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Será proclamado, pese a que quizá no ganó

Será proclamado, pese a que quizá no ganó

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Premunido de argumentos legales discutibles o leguleyos, el Jurado Nacional de Elecciones decidió no verificar las actas cuestionadas por Fuerza Popular y declaró todas las apelaciones de fondo improcedentes, y procedió a resolver las de “forma” a puerta cerrada, sin audiencias.

La propia Defensoría del Pueblo ha reclamado ayer al JNE actuar de otra forma. Ha señalado “que el listado de electores elaborado por la ONPE es también un documento de acceso público, en la medida que cuenta con similar información que el padrón electoral, por ello corresponde al JNE exponer en la mayor medida posible los razonamientos de hecho y derecho que utilizó al momento de resolver sobre su valoración”.

Aparentemente ese pronunciamiento llega cuando la proclamación de Pedro Castillo es casi un asunto de mero trámite que podría producirse esta semana. En ese caso, a Keiko Fujimori no le quedará más remedio que acatar el resultado pese a no estar de acuerdo con él, no solo por respeto a la institucionalidad por más que ésta haya sido injusta, sino para evitar que una oposición recalcitrante desde el comienzo provoque la radicalización del futuro gobernante, en perjuicio de todos los peruanos.

Pero eso supone que Pedro Castillo deberá tener conciencia que debe gobernar para todos desechando propuestas divisionistas como la asamblea constituyente y convocando a los mejores, no solo porque la mitad de la población no votó por él –en realidad, solo el 35% lo hizo considerando el total de electores-, sino que ni siquiera es seguro que haya ganado realmente las elecciones pese a que sea proclamado ganador. Y eso se conocerá tarde o temprano. Entonces tiene que integrar a todos en su gobierno, o intentar hacerlo.

Hay quienes consideran que la demanda de cotejar las actas con las listas de electores y el pedido por último de una auditoría de la elección, no son sino formas de pataleta de quienes no quieren aceptar los resultados, algunos de los cuales incluso estarían tramando un golpe para impedir la asunción de Castillo.

Por supuesto que hay que rechazar toda intención golpista, pero debe rechazarse también la narrativa de que acá no ha pasado nada serio y que las irregularidades que se han presentado son las normales en cualquier elección.

Veamos por ejemplo el siguiente cuadro (hemos puesto solo el comienzo y el final), trabajado por un equipo de personas entre las que están Leopoldo Monzón, Tony Salas y José Ignacio Beteta, que revela que hay 394 mesas en las que Keiko Fujimori obtuvo la misma cantidad o menor cantidad de votos en la segunda vuelta que en la primera, hecho altamente improbable, por no decir imposible, pues supone no sólo que electores que votaron por ella en la primera vuelta se arrepintieron de hacerlo en la segunda vuelta, sino que quienes sufragaron por los otros 17 candidatos ninguno votó por ella, ni tampoco los que habían votado en blanco o viciado.[1]

 

……….

Este cuadro no es producto de un análisis estadístico. Son números puros y duros, y revelan resultados que solo podrían ser el producto de actos de manipulación para arrojar votaciones que favorecieran en mayor medida a Castillo, y en una cantidad que podría inclinar la balanza en favor de la candidata Fujimori. Pues si expandimos la última fila, donde se ve los resultados, constatamos que en esas 394 mesas Pedro Castillo tuvo 40,437 votos más que en la primera vuelta y Keiko Fujimori tuvo 823 votos ¡menos!

El hecho de que Fuerza popular careciera de personeros en muchas zonas de la Sierra facilitó las alteraciones. Y no los tuvieron porque, según el jefe de personeros de Fuerza Popular, la gente no quería participar debido a las amenazas recibidas (matar sus animales, cortarles el agua, castigos físicos). El hecho es que eso posiblemente facilitó los actos ilegales que han sido denunciados: falsificación de firmas, suplantación y un mismo puño gráfico llenando actas de varias mesas en un mismo colegio o en un mismo distrito y hasta provincia. 

Pese a todo ello, Castillo será proclamado. Por eso, debería ser consciente de la fragilidad de su triunfo para buscar consensos y el concurso de todos para gobernar -como bien ha recalcado Carlos Amat y León en entrevista en Perú21-, dejando de lado propuestas maximalistas que llevarían al país a un conflicto político explosivo e insostenible. Lampadia

[1] Este y otros cuadros y pruebas se encuentran en pruebadelfraude.com




Corazón Partido

Corazón Partido

 

Jaime Spak
Para Lampadia

Luego de las elecciones del domingo podemos colegir que el Perú está partido en dos.

Ni la gran mayoría de votantes de Catillo son marxistas leninistas ni la gran mayoría de votantes de Keiko son de derecha.

Quien gane las elecciones lo hará por un porcentaje mínimo y eso debe de llevar a la primera gran conclusión.

Si no hay un acercamiento entre las dos partes, el Perú se volverá ingobernable, como sucedió en el 2016, cuando PPK ganó las elecciones por 41,000 votos. Tal como comenté en un anterior artículo, si en ese entonces Fuerza Popular hubiera tenido un acercamiento a PPK y hubiera generado una agenda de crecimiento, estamos seguros que no hubiéramos llegado a esta situación. Será este el motivo por el cual no pudo remontar su anti voto, la candidata de Fuerza Popular.

Lo ideal sería si gana Perú Libre, que nombre por ejemplo ministro de economía a Luis Carranza, y si gana Fuerza Popular igualmente utilice a alguna persona valiosa de Peru Libre.

Los peruanos debemos de entender que, si no hay un acuerdo, el Peru no tiene futuro.

El día de ayer vi con gran entusiasmo la entrevista que le hicieron al secretario general del Acuerdo Nacional y concuerdo con lo dicho por él, que debe de haber un marco de entendimiento y creo que no hay lugar más democrático que el Acuerdo Nacional.

¿Seriamos muy ingenuos, si pensamos que un acuerdo entre todas las fuerzas vivas de la población puede ser factible?

Podríamos tener un mayor protagonismo, si los partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, gobierno y los colegios profesionales, desarrollan un plan de mediano y largo plazo para lograr desarrollar el país.

¿Qué impide que los peruanos nos pongamos de acuerdo en un programa de desarrollo? Será que el caudillismo impide hacerlo y está enquistado tan profundamente, que los líderes no dan opción a nadie que le haga sombra.

Donde han quedado los grandes maestros de la política, cuál es la razón por la cual políticos de la talla de Haya, Prialé, Belaunde, Bedoya, Barrantes no han vuelto a aparecer.

Porque tenemos que esperar que los políticos resuelvan los grandes problemas del país, acaso no tenemos personalidades en las diferentes esferas que pueden unirse para trabajar en un plan a mediano plazo para lograr un crecimiento sostenido.

La misión de los presidentes y congresos elegidos debe ser, en el primer caso, administrar de una manera ordenada el país y en el segundo caso de debatir las leyes que deberían de sacarnos del subdesarrollo y que tendrían como primer tamiz el acuerdo nacional.

¿Es iluso esto?

No creo, pero para ello se requiere que las personas que estén representadas en el acuerdo nacional, tengan una agenda única, marcar el camino para lograr el bienestar de las grandes mayorías y evitar que la demagogia, la deshonestidad y las ideas delirantes nos cambien el rumbo hacia la modernidad y la mejora en las condiciones de vida de los peruanos.

Con un acuerdo nacional que funcione de manera permanente tendríamos un país entero, para que no acabemos con el corazón partido como estamos en estos momentos. Lampadia




¡Claro que se puede!

¡Claro que se puede!

Alejandra Benavides
Para Lampadia

A menos de una semana de la segunda vuelta electoral, y posiblemente las elecciones más importantes de nuestra historia moderna, parece haber una luz al final del túnel. El candidato Pedro Castillo no ha podido esconder sus limitaciones ni su pensamiento anacrónico, y menos, deslindar de un partido infestado de corrupción y narcoterrorismo.  Por otro lado, Keiko Fujimori ha demostrado tener propuestas serias, y una fórmula rápida para sacarnos de esta terrible recesión.

Muchos intentan catalogar las propuestas de Keiko como “populistas”, con una connotación negativa – como es usual, hasta tildándolas de irresponsables. Sin embargo, en circunstancias tan críticas como las que atravesamos, escuchar al pueblo y darle oxígeno para volver a pararse es absolutamente necesario. El pueblo pide a gritos un respiro para ordenar sus finanzas y sus negocios, pide trabajo y pide las condiciones para rehacer sus vidas e intentar volver a la normalidad. Finalmente, han sido víctimas de una clase política que prefirió llenar sus bolsillos y trabajar en función de sus intereses, dejando a un lado las obras y programas necesarios para generar progreso y oportunidades.

