Por: Francisco Diez-Canseco Távara (*)

Intentaron cruzar el río porque no podían contener a la turba que los atacó y querían salvar sus propias vidas.

No hicieron uso de las armas pese a que, en esas circunstancias, si podían hacerlo. Una orden superior seguramente los dejó inermes frente a esa turba desenfrenada manejada, desde atrás, en forma anónima y cobarde, por expertos subversivos empeñados en lograr sus pérfidos fines sin clemencia alguna por la vida humana.

Sin compasión los apedrearon mientras se ahogaban en el río. Y habían ido a restablecer el orden y a restaurar el principio de autoridad.

Mientras tanto, la propaganda subversiva volanteaba en Puno que los subversivos habían salvado a numerosos soldados, abandonados por el Ejército, del frío y el hambre ahí en el sur de Puno, en la zona aymara, cerca de la frontera con Bolivia territorio de los ponchos rojos de Evo Morales.

Y otros libelos trataban de inducir a los soldados del Ejército del Perú a desertar, mientras que el Alcalde de Juli justificaba los crímenes antedichos y el incendio de la comisaría de esa ciudad por el maltrato sufrido por las mamachas que vinieron a la fallida segunda toma de Lima cargando bebes de tierna edad, a sabiendas de lo que hacían; y los “70 muertos” durante los actos subversivos que, disfrazados de “protestas sociales”, vienen realizando los extremistas desde hace varias semanas.

Todo ha estado debidamente orquestado para que esa minoría actuante siga impulsando sus designios a través de la violencia, la victimización, las acusaciones de racismo y la insistencia en que sus designios políticos constituyen protestas sociales.

Nada justifica la violencia. Ni los excesos que pudieran cometer las fuerzas del orden ni aquellos que caracterizan a los subversivos que hoy intentan destruir el sistema democrático en nuestra Patria, engañando a los pocos que los siguen con reivindicaciones que son en realidad objetivos políticos.

Mucha agua ha corrido bajo los puentes para llegar a la presente circunstancia pero ya es hora de hablar claro y poner las cosas en su sitio, con el debido respeto por todos peruanos.

(*) Presidente de Perú Nación

Presidente del Consejo por la Paz

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La ofensiva insurreccional parece haberse agotado. Solo en Puno se mantienen bloqueos y cierres de negocios y oficinas, dictados por dirigencias radicales que lograron imponer una verdadera dictadura local que, sin embargo, también viene perdiendo fuerza. El número de puntos de bloqueo en esa región ha bajado de 36 en promedio la semana pasada a 17 esta semana, y ante los acuerdos de dirigentes aymaras y radicales de seguir obligando a los mercados a cerrar a las 8 de la mañana, un grupo de dirigentes de ocho mercados de Juliaca acordaron unilateralmente una tregua absoluta los días sábado, domingo y lunes pasados. La gente está cansada.

Fuera de Puno, queda el remanente de que todavía las empresas mineras Las Bambas, Hudbay y Antapaccay casi no pueden sacar su mineral porque, si bien el corredor minero ya no está bloqueado, sí hay piquetes que amenazan con no dejar pasar los camiones. Son bloqueos fantasmales, pero efectivos. 

En Puno, el Comando Unificado de las fuerzas armadas y policiales aplica una estrategia no confrontacional que tiene dos componentes:

Operación desgaste, que consiste en desbloquear en la madrugada las piedras que los piquetes han puesto durante el día, llevándose las piedras grandes lejos de modo que al día siguiente vuelven a bloquear, pero con piedras más pequeñas y con menos gente. Es una estrategia lenta pero efectiva porque de hecho los puntos de bloqueo se han reducido.

El otro componente consiste en tratar de ganarse el favor de la población mediante acciones de apoyo cívico tales como retirar la basura acumulada en las ciudades, traer medicinas para los hospitales, vuelos humanitarios, y desfiles los días domingo como aquel en que soldados bailaron con algunas mamachas.

Esta estrategia consigue algunos avances, pero no logra aun el control del orden interno, que sigue en manos de las dirigencias radicales.

Necesita ser complementada por una intervención político-administrativa que identifique interlocutores y desarrolle acciones de impacto, tales como el anuncio de la culminación de obras largamente paralizadas por la corrupción, introducción de tecnologías de sierra productiva en el campo, formalización de la minería informal con la instalación de bancos y plantas de procesamiento en la Rinconada, etc. Ismael Benavides ha sugerido nombrar un Zar para Puno para esos efectos.

José Figueroa, periodista del canal CNA de Juliaca, señala algunas de esas obras:

1. Culminar el hospital materno infantil de Juliaca, que por corrupción los gobiernos regionales llevan 15 años sin poder terminarlo.
2. “El sueño juliaqueño que les cambiaria la vida es la segunda circunvalación, y terminar la primera”.
3. Para los aimaras: la autopista Puno-Desaguadero-Yunguyo

Pero se debe detener y procesar a los líderes de las acciones violentas, y no solo en Puno. Esto requiere que la fiscal de la Nación y la Corte Suprema se decidan a crear una jurisdicción nacional, porque los magistrados locales están amenazados. ¿Qué esperan? De lo contrario, esos extremistas aprovecharán la primera oportunidad para organizar ataques a objetivos emblemáticos.

En cuanto al corredor minero del sur, los bloqueos no se iniciaron con estas revueltas. Vienen de años atrás y se agravaron con Castillo. Se requiere resolver el problema actual y encontrar una solución permanente. Una salida inmediata que se estaría evaluando es trasladar batallones de ingeniería del Ejército con la misión de asfaltar la carretera del corredor. Eso resolvería una fuente de conflictos porque eliminaría el polvo que levantan los camiones, y en lo inmediato permitiría instalar bases de ingeniería militar que ayudan a prevenir bloqueos.

También se estaría reactivando el proyecto que fuera planteado por el ex gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón, de mejorar carretera alterna que sale de Cotabambas hacia Aymaraes y llega a Nazca-Marcona. Costaría alrededor de 320 millones de soles. Varios proyectos mineros podrían salir por allí.

Pero se requiere resolver el problema de fondo, que es el desarrollo y el cierre de brechas, el buen uso de los recursos del canon y las regalías. Al respecto, la flamante secretaria de Diálogo Social de la PCM, Alexandra Ames, está evaluando la posibilidad de alentar la creación de una mancomunidad que integre a las municipalidades provinciales y quizá a los gobiernos regionales del corredor minero a fin de que pueda ejecutar obras de carácter multiprovincial, o paquetes de obras. Esa mancomunidad tendría una unidad ejecutora. Con asistencia técnica del MEF a los gobiernos locales.

