoral para alcanzar los doce meses o trescientos sesenta y cinco días.

¿Se puede llevar a cabo un proceso electoral en cuatro meses? Definitivamente no, no se puede. Primero, porque hay muchas cosas que cambiar previamente para tener un buen proceso electoral y asegurar resultados legítimos, de lo contrario pasa lo del último proceso presidencial. Segundo, porque el proceso requiere incluir más actividades y eso exige más tiempo, específicamente, las referidas a la democracia interna, que son clave para la legitimidad de las autoridades elegidas y para fortalecer las organizaciones políticas.

Así, con relación a los cambios que se requiere en los órganos del sistema electoral, las organizaciones políticas y los órganos coadyuvantes. De hecho, los órganos del sistema electoral deben mejorar sus procedimientos, proponer cerrar el padrón un año antes de la elección es excesivo, demorar o no resolver las controversias electorales es inaudito y pedir más plazo para imprimir y distribuir el material electoral tampoco ayuda. En el caso de las organizaciones políticas la falta de actualización de sus directivas y de sus padrones de afiliados impide que se adopten decisiones legítimas y representativas del partido; asimismo, la aplicación restrictiva de la democracia interna afecta el corazón mismo de la organización, por ejemplo, como cuando se impide nuevas afiliaciones. En el caso del Poder Judicial o Ministerio Público, la lentitud de sus procedimientos y sus bases de datos desactualizadas, juega, definitivamente, en contra de la sanción e identificación oportunas de los candidatos.

Con relación al incremento de actividades de democracia interna. En un sistema democrático no puede haber espacio social que no respete los principios que lo caracterizan. De hecho, eso incluye a las organizaciones políticas y se ha avanzado cada vez más en su implementación y exigencia, pero falta dar el paso definitivo.

Aquí una segunda conclusión: los cambios necesarios para mejorar el sistema electoral tienen que realizarse antes de convocar a un nuevo proceso electoral, deben ser efectivos y ejecutarse dentro de un plazo prudencial. Y, ojo, no se trata de sacar o eliminar competidores, para nada, las mejoras deben ser asumidas como una tarea de todos y en beneficio de todos, pero deben darse, no se puede seguir con más de lo mismo.

¿El proceso de reforma política favorecía el cambio requerido? El actual proceso de reforma había obtenido algunos logros importantes: la elaboración del padrón partidario por el Reniec, la organización de las elecciones internas por la ONPE y la resolución de los conflictos por el JNE. Lo que muchas veces fue combatido u objetado por algunas organizaciones políticas se ha conseguido mediante las reformas aprobadas y que están pendientes de promulgación por el Ejecutivo. Este es un cambio potente que ejecutado correctamente por los organismos electorales podría significar una reforma sustancial del sistema de partidos políticos.

Una última conclusión: el proceso de reforma está en marcha, pero requiere de tiempo para su implementación, tanto para los organismos del sistema electoral, las organizaciones políticas y los órganos coadyuvantes. Sin cambios reales y significativos no es prudente adelantar ninguna elección. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La Comisión de Constitución aprobó reemplazar las firmas de adherentes por un número de militantes o afiliados para inscribir un partido, lo que es un avance. Pero subió el número de afiliados propuesto por la comisión especial –de 14,000 a 24,000- y agregó el requisito de tener comités en funcionamiento permanente en 20 departamentos y en algo menos de 70 provincias.

La idea de los proyectos de la Comisión Especial era bajar las barreras de entrada, pero subir las de permanencia. Y, en general, reducir requisitos formales. Por ejemplo, ya no se pedía, en el proyecto, un número mínimo de comités partidarios. Se trataba de abrir la cancha para que haya más competencia y que nuevas corrientes pudieran renovar la política, pero esas nuevas corrientes debían ser lo suficientemente sólidas y organizadas como para participar en todas las elecciones –nacionales y sub-nacionales- y pasar las vallas establecidas para las elecciones internas y congresales. Es decir, los requisitos para conservar la inscripción no eran formales u organizacionales –por ejemplo, tener muchos comités funcionando- sino de participación en las elecciones.