Las propuestas más notables y controvertidas de Keiko Fujimori son:

  1. Bono Oxígeno: cada familia vulnerable/afectada económicamente que perdió a un ser querido por COVID, recibirá un bono de s/.10,000. El Ministerio de Salud ha sincerado las cifras de muertes por COVID, y actualmente suman 180,000 peruanos. Asumiendo que el 70% de estas familias apliquen a este beneficio, el costo de la propuesta no pasaría de US$350 millones – por una sola vez, representando aproximadamente 0.2% del PBI.
  2. Canon directo: al año se repartirá 40% de los casi s/.9,000 millones que reciben los gobiernos regionales y locales en canon y sobrecanon. Esta propuesta sería autofinanciada por las utilidades de las empresas sujetas a canon, y el monto a repartir variaría año a año.
  3. Capitalización de Agrobanco: s/.1,000 millones para créditos a pequeños agricultores, que representa 0.1% del PBI y corresponde a créditos que deberán ser pagados en el mediano plazo.
  4. Capitalización de COFIDE: s/.14,000 millones para programas “Volver a empezar” y “Contigo” para MYPES, para créditos desde s/.10,000 hasta s/.1 millón. Esto significaría menos de 2% del PBI.
  5. Duplicar Pensión 65: En un eventual gobierno de Fuerza Popular se pasaría de s/.250 a s/.500 bimensuales por persona, y una ampliación del programa a más adultos mayores (500,000 más cada año hasta llegar a 3 millones), costando máximo al año US$2,500 millones, que representa aproximadamente 1% del PBI.

La suma de todos los programas más emblemáticos de Fuerza Popular llega a casi 4% del PBI – que de salir Keiko Fujimori debería crecer 8%-10% año a año por los siguientes 5 años. El financiamiento inmediato vendría de mayor endeudamiento – a tasas competitivas debido a nuestro grado de inversión, lo que sería totalmente factible pues tenemos uno de los más bajos niveles de endeudamiento de la región (37%). En el mediano plazo, estos programas, se sustentarían con recaudación tributaria producto de proyectos de inversión y de mayor dinamismo empresarial – empresas de todo tamaño, ingresos de cuarta y quinta categoría por mayor empleo e IGV.

De estas elecciones dependerá que podamos salir del hoyo en el que nos encontramos, que podamos tener una segunda oportunidad para extirpar esa ideología que ha carcomido nuestras instituciones y ha enfermado a nuestra sociedad, e incluir a más peruanos en la senda del progreso, para asegurar que ninguno quede atrás. ¡Claro que se puede! Lampadia

Referencias:

https://www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/reporte-tematico/rt-81-transferencias-por-concepto-de-canon-y-sobrecanon.pdf

https://elcomercio.pe/economia/peru/luis-carranza-fuerza-popular-vamos-a-revisar-la-contribucion-de-la-mineria-en-un-contexto-de-altos-precios-pero-con-destinos-especificos-entrevista-noticia/?ref=ecr

http://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-las-ultimas-7-decadas-economia-peruana-crecio-a-un-promedio-anual-de-38-12180/

https://gestion.pe/economia/debate-presidencial-jne-2021-keiko-fujimori-sobre-economia-sunafil-debe-actuar-mas-proactivamente-y-aumentaremos-el-sueldo-minimo-pedro-castillo-segunda-vuelta-elecciones-peru-2021-fuerza-popular-peru-libre-arequipa-30-de-mayo-elecciones-generales-peru-2021-presidente-del-peru-jurado-nacional-de-elecciones-nndc-noticia/

https://convoca.pe/agenda-propia/elecciones-2021-que-propuestas-de-gobierno-dejo-el-debate-tecnico-entre-peru-libre-y




¿Está el plan de gobierno de Fuerza Popular a la altura?

¿Está el plan de gobierno de Fuerza Popular a la altura?

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Álvaro Vargas Llosa ha explicado en la República cuál sería la mejor garantía de que un gobierno de Keiko Fujimori no pretenda avasallar otros poderes del Estado: “¿Usted se imagina, con el nivel de resistencia contra el fujimorismo que hay en el Perú, lo que pasaría si se percibiera que ella está manipulando el Poder Judicial a su favor? Las calles se llenarían de manifestantes. Es una de las garantías. En los últimos 20 años, cada vez que la población ha percibido en el fujimorismo cualquier cosa que le disgustaba, protestaba y lo derrotaba. El nivel de vigilancia sobre una eventual administración de Keiko será enorme”.

Eso, en el supuesto de que Keiko Fujimori tuviera las mismas inclinaciones autoritarias que su padre, lo que, hemos argumentado, no es cierto. Ella formó un partido político, lo que su padre nunca hizo. La conducta de su bancada en el congreso disuelto fue repudiable, pero expresó hubris de poder, no designio autoritario. Por lo demás, su agrupación ha empezado a desarrollar los temas institucionales. En su Plan de Gobierno, Fuerza Popular incluye un capítulo sobre reforma judicial, relativamente bueno, aunque mejorable, y otro sobre reforma política, a nuestro juicio aun insuficiente. Tiene pendiente una propuesta completa de una democracia gobernable a partir de una revisión de la experiencia de los 90.

Se critica además que en esta campaña electoral la candidata haga propuestas redistributivas, como bonos y otras, en lugar de proponer reformas de fondo para tener buenos servicios. Este es un buen punto. Es cierto que la campaña enfatiza los programas redistributivos, porque se trata de captar votos precisamente. Algunas soluciones de fondo, sin embargo, se pueden encontrar en el plan de gobierno.

¿Son suficientes? Juzguémoslas a partir de lo que en realidad se requiere, que es repotenciar el modelo, lo que supone un cambio profundo del Estado para:

  1. aligerar el peso regulatorio sobre la actividad productiva –para volver a crecer a tasas altas y formalizar-,
  2. e introducir la meritocracia y modelos de gestión por metas y resultados, que permitan brindar servicios públicos eficientes.

En suma, una formalidad y un Estado inclusivos. ¿El plan de gobierno de Fuerza Popular está a la altura de ese desafío? En cuanto a lo primero, el plan contiene propuestas para podar la maraña normativa que asfixia la actividad, digitalizar el Estado, y realizar una reforma tributaria simplificadora que facilite la formalización y el crecimiento de las mypes, junto a un fuerte énfasis en programas de crédito y apoyo tecnológico para que incrementen su productividad y por esa vía también se formalicen. Pero no hay nada respecto a la urgencia de una paralela reforma laboral.

En cuanto a lo segundo, el Plan de Gobierno plantea la necesidad de implantar la meritocracia aunque sin señalar una hoja de ruta para esto, algo que se va a requerir luego de las leyes contrarias a ese objetivo aprobadas por el Congreso presente. También plantea una reforma del sistema de salud –que requeriría más detalle- y de la inversión pública, y políticas educativas.

No hay, sin embargo, una reflexión acerca de la necesidad de mejorar la gobernanza minera. La distribución directa a la población del 40% del canon minero va en esa dirección, pero esa propuesta debe ser complementada con una reformulación de la ejecución del restante 60% por medio de entidades ejecutoras eficaces, y con esquemas de autoridad estatal en las zonas mineras que coordinen las entidades públicas para el desarrollo y prevengan conflictos.  

En resumen, el plan de gobierno de Fuerza Popular está bien orientado en general en lo que se refiere a la solución de los problemas de fondo del modelo de desarrollo y del Estado, pero le hace falta incorporar algunos temas y profundizar otros. Para eso un eventual gobierno de Keiko Fujimori deberá convocar a los mejores. Lampadia




Suicidio colectivo

Suicidio colectivo

EDITORIAL DE LAMPADIA

Habíamos preparado un editorial resaltando los mensajes positivos del discurso de Pedro Cateriano ante el Congreso, que ayudarían a crear un clima más esperanzado en el futuro del país, aunque faltara el anuncio de cambios en la estrategia sanitaria. (Ver el texto a continuación de este editorial).

Por eso, lo que jamás imaginamos es que se le negara el voto de confianza. Es una decisión suicida, en medio de una pandemia. Revela la hegemonía de la pequeña entraña de los intereses mezquinos por encima del interés nacional. Aprovechar el río revuelto para pescar a como dé lugar. La incapacidad para unir esfuerzos ante el enemigo común.

La señal para la inversión es pésima, de modo que la recuperación del país queda casi condenada; peor aún si el Congreso, envalentonado, aprueba la batería de leyes populistas que tiene en cartera. La gestión del gobierno, que ya era deficiente, se trabará aún más con un nuevo cambio de gabinete en menos de tres semanas.