Quedaría por atender el problema directo de estos abogados y dirigentes que se han especializado en la industria de la extorsión. Al respecto, urge recomponer equipos de inteligencia policial que trabajen con la fiscalía para denunciar estos delitos. Hay que restablecer el imperio de la ley. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El 15 de febrero fue presentado en Puno el jefe del Comando Unificado “Inca Manco Cápac”, el general Edgar Rodríguez Huanqui. La misión de ese comando es asumir el control del orden interno. Restablecer el orden. ¿Lo está logrando?

El Ejército, con el apoyo de la policía, ha empezado a despejar carreteras como la Juliaca-Puno, Juliaca-Arequipa, Caracoto y otras. Con equipos de soldadura autógena logró retirar los fierros soldados que bloqueaban el puente internacional Ilave, pero al día siguiente los pobladores volvieron a soldar esa barrera. En general, los piquetes bloquean durante el día y en la noche el Ejército con equipos pesados remueve las rocas y se las lleva lejos. Al día siguiente vuelven a poner piedras, pero cada vez más chicas y menos gente, según parece.

Es una estrategia de desgaste y de no confrontación que está produciendo algún resultado, pero lento. Se apuesta al cansancio de la gente. Pero el movimiento reacciona. El domingo 20 pasado el Ejército realizó un desfile en la ciudad de Puno. Soldados bailaron con algunas mamachas, pero al día siguiente llegaron 15 mil aymaras a dar una demostración de rechazo. Sin embargo, estuvieron solo 3 horas en la ciudad y de modo pacífico, aunque sí maltrataron a ciudadanos que no se sumaban.

El martes 21 dirigentes aymaras se reunieron en Puno con dirigentes del Fenate, SUTE CONARE, el SUTEP y otros, y, según fuentes de inteligencia, se acordó:

• Tregua semanal para los comerciantes puneños (no para las cadenas comerciales formales) los días sábado, domingo y lunes.
• Mantener los bloqueos de carreteras.
• Continuar con las “movilizaciones”, por turnos. Todas las familias quedan obligadas. Las que no pueden, pagan S/ 100. Los comercios “apoyan” con productos o pagos. A quienes no apoyan se les destruye su propiedad y reciben castigos públicos (latigazos) por “traidores al pueblo”.
• Oponerse a cualquier extracción de recursos naturales en la Región.
• No recibir a autoridades nacionales
• Preparar una nueva ofensiva de protestas (violentas) en principio la segunda semana de abril

El liderazgo es asumido cada vez más por dirigencias radicales vinculadas al Movadef como el FENATE y EL SUTE CONARE,  de manera clandestina, y, según el informe, en alianza con operadores bolivianos vinculados a Evo Morales y al proyecto separatista, aunque no todos los aymaras están de acuerdo con la escindirse del Perú.

Recordemos que dirigentes del  CONARE-Movadef estuvieron en mayo del 2018 en Bolivia, donde se acordó, en alianza con el socialismo al Siglo XXI de Evo Morales, la candidatura de Castillo a la Presidencia y el mar para Bolivia.

Lo cierto es que esas dirigencias radicales mantienen hasta ahora una dictadura local con las siguientes características:

• Las autoridades elegidas están paralizadas y son obligadas a pronunciarse “a favor del pueblo y contra el gobierno”, y a mantener cerrados los locales municipales y regionales.
• El Ministerio Público no realiza actividad, pues los fiscales están amenazados.
• La Policía Nacional está recluida en las comisarías, aunque ayer salió a patrullar Juliaca. En algunos sitios la seguridad está a cargo de “organizaciones vecinales” “autoconvocadas”.
• No hay congresistas ni partidos.
• Los aymaras separatistas mantienen control territorial en zona contigua a la frontera con Bolivia.
• El comercio y los grifos abren entre las 17:30 horas y las 21:00 horas
• Los transportistas ingresan entre las 02.00 y 05:00 de la madrugada, de modo que no hay desabastecimiento.
• Los mercados abren solo entre las 05:00 y las 08:00
• Las fiestas costumbristas adquieren un carácter “antisistema” y “contra cultural”.

En resumen, el Comando Unificado a cargo del “orden interno”, no tiene real control territorial y menos político. Confía en una estrategia paso a paso, de desgaste. De hecho, de a pocos se va recuperando cierta normalidad, pero se requiere, además, una estrategia política y judicial. Supone hacer un esfuerzo para encontrar interlocutores con los cuales discutir y proponer medidas de impacto como terminar obras inconclusas y denunciar a los corruptos, cierre de brechas, formalización de la minería informal de La Rinconada, desarrollo agropecuario, etc. Supone también identificar y detener a líderes violentistas y autores intelectuales de acciones delictivas tales como los bloqueos de carreteras, para lo que es indispensable crear una jurisdicción nacional para procesar los casos en Lima.

A mediano plazo se requiere una acción sostenida e inteligente de formación de lideres y dirigencias democráticas capaces de disputar el terreno político con las orientaciones radicales y separatistas. Esta tarea le corresponde a los partidos políticos y a la sociedad civil. Lampadia

Ejército no permitirá que toquen a un soldado o a un policía

Por: Jhonny León Rabanal
Correo, 15 de Febrero del 2023

Jefe de la Tercera División del Ejército, Jhony León Rabanal, envía contundente mensaje a manifestantes en Juliaca

“Reitero mi advertencia, no vamos a tolerar el ataque artero y agresión a los miembros de las fuerzas del orden, actuaremos conforme a nuestras atribuciones para ejercer la legítima defensa, interviniendo y deteniendo a quienes atenten contra la autoridad y las pondremos a disposición del Poder Judicial”.

 Así de enfático fue el mensaje que envió a los manifestantes el jefe de la Tercera División del Ejército, general de división EP Jhony León Rabanal, durante la presentación en Juliaca del jefe del Comando Unificado “Inca Manco Cápac”, general de brigada Edgar Rodríguez Huanqui.

“No es necesario que nos confronten ni nos ataquen, nosotros no tenemos la culpa de esta situación, lo único que queremos es que el resto de la población que quiere vivir en paz, lo haga”, dijo tras anunciar la implementación del denominado “Plan Perseverancia”.