Esto era una manera de adecuar la ley a la realidad de los tiempos modernos: ya no existen grandes partidos ideológicos con organizaciones burocráticas que pretendan representan a determinadas clases sociales, por ejemplo, sino corrientes de pensamiento o de propuestas específicas lideradas por individuos o grupos que deciden incursionar en la política. Las redes y los chats de whattsapp reemplazan a las reuniones de comités, si es que alguna vez las hubo. Los comités partidarios en realidad se abren eventualmente para las campañas.  El resto del tiempo, si existen, permanecen vacíos. No hay reuniones de discusión en el ellos. Casi nunca las hubo en realidad, ni en las épocas de oro del partidismo en el Perú.

Entonces no se entiende por qué la Comisión de Constitución se empecina en engañarse a sí misma. El JNE carece de capacidad –y lo reconoció- de supervisar si los partidos mantienen todos sus comités en funcionamiento permanente, pero sí puede verificar si un nuevo partido que quiere inscribirse tiene comités abiertos. Quizá entonces se pone este requisito como una barrera de entrada.

Ojalá que en el pleno se pueda enmendar esta situación. Porque los propósitos de facilitar la entrada al sistema y apuntar a partidos modernos y ligeros adecuados a nuestros tiempos, quedan casi anulados con los artículos aprobados.

¿Los partidos tienen vigencia en la era de las redes?

En realidad, no hemos discutido suficientemente sobre la vigencia de los partidos políticos en la era de las redes sociales. Hace tiempo que no son el vehículo único de expresión, formación y canalización de las demandas ciudadanas, o de la voluntad ciudadana en general. Ahora hay múltiples medios. No solo la prensa, que siempre existió. Sino las redes sociales, los portales de análisis y opinión, etc. Todos los centros de investigación y universidades tienen sus propios medios de expresión –sus páginas web, sus páginas en Facebook, etc.- donde eventualmente publican.

Los ciudadanos mismos ya no requieren intermediarios: se expresan directamente a través de las redes y las encuestas recogen sus opiniones. Se puede discutir la calidad de los debates en las redes y de las preguntas en las encuestas, pero son una realidad. Por eso los gobiernos por lo general ya no lideran, sino que siguen a la opinión pública. El gobierno del presidente Vizcarra es un caso extremo de esta tendencia. Lo que tenemos es una suerte de democracia directa que despoja a los partidos de su función clásica de orientar, formar y canalizar la opinión pública.

Pero la función que los partidos no han perdido y que conservan de modo exclusivo, es la de ser un vehículo para acceder al poder por la vía electoral. Para llegar a la presidencia de la República y al Congreso, se requiere formar parte de -o ser presentado por- un partido político. Una universidad o un think tank o un portal o un gremio empresarial o laboral o un líder de opinión con muchos seguidores en las redes, por ejemplo, no podrían presentar un candidato a la presidencia ni una lista al congreso. Esas entidades o personas tendrían que formar un partido si desean hacerlo. Pero de aquí se despenden varias conclusiones, pensando libremente:

• En el extremo, podríamos retirarles a los partidos ese único monopolio que les queda: presentar candidatos. Cualquier institución o persona podría candidatear. Le bastaría inscribir una candidatura con un mínimo de requisitos. Pero no existe ninguna democracia en el mundo con este sistema.
• Una versión cercana a esa realidad sería que sea muy fácil la inscripción de un partido, reduciendo los requisitos al mínimo. Es lo que en alguna medida –no suficientemente- buscaba la propuesta de la Comisión Especial, y que la Comisión de Constitución ha recogido muy parcialmente, agregando nuevos requisitos, lamentablemente.
• Los partidos inscritos –partidos ligeros- podrían tratar de recuperar parte de la función de orientación y formación de la opinión pública si estuviesen asociados a think tanks o centros de investigación. Carlos Meléndez propuso la fórmula de Partidos X Impuestos, para las empresas pudieran contribuir con parte de sus impuestos a think tanks en uno o varios partidos. De esa manera los partidos se convierten en centros de estudios de la realidad nacional, adquieren capacidad de propuesta y pueden llegar al poder con un plan de gobierno bien elaborado en lugar de improvisar. Serían partidos serios. Allí sí, la calidad de la democracia mejoraría sustancialmente.