Es prácticamente la anarquía, la ruptura de la civilización democrática. Pero hay que señalar que el primer responsable ha sido el presidente Vizcarra, que ha cosechado los vientos que sembró al haber disuelto (inconstitucionalmente a nuestro juicio) el Congreso anterior, como consecuencia de una crisis política que fue forzada y azuzada por él mismo al proponer el 28 de julio del año pasado el adelanto de elecciones.

Doble irresponsabilidad al disolver sin tener partido propio. La disolución del Congreso solo tiene sentido para zanjar la confrontación buscando un nuevo Congreso con mayoría propia para poder gobernar. Acá se trató solo de un ejercicio populista para acumular popularidad.

Definitivamente el Congreso actual ha resultado mucho peor que el anterior, que en medio de sus desatinos cuando menos tenía una fuerza que ordenaba el debate controlando impulsos populistas y no le censuró siquiera un ministro al presidente Vizcarra. ¿Pero éste? Jamás congreso alguno había negado el voto de investidura a un nuevo gabinete. Ni había aprovechado la pérdida brutal de ingresos y empleo de la gente para dar irresponsablemente cuanta ley o proyecto de ley populista puede imaginarse, hipotecando el futuro del país y socavando las bases mismas del crecimiento.  

Es increíble que una de las razones del baloteo haya sido la elocuente defensa de la minería hecha por el ex Premier. Que el Frente Amplio sea anti extractivista, vaya y pase. Pero que se sumen otros es un indicador de una enfermedad nacional. Si un paciente en estado de gravedad no quiere tomar el remedio que lo curará, es que ya no tiene, precisamente, remedio.

Quizá Cateriano debió hablar menos y actuar. Solo por defender unas ideas fue visto como arrogante. Y faltaron cambios en la estrategia sanitaria. Pero más cierto es que en Podemos, Alianza para el Progreso y buena parte de Acción Popular, se han juntado intereses pecuniarios vinculados a las universidades con prejuicios ideológicos impensables hace pocos meses en esos partidos y pequeñez política absoluta. Ha sido la alianza entre la ruindad y las izquierdas lo que se tumbó a Cateriano. En cambio, los enemigos íntimos, los protagonistas de la confrontación en el Congreso anterior, el Partido Morado y Fuerza Popular, coincidieron en el voto a favor. Habla bien de la actitud superior de Fuerza Popular en este caso.

¿Qué le queda a Vizcarra? Quizá lo que debió hacer con el Congreso disuelto: poner un primer ministro del Congreso, consultado con el Congreso, para ir a una cohabitación a la francesa. Uno que refleje el pensamiento populista y anti reformas de la mayor parte de bancadas. Pero eso sería mayor desastre aún. Dios nos coja confesados. Lampadia

[Proyecto de editorial antes de la censura del gabinete]

Cateriano en el Congreso
Un mensaje positivo; ojalá pueda cumplirse

Aunque faltó una nueva estrategia sanitaria

Fue positivo el discurso del primer ministro Pedro Cateriano ante el Congreso. Sin duda ayuda a crear un clima más esperanzado en el futuro del país. 

Tuvo anuncios interesantes en Salud (rectoría de Salud, telemedicina, historias clínicas, etc.), incluyendo un proyecto de ley para la creación del Organismo Público Descentralizado de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos, que reemplazaría a la actual Digemid, sumamente lenta y burocrática para otorgar registros y autorizaciones. 

Sin embargo, no explicó cambios en la estrategia sanitaria a fin de contener el nuevo embate de la pandemia, un vacío inexplicable. Nada acerca de conseguir el apoyo de la logística privada para aislar y abastecer a los contagiados y sus contactos, a fin de cortar la cadena de contagios. Aunque sí anunció que se está invitando a otros gremios empresariales (distintos al de las clínicas) a participar en el Comando Covid, lo que implica que por ese medio quizá se consiga el aporte tecnológico y logístico privada. Es imperioso. 

Hizo una elocuente defensa de la importancia de la minería, sobre todo para un momento de gran dificultad como el actual. En realidad, es increíble que haya quienes se oponen a poner en valor el recurso más rico e importante que tenemos para nuestro desarrollo, más aún cuando existe la tecnología para no perjudicar el ambiente. Anunció una serie de medidas para simplificar procedimientos y reducir plazos, a fin de facilitar la inversión. Explicó la modificación al Reglamento de Exploraciones Mineras para que, entre otras cosas, la ficha técnica ambiental (FTA) se apruebe en diez días hábiles con silencio administrativo positivo.

No se refirió directamente a Tía María ni a ningún proyecto minero en particular, pero en el capítulo de agricultura -no en el de minería- anunció la construcción de represa Yanapuquio en valle del Tambo, donde está Tía María, con una inversión de 608 millones de soles para irrigar más de 11 mil hectáreas. Esperemos que esa obra forme parte de un plan para sacar adelante el proyecto minero y que se nombre a alguien encargado de llevarlo a cabo. Pues, al final, ¿de dónde salen los recursos para las obras hidráulicas y para las obras en general?

Cateriano reveló que hay más de 13 mil millones de soles de canon que los gobiernos regionales no han ejecutado, y anunció un DU para usar expeditivamente ese dinero en salud y agua potable, por ejemplo, en el corredor minero. Pero allí debería aprovecharse para difundir masivamente las tecnologías de Sierra Productiva, que incluyen agua segura en las viviendas, pero permiten que los campesinos salgan de la pobreza por sus propios medios convirtiéndose en empresarios. Haku Wiñay tiene algo de esas tecnologías, pero debe ser reorientado sobre todo a los microreservorios familiares y al riego por aspersión. Ese programa debería ser priorizado porque es mucho más importante que varios de los programas de empleo temporal que mencionó el Premier (Trabaja Perú, por ejemplo), pues entraña una transformación estructural del agro andino -que es una deuda histórica del país-, y con efecto inmediato.

Cateriano informó que el segundo bono universal se distribuirá por medio de la banca celular (en lugar de billeteras electrónicas), lo que supone desaprovechar una vez más el bono para hacer inclusión financiera. ¿Qué impide masificar billeteras electrónicas? En cambio, sí formuló un anuncio muy promisorio: inclusión financiera con cuenta DNI para todos, en poco tiempo. Una cuenta DNI no es exactamente una billetera electrónica, pero es posible depositar dinero en ella y desde allí pagar a otras billeteras electrónicas. Veremos.

Hubo otros anuncios esperanzadores. Por ejemplo, que desde junio pasado la plataforma de PerúEduca puede capacitar simultáneamente hasta 500 mil docentes. Eso es un cambio revolucionario. Puede ayudar a mejorar rápidamente la calidad del profesorado. Si eso se suma a la distribución de tablets con cursos interactivos incorporados, podemos soñar con un salto en la calidad educativa de la escuela pública en pocos años.

También anunció un tren de pasajeros Callao-Chosica, Choquequirao, la interconexión eléctrica con Chile, más competencia bancaria, 6 mil grilletes electrónicos, expediente penal electrónico, un observatorio de avance de obras, entre otros.

¿Qué faltó? Fuera de la estrategia sanitaria arriba mencionada, lo siguiente:

•          Anunciar una flexibilización de las normas laborales para recuperar millones de empleos formales perdidos y facilitar los emprendimientos. Podría convocar a las asociaciones de micro y pequeños empresarios para que formulen una propuesta de normatividad laboral inclusiva.

•          Un comando público-privado para recuperar economía (aunque sí lo convocó en el comando Covid),

•          Proponerle al Congreso trabajar una agenda legislatura conjunta. O una política de diálogo con las comisiones para frenar la hemorragia populista   

•          Aprobar reformas de gobernabilidad para darle viabilidad al próximo gobierno, que deberá reconstruir el país.

El balance del discurso, sin embargo, es positivo. Ahora hace falta que se cumpla lo anunciado. Podría pedirle a la Contraloría que empiece a sancionar a los funcionarios que demoran o que no deciden. Comencemos por allí. Lampadia




La izquierda creció apreciablemente en las elecciones de enero

La izquierda creció apreciablemente en las elecciones de enero

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Las elecciones congresales del 26 de enero han producido algunos resultados que no han sido suficientemente analizados, y revelan una tendencia que habría que preguntarse si se manifestará en las elecciones presidenciales del 2021.

El siguiente cuadro, que compara los porcentajes de votación congresal del 2016 con los del 2020 por partidos, nos sirve para darnos una idea de hacia dónde fueron los votos que perdió Fuerza Popular y los que obtuvo PPK que esta vez no participó.