Destacó que el Ejército “hace uso extremo de la tolerancia” para evitar confrontación con los manifestantes. “No tenemos por qué confrontarnos, pero los pobladores tienen que saber que ese es nuestro rol y no pueden estar agrediéndonos por las ideas que tienen”, sostuvo en una ceremonia castrense realizada en el aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac.

NI UN SOLDADO. En otro momento, el oficial del Ejército reiteró que las instituciones armadas actúan con responsabilidad ante la misión encomendada por la Nación.

 “No vamos a permitir que nos toquen un soldado o un policía porque actuaremos respetando y cumpliendo los protocolos establecidos por la ley, siendo enérgicos con los violentistas y radicales que atentan delictivamente contra nuestro personal que solo cumplen su deber”, enfatizó.

Más adelante, apeló también a la reflexión de todos aquellos elementos que se dedican a atacar y destruir la propiedad pública y privada.

“No tienen por qué bloquear las carreteras, nosotros mismos nos perjudicamos, si entienden esto, entonces no será necesario que estemos todo el día haciendo eso”, dijo en relación a las permanentes acciones de vigilancia de los activos estratégicos.

RESPETO. Aseguró que las fuerzas del orden son respetuosas de los derechos humanos y procedimiento legales para utilizar la fuerza, y reiteró su llamado a quienes dirigen las movilizaciones para que las conduzcan en forma pacífica y respetando las leyes.

Es importante resaltar que el Comando Unificado “Incs Manco Cápac”, conformado por policías y elementos de las Fuerzas Armadas, se encargará de restablecer el orden en la región de Puno.

Durante la ceremonia castrense, el general de Brigada Manuel Fernando Alarcón Elera fue reconocido como nuevo comandante general de la Cuarta Brigada de Montaña.

Uri Landman
Para Lampadia

El fin de semana pasado, siete policías fueron asesinados en una emboscada en el VRAEM por los narco-terroristas que operan en la zona. El atentado terrorista se perpetró cerca de la localidad de Natividad, Cusco, en una zona donde operan los narcotraficantes.

Según la información proporcionada por el Ministerio del Interior, los agentes policiales se desplazaban en una camioneta 4×4 y se presume que fueron atacados con explosivos. Aparentemente los terroristas primero dispararon al conductor para que pierda el control del vehículo, el cual quedó volcado al costado del camino y luego los remataron con armas automáticas. Un octavo policía quedó gravemente herido y hasta el cierre de esta edición no se conoce su estado de salud.

Luego de este ataque terrorista, surge una larga lista de interrogantes y algunas reflexiones que vamos a analizar en esta columna.

La primera de ellas y la más obvia, es que Sendero Luminoso sigue vivo y está tan activo como en sus más sanguinarios momentos en la década de los ochenta y noventa. Por más que radicales de izquierda como Verónika Mendoza nos quieran engañar que “Sendero ya fue”, nosotros sabemos que Sendero no ha desaparecido. En vista de su derrota militar durante el gobierno de Fujimori, los dirigentes terroristas han cambiado su estrategia para conseguir tomar el poder, ya no a través de la lucha armada, sino a través de las protestas violentas del pueblo, exigiendo reivindicaciones políticas y sociales, entre ellas la asamblea constituyente.

Una conclusión que podemos sacar, es que muchas de estas “marchas de protesta” en contra de Dina Boluarte, lo que realmente han buscado, ha sido distraer los recursos del Estado para liberar zonas enteras del VRAEM para que los narcotraficantes, con el apoyo de los terroristas puedan trabajar impunemente produciendo y exportando la cocaína a Bolivia y Colombia.

Desde esta columna preguntamos: ¿Cómo es posible que un equipo policial se traslade en una simple camioneta 4×4 en una zona hostil, en lugar de utilizar un vehículo blindado? Sabemos que, por la difícil geografía de la selva, con sus caminos de barro, no se puede utilizar vehículos pesados; pero estoy seguro que los expertos en material militar de la PNP podrían haber comprado vehículos acordes a la zona y con el blindaje necesario para proteger a los agentes de la ley. ¿Estaban los policías suficientemente armados para transitar por una zona de alto riesgo? ¿Por qué la policía tiene que estar en desventaja táctica y militar con respecto a los terroristas?

Durante los 18 meses del gobierno del corrupto Castillo se desactivó el plan de erradicación de coca en el VRAEM. El presidente de DEVIDA, Ricardo Soberón (cercano a Guillermo Bermejo) anuncio el “pacto social ciudadano” mediante el cual el gobierno no erradicaría la hoja de coca a cambio que los propios cocaleros “auto erradiquen sus propios cultivos que terminan”. Una idea totalmente absurda por donde se le mire. A esto hay que añadir el anuncio del ex ministro de Defensa, José Luis Gavidia, quien comunicó el cierre de las cuarenta bases antisubversivas del VRAEM para el año 2026.

Algunos analistas afirman que esta acción terrorista es en represalia a la Operación Patriota que las fuerzas armadas llevaron a cabo en agosto del año pasado en la zona. Si este fuera el caso, debemos mandar un mensaje claro y contundente a los terroristas. En los próximos días o semanas, las fuerzas armadas tienen que planear y ejecutar una segunda Operación Patriota que sea mucho más grande y efectiva que la primera, para terminar de aniquilar de una vez por todas a estos asesinos.

No puedo dejar de preguntar dónde están los paladines de los derechos humanos ¿Acaso los policías asesinados y sus familias no tienen derechos humanos?

Para escribir este artículo he revisado varias de las redes sociales, entre ellas Twitter, para saber qué han publicado “ilustres” defensores de los derechos humanos como Verónika Mendoza, Rocío Silva Santisteban, Indira Huillca, Carlos Rivera Paz (abogado de terroristas), Lucía Alvites y una larga lista de comunistas. ¿Saben lo que encontré? La respuesta es ni una sola palabra. Para todos ellos, el asesinato de estos siete valerosos policías no es digno de mención en sus redes sociales. Su silencio los hace cómplices de los terroristas.

También estuve buscando lo que la “Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos” proveniente de Argentina y que se encuentra en nuestro país por estos días, había declarado sobre el tema. Por más que busqué por casi una hora en todas las redes sociales y periódicos no pude encontrar una sola palabra. Para ellos, los policías asesinados por los terroristas no tienen derechos humanos.