Además, permitirían paliar el efecto devastador de la no reelección de congresistas, que instaura el mito de Sísifo como sistema: los partidos tendrán que reinventar en cada elección nuevos postulantes que, luego de cinco años, se retirarán de la política, anulando el aprendizaje para comenzarse de cero cada vez. Con Think Tanks, los partidos podrían reciclar en su periodo sabático los buenos congresistas que quisieran permanecer en la política, para no perderlos.

Por último, para competir con las redes o usarlas a favor de la democracia representativa, es indispensable que los distritos electorales sean más pequeños –uni o binominales- para que pueda existir una relación directa y personal entre el congresistas y sus representantes. Esto lamentablemente no fue planteado por la Comisión Especial –aunque si propuso elecciones del Congreso por mitades cada dos años y medio, lo que reducía las circunscripciones de cinco congresistas a dos o tres por elección, pero esta propuesta no fue recogida por el Ejecutivo-. La reforma política debe incorporar este cambio.

En suma, el pleno Congreso debería eliminar los requisitos de comités para inscribir un partido, aprobar la propuesta de Partidos X Impuestos para formar think tanks asociados a los partidos, y reducir el tamaño de las circunscripciones electorales, si queremos que los partidos políticos recuperen parte de la función de orientar, formar y canalizar la opinión pública y puedan poner las redes al servicio de la democracia representativa. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 15 de junio de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa – efectivamente – omití consignar en mi Hoja de Vida mi oficio de Amansador de Mulas entre los años 1966 y 1978.

Me refiero a las Hojas de Vida que todos los candidatos debemos presentar al JNE para participar en cualquier proceso electoral a nivel nacional. Si… aquellas en las que algunas congresistas mintieron acerca de sus estudios. Las mismas en las que otros congresistas omitieron consignar sus prontuarios delincuenciales.

Ahora que me pongo a pensar… ¡yo debo estar en las mismas! En mi Hoja de Vida para las elecciones regionales pasadas, consigné mis estudios escolares en el Inmaculado Corazón y Santa María; mis estudios de ingeniería en la UNI; y mi MBA en la Escuela de Graduados de Wharton en EEUU. Pero ¿Amansador de Mulas?… ni una sola mención.

Ahora – a los 67 – ya no amanso mulas. Pero que he amansado mulas mañosas… tengo testigos de ello. Chun – un negro chinchano sensacional – fue mi gran maestro mulero. Mi cumpa Eduardo Peschiera fue mi más fiel compañero amansa-mulas. Ambos… que en paz descansen. Pero ahí están – vivitos y coleando – mis acompañantes de mil aventuras Ava Gutiérrez, José Miguel Devéscovi y Víctor Haaker con quienes cabalgábamos días enteros – con sus noches – amansando mulas.

Pero… ¿qué tiene que ver mi oficio de domador, con mi cargo actual? Pues mucho. Tanto que – para gobernar – más me sirve mi experiencia mulera, que todos los diplomas obtenidos a lo largo de mi vida. Paciencia, buen humor, don de mando, fortaleza, fe en Dios… y en la Virgencita del Carmen, tolerancia cero con la mañosería… todo eso se aprende cuando se es Amansador de Mulas. Y muy importante… ¡en qué momento meter las espuelas… y dónde meterlas! ¡Cómo que amansar mulas no sirve para la política!