Fuerza Popular perdió 29.1 puntos porcentuales entre ambas elecciones. Suponemos que los votos del FREPAP y de Podemos vinieron principalmente de allí, pero vemos que ambos sumados alcanzan 16.76 puntos, bastante menos. De modo que hay casi 13 puntos que se han ido a otros grupos, la mayor parte quizá de izquierda, como veremos.

Y ¿dónde fueron a parar el 16.46% de los votos que obtuvo PPK el 2016?   Si sumamos los porcentajes del Partido Morado, Somos Perú y ese adicional de 3.06 que obtuvo Acción Popular en esta elección en relación al 2016, llegamos a un 16.51%, proporción casi idéntica a la que tuvo PPK el 2016.

Por su parte, el Frente Amplio obtuvo un 13.84% de los votos el 2016 y bajó a 6.16% en esta elección. Pero si le sumamos el porcentaje obtenido por UPP, llegamos a un 12,93, similar al 13.84 del 2016.

Sin embargo, esto último no se puede calcular así, porque la verdad es que si sumamos el porcentaje obtenido por todas las agrupaciones de izquierda, incluyendo las que no pasaron la valla (Juntos por el Perú, Democracia Directa, Perú Libre, RUNA), vemos que las izquierdas sumaron en total 26.6% de los votos el 2020, 8.33 más que el 2016.

De modo que si clasificamos los partidos que participaron en ambas elecciones congresales -hubieran o no pasado la valla- en las categorías clásicas de derecha, centro e izquierda, constatamos que la tendencia más clara ha sido la del crecimiento de la izquierda entre ambas elecciones.

También parece haber crecido el centro en detrimento de la derecha, pero puede ser un tanto subjetivo tipificar un partido en la derecha o en el centro. Lo que es indubitable es cuando el partido es de izquierda.

Ahora bien, la pregunta es si esta es una tendencia que pueda manifestarse en las elecciones del 2021, en el sentido de que una candidatura de izquierda pueda pasar a la segunda vuelta.

Puede ocurrir, si la izquierda se une. Y se daría una cuasi unión de facto, en la medida en que la mayor parte de los candidatos presidenciales potenciales de la izquierda están en la cárcel o prófugos. Antauro Humala recién recobra su libertad el 2024. Eso deja a Verónika Mendoza sola junto con Marco Arana, quien tendría poco arrastre.

En general, sin embargo, una elección solo congresal carece de poder predictivo porque en ella no participan candidatos presidenciales. Lo que se ve hasta ahora es que hay tres grandes corrientes o demandas.

  • Una, que podemos llamar anticorrupción, tendría como candidato principal a Salvador del Solar, si se presenta.
  • La segunda, que responde a la demanda por seguridad y orden, se encarnaría en Daniel Urresti.
  • Y la tercera, que reflejaría una demanda por mayor igualdad (de izquierda), sería encabezada por Verónika Mendoza.

Veremos. Lampadia




La elección congresal y el futuro del país

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura Institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos nuestro video semanal esta vez sobre la elección congresal y el futuro del país. Participan Carlos Melendez, politólogo, como invitado y Jaime de Althaus y Gonzalo Prialé.

Lampadia




¿Justicia, cacería o revancha?

¿Justicia, cacería o revancha?

César Nakasaki
Abogado penalista
Para Lampadia

El nuevo encarcelamiento de Keiko Fujimori, a 61 días de salir en libertad, es inconstitucional e injusto.

La prisión preventiva es constitucional y justa cuando se cumplen presupuestos de:

1) sospecha fuerte del delito imputado;
2) pena privativa de libertad superior a 4 años;
3) peligro procesal;
4) proporcionalidad;
5) razonabilidad;
6) motivación cualificada de auto de prisión; y
7) debido proceso cautelar.

Todos tienen que concurrir para que detención judicial sea constitucional y justa.

En el caso de Keiko Fujimori no hubo debido proceso cautelar porque el juez Zúñiga no fue imparcial: ya había decidido dar prisión preventiva antes del inicio de audiencia. El juez tiene el sesgo de decidir a favor de la fiscalía en casos emblemáticos o mediáticos, no porque tiene la razón, sino porque el procesado inspira repudio, es condenado mediático por ciertos grupos de poder.

Siendo víctima de prisión preventiva arbitraria como sentenció Tribunal Constitucional, los principios de proporcionalidad y razonabilidad prohíben que Keiko Fujimori vuelva a sufrir una segunda prisión preventiva. La detención judicial arbitraria genera consecuencias: deber de medidas de compensación a la víctima y pérdida de legitimidad cautelar del fiscal, que debieron ser objeto del debate y decisión de la más larga audiencia de prisión preventiva de la historia judicial.

El fiscal tiene legitimidad para pedir el encarcelamiento del procesado siempre que respete la Constitución y la ley procesal, pero si provoca una privación de libertad inconstitucional pierde legitimidad, ya no puede solicitar cárcel; sólo le queda acusación, juicio y sentencia condenatoria para que regrese a prisión sea por declaración de culpabilidad.

La víctima de prisión preventiva arbitraria tiene derecho a medidas de compensación que pueden ser de naturaleza penal, procesal o económica. La procesal es prohibición de sufrir una segunda prisión preventiva. Otro problema de la prisión preventiva de Keiko Fujimori es la indebida determinación del peligro procesal, este es el fundamento de la medida cautelar, la única justificación para que pierda libertad la persona que la Constitución exige que tenga trato de inocente.

Prueba suficiente y pena probable, que es lo más fuerte que tiene Fiscalía pese a no existir aún jurisprudencia sobre si donaciones electorales con simulación relativa de donante y monto por condición del donante, constituyen delito de lavado de activos, no son suficientes para justificar prisión preventiva. Solo peligro procesal de fuga u obstaculización de actividad investigativa o probatoria son la justificación constitucional de prisión preventiva, a pesar del trato como inocente que exige derecho humano de presunción de inocencia.

El proceso penal fue creado para garantizar que sólo el culpable pierda libertad y el inocente no sea afectado. La negación de arraigo a Keiko Fujimori es arbitraria porque el juez no consideró que estuvo presa y recién hace 2 meses salió de prisión, de modo que, como cualquier ser humano, intenta reorganizar su vida personal, familiar y laboral. El juez fija peligro de fuga en un caso tan avanzado con criterios de peligro concreto, jamás abstracto. El juez establece peligro de obstaculización de la actividad investigativa arbitrariamente porque sólo debió examinar qué peligro al proceso produjo KF en los 2 meses que estuvo libre. La primera prisión preventiva neutralizó el peligro que el fiscal postuló para que se otorgue. El juez no podía basarse en ningún hecho anterior al primer ingreso a la cárcel.

El peligro de obstaculización se termina estableciendo con lo único nuevo que es un video de diálogo mudo de un abogado, no defensor de Keiko Fujimori, con un testigo en la escalera de los despachos del Equipo Especial. No esta prohíbo el diálogo de abogado y testigo, sí que lo induzca a no testificar o hacerlo falsamente, e inducir es convencer, no conversar, ni siquiera rogar, sí amenazar, comprar.

Los actos de defensa, no expresamente prohibidos por la ley, no deben ser utilizados para construir peligro procesal. Keiko Fujimori está nuevamente en prisión porque es la presa de caza en la guerra con Fuerza Popular. Segundo encarcelamiento en revancha por sentencia del Tribunal Constitucional, grave por el mensaje para que éste no se meta con el trabajo de los fiscales, pues sino los investigan penalmente como a los magistrados Sardón y Ramos, pese a que la Constitución lo prohíbe. Hoy se empieza a criticar o temer interponer habeas corpus siendo el más potente recurso jurídico para recuperar libertad.

¡Veremos qué pasa con la apelación, porque el camino a la libertad de Keiko Fujimori es el más difícil y cuesta arriba!!! Lampadia




El nuevo Congreso

El nuevo Congreso

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Lo primero que cabe notar es la alta fragmentación del Congreso electo. Son 10 partidos los que pasarían la valla, algo que no tiene precedentes. Ello se debe a que, al no haber competencia presidencial, no se ha concentrado el voto. El problema va a ser la gestación de consensos para aprobar las reformas y leyes.

El Comercio

Lo segundo es que por primera vez se ha votado principalmente por partidos, no por líderes. El caso de Acción Popular es el más notorio. Pero hubo dos excepciones: PODEMOS, cuya locomotora fue Daniel Urresti -que obviamente se proyecta al 2021-, y que recoge la demanda por seguridad ciudadana en Lima; y UPP, cuya cabeza de lista en Lima -retirada por el JNE- era Antauro Humala.