Esta “Misión de Solidaridad” esta lideraba por el kirchnerista y fundador del grupo de izquierda socialista Bloque Frente de Todos, Juan Grabois, y por los diputados argentinos Federico Fagioli y Juan Marino. Está claro que la presencia de esta “misión” es una clara interferencia de extranjeros en la política peruana y no debe ser permitida.  El sujeto Grabois quien aseguró en una conferencia de prensa que en Perú se estaban cometiendo “delitos de lesa humanidad”, es un agitador internacional y ya fue deportado de Colombia en el año 2021 cuando protagonizó un incidente en el aeropuerto de dicho país, al que llegaba para una misión durante una Paro Nacional en el gobierno de Iván Duque.

El jefe de esta “misión” ya ha estado anteriormente en nuestro país cuando se reunió en plena campaña electoral de la segunda vuelta con Vladimir Cerrón y Verónika Mendoza. Pregunto desde esta columna ¿qué está esperando el gobierno para expulsarlos por injerencia en los asuntos políticos internos? Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 13 de febrero de 2023
Para Lampadia

Muchos peruanos – políticos, periodistas, intelectuales, gremialistas, académicos, etc. – minimizan la extrema gravedad de los actos delincuenciales que están perpetrándose últimamente, en diversas regiones del Sur del país. Incluso, en Lima Metropolitana, en las inmediaciones de las sedes institucionales más representativas del Estado, como son Palacio de Gobierno, Congreso de la República, Fiscalía de la Nación, Palacio de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, y demás.

Me refiero a los actos terroristas que vienen ocurriendo a raíz del pretendido Golpe de Estado del 7 de diciembre pasado, incluida la disolución del Congreso, la intervención de la Fiscalía de la Nación, y demás. Un arranque dictatorial del entonces presidente Pedro Castillo, explicado básicamente porque ya no se podía tapar la corrupción presidencial, la cual aparecía un día sí y el otro también, de boca de sus más cercanos excolaboradores.

Entre paréntesis, el diccionario de la Real Academia Española (RAE) define el terrorismo como una “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”. A ver… díganme si lo que estamos viviendo en Madre de Dios, Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Ica, Junín, Lima, etc. no es terrorismo puro y duro.

En ese sentido, es pro terrorismo, filo terrorismo, apología del terrorismo – o como quieran llamarle – minimizar la violencia extrema de los bloqueos de carreteras, ataques a aeropuertos, quema de locales y viviendas particulares, saqueo de centros comerciales, destrucción de fábricas privadas, quema de ambulancias y destrucción de todo tipo de vehículos, eliminación de expedientes judiciales, extorsión a choferes y pasajeros atrapados en los bloqueos, agresión humillante y a mansalva a policías desarmados, incluido secuestro de efectivos policiales, entre otros… y a pesar de todo ello, decir que los peruanos tenemos derecho a protestar pacíficamente.

¡Ya pues! ¿Son o se hacen? ¿Tan cínicos pueden ser? Terroristas, pro terroristas, filo-terroristas, o apologistas del terrorismo… lo mismo es. Todos son iguales. Todos son nuestro enemigo.

Aprendamos a identificarlos.

• Critican a la Fiscalía – o a la Policía – cuando detienen a delincuentes terroristas en flagrancia.
• Denuncian al Estado – a la presidenta Boluarte, a los ministros, y a los policías y soldados que enfrentan a las turbas desbocadas – cuando intervienen para restablecer nuestros derechos al libre tránsito, a nuestra libertad de trabajar, a la inviolabilidad de las propiedades públicas y privadas, y a nuestra seguridad personal y patrimonial.
• Nunca atribuyen ninguna responsabilidad a los delincuentes terroristas – ni a sus azuzadores – de las muertes y heridos que inevitablemente ocurren en asonadas tan violentas y subversivas.

Sin embargo, nuestro enemigo – el terrorismo – es tan violento y desalmado que llega hasta el extremo de sitiar pueblos enteros para que muchos compatriotas no puedan movilizarse y se queden sin alimentos, sin agua, sin medicinas, sin energía… y se rindan. ¿Acaso están inspirándose en el sitio de Stalingrado por el ejército Nazi, en la Segunda Guerra Mundial?

No obstante, cada vez se ven más reacciones de la ciudadanía – harta, indignada y desesperada – contra delincuentes terroristas que pretenden sojuzgarnos. Efectivamente, ante la permisividad e inacción del Estado, no queda otra alternativa que luchar contra los delincuentes, por nuestra cuenta y riesgo. Es que – salvo casos muy contados, como el de Ica, por ejemplo – el Estado no nos está defendiendo con la contundencia y firmeza que la situación amerita.

Por otro lado ¡qué difícil resulta tener que defender al Estado! Este Estado inoperante, maltratador y corrupto que todos conocemos. Incluso ¡qué difícil resulta tener que defender a la Policía y al Poder Judicial! cuando ¿quién no ha vivido en carne propia la corrupción y crueldad de algunos malos policías y jueces? Sin embargo ¡cómo no reconocer la integridad y desprendimiento de todos aquellos policías, soldados y jueces que están arriesgando sus vidas por nosotros!

Difícil… muy difícil momento el que estamos viviendo. Pero ni modo ¿democracia o autocracia? ¿libertad o esclavitud? ¿paz o terrorismo? ¡Esa es la guerra que estamos enfrentando, hoy! ¡Esa es la guerra que tenemos que vencer, hoy! La guerra contra la corrupción e inoperancia del Estado vendrá después.

Mientras tanto, sólo nos queda responder en defensa propia. No dialogar, como proponen algunos. El diálogo siempre es bueno, excepto en casos como el que estamos viviendo. ¡A quién se le ocurre dialogar con un enemigo tan cruel y despiadado como el que tenemos enfrente! Más aún, nuestra respuesta tiene que ser proporcional a la amenaza que estamos enfrentando. Una amenaza autocrática, esclavizadora y terrorista. 

Por ello ¡defendámonos… estamos amenazados de muerte! Lampadia

Por: César Campos R
Expreso, 12 de Febrero del 2023

La emboscada y posterior asesinato de 7 policías en la zona de los valles Apurímac, Ene y Marañón (Vraem) coloca otra vez los reflectores sobre el empoderamiento del cual gozaron las huestes narcoterroristas durante el gobierno de Pedro Castillo. Empoderamiento articulado desde distintas esferas (Íber Maraví en el Ejecutivo, Guillermo Bermejo en el Legislativo, Ricardo Soberón en Devida y otros más) para armar una base social cocalera que otorgara soporte al chotano y se constituyera en vanguardia de la movilización popular favorable a sus propósitos.