Veamos. Siendo Gobernador Regional he conocido a gente que se parece mucho a las mulas que amansé durante mi juventud. Incluso, hay un caso – muy curioso – de homonimia. Me refiero a una mula vieja y pellejuda – recontra mañosa – que se llamaba Nora. Y que pateaba duro cuando le ponía la baticola. Luego – ya montado sobre ella – le metía las espuelas bien atrás… donde más le dolía. Así – poco a poco – la vieja Nora dejó de respingar, y terminamos siendo buenos amigos. Ojo. Cualquier similitud con algún personaje de la vida real, es mera coincidencia.

También amansé a un burdégano. (Los burdéganos son cruces de potro con burra. Las mulas son cruces de burro con yegua.) El caso es que, para ensillar a mi burdégano, había que chantajearlo con un poco de chala verde. Si no le daba chala verde, no se quedaba tranquilo. Mi burdégano me hace acordar a los periodistas chantajistas de Ica. Si no les das su marmaja, tampoco se quedan tranquilos.

Tuve – también – una mula que se escapaba del corral para comerse el maíz de las gallinas. Era una ladrona. Y otra que mordía a todo aquel que se le cruzara por delante. A la mordelona le quité la maña cuando un día hice que mordiera un rocoto picante. ¡Santo remedio!

Mañosas, respingonas, convenidas, ladronas, mordelonas… ¡qué parecidas eran mis mulas a algunos personajes de la política local! Aunque valgan verdades – una vez amansadas – ¡que animales tan nobles e inteligentes! No hay como una buena mula para cabalgar por caminos escarpados… como los escarpados caminos de la política peruana.

Total… confieso haber sido Amansador de Mulas. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros hermanos, que intercedáis por mí ante los Consejeros Regionales para que no me vaquen por haber omitido mi oficio de Amansador de Mulas en mi Hoja de Vida. ¡Amén! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, no debería ser vacado, porque no corresponde y dañaría la imagen del Perú, pero sí convendría al país su renuncia.

Según el artículo 117° de nuestra Constitución, “El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

Es decir, si se presume que el Presidente ha cometido un delito puede ser investigado pero no acusado sino hasta luego de terminar su mandato (y aquí estamos hablando de hechos cuya naturaleza presuntamente delictiva no ha sido todavía precisada y que ocurrieron antes de que fuera elegido Presidente). La Constitución, en este sentido, busca blindar al Presidente a fin de que pueda culminar su mandato.

El problema es que la propia Constitución contradice su espíritu cuando, en el artículo 113°, establece que la Presidencia de la República vaca por “Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”. Pasamos del blindaje más duro a un mecanismo de destitución presidencial sin fundamentación rigurosa, subjetivo, que se presta fácilmente a la arbitrariedad de la mayoría.

Cuando las constituciones del siglo XIX establecieron la vacancia por “incapacidad moral permanente”, estaban significando “incapacidad mental”, que es fácilmente verificable. Cuando luego el concepto muta para convertirse en sinónimo de “inmoralidad” o “falta de ética”, entramos en el terreno de la indeterminación, de la atipicidad. Un delito es un hecho objetivo tipificado en el código penal que se puede y debe probar, y para eso está el debido proceso. Las mentiras no están tipificadas, aunque se pueden eventualmente demostrar, pero ¿cuán grave debe ser una mentira para que acarree la vacancia? ¿Tiene sentido que el presidente no pueda ser destituido por delitos supuestamente cometidos, y si lo pueda por una mentira, o por una falta moral?

En todo caso, lo que detonó el fallido proceso de vacancia de diciembre fue lo que a todas luces era una mentira clara del presidente al negar relaciones contractuales con Odebrecht que después se descubrieron ciertas. Su excusa fue que él no sabía nada porque su empresa se la había entregado a Gerardo Sepúlveda, de quien le separaba una muralla china pese a que se había reunido con él en varias ocasiones mientras era ministro.