Pero la gran sorpresa ha sido el Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP), vinculado a un grupo religioso: la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Habría quedado nada menos que en segundo lugar. Expresa la demanda religiosa conservadora e indigenista del pueblo peruano de origen andino. 

En realidad, tanto el FREPAP como la UPP de Antauro Humala expresan formas distintas de milenarismo andino. El FREPAP en una vertiente religiosa y respetuosa de la economía social de mercado, aunque con fuertes incrustaciones cooperativistas, y el Frente patriótico de Humala en una versión secular, nacionalista y más socialista. Sin duda ambas bancadas defenderán valores conservadores en lo moral en el Congreso, junto con Fuerza Popular y en alguna medida bancadas como Alianza para el Progreso y Somos Perú.
 
Es posible que la drástica declinación de Fuerza Popular haya incrementado el caudal de esas dos fuerzas.
 
Las izquierdas han obtenido más de lo que se preveía. Junto a UPP (17 escaños), han ingresado el Frente Amplio (12 escaños) y -tal vez- Juntos por el Perú (5 escaños). Entre los tres suman 34 congresistas, 14 más que los que obtuvieron en el congreso disuelto. Esa suma no es suficiente para poner en peligro el modelo económico, pero quizá podría sumar votos con el FREPAP (16 congresistas) para ciertas causas indigenistas y ecologistas, aunque tampoco alcanzarían mayoría. El bloque que defendería la economía de mercado (AP, APP, FP, Podemos, Partido Morado y Somos Perú), sumaría 80 congresistas.

No cabe duda que la gran perdedora, no solo en las elecciones congresales que se realizaron ayer sino de la gran batalla política de los últimos años, ha sido Fuerza Popular. Quizá haya llegado a su fin la polarización fujimorismo – anti-fujimorismo que dominó el escenario político en los últimos lustros. Que se trate o no una derrota terminal dependerá de la suerte judicial de Keiko Fujimori. De hecho, en la derrota estructural del fujimorismo ha jugado un papel importante la destrucción mediática y judicial de la imagen de la lideresa no solo por la prisión preventiva sino por el continuo flujo de revelaciones acerca de dineros recibidos y aportantes fantasma, que no eran delito pero que fueron y son presentados como si lo fueran. Por supuesto, habría que asignarle un peso similar a los graves errores por ella cometidos en la conducción de la bancada de fuerza popular desde el 2016, sobre todo durante la etapa del PPK, porque durante Vizcarra la beligerancia amainó apreciablemente, aunque fue reactivada hábilmente por el propio Vizcarra con el pedido de adelanto de elecciones, que derivó finalmente en el cierre del Congreso. Fue el puntillazo final.

En esa misma medida, el ganador ha sido el presidente Martín Vizcarra, que tendrá ahora un nuevo Congreso en el que Fuerza Popular tendría apenas 12 congresistas, que no contarán con la colaboración de una bancada aprista que no existirá. Pero no es tampoco que tendrá mayoría propia o afín. Los dos partidos que han expresado su apoyo a la gestión del Presidente, son el partido Morado (solo 9 congresistas) y Alianza para el Progreso (APP) (18 escaños). Recordemos que Acción Popular y APP estuvieron en contra del adelanto de elecciones y de la disolución del Congreso, aunque luego APP haya desautorizado a quienes adoptaron esa posición. En todo caso, el peligro de que se pudiera plantear una acusación constitucional contra Vizcarra por la disolución congresal ha quedado conjurado luego de la inefable sentencia del Tribunal Constitucional.

Han tendido a tener más votación los partidos no incluidos en el proceso Lavajato, y que al mismo tiempo tienen un nivel de organización nacional y presentan alguna clase de novedad:  Acción Popular, FREPAP, APP, Partido Morado, Somos Perú y el propio Frente Amplio. La propia Acción Popular apostó por figuras nuevas completamente desconocidas -es decir, por la Lampa-, y consiguió el primer puesto.

Eso habla de la potencia de la llamada “lucha anticorrupción” como factor decantador y letal en la política. Las estrategias mediático – fiscales han sido muy efectivas. Contundentes.  

Quizá en parte por eso existe consenso entre varios de esos partidos ganadores de que una de las tareas prioritarias del nuevo Congreso será revisar y culminar la reforma política, o la reforma institucional en general. Esos partidos suman 85 congresistas, aunque será difícil el consenso en torno a una reforma clave como la de elegir el Congreso junto con la segunda vuelta y muchos no conocen bien las reformas pendientes de aprobación, que son las referidas a la gobernabilidad. Es de suponer que el Ejecutivo enviará nuevamente al Congreso complementario los proyectos de ley correspondientes, para encaminar el proceso.

En conclusión, es posible que el nuevo Congreso, con dificultades por su alta fragmentación, se aboque principalmente a culminar la reforma política. El Presidente Vizcarra no tendrá enemigo contra el que luchar para construir su popularidad, de modo que deberá empezar a mostrar resultados en la gestión de gobierno. Si no lo hace, la propia dinámica del proceso electoral del 21 lleve a algunas bancadas a desarrollar una conducta cada vez más crítica al gobierno, pero no pasaría a mayores. Lampadia




El psicosocial más grande de la historia

Como todos los ciudadanos sabemos desde hace muchísimos años, el Sistema Judicial (Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional), adolece de corrupción generalizada. Prueba de ello es el desprestigio de estas instituciones, especialmente del Poder Judicial, recogido por décadas en todas las encuestas y en el sentir ciudadano.

Y no podía ser de otra manera. Todos conocemos de las coimas para el manejo de juicios, de las terribles e injustas demoras de los procesos judiciales, de la abusiva prisión preventiva que afecta a cerca del 50% de los reos en cárcel, y de los grandes escándalos que década tras década van quedando en la impunidad.

La calidad del sistema judicial peruano afecta a todos los ciudadanos y empresas, a los ciudadanos de a pie y a los más reconocidos socialmente, a las empresas pequeñas y grandes, nacionales y extranjeras. Pero evidentemente, los más afectados son los ciudadanos y empresas más débiles, aquellos que no tienen los medios para contratar a los mejores abogados, o no tienen los recursos para abrirse camino mediante la podredumbre de la corrupción.

A la fecha, se ha hecho todo tipo de intentos de reorganización judicial. Todos fallidos. El más reciente y notorio, por su alcance y calidad de propuestas, fue el del CERIAJUS. No prospera ningún intento de reforma, porque estamos entrampados entre la incapacidad de lograr una reforma seria desde adentro del sistema, por el compromiso de muchos de sus miembros con la corrupción y/o el statu-quo; y la imposibilidad de emprender la reforma desde afuera, dado nuestro ordenamiento jurídico que otorga autonomías infranqueables.

Es por ello que solo una crisis muy profunda puede movilizar las voluntades y capacidades, dentro y fuera del sistema. Una crisis como la que se produjo con el estallido del escándalo del Lava Jato, que clamaba por castigos, y pocos meses atrás, por la difusión de los audios que explicitaron la corrupción al interior del sistema judicial.

Lamentablemente, la acción judicial reciente se ha centrado y focalizado en los aportes de campaña, que en principio no son delito, más que en las coimas por los grandes proyectos. Asimismo, ha dejado de lado la necesidad de rehacer el sistema judicial de pies a cabeza, para que todos los ciudadanos y empresas tengamos una administración de justicia que genere la confianza en sus procesos y fallos.

Veamos como están distorsionadas las cosas: por ejemplo, la noche del 31 de diciembre pasado, cuando el fiscal Pérez fue cesado, declaró que tenía que lacrar su oficina para evitar que se arriesgue la información sobre los casos que investiga. Ante la pregunta del periodista sobre de que casos se trataba, su respuesta fue: “Keiko Fujimori y Fuerza Popular”.

O sea, para el fiscal Pérez, solo importa la persecución del único partido político que no fue gobierno y no pudo poner sus manos en los recursos públicos. Efectivamente, durante los últimos meses, hemos visto que esa era su única preocupación. Esta fiscalía especializada se olvidó de las grandes coimas por los macro-proyectos.

Otro ejemplo de desenfoque: para el Fiscal Supremo Pablo Sánchez, ex titular del Ministerio Público, “El origen de la crisis del Ministerio Público está en Pedro Chávarry” (Diario La República). Así opina el fiscal que desde la jefatura promovía, junto con Duberlí Rodriguez, entonces presidente del Poder Judicial, la justicia paralela.