No es casualidad que este crimen se haya producido a menos de 30 horas de extenderse por 60 días la declaratoria del estado de emergencia en las regiones Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín, debido a “la continuidad de actividades terroristas” en 44 distritos del Vraem. La respuesta organizada de la subversión ha sido la focalización y seguimiento de la patrulla policial, la misma que –pese a tener entre sus miembros a agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes)– no se percató ni fue advertida del riesgo inminente del ataque.

Este cuadro revela dos cosas importantes: primero, que bastaron apenas 17 meses para variar la condición de “remanentes” a la de operadores vigorosos de Sendero Luminoso, mientras que la PNP sufrió el descalabro de su logística con los siete ministros nombrados por Castillo en la cartera del Interior y el respectivo manoseo de los ascensos policiales. Y segundo, la urgencia de actualizar las políticas antisubversivas dibujando escenarios prospectivos a la luz de lo que padecimos a fines del siglo pasado.

Recordemos que, en los últimos cuatro años, solo habíamos recibido buenas noticias de los operativos desarrollados en el Vraem. El mes de septiembre de 2018, la patrulla “Certeza” (conformada por efectivos de Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas y personal policial) logró abatir al mando terrorista “camarada Basilio” en el poblado Virgen Ccasa, distrito de Llochegua, provincia de Huanta.

Y en agosto del año pasado, la Operación “Patriota” de las FF.AA. contra los campamentos de la facción disidente de Sendero Luminoso denominada Militarizado Partido Comunista del Perú Marxista-Leninista-Maoísta (MPCP- MLMPM) dirigida por el “camarada José”, en la Zona de Vizcatán del Ene (Satipo, Junín) tuvo excelente resultado cuando helicópteros de transporte y combate Mi-17-1B y Mi-171Sh-P, asignados al Componente Aéreo del Vraem, atacaron los campamentos de la organización terrorista, tras lo cual se procedió a insertar un número no revelado de efectivos de la Fuerza Especial Conjunta (FEC).

La operación “Patriota”, como se sabe, no fue puesta en conocimiento previo de Castillo ni su entorno oficial. Estos fueron sorprendidos por la efectividad de la misma y hasta demoraron en reconocer la magnífica tarea de las FF.AA.

Toca hoy la reversión absoluta del terreno ganado por el narcoterrorismo sin dudar un segundo que nos pisa los talones y cobra en la vida de valerosos policías el saldo de su nueva fortaleza.

Entrevista a José Zavala, Jefe de la Dircote
Perú21, 1 de Enero del 2023
Por: Alvaro Reyes Quinteros

Bajo investigación. General PNP reveló que desde el comité regional de Ayacucho se coordinaron protestas en otras regiones.

El jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), José Zalava, detalla cómo opera Sendero Luminoso en Ayacucho a través de un comité regional, cuyos integrantes fueron detenidos el pasado 12 de enero. Uno de ellos es Rocío Leandro, la camarada Cusi, pero, según Zavala, ella solo es el alfil de una red comandada desde prisión por la terrorista Elena Iparraguirre.

¿Cómo llegaron a identificar al comité regional de SL en Ayacucho?

Venimos trabajando desde hace seis meses, se efectuaron acciones de inteligencia bajo la conducción de la Fiscalía y se logró encontrar elementos valorados por el juez que emitió detención preliminar; la labor que hemos realizado es el análisis de toda la información extraída de los dispositivos móviles incautados, que nos ha permitido establecer que las personas capturadas pertenecen a este comité regional.

En un principio se informó que los investigados integraban la Nueva Fracción Roja de SL; el rostro visible era la camarada Cusi. Ahora se habla del comité regional ¿qué diferencia hay?

Tenemos dos facciones: la Nueva Fracción, que es este grupo de detenidos, y el militarizado Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso que está en el Vraem. El grupo de la Fracción Roja está orientado a la captación de masas, influir en la mente de las personas, especialmente estudiantes, para ganar adeptos; tienen una organización establecida y regulada por sus documentaciones históricas: tienen un mando político, un mando militar, un primer miembro, un encargado de prensa y propaganda e integrantes del Ejército Guerrillero Popular.

 ¿Cómo establecieron que Alex Gómez estaba a la cabeza del comité regional de Ayacucho?

Luego de la captura (del 12 de enero) se obtuvo abundante información de los equipos móviles y dispositivos electrónicos que ellos almacenaban. En el caso de Alex se le encontró el plan nacional de cómo debe actuar SL, ese plan está acondicionado para Ayacucho y de ese plan se desprenden otros más pequeños. A cada uno se le distribuye una tarea, un plan operativo táctico.

Usted informó que, desde prisión, la terrorista Elena Iparraguirre emite directivas al comité regional, ¿Qué evidencias tienen de ello?

El comité de Ayacucho se alimenta de lo que dispone el comité central histórico de SL. En la audiencia pública del 17 de marzo del 2022 (caso Perseo), Elena Iparraguirre, la camarada Miriam, mostró ante las cámaras un cartel en el que se leía “No a la impunidad del asesinato del doctor Abimael Guzmán”, para el común de las personas puede ser un reclamo personal; sin embargo, el día 8 de setiembre del mismo año se detectó a dos integrantes del comité regional tomando medidas en un paradero en Ayacucho, y el 11 de setiembre, un año después de la muerte de Guzmán, apareció una banderola con las medidas exactas del cartel mostrado por Iparraguirre, colocado en el mismo lugar con el mensaje que escribió ‘Miriam’; eso los relaciona directamente con el comité histórico de SL.

¿El comité de Ayacucho coordinó marchas en otras regiones?

Hemos detectado comunicaciones con Puno, Arequipa, Ica, zonas convulsionadas; hay grupos de Whatsapp llamados “Cantuta”, “Barrio Chino”, “Coordinadora de la Nueva Constitución” donde solo se hablan de estos temas; estamos en capacidad de decir que ellos coordinaban con sus similares grupos terroristas en distintas zonas del país (…) Mucha gente que sale a la calle a hacer un reclamo válido están pegándose a un discurso senderista, y de repente no lo saben. Si nos remontamos al año 2000, Abimael Guzmán fue el primero que planteó el cambio de la Constitución.