Se puede argumentar que la mentira presidencial justificaba presentar una moción de vacancia, aunque ningún debido proceso hubiese sido suficiente para demostrar que la consecuencia de esa mentira debía ser indubitablemente la vacancia. La decisión, como se argumentó, era en última instancia política. Es decir, potencialmente arbitraria. Y potencialmente abusiva, porque una vez dado un motivo, la fatalidad de las leyes de la política lleva a utilizar una institución como esa –la vacancia- hasta el extremo, más aún si carece del freno del debido proceso, que es impracticable en ausencia de tipificación. Es decir, dada la existencia de esa institución, es difícil no usarla, sobre todo si, como en el caso de los dos grupos de izquierda en el Congreso, sienten que cobrar la cabeza de un presidente “neoliberal” es lo más parecido a una revolución, cuando menos simbólica. De hecho, son ellos los que están planteado nuevamente una moción de vacancia.   

Nuevos hechos

La justificación para el pedido de vacancia original fue, como decíamos, una mentira de PPK: haber negado contratos que podían implicar cuando menos conflicto de interés. Ahora han aparecido nuevos hechos: tres contratos de Westfield Capital con Odebrecht para el Proyecto Olmos, la Interoceánica Norte y para los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur respectivamente, firmados mientras el PPK era ministro. Y que luego de esos contratos, Odebrecht haya conseguido efectivamente los proyectos. Y reuniones entre Barata y PPK cuando este era ministro.

Pues bien, esos son hechos que el fiscal Hamilton Castro está investigando para ver si los contratos fueron determinantes para que salieran los proyectos y si en las reuniones de Barata con PPK se acordó los mencionados contratos con Westfield. Porque, de haber sido así, estaríamos ante una forma de soborno o alguna otra figura del derecho penal que el fiscal tendría que determinar.

No se puede juzgar a nadie dos veces por la misma falta

Pero todo eso nos lleva al terreno del art. 117° de la Constitución: que el presidente sólo puede ser acusado luego de terminar su periodo. Si la fiscalía encuentra suficientes elementos de convicción, lo acusará, pero luego de terminar su gobierno.

La vacancia, por lo tanto, no aplica. No hay una nueva mentira del presidente. Estos nuevos hechos revelados están dentro de los que fueron negados por la primera y única mentira. Y esa ya se resolvió en el proceso de vacancia, con resultado negativo. No se puede juzgar a nadie dos veces por la misma falta. Ese, que es un principio del derecho penal, con mayor razón rige ante una falta moral.

La única salida es la renuncia

Dicho esto, sin embargo, también es cierto que la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, ya no es viable. Su autoridad y credibilidad –dos caras de la misma moneda- se han reducido al mínimo. La consecuencia es que ya no puede gobernar. Si él quisiera convocar en este momento a un nuevo Presidente del Consejo de Ministros para recomponer relaciones con el Congreso, sería prácticamente imposible que alguien que en otras condiciones tuviera esas capacidades, ahora pudiera aceptar, porque no podría lograr resultados. Es más, el desgobierno que eso implica lleva a los distintos actores a funcionar por la libre, cada uno tratando de maximizar ganancias políticas sea con proyectos de ley tan populistas como contraproducentes –véase por ejemplo las propuestas del Defensor y de Javier Velásquez Quesquén para regular precios de los medicamentos-, sea con acciones de fuerza que terminan obligando al gobierno a ceder con medidas que también resultan contraproducentes.

Por supuesto, en ese ambiente las indispensables reformas para sacar al país de la trampa de los ingresos medios, pierden cada vez más oxígeno. Tampoco los funcionarios toman decisiones y los ministros se limitan a administrar lo mínimo. Todo se detiene, creando las condiciones para un círculo vicioso de impotencia gubernamental y protestas que puede llevar a los peores escenarios. 