Y el Poder Judicial, con el doctor Prado a la cabeza, más allá de canalizar unos proyectos de ley, dejó de lado la posibilidad de liderar UNA GRAN MOVILIZACIÓN que llevara a una apertura que alentara el inicio de la verdadera reforma. Lo mismo parece acontecer con las preocupaciones del nuevo presidente de la Corte Suprema, el doctor Lecaros.

Pero según vemos en las encuestas y en el quehacer de los medios de comunicación, estas graves fallas de la acción judicial, dirigidas casi exclusivamente a la suerte de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, y Chávarry, se han convertido en la gran preocupación nacional. Nos han hecho creer que en esa persecución está la ansiada reforma, la lucha contra la corrupción.

Lo mismo se ve en la acción del gobierno, que con un país en el que vuelven a crecer la pobreza y la desnutrición, el gobierno solo habla de la lucha contra la corrupción, en la misma pobre línea. Con excepción de los proyectos de ley de reforma judicial que envió al Congreso, pareciera que la política de corto plazo y la búsqueda de popularidad guían las grandes preocupaciones y decisiones del gobierno. De allí que se eluda las necesarias reformas para incrementar la productividad.

La política, pues, ya no nos sorprende, pero lo que no es entendible, es el comportamiento de la prensa nacional que, desde el medio más pintado, hasta el menos significativo, también ha olvidado que la vida de una nación va mucho más allá del escándalo y de los pedidos de ajusticiamiento.

Todo tiene un límite, pero para los medios solo existe la tarea de expulsar a Chávarry de la fiscalía y la carcelería de los líderes de Fuerza Popular.

Debe llamarnos a escándalo, por ejemplo, que los políticos y toda la prensa hayan dejado de lado el informe de la comisión parlamentaria del Lava Jato, presumiblemente porque la presidía Fuerza Popular y no involucraba a KF (pues solo estaba dirigida a la corrupción alrededor de los grandes proyectos de infraestructuras). Por definición, no podía involucrar a KF, pero un tabloide reclamaba: “la comisión ya no sabe como justificar la ausencia de KF en la investigación”. Para los medios más importantes, el informe de Lava Jato tampoco merece atención alguna, a pesar de que éste puntualiza una serie de eventuales responsabilidades y una amplia lista de involucrados en muchos proyectos de inversión pública. Pero se prefiere editorializar y titular portadas sobre Chávarry y KF.

El mismo corte informativo destaca en los canales nacionales, particularmente en los de cable. Sus invitados son seleccionados para reforzar sus ante-juicios y direccionamientos políticos. Salvo contadas excepciones, los ciudadanos no tienen como informarse con profundidad y objetividad.

Pareciera que los medios promueven con gran afán los quehaceres de su recobrado mayor cliente, el Estado, antes que el desarrollo de su misión.

Como dice y repite Christiane Amanpour en CNN, el nuevo paradigma del periodismo no es la neutralidad, sino la veracidad.

Cuan lejos estamos de recibir señales de veracidad.

En verdad parece que lo que nos induce a la acción todos los días es un gran psicosocial. Uno que lleva seis meses y que pretende que nos olvidemos que gobernar en una tarea compleja y multipropósito, una tarea que en el Perú no puede desentenderse de la pobreza, la anemia y la desnutrición.

¿Es todo un juego de poder? ¿No nos mueven los grandes intereses nacionales? – ¡BASTA! El buen gobierno y la acción cívica de la clase dirigente reclaman algo más: GOBERNANZA: “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. (RAE).

¡Nunca es tarde para hacer lo correcto! Lampadia




Cambio estructural en las relaciones entre Ejecutivo y Congreso

Cambio estructural en las relaciones entre Ejecutivo y Congreso

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En las últimas semanas se ha producido un cambio estructural en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso: Fuerza Popular ha desaparecido como fuerza beligerante y opositora, ha declarado su voluntad de concertar una agenda de reformas, y, por lo tanto, ha abierto la posibilidad de iniciar una era de colaboración con el Ejecutivo. Se ha pasado de la confrontación a la cooperación.

Para que dicha agenda de reformas pueda concretarse, sin embargo, el Ejecutivo tiene que resolver sus contradicciones internas y el Presidente tiene que aprender a pasar de la confrontación a los acuerdos y la gestión como estrategia de gobierno.

Este cambio estructural en las relaciones entre ambos Poderes, de la mayor importancia, no ha sido registrado cabalmente por la opinión pública, que no está debidamente informada por los medios nacionales, y que en los ambientes más politizados permanece incrédula. Pero es real.

El miércoles pasado la bancada de Fuerza Popular junto con todas las bancadas menos las de izquierda, presentó una moción de orden del día para conformar una “Comisión especial de reformas de interés nacional, diálogo y consenso parlamentario” (ver recuadro). Dichas reformas, de acuerdo a la información que tenemos, incluyen la reforma laboral, algo que hasta hace poco era un tema tabú no solo para Fuerza Popular sino para todas las bancadas y para el propio gobierno. De hecho, un par de semanas atrás el congresista Miguel Torres declaró a El Comercio: “buscaremos una reforma laboral para reducir las exigencias de hoy e involucrar a trabajadores informales dentro de la formalidad”.

Es claro, entonces, que el tono del Congreso ha cambiado notoriamente, lo que significa que están dadas las condiciones para un conjunto de acuerdos que permitan:

  • Resolver el problema creado por el posible NO a la cuarta pregunta del referéndum (sobre la bicameralidad), sea llegando a un acuerdo para que el Congreso modifique los cambios introducidos en la cuestión de confianza a cambio de que el presidente restablezca su apoyo a la bicameralidad antes del referéndum o, en su defecto, se pueda, luego del referéndum, llevar a cabo la reforma constitucional vía dos legislaturas ordinarias, con el apoyo político del Presidente, siempre y cuando se explique antes que el NO que promueve no es a la bicameralidad sino a las modificaciones introducidas a la cuestión de confianza.
  • Conformar una comisión de expertos para recomendar el conjunto de reformas políticas necesarias a fin de mejorar la gobernabilidad y reconstruir el sistema de partidos y los canales de representación.
  • Aprobar los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo que reforman el sistema judicial y profundizar dicha reforma con la redefinición del rol de la Corte Suprema y otras normas.
  • Que el Ejecutivo observe la ley de negociaciones colectivas en el Estado, que es una verdadera bomba de tiempo fiscal, y el Congreso no insista. Y contener, en general, otras iniciativas populistas.
  • Elaborar una agenda de leyes y reformas indispensables para mejorar la competitividad y la productividad del país y reanimar la inversión privada en todos los sectores de la economía. Entre ellas, tendríamos, entre otras:
    • Las reformas laborales, que se verían facilitadas, además, por la renovación del Tribunal Constitucional en junio del 2019, que puede permitir el cambio de la sentencia del 2001 sobre la reposición obligatoria en el puesto de trabajo
    • La reforma tributaria: simplificación de regímenes y reducción de exoneraciones
    • Ley para darle carácter permanente a los regímenes agrario, forestal y acuícola y extenderlos a otros sectores manufactureros exportadores sujetos a demanda cambiante e intensivos en mano de obra
    • La ley de hidrocarburos.
    • Ley para profundizar la eliminación de regulaciones contraproducentes
    • Ley que permita resolver las trabas, dificultades y cuellos de botella en la ejecución de infraestructura estratégica para el desarrollo del comercio exterior e interior. 
    • Incentivar la innovación en las empresas y favorecer la inmigración de científicos extranjeros.
  • En esa línea, derogar los excesos cometidos en los decretos legislativos tributarios en los temas de anti elusión y responsabilidad penal de los directores.

La contradicción interna del Ejecutivo

El Ejecutivo tiene que aprovechar el cambio en la actitud del Congreso para proponer dicha agenda de reformas a favor de la competitividad del país. Para eso, sin embargo, tendrá que resolver la contradicción interna que lo inmoviliza:

  • La que se da entre los ministros vinculados a la economía y la producción de un lado, y el ministro de Trabajo del otro, y que se manifiesta claramente en las diferencias existentes entre los lineamientos del Plan Nacional de Competitividad publicado hace unos meses
  • Las declaraciones y regulaciones que emanan del ministerio de Trabajo
  • Las expresiones del ministro de Justicia en el sentido de revisar integralmente la Constitución incluyendo el capítulo económico, para hacer posible una mayor presencia del sector público.

Esas contradicciones deberán resolverse en el Plan Nacional de Competitividad propiamente dicho que se publique en los próximos días. De lo contrario, no será posible avanzar, por ejemplo, en las reformas laborales, salvo que el Congreso las apruebe por su cuenta.