Pero pedir nueva Constitución no es una idea terrorista. ¿Cómo hacen la distinción con el pedido de un ciudadano común?

Está bien, cualquiera puede pedir el cambio de Constitución, del Código Penal, puede haber gente contra ello, que no le guste o crea que está mal; pero lo que digo es que esto parte del año 2000, cuando lo plantea Sendero Luminoso por intermedio de Guzmán.

¿En qué otros lugares del Perú tiene presencia SL?

Sendero está presente en todo el país mediante estos organismos generados como el Movadef, más vinculado al rubro educación. Con esto no digo que todos los profesores son terroristas, pero hay maestros que fueron captados.

Hay gente que señala de “terruqueadora” a la Dircote porque solo aparece en las marchas y los critican porque llevan 30 años persiguiendo a SL y no lo reducen.

La Dircote nunca ha bajado los brazos, en los 90s derrotamos a SL, desarticulamos su organización criminal en un 90% (…) que estas personas, después de haber sido recluidas, hayan salido por argucias legales ya no es culpa de la Dircote.

Tenga en cuenta

-José Zavala sostuvo que Sendero Luminoso sigue aplicando la estrategia de captar a jóvenes para propagar su ideología terrorista.

-“Este es un trabajo que SL siempre ha practicado, inician en las universidades con jóvenes a quienes despiertan el odio hacia las clases sociales, los padres de familia deben tener cuidado dónde estudian sus hijos y qué literatura consumen”, refirió.

-El general PNP dijo también que para combatir a SL el Estado debe realizar un trabajo más integrado para dejar en claro a la población el riesgo que representa esta organización terrorista.

Por: Arturo Woodman
Expreso, 31 de Enero del 2023

Desde la salida del expresidente Castillo a raíz de su fallido golpe de Estado y su vacancia, se vienen produciendo violentas y destructivas manifestaciones con lamentables muertes, lo que viene complicando la estabilidad, gobernabilidad y seguridad del Perú, sobre todo por el continuo cierre de carreteras, que ha llevado al Gobierno a declarar estado de emergencia, inamovilidad ciudadana y promover adelanto de elecciones.

Respecto a lo último, el Congreso viene variando sus planteamientos sosteniendo que deben efectuar reformas electorales previas, con el fin de evitar las dispersiones de partidos y candidatos. La semana pasada lograron un acuerdo mayoritario para adelantar las elecciones a abril de 2024, pero al día siguiente el mismo promotor de este acuerdo presentó otro proyecto para adelantarlas a fines de este año, lo que no fue aprobado el viernes, pidiéndose nueva votación para este lunes y sus resultados a este momento no se conocen.

Esta situación dio pie para que la presidenta Boluarte en su discutible mensaje del domingo instara al Congreso a aprobar elecciones este año, sosteniendo que el “pueblo lo pide”, olvidando que con más fuerza piden su renuncia; dejando de lado las facultades del Congreso, e inclusive anunció que presentaría doble pedido de confianza para lograr el adelanto y el cambio de Constitución a efectuarse en el próximo Congreso, produciendo innecesariamente más enfrentamientos e inestabilidad.

En estas condiciones, la PNP acompaña y tiene fuertes enfrentamientos con los agresivos y vandálicos destructores, pero no son debidamente apoyados, por lo tanto, el Gobierno debe reconocer esta situación, resolver darles más atribuciones para defenderse y operar directamente o aprobar un amplio apoyo de las FF.AA.; no para producir más muertes, al contrario, su intervención acortará los días de destrucción y vandalismo.

La presencia de las FF.AA. siempre es disuasiva y atemorizante, ayudará a la PNP a reprimir rápidamente estas destructivas e inaceptables protestas, a tener los aeropuertos seguros, las carreteras libres de secuestradores de miles de pasajeros y sobre todo los camiones que llevan los alimentos, maquinarias y repuestos para mantener las fábricas, negocios y trabajos operativos.

Las FF.AA. y la PNP deben evitar la paralización y destrucción de la minería, agroexportación y turismo que generan riqueza para todos los peruanos. Así como intervenir en el departamento de Madre de Dios, completamente aislado, con turbas atacando la residencia y la vida de su reciente gobernador por pedir solución y paz en su convulsionada y alejada región.

Tampoco es comprensible la actitud del Cusco, el turismo genera puestos de trabajo, inversiones y mejores condiciones de vida, recibiendo más de 4 millones de turistas. Lo triste es que no aprecian que son el eje de esta actividad heredada por sus propios antepasados.

El Gobierno como responsable del desarrollo, orden, cuidado de las áreas de cultivo, infraestructuras e instituciones del Estado y privadas, debe reprimir y detener a todos los cabecillas que promueven y financian estas protestas violentas.

Finalmente, estos violentos movimientos políticos estarían acompañados y promovidos por los brazos de Sendero, nuestro Gobierno democrático debe apoyar a la PNP y las FF.AA. para lograr suprimir el caos y la destrucción del Perú, debe hacerlo con base en las facultades que le permite nuestra Constitución y no actuar por los “pedidos de un pueblo convulsionado”.

Jaime Spak
Para Lampadia

¿Qué similitud existe entre lo que está aconteciendo en Ucrania y en el Perú?

Pues que en ambos países se está viviendo una guerra, la diferencia es que en Ucrania la guerra es externa y sabemos quién es el enemigo.

En Perú es una guerra interna y los enemigos están en la sombra, azuzando a la población.

Hay comunidades olvidadas y que requieren atención del estado y es allí donde estos malos peruanos usan a la población como carne de cañón.

Los lideres que se esconden en la clandestinidad (como en la época del terrorismo) en vez de proveer de armas como en los conflictos bélicos, alimentan el odio.

¿Ante esta situación como queda el resto de la población?

Pues totalmente desprotegida.

El pueblo se pregunta como en la serie cómica el Chapulín Colorado, ¿Y ahora quién podrá defendernos?

El Estado es el que debe defendernos, pero debe ser un Estado enérgico, que respete los derechos de la población y se haga respetar también.

Utilizando todos los recursos con que cuenta, debe garantizar la paz y la normal convivencia.

Vemos con estupor una campaña muy bien orquestada de bloqueo de importantes vías de comunicación, tanto carreteras principales como vías secundarias, y toma de aeropuertos.