Por eso, lo mejor para el país sería la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República, dejando el cargo en manos del primer vicepresidente Martín Vizcarra, quien tendría que plantear como condición para asumir la Presidencia acuerdos de gobernabilidad con la oposición. Para ello deberá nombrar a un Premier de altas condiciones, capaz de organizar gobierno y de elaborar una agenda conjunta –que incluya reformas- con el Congreso de la República. Hay que pensar en el país. Lampadia

El 9 de abril, The Economist presentó su artículo sobre las elecciones peruanas en términos inaceptables por su falta de objetividad, pues su análisis fue muy pobre y sesgado.

“Las elecciones en Perú”

“Una farsa peligrosa”

“Tontas decisiones de la autoridad electoral subvierten la democracia y socavan el estado de derecho”

The Economist afirma que: “Los peruanos están descubriendo, para su desconcierto, que el árbitro puede determinar quién gana en la política, también. El 10 de abril van a ir a las urnas para elegir un nuevo presidente. Dos nombres, los de Julio Guzmán y César Acuña, no estarán en la cédula, aunque las encuestas les daban casi una cuarta parte de los votos. Sin embargo, apenas un mes antes de las elecciones y después de semanas de giros legales, la autoridad electoral los ha descalificado”.

Rápidamente, los peruanos también estamos descubriendo, para nuestra rabia y frustración, que The Economist, una de las revistas más admiradas en el mundo, no es tan rigurosa como siempre hemos creído. Es muy sorprendente que para su artículo sobre las elecciones peruanas tome por sentadas las sesgadas explicaciones de Guzmán y Acuña o la de sus colegas.

Análisis y perspectiva

1. La legislación peruana ha pasado, durante los últimos 15 años, a través de un proceso de reproducción y multiplicación masiva. Este ha sido el caso para todos los aspectos de nuestra sociedad, cubriendo el poder judicial, las autoridades electorales, las regulaciones de negocios y las relaciones de los ciudadanos con todas las instancias de gobierno.

Un ejemplo: Julio Velarde, Presidente del Banco Central de Perú, presentó recientemente la siguiente información: “En 2001, las regulaciones legales del sector minero incluían 9 procedimientos diferentes. En 2014 llegan a 204”.

La mayoría de estas regulaciones, que asfixian todas las actividades del país, son inútiles o francamente estúpidas. Sin embargo, todos tenemos que cumplirlas, especialmente las autoridades. Reconociendo que tenemos normas muy absurdas, ¿se pueden imaginar lo que pasaría si todo el mundo decidiera si cumple con ellas o no?

2. Las autoridades electorales están en una especie de trampa. Probablemente considerarán nuestra legislación como absurda y, en lugar de excluir inmediatamente a Guzmán, trataron de ganar un poco de tiempo y se fueron por caminos complicados para tratar de superar esta situación tan peculiar.

3. Guzmán debería haber sido excluido de inmediato porque su partido, en realidad, no cumplió las normas que estaban claramente establecidas y que ellos conocían. Es más, cuando Guzmán se hizo cargo del partido, las personas a cargo de los procedimientos legales con la autoridad electoral, le pidieron mantener el proceso bajo su control. Estúpidamente, Guzmán decidió excluirlos del proceso y asignárselo una de sus hermanas.

4. Unos pocos días más tarde, las personas con la experiencia relevante en el partido detectaron una serie de errores y le solicitaron nuevamente a Guzmán tomar esa responsabilidad en sus manos. Guzmán insistió en mantener a su hermana como la única responsable del proceso y los resultados hablan por sí mismos.

5. Cuando la autoridad electoral objetó los procedimientos del partido de Guzmán, a fines del año pasado, éste tenía tan sólo el 1% de aprobación en las encuestas. El partido de Guzmán no reaccionó como debería haberlo hecho y dejó pasar el tiempo.

6. Después, la trampa fue perfecta: Guzmán había subido en las encuestas, nadie entendía los procedimientos legales y Guzmán hizo mucho ruido presentándose como una víctima.