Si el Plan Nacional de Competitividad contiene un programa de reformas claro que le permita a nuestra economía recuperar tasas altas de crecimiento y volver a reducir los niveles de pobreza –para lo cual debería incorporar las propuestas del Consejo Privado de Competitividad-, debería ser el propio presidente de la República quien presida el Consejo Nacional de Competitividad y lidere personalmente la ejecución de ese plan.  

De la confrontación a los acuerdos y la gestión

Una segunda pregunta, en ese sentido, es si el Presidente Vizcarra está preparado para adaptar su estrategia política a la nueva situación, es decir, pasar de la confrontación a los acuerdos y la gestión. Como sabemos, el Presidente ha conseguido un incremento notorio de su popularidad enfrentando al Congreso, e implícitamente a Fuerza Popular. Pero Fuerza Popular ya ha sido completamente anulada como oposición belicosa, de modo que el Presidente ya no tiene, en ese terreno, con quién confrontar. Su triunfo, en ese sentido, ha sido absoluto. Tiene ahora que pasar de la confrontación a los acuerdos y a la gestión eficiente de los servicios públicos, lo que es más laborioso y menos rentable políticamente si no se hace bien.

Para mantener los niveles de aprobación que ha conseguido, entonces, tendría que buscar, por así decirlo, nuevos “enemigos”, con la diferencia que esos enemigos son menos visibles y personalizados que el Congreso o los congresistas. Esos enemigos son los problemas del país. Podría enfrentarlos con el formato de una cruzada, para darle a la gesta un tono populista, pero al servicio de la reforma y la eficiencia. Esos enemigos podrían ser:

  • La corrupción, por supuesto
    • Destapando casos en los gobiernos regionales o locales o en entidades del gobierno central, y dándoles publicidad.    
    • Promoviendo una campaña de denuncias de los usuarios del Estado, pero para ello se necesitaría que el sistema de denuncias estuviera organizado, y aun no lo está.
  • La inseguridad, supervisando en el terreno el funcionamiento de Barrio Seguro, Vecindario Seguro y los Comités de Seguridad Ciudadana presididos por los alcaldes, llamando la atención a los alcaldes que no los convoquen, por ejemplo, y a los comisarios que no se integren con la comunidad.
  • La anemia, viajando al interior para constatar los esfuerzos y llamar la atención al funcionario que no esté cumpliendo su tarea en la estrategia contra ese mal.
  • La mala atención y corrupción en servicios de salud, retomando la reingeniería del SIS que comenzó a aplicarse el 2017 y fue luego abandonada, y supervisando que se ejecute adecuadamente, y denunciando casos de corrupción en el sector.

De lo que se trata es que el Presidente aproveche sus viajes al interior no para inaugurar obras sino para liderar y supervisar la transformación de los servicios básicos del Estado en servicios eficientes, acompañado de un aparato de comunicación que le permita crear una mística de cambio.

Fuera de eso, el Presidente debe conducir personalmente dos grandes procesos estratégicos. Uno es el que ya hemos mencionado: la ejecución del Plan Nacional de Competitividad, si es que este realmente contiene las reformas que hay que hacer para mejorar la productividad de la economía peruana. Como parte de esta labor, resulta fundamental devolverle eficiencia a la inversión pública y público privada, es decir, al desarrollo de la infraestructura, hoy muy afectada por diversos problemas y por el temor de los funcionarios a tomar decisiones derivado de la persecución arbitraria e injusta que en muchos casos han sido objeto por parte de la Contraloría y de comisiones investigadoras del Congreso. 

Y el segundo es la gran reforma del sistema judicial, presidiendo el Consejo Nacional para la Reforma del Sistema de Justicia, que será aprobado por ley próximamente. Para que la promesa de alcanzar un sistema de justicia moderno, eficiente y limpio se haga realidad –lo que sería un cambio extraordinario- se requiere que el Presidente asuma con la mejor asesoría posible el liderazgo de ese proceso.

Más allá del ruido judicial existente, que afecta la credibilidad de la clase política, lo cierto es que están dadas las condiciones para alcanzar acuerdos fundamentales que conduzcan a un Estado de Derecho en el que impere la ley y a recuperar tasas altas de crecimiento y reducir apreciablemente la pobreza. El Ejecutivo ya no tiene obstáculos en el Congreso para este fin. Lampadia




Más tiempo para la reforma política

Más tiempo para la reforma política

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Ya hemos advertido, apenas el Presidente Vizcarra anunció el referéndum, que consultar la no reelección de los congresistas es una decisión populista irresponsable porque condenaría al país a no consolidar nunca una clase política profesional y a que ninguna persona de buena voluntad y vocación de servicio pueda optar por hacer carrera política, quedando el Congreso cada vez en manos de oportunistas e improvisados. Quizá se pensó que consultar esto junto con la bicameralidad, era una manera de lograr que se apruebe también esta última, que sería muy buena para el país, pero de nada nos serviría una bicameralidad –incluso bien diseñada- si los actores son personas no idóneas.

El problema es que nadie en el Congreso querrá asumir la causa responsable, pero impopular, de rechazar el proyecto de ley de no reelección de los congresistas. Menos aún Fuerza Popular, cuya popularidad –la de su lideresa- viene cayendo abismalmente. Es la trampa perfecta. Entonces solo caben dos posibles soluciones:

  • Una es que el propio Ejecutivo retire la propuesta, algo improbable porque de todas maneras la presentó pese a las críticas formuladas y porque sin duda parte importante del incremento de la popularidad presidencial obedece a esta propuesta. El argumento de que no se puede sacrificar el futuro de la democracia en aras de un incremento efímero de la popularidad parece que no ha removido la conciencia presidencial.
  • La segunda solución sería avanzar en octubre con el referéndum sobre la reforma del CNM y quizá sobre el financiamiento de los partidos, pero dejar los otros dos temas para diciembre o para más adelante, sobre todo porque el proyecto de ley para el establecimiento de la bicameralidad, siendo muy rico, requiere más análisis y debate en algunos de sus puntos, algo que no se podría hacer en tan corto tiempo.

Analicemos, en este artículo, dicho proyecto, a fin de identificar los puntos que requerirían más estudio y debate. Pues el proyecto contiene diseños interesantes junto con otros inconvenientes y algunas omisiones.

A nuestro juicio, es relativamente innovadora la división de funciones que se propone entre las cámaras de Diputados y Senadores. También es positivo –en principio- el sistema de distritos electorales que se propone para elegir ambas cámaras, y el hecho de que se elimine el voto preferencial para la elección de los senadores, aunque debería eliminarse también para la elección de los diputados. En cambio, no se aprovecha para cambiar la fecha de la elección del Congreso, como veremos.   

División de funciones interesante

De acuerdo al proyecto, la Cámara de Senadores tiene una función revisora de los proyectos aprobados en la Cámara de Diputados. Es decir, en ella no se presentan proyectos de ley. Sólo en Diputados. Así es como debe ser. Con una excepción inteligente: sólo en la cámara de Senadores se puede presentar proyectos relativos a reformas constitucionales y leyes orgánicas. Es decir, en los temas que requieren más reflexión, más importantes, la responsable de presentarlos es precisamente la llamada cámara reflexiva.

Otra decisión de diseño inteligente es la disposición de que sea la Cámara de Senadores la que apruebe el Presupuesto de la República. Esto podría estar vinculado a la propuesta de conformación de los distritos electorales. En efecto, se plantea que la Cámara de Diputados sea elegida en distritos electorales micro-regionales binominales (dos congresistas por distrito), y la Cámara de Senadores en distritos macro-regionales. Que esa esta Cámara la que apruebe el Presupuesto podría ayudar a controlar la atomización de la obra pública y el tráfico de proyectos relativamente pequeños impulsados por diputados vinculados a alcaldes o empresas constructoras locales. Ayudaría a mejorar la planificación de las infraestructuras.

¿Senado en distritos electorales macro-regionales o distrito nacional único?

La idea misma de elegir a los senadores en distritos macro-regionales y a los diputados en micro-regionales binominales, es positiva. Esta propuesta fue formulada originalmente por Carlos Meléndez, con la idea de asociar las representaciones a las macro y micro regiones económicas efectivamente existentes, lo que es una idea muy sugerente.

Una alternativa sería elegir al Senado en distrito único nacional, con la idea de rescatar para la política a una élite con visión nacional y de largo plazo. Pero, de un lado, esto es algo que, de todas maneras, aunque en menor medida, ocurriría si los distritos macro regionales son grandes (no más de 4 o 5) y si Lima tiene la participación que demográficamente le correspondería. O si, como veremos más adelante, parte de la cámara de diputados se eligiera en distrito único y el resto en distritos uninominales.

