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Lima-Perú, 19/11/2018 a las 08:11am. por Jaime de Althaus

Hay condiciones para un gran acuerdo de reformas

Cambio estructural en las relaciones entre Ejecutivo y Congreso

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En las últimas semanas se ha producido un cambio estructural en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso: Fuerza Popular ha desaparecido como fuerza beligerante y opositora, ha declarado su voluntad de concertar una agenda de reformas, y, por lo tanto, ha abierto la posibilidad de iniciar una era de colaboración con el Ejecutivo. Se ha pasado de la confrontación a la cooperación.

Para que dicha agenda de reformas pueda concretarse, sin embargo, el Ejecutivo tiene que resolver sus contradicciones internas y el Presidente tiene que aprender a pasar de la confrontación a los acuerdos y la gestión como estrategia de gobierno.

Este cambio estructural en las relaciones entre ambos Poderes, de la mayor importancia, no ha sido registrado cabalmente por la opinión pública, que no está debidamente informada por los medios nacionales, y que en los ambientes más politizados permanece incrédula. Pero es real.

El miércoles pasado la bancada de Fuerza Popular junto con todas las bancadas menos las de izquierda, presentó una moción de orden del día para conformar una “Comisión especial de reformas de interés nacional, diálogo y consenso parlamentario” (ver recuadro). Dichas reformas, de acuerdo a la información que tenemos, incluyen la reforma laboral, algo que hasta hace poco era un tema tabú no solo para Fuerza Popular sino para todas las bancadas y para el propio gobierno. De hecho, un par de semanas atrás el congresista Miguel Torres declaró a El Comercio: “buscaremos una reforma laboral para reducir las exigencias de hoy e involucrar a trabajadores informales dentro de la formalidad”.

Es claro, entonces, que el tono del Congreso ha cambiado notoriamente, lo que significa que están dadas las condiciones para un conjunto de acuerdos que permitan:

  • Resolver el problema creado por el posible NO a la cuarta pregunta del referéndum (sobre la bicameralidad), sea llegando a un acuerdo para que el Congreso modifique los cambios introducidos en la cuestión de confianza a cambio de que el presidente restablezca su apoyo a la bicameralidad antes del referéndum o, en su defecto, se pueda, luego del referéndum, llevar a cabo la reforma constitucional vía dos legislaturas ordinarias, con el apoyo político del Presidente, siempre y cuando se explique antes que el NO que promueve no es a la bicameralidad sino a las modificaciones introducidas a la cuestión de confianza.
  • Conformar una comisión de expertos para recomendar el conjunto de reformas políticas necesarias a fin de mejorar la gobernabilidad y reconstruir el sistema de partidos y los canales de representación.
  • Aprobar los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo que reforman el sistema judicial y profundizar dicha reforma con la redefinición del rol de la Corte Suprema y otras normas.
  • Que el Ejecutivo observe la ley de negociaciones colectivas en el Estado, que es una verdadera bomba de tiempo fiscal, y el Congreso no insista. Y contener, en general, otras iniciativas populistas.
  • Elaborar una agenda de leyes y reformas indispensables para mejorar la competitividad y la productividad del país y reanimar la inversión privada en todos los sectores de la economía. Entre ellas, tendríamos, entre otras:
    • Las reformas laborales, que se verían facilitadas, además, por la renovación del Tribunal Constitucional en junio del 2019, que puede permitir el cambio de la sentencia del 2001 sobre la reposición obligatoria en el puesto de trabajo
    • La reforma tributaria: simplificación de regímenes y reducción de exoneraciones
    • Ley para darle carácter permanente a los regímenes agrario, forestal y acuícola y extenderlos a otros sectores manufactureros exportadores sujetos a demanda cambiante e intensivos en mano de obra
    • La ley de hidrocarburos.
    • Ley para profundizar la eliminación de regulaciones contraproducentes
    • Ley que permita resolver las trabas, dificultades y cuellos de botella en la ejecución de infraestructura estratégica para el desarrollo del comercio exterior e interior. 
    • Incentivar la innovación en las empresas y favorecer la inmigración de científicos extranjeros.
  • En esa línea, derogar los excesos cometidos en los decretos legislativos tributarios en los temas de anti elusión y responsabilidad penal de los directores.

La contradicción interna del Ejecutivo

El Ejecutivo tiene que aprovechar el cambio en la actitud del Congreso para proponer dicha agenda de reformas a favor de la competitividad del país. Para eso, sin embargo, tendrá que resolver la contradicción interna que lo inmoviliza:

  • La que se da entre los ministros vinculados a la economía y la producción de un lado, y el ministro de Trabajo del otro, y que se manifiesta claramente en las diferencias existentes entre los lineamientos del Plan Nacional de Competitividad publicado hace unos meses
  • Las declaraciones y regulaciones que emanan del ministerio de Trabajo
  • Las expresiones del ministro de Justicia en el sentido de revisar integralmente la Constitución incluyendo el capítulo económico, para hacer posible una mayor presencia del sector público.