7. Una vez más, las autoridades (presionadas por la conciencia de que esas normas eran estúpidas, las cifras de Guzmán en las encuestas y el rugido de los medios de comunicación) en lugar de cortar a Guzmán, decidieron pasar por todos los procedimientos posibles para ver si podían manejar la situación sin más ruido. Al final, el escenario fue inmanejable, el Jurado tuvo que excluir a Guzmán, y este tomó la posición oportunista de acusar a todos de sus propios errores.

8. El caso de Acuña es la consecuencia de otra ley muy estúpida, que estipula que los candidatos no pueden dar ningún tipo de regalos a los votantes con el riesgo de exclusión, pura y simple, de las elecciones (sin graduación de la pena y por regalos de un valor ínfimo de  S/. 19, menos de US$ 6).

9. Acuña violó sistemáticamente esta norma, dando los regalos personalmente y promoviendo públicamente esa actividad. Mientras que Keiko Fujimori negó explícitamente su apoyo para financiar el concurso de baile, materia de la acusación, y sólo fue invitada a estar presente en la ceremonia en que se dieron los premios.

10. El Jurado Nacional de Elecciones excluyó al candidato para la segunda vicepresidencia de Keiko Fujimori porque el sí dio regalos, una botella de agua y una lata de atún. Estúpida como parece, es la consecuencia de una ley increíble que sí fue aplicada correctamente y sin favoritismos.

Desafortunadamente, The Economist no es la única publicación internacional que emplea corresponsales locales que tienen visiones sobre la política y sobre las  políticas públicas, que son contrarias a las de sus empleadores.

En este portal admiramos y seguimos muy de cerca los análisis y reportes de The Economist. Esperamos con entusiasmo un nuevo informe suyo sobre las elecciones en el Perú. Lampadia

Leer nuestra carta en ingles, tal como ha sido remitida a The Economist:

Open letter to The Economist

Con bombos y platillos fue presentada hace unos días Verónika Mendoza como la candidata presidencial por el Frente Amplio (Ex FRENAIZ). Casi como si se tratara de un triunfo de la democracia se señaló que Mendoza había ganado las elecciones ciudadanas (libres y abiertas que habían convocado) y que ese solo hecho la convertía en la más “pura y digna” de los postulantes al sillón de Pizarro. Los izquierdistas a los que les encanta apropiarse de la banderas cómo la de la democracia, la decencia, la sensibilidad social  (cuando en realidad están sumergidos en la corrupción, la dictadura y la violación de derechos humanos: ahí están sus íconos: Cuba y Venezuela para mayores señas). 

Ahora pretenden disfrazarse y quieren olvidar que en estas elecciones han hecho el ridículo y que de lo que han dado pruebas es de su escaso poder de convocatoria, su ineficiencia, malos hábitos, su poca preparación, sus ataduras con su pasado vergonzante y su lamentable falta de programas y equipos. Veamos:

Nula convocatoria. Según sus propias cifras, asistieron a votar solo 31,693 personas, es decir el 0.15% del electorado nacional compuesto de 21.3 millones de personas. Un ínfimo porcentaje de peruanos acudió a las urnas que esta agrupación dispuso a pesar de la inmensa campaña propagandística que desplegaron en redes sociales y al increíble despliegue que les proporcionaron los medios nacionales. Aún así, no consiguieron una movilización suficientemente representativa.

La candidata ganadora, entre siete candidatos, después de trifulca y media, se hizo con 12,130 votos, el 0.06% del electorado.

En provincias, dónde dicen tener más llegada (pues, supuestamente, están más cerca de los pobres que cautelan para que no dejen de serlo), demostraron que nadie los quiere. Así lo dejan ver las cifras de, por ejemplo, Cajamarca, la ciudad en la que se fundó Tierra y Libertad (TyL) y en la que ha desarrollado su vida política su conductor, el ex(pulsado) cura Marco Arana, el contendiente más serio de Verónika. Según el post de Rocío Silva, en dicha localidad hubo 1,515 electores. Mil quinientos en una ciudad de 300 mil habitantes (el 0.5% de la población). ¿Cuántos votos obtuvo el hombre que se hace llamar el “defensor del agua y el medioambiente” cajamarquino? A duras penas: 907 votos (el 0.3% de Cajamarca). Esa es pues la verdadera dimensión de Arana.