¿Que se intenta con esto?

Pues dejar a las poblaciones desabastecidas.

Como es posible que hace más de 2 semanas están las principales vías de comunicación tomadas por estas personas y el gobierno: pues bien, gracias.

Puerto Maldonado está a punto de colapsar, las carreteras del sur tanto en Ica como en Arequipa están bloqueadas.

Ahora anuncian que empezaran a desbloquear las carreteras, pero hasta el momento de escribir este artículo “no ha pasado nada”.

Donde se ha visto que una autoridad que debe de salir a resolver un tema tan delicado, informe que “ya lo vamos a hacer “y al final no hace nada.

Este gobierno pusilánime no se ha dado cuenta que esta es una estrategia totalmente manejada por personas tanto en el Perú, como en el extranjero.

¿Cómo hacen para mantenerse estas personas que vienen de Puno y otras regiones del país y todos los días marchan por diferentes zonas de Lima?

¿Cómo se mantienen los bloqueadores de vías en todas las regiones del Perú, a los que no les falta comida, bebida y dinero?

No seamos ingenuos.

Las incursiones en una librería de Madrid y en un foro de turismo en la misma ciudad, indicando que en Perú se vive una dictadura, ¿son situaciones espontaneas?

¿Quién financia a Lourdes Huanca, persona muy cercana de Pedro Castillo, la misma que acompaño a su hija cuando se entregó en la fiscalía, para viajar por países de Europa y desparramar el odio hacia el Perú?

¿Quién ha concertado con los presidentes López Obrador, Petro, Fernández, Arce y hasta Boric, ¿para qué a una sola voz se entrometan en asuntos del Perú?

Es sorprendente como un presidente como Boric no ha tomado en cuenta del resentimiento que aún tienen los peruanos por las tropelías que hicieron los chilenos cuando invadieron Lima.

Tampoco es consciente de la cantidad de inversiones chilenas que existen en el Perú.

Está jugando con fuego.

Lo que sucede es que los gobernantes del Perú no solo son pasivos, sino incompetentes.

Nunca se ha visto una campaña internacional con intromisión en la política interna del Perú y que no tengamos una respuesta enérgica.

Un ejecutivo que dice “lo voy a hacer “y no lo hace, como el dicho “estas que te vas y te vas y no te has ido “.

Y un congreso que tiene entre sus miembros a terroristas, acusados de asesinato, violadores, ignorantes, cínicos y sobre todo corruptos comprobados.

Imposible entre tanta gente lumpen e inmoral, con mamadera congresal, que se pongan de acuerdo.

Es decir, ni “el chapulín colorado” nos podrá defender.

Estamos en medio de protestas muy bien financiadas por el exterior y políticos incapaces de entender que estamos en una guerra interna.

No entienden que la propicia gente que desea que los peruanos mueran, no por balas, sino por inanición, es decir que no tengan alimentos, medicinas, combustible.

Si este gobierno pusilánime no enfrenta la situación tan grave con energía, la posibilidad de una guerra civil no estará muy lejos y después no se sorprendan si algún militar iluminado decida poner orden a la fuerza.

Me produce tanta tristeza lo que está sucediendo en mi patria, que iba camino al progreso y que por estos pésimos políticos nos están llevando al abismo.

¡No nos merecemos esto!

El Perú es más grande que sus problemas, pero se necesita gente capaz al mando de las instituciones para poner orden y regresar al camino del progreso.

Los peruanos no solo debemos de unirnos como un solo puño cuando juega la selección de fútbol, debemos de hacerlo cuando los invasores invisibles nos quieren destruir. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 30 de enero de 2023
Para Lampadia

¿Por qué le costará tanto – a tantos – aceptar la realidad? En todo el mundo, las carreteras son espacios públicos. En el Perú, no. En nuestro país – hoy – hay decenas de carreteras bloqueadas, donde se cobran cupos para no atentar contra los choferes y pasajeros atrapados en los bloqueos, y para no dañar sus vehículos.

Un chofer que se negó a pagar un cupo murió de un balazo disparado por un chantajista, en pleno bloqueo. El camión de otro chofer que tomó una ruta alterna para evadir el bloqueo de la Carretera Panamericana fue quemado por delincuentes extorsionadores.

Numerosos aeropuertos regionales han sido atacados por vándalos, propiciando el cierre de dichos aeropuertos. Nadie puede volar hacia – y desde – dichas localidades. Lo mismo ha ocurrido con otros locales públicos como Fiscalías, Comisarías, Municipios, etc. y locales privados como viviendas de autoridades regionales, viviendas de congresistas, fábricas particulares, fundos agrícolas, y demás. Centenares de tiendas y pequeños negocios en diversas regiones del Sur del país han sido saqueados porque sus dueños se negaron a pagar cupos a delincuentes chantajistas. Incluso, muchos ciudadanos están siendo obligados a participar en los bloqueos de carreteras. Y son multados con hasta S/. 600 si no proceden como mandan los delincuentes.

Como no podía ser de otra forma, en muchas ciudades y pueblos del Sur del país, hay escasez de alimentos, combustibles, medicamentos, oxígeno medicinal… todo está parado. Los animales en las granjas y establos se están muriendo por falta de alimentos. Los hoteles están vacíos. ¡Crisis total!

¿Protesta social reivindicativa… o secuestro delincuencial extorsivo? ¿Qué está pasando en nuestro país? Claramente, lo segundo. La renuncia de Dina Boluarte, la liberación de Pedro Castillo, la Asamblea Constituyente, la Nueva Constitución… todos son cuentos que esgrimen aquellos que ganan con el caos y la anarquía: narcotraficantes, mineros ilegales, delincuentes extorsionadores, políticos y empresarios corruptos, y demás.

Lo que estamos viviendo no tiene nada de protesta social reivindicativa. Efectivamente, nadie protesta por falta de agua, salud, educación o seguridad. Nadie protesta por salarios o mejoras laborales. Nadie protesta por la corrupción en el Estado o por el fracaso del proceso de regionalización del país. Nadie.

Más bien, hay una clamorosa falta de información. ¿Quién lidera a los manifestantes? ¿Quién los financia? ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué se cubren el rostro? ¿Por qué hay tan pocos detenidos?