Esas contradicciones deberán resolverse en el Plan Nacional de Competitividad propiamente dicho que se publique en los próximos días. De lo contrario, no será posible avanzar, por ejemplo, en las reformas laborales, salvo que el Congreso las apruebe por su cuenta.

Si el Plan Nacional de Competitividad contiene un programa de reformas claro que le permita a nuestra economía recuperar tasas altas de crecimiento y volver a reducir los niveles de pobreza –para lo cual debería incorporar las propuestas del Consejo Privado de Competitividad-, debería ser el propio presidente de la República quien presida el Consejo Nacional de Competitividad y lidere personalmente la ejecución de ese plan.  

De la confrontación a los acuerdos y la gestión

Una segunda pregunta, en ese sentido, es si el Presidente Vizcarra está preparado para adaptar su estrategia política a la nueva situación, es decir, pasar de la confrontación a los acuerdos y la gestión. Como sabemos, el Presidente ha conseguido un incremento notorio de su popularidad enfrentando al Congreso, e implícitamente a Fuerza Popular. Pero Fuerza Popular ya ha sido completamente anulada como oposición belicosa, de modo que el Presidente ya no tiene, en ese terreno, con quién confrontar. Su triunfo, en ese sentido, ha sido absoluto. Tiene ahora que pasar de la confrontación a los acuerdos y a la gestión eficiente de los servicios públicos, lo que es más laborioso y menos rentable políticamente si no se hace bien.

Para mantener los niveles de aprobación que ha conseguido, entonces, tendría que buscar, por así decirlo, nuevos “enemigos”, con la diferencia que esos enemigos son menos visibles y personalizados que el Congreso o los congresistas. Esos enemigos son los problemas del país. Podría enfrentarlos con el formato de una cruzada, para darle a la gesta un tono populista, pero al servicio de la reforma y la eficiencia. Esos enemigos podrían ser:

  • La corrupción, por supuesto
    • Destapando casos en los gobiernos regionales o locales o en entidades del gobierno central, y dándoles publicidad.    
    • Promoviendo una campaña de denuncias de los usuarios del Estado, pero para ello se necesitaría que el sistema de denuncias estuviera organizado, y aun no lo está.
  • La inseguridad, supervisando en el terreno el funcionamiento de Barrio Seguro, Vecindario Seguro y los Comités de Seguridad Ciudadana presididos por los alcaldes, llamando la atención a los alcaldes que no los convoquen, por ejemplo, y a los comisarios que no se integren con la comunidad.
  • La anemia, viajando al interior para constatar los esfuerzos y llamar la atención al funcionario que no esté cumpliendo su tarea en la estrategia contra ese mal.
  • La mala atención y corrupción en servicios de salud, retomando la reingeniería del SIS que comenzó a aplicarse el 2017 y fue luego abandonada, y supervisando que se ejecute adecuadamente, y denunciando casos de corrupción en el sector.

De lo que se trata es que el Presidente aproveche sus viajes al interior no para inaugurar obras sino para liderar y supervisar la transformación de los servicios básicos del Estado en servicios eficientes, acompañado de un aparato de comunicación que le permita crear una mística de cambio.

Fuera de eso, el Presidente debe conducir personalmente dos grandes procesos estratégicos. Uno es el que ya hemos mencionado: la ejecución del Plan Nacional de Competitividad, si es que este realmente contiene las reformas que hay que hacer para mejorar la productividad de la economía peruana. Como parte de esta labor, resulta fundamental devolverle eficiencia a la inversión pública y público privada, es decir, al desarrollo de la infraestructura, hoy muy afectada por diversos problemas y por el temor de los funcionarios a tomar decisiones derivado de la persecución arbitraria e injusta que en muchos casos han sido objeto por parte de la Contraloría y de comisiones investigadoras del Congreso. 

Y el segundo es la gran reforma del sistema judicial, presidiendo el Consejo Nacional para la Reforma del Sistema de Justicia, que será aprobado por ley próximamente. Para que la promesa de alcanzar un sistema de justicia moderno, eficiente y limpio se haga realidad –lo que sería un cambio extraordinario- se requiere que el Presidente asuma con la mejor asesoría posible el liderazgo de ese proceso.

Más allá del ruido judicial existente, que afecta la credibilidad de la clase política, lo cierto es que están dadas las condiciones para alcanzar acuerdos fundamentales que conduzcan a un Estado de Derecho en el que impere la ley y a recuperar tasas altas de crecimiento y reducir apreciablemente la pobreza. El Ejecutivo ya no tiene obstáculos en el Congreso para este fin. Lampadia

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