Ineficiencia. Su poca capacidad organizativa quedó también expuesta en estas elecciones. Se convocaron el 4 de octubre y los resultados se difundieron el 12 del presente. 8 días después de la votación, en la que se evidenciaron un sinfín de problemas e irregularidades. Contar 30 mil votos no es tan difícil y más aún con los sistemas de comunicación con los que contamos actualmente.

Malos hábitos. Como se denunció, el proceso estuvo cargado de una serie de vicios. Incluso se denunció que en Pomalca y otros distritos hubo fraudes o intentos de ello. ¿No era que representaban la pureza y la transparencia?

Falta de preparación. Si bien el esfuerzo de realizar una elección de este tipo es encomiable, lo menos que se esperaría de ella es que tuviera validez legal y les permitiera inscribir la candidatura de Mendoza sin problemas. Sin embargo, como ha revelado el especialista en temas electorales, Fernando Tuesta, estos comicios no son válidos para el JNE, pues según la ley electoral, los partidos políticos deben llevar a cabo elecciones internas entre el 13 de octubre y el 21 de diciembre. Como el FRENAIZ hizo sus elecciones el 4 de octubre, entonces “no pueden ser consideradas elecciones internas, en consecuencia el Frente Amplio (FRENAIZ) va a tener que hacer [nuevas] elecciones internas en los plazos que hemos señalado”, indicó Tuesta. Es decir, tanto despliegue y esfuerzo, para que ahora no puedan convalidarlas ante el JNE y tengan que hacer otras, es casi de risa.

Ataduras al pasado. Siguen defendiendo las ideas del pasado. Les es imposible reconocer que Venezuela es una dictadura, porque supuestamente hacen elecciones (amañadas). No entienden que la democracia es mucho más que eso. Es el respeto por lo que dice y piensa la minoría y el individuo, en la que se respeta la división de poderes y las instituciones. ¿Dónde está la auténtica defensa de los derechos humanos? ¿Se olvidan de los informes de Human Right Watch? ¿Acaso no saben que a esta ONG se le ha prohibido el ingreso a Venezuela?

Sus posturas anti-inversión son cavernarias. Pareciera que no se enteraran lo que está pasando en el mundo. En muy pocos países se rechaza la inversión privada. No entienden el proceso de China, mucho menos el de Vietnam. Tampoco se dan cuenta del camino que viene siguiendo Cuba, sí, la misma de las canciones de trova que tanto les gustan, cada día se acerca más a la liberalización de su economía. Con esa forma de pensar no vamos a ningún lado.

La candidata francesa propone cambiar la Constitución, con lo cual desconoce los avances sociales y económicos de nuestra población desde la dación de la Constitución del 93, amenazando así con impulsar al país por la borda del estancamiento y pobreza.

Sin programas, ni equipos, Mendoza repite la misma monserga: “Lo real es que la mano invisible del mercado no lo está resolviendo todo”, señaló. “La minería ha ocupado al 2% de la Población Económicamente Activa, la agricultura el 25%”, precisó para fundamentar la necesidad de la diversificación productiva y la necesidad de no enfocarnos única y casi exclusivamente en las actividades extractivas”. Está claro que no tiene idea de lo que es una buena gobernanza, no sabe que hacer para reactivar el país, no entiende la importancia de la inversión privada y no tiene un equipo mínimamente capaz.

Esta no es la renovación de la izquierda peruana, es la misma, con otro empaque. Los electores ya les están diciendo con toda claridad que no les gustan sus ideas, como se lo dijeron a Arana en Perumin. Lampadia