De otro lado, hay un problema de consistencia para la gobernabilidad. En efecto, si los diputados son elegidos en distritos binominales, habrá una tendencia a que la primera mayoría tenga más representantes que el porcentaje de votos que efectivamente obtenga, lo que favorecería la gobernabilidad si el presidente perteneciera al mismo partido. En cambio, si elegimos al Senado en distrito único, funcionaría el sistema proporcional puro, con lo que el presidente que fuere elegido no tendría mayoría salvo que su bancada senatorial hubiese obtenido más del 50% de los votos. Entonces el presidente tendría mayoría en Diputados, pero no en senadores. En la medida en que los distritos macro-regionales son elegidos aplicando también el principio proporcional, pero para elegir alrededor de 6 senadores por distrito, la votación no se concentra tanto como en los distritos micro-regionales pero tampoco se dispersa entre todos los partidos, de modo que hay más probabilidades de que el Presidente tenga mayoría también en el Senado.

Elección del congreso con la segunda vuelta

Claro, para tener más probabilidades que esto ocurra, debería aprovecharse para modificar la Constitución en lo relativo a la fecha de la elección del Congreso: ya no con la primera vuelta presidencial, sino con la segunda o después de ésta. Pero, lamentablemente, el proyecto del Ejecutivo no plantea este cambio. La comisión de Constitución debería introducirlo. La propia experiencia de Pedro Pablo Kuczynski debería llevarlos a proponer esta reforma.

Distritos pequeños y gobernabilidad

Aquí es bueno comentar un argumento que ha formulado Ignazio de Ferrari en El Comercio. Ha escrito: “La tentación del poder absoluto es tan grande que en el Perú no deberíamos desechar el sistema proporcional de elección del Congreso. Un sistema mayoritario de distritos uninominales –en el que en cada distrito se elige un solo representante–, como ha sido propuesto más de una vez, conduciría con mucha probabilidad a mayorías parlamentarias permanentes. El Perú no está hecho para que ningún partido tenga tanto poder”.

En realidad, la experiencia histórica del Perú muestra que cuando un presidente ha carecido de mayoría parlamentaria, el gobierno terminó interrumpido por alguna forma de golpe de Estado. Ocurrió con Bustamante, con Belaunde, con Fujimori y recientemente con Pedro Pablo Kuczynski que, si bien no por un golpe de Estado sino de manera constitucional, su gobierno no pudo terminar. Es obvio que tener mayoría parlamentaria facilita la gobernabilidad. Ese es el secreto de los sistemas parlamentarios, donde el Ejecutivo tiene mayoría congresal por definición porque nace de ella.  Deberíamos incluso avanzar a la regla de que el Presidente pueda disolver el Congreso sin expresión de causa y sin esperar dos censuras de gabinete, pero eso ameritaría una discusión mayor para la que no hay tiempo en esta circunstancia.

A propósito, el proyecto de ley de modificación constitucional no aprovecha para resolver un problema de la constitución actual, que establece en su artículo 108º que el Congreso puede insistir y promulgar las leyes observadas por el presidente de la República con el voto sólo de más de la mitad del número legal de los miembros del Congreso (de cada Cámara en el nuevo supuesto). En casi todos los países la insistencia en una ley observada requiere de los 2/3 del número legal de miembros del Congreso. Esto es lo que deberíamos tener para facilitar la gobernabilidad.

Micro-distritos binominales y número de diputados

Ahora bien, debemos suponer que el hecho de que el Ejecutivo haya propuesto distritos binominales en lugar de uninominales para elegir la Cámara de diputados, obedecería a la idea de morigerar el efecto del llamado voto mayoritario (distrito uninominal) que tiende a que el porcentaje de diputados del partido ganador sea mucho mayor que el porcentaje de votos obtenido por ese mismo partido. Pero, al haber limitado dicha Cámara a 100 diputados (para no incrementar el número total actual de congresistas y facilitar así la aprobación de la bicameralidad), tendríamos entonces 50 distritos binominales en cada uno de los cuales elegimos a dos representantes. Al respecto, Alfredo Torres formula las siguientes observaciones: “Algunos distritos de Lima como Ate o Comas podrían tener representantes directos, pero otros tendrían que integrarse para llegar a los 460 mil electores. Lo mismo ocurriría con muchas provincias. Unas pocas, como Huancayo, bordean esa cifra, pero la mayoría tendría que integrarse con otras para formar una microrregión. Incluso habría departamentos como Moquegua y Tacna que tendrían que juntarse para elegir a sus diputados; otros, como Madre de Dios, que tendrían que sumarse a parte del Cusco para alcanzar representación… Como es evidente, esta ingeniería electoral puede ser fuente de muchas tensiones, dado el arraigado sentimiento regionalista vinculado a la tradicional división departamental. Por eso, los sistemas uninominales o binominales suelen funcionar con un mayor número de distritos electorales. El Congreso podría revisar la propuesta del Ejecutivo en esa dirección”.

No veo mayor problema en agregar provincias, pues en la actualidad están todas agregadas a nivel departamental. Más bien estaríamos disgregándolas del departamento o región e integrándolas en unidades más pequeñas definidas por las relaciones económicas y sociales que tienen entre ellas, reconociendo así la realidad existente y dándoles más protagonismo. Esto supone un estudio geoeconómico para identificar las redes comerciales existentes en el territorio, que sirvan de base para la demarcación.

En cambio, sí podría haber un problema en agregar departamentos para formar un micro-distrito electoral. En la medida en que esto solo se presente en dos o tres casos, quizá no sea un obstáculo para la aprobación de la bicameralidad en el referéndum. Si lo fuere, quizá sería conveniente, entonces, una combinación de distritos ‘bi’ y ‘uni’ nominales, o incrementar en alguna medida el número de diputados a fin de tener más distritos binominales. Como fuere, es un asunto que debería ser más analizado. De allí la necesidad de más tiempo. 

La alternativa es la que ha señalado Fernando Tuesta: dejar la definición del número de diputados y senadores para la ley (orgánica). No es un tema constitucional.

Distritos uninominales y distrito único en diputados sin voto preferencial

Otra alternativa sería elegir, de los 100 diputados, a 70 –digamos- en distritos uninominales, y a 30 en distrito nacional único, para balancear los efectos mayoritario y proporcional, es decir, corregir, con la representación elegida de manera proporcional en distrito único, los efectos de sobre-participación del partido ganador en los distritos uninominales. Esto quizá sería lo mejor. En Alemania es así, en una proporción 50-50.

Debe decirse que otro elemento positivo de la propuesta es que elimina el voto preferencial para la elección de Senadores en macro-regiones, donde la elección será en lista cerrada y bloqueada. Nos evitamos así la guerra fratricida entre los candidatos de un mismo partido. Pero lo que no queda claro es por qué sí se mantiene el voto preferencial en los micro-distritos binominales para elegir diputados. Si se vota por una lista de dos y se ejerce voto preferencial por uno de los dos, lo único que logramos es reeditar la competencia entre los dos candidatos de una misma lista por obtener el voto ciudadano, en lugar de que la competencia se dé con los miembros de otras listas. Es decir, reeditaríamos en enfrentamiento intra partidario en lugar de inter partidario. Absurdo.

Nos evitamos estos problemas si vamos a un sistema de distritos uninominales –donde por definición el candidato de un partido compite con los candidatos de los demás paridos, y donde habría menos candidatos entre los cuales elegir, lo que mejora las posibilidades de elegir mejor- combinado con un distrito único –como sugeríamos- para elegir la Cámara de Diputados.

Ahora bien, lo que no tiene sentido es forzar la fórmula paritaria entre hombre y mujeres en las listas. Podríamos estar dejando de lado a dos personas de primer nivel de un sexo por imponer a una de otro sexo.

Conclusión

En resumen, lo que tenemos es una propuesta interesante y bien lograda de división de funciones entre las Cámaras de Senadores y Diputados, pero aún hace falta discutir un poco más los aspectos vinculados a los distritos electorales para elegir los diputados, eliminar el voto preferencial en la elección de diputados, proponer la elección del Congreso con la segunda vuelta presidencial o después de ella, e incrementar la proporción de votos necesaria para insistir en una ley observada por el Presidente. Esto para tener reglas de juego que ayuden a la gobernabilidad.

Por supuesto, la no reelección de congresistas tendría consecuencias muy negativas para la institucionalidad democrática. Debe ser desechada.

En consecuencia, lo recomendable sería no apurar el referéndum en los temas políticos, y consultar en octubre solo la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Lampadia