Sin embargo, hay también mucho cinismo e hipocresía. Me refiero a aquellos periodistas, académicos y políticos que soslayan los actos delincuenciales de los manifestantes, y se centran exclusivamente en contar muertos y heridos, y – por supuesto – culpar de ello a la Presidenta Dina Boluarte. ¿Acaso no ven que las “protestas” (entre comillas) no tienen nada de pacíficas, y sí mucho de violentas y delictivas?

¡Cínicos! ¡Hipócritas! ¡Son ellos, los que no dan la cara, los que tiran la piedra y esconden la mano, los responsables directos de los muertos y heridos de estos días!

Por ello, me sorprende – y decepciona – la debilidad del Estado frente a delincuentes que flagrantemente, en sus narices, están bloqueando carreteras y saqueando a medio país. Un Estado que, cuando interviene, lo hace a través de policías totalmente desarmados, carentes de los más mínimos mecanismos de autodefensa, numérica y tácticamente muy inferiores a los delincuentes que tienen que enfrentar. Así los policías resultan humillados y masacrados a mansalva. ¡No hay derecho!

Ahora bien, el problema es que lo que vendrá a continuación será mucho peor. Ante la clamorosa falta de Estado, la ciudadanía – desesperada – va a tomar al toro por las astas. Los choferes y pasajeros varados en los bloqueos, los bodegueros y dueños de pequeños negocios, los trabajadores que quieren – y necesitan – trabajar para mantener a sus familias, y la ciudadanía en general… todos vamos a repeler – a la bruta – a los extorsionadores.

A eso nos está llevando el Estado débil que tenemos. Un Estado – y cierta prensa – que no distingue una protesta social reivindicativa, de un secuestro delincuencial extorsivo. Un Estado ausente y permisivo del caos y la anarquía. Y una ciudadanía harta y desesperada que, ante la ausencia e inacción del Estado, se armará como sea para repeler y contrarrestar el chantaje y la extorsión.

He ahí una imagen de un futuro no deseado… pero probable.

Nota de redacción: El lunes 30 de enero pasado, a medio día, cerca de 2,500 efectivos de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales, debidamente armadas y equipadas, desbloquearon la Carretera Panamericana, a la altura del Centro Poblado Barrio Chino, en Ica. El desbloqueo se logró sin disparar un sólo tiro, ni una bomba lacrimógena, ni una reyerta. Inmediatamente después, los trabajadores se presentaron en los campos y plantas de empaque de la zona, y todo volvió a la normalidad. ¡Un fuerte aplauso para nuestras Fuerzas Armadas y Policiales y para los trabajadores que quieren vivir en paz y prosperidad!

Lampadia

Jaime de Althaus
El Comercio, 28 de Enero del 2023

“Hay dos mundos. El formal y el informal. Una segregación”.

La persistencia y virulencia de esta revuelta son un indicador claro de la potencia de las economías ilegales y las izquierdas radicales, y de los sentimientos identitarios movidos por las muertes, pero también de otras fracturas que están debajo. Algo ha fallado en el proceso de integración de la sociedad peruana.

En teoría, el mercado y la democracia son integradores. El mercado incluso tiende a diluir el racismo, porque favorece el intercambio y asociación entre las personas de cualquier origen. Pero, en el Perú, ese efecto integrador ha sido severamente limitado por el costo de las leyes y los reglamentos. Los emergentes no pueden crecer más allá de cierto punto, o deben desviarse hacia la ilegalidad. Hay dos mundos. El formal y el informal. Una segregación. Es cierto que el campesinado andino se ha integrado al mercado y al mundo urbano de manera notoria en las últimas décadas. Ha surgido una nueva clase media rural y urbana emergente. Pero informal.

Se requiere una revolución liberal para romper esa barrera. El problema es que en el mundo formal la CGTP del Partido Comunista se opone a cualquier apertura a las clases informales. Las izquierdas afianzan este ‘apartheid’ económico. Pero lideran las revueltas.

La minería informal-ilegal es una expresión extrema de este síndrome. Cientos de miles de campesinos-mineros informales no se pueden formalizar por el costo de las normas. Entonces dependen de las plantas procesadoras de Chala y Nazca que los habilitan para poder trabajar, y luego les compran el mineral a vil precio. Incluso financian invasiones de comuneros a concesiones formales. En la segunda vuelta algunas de ellas financiaron la campaña de Pedro Castillo, acaso para conseguir una menor fiscalización si ganaba. Es un negocio enorme, unos US$4 mil millones al año. Por eso financian la insurrección.

No es casualidad que los dos departamentos que de lejos producen más oro ilegal sean Madre de Dios y Puno. Y es en Puno donde el Movadef tiene la mayor cantidad de comités: 12. Tampoco es casualidad que las rondas campesinas de Piura, la Libertad y Cajamarca, que también apoyaron al rondero Pedro Castillo, rechacen belicosamente a las empresas mineras formales que pretenden instalarse en sus zonas. Están comprometidas con la minería informal o ilegal y, en algunos casos, con el narcotráfico.

El Gobierno debería presentar a las organizaciones de mineros informales un plan efectivo de formalización.

El otro mecanismo integrador, la democracia, también ha fallado. No ha servido para moderar las ideologías radicales. La derrota de Sendero llevó a la demonización de Alberto Fujimori como violador de derechos humanos, y la ideología de clases no fue derrotada. No hay nada más desintegrador que esa ideología. Ya la venía inyectando Patria Roja en las escuelas desde hace 40 años, y por eso el capitalismo popular informal andino la adopta pese a contradecir su esencia.

Los canales de representación están rotos porque no hay partidos y porque los distritos electorales son muy grandes. Si cada provincia tuviera su representante, las provincias más andinas y rurales tendrían más representantes. La descentralización ha transferido ingentes recursos a los gobiernos regionales y locales para obras, pero se convirtieron en nidos de corrupción y en vías de enriquecimiento ante la imposibilidad de hacer empresa formal. Aumentó la rabia de la gente. La descentralización sin partidos ha sido una fuerza desintegradora. Ha feudalizado el país.

En suma, la percepción de un sistema económico y político formal que los rechaza agrava el sentimiento de segregación racial. Entonces, el agravio por los muertos se potencia. En el barrio chino de Ica, que es un campamento de migrantes andinos, el número de manifestantes se incrementó sensiblemente, ya no por la paga de la minería ilegal, sino en una guerra santa contra la policía y Lima en venganza por sus muertos.