Sondeo se realizó en el marco del Día de la Felicidad.
Fuente: Ipsos, Peru21 22 de marzo de 2023Un 72% de peruanos se considera feliz, según una encuesta de Ipsos realizada en 32 países. La encuesta se aplicó a 22,508 personas del 22 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023.
En el ítem: Felicidad por país, se planteó la pregunta:
Tomando todo en consideración, ¿diría que es: muy feliz, bastante feliz, poco feliz o nada feliz? %
China 91
Arabia Saudita 86
Países bajos 85
India 84
Brasil 83
Emiratos Árabes Unidos 81
México 81
Colombia 80
Australia 80
Chile 79
Portugal 79
Indonesia 79
África del Sur 77
Estados Unidos 76
Francia 74
Argentina 74
Suecia 74
Canadá 74
Perú 72
Tailandia 71
Singapur 71
Gran Bretaña 70
España 69
Malasia 68
Italia 68
Bélgica 68
Alemania 67
Turquía 61
Japón 60
Polonia 58
Corea del Sur 57
Hungría 50
En ella se aprecia que el Perú se encuentra a media tabla en el ranking de la felicidad.
El Perú se encuentra en el puesto 19. (Foto: ANDINA/Luis Iparraguirre)
Otro ítem aborda sobre los aspectos de la vida con los que los peruanos conectados están más satisfechos. Entre los más saltantes destacan:
86% relación con su pareja
86% sentir que controla su vida
85% relación con sus familiares
83% sentirse querido
82% su aspecto físico
82% sentir que su vida tienen sentido
Además, los peruanos no se sienten solos. La misma encuesta señala que:
74% de peruanos conectados indica que tiene uno o varios amigos cercanos o familiares en los que podría confiar para que lo ayudaran en caso de necesidad.
Otro 35% indica que recientemente ha experimentado un acontecimiento profundamente perturbador o angustioso que le ha impedido sentirse bien con su vida.
Ficha técnica
Encuesta de Ipsos realizada en 32 países entre el 22 de diciembre de 2022 y el 6 de enero de 2023 a 22,508 adultos de entre 18 y 74 años en Estados Unidos, Canadá y Malasia, Sudáfrica y Turquía, de entre 20 y 74 años en Tailandia, de entre 21 y 74 años en Indonesia y singapur, y de entre 16 y 74 años en otros 24 países, a través de la plataforma de encuestas en línea Global Advisor de Ipsos. Lampadia
Tenemos un pésimo gobierno
| 22 de Marzo de 2023
Pablo Bustamante Pardo Director de Lampadia
El presidente que proclamaba: “No más pobres en un país rico”, solo ha podido mantener sus poses, fracasando palmariamente en su vacía promesa.
La verdad es que el ‘pueblo’ al que decía representar dice que aumentará la pobreza (63%) y que se mantendrá (24%). Un año y medio después de iniciado su gobierno, el 87% le dice que es un inútil, un fracaso en toda la línea.
El 94% de la población dice que no hay un cambio para mejor en la situación económica. 73% la califica de peor y 21% de igual.
El 69% dice que Castillo está afectando negativamente la economía y el empleo.
Y por supuesto, el 91% dice que las posibilidades de encontrar empleo, con respecto a los últimos 12 meses, tampoco han mejorado. 67% dice que es más difícil y 24% que está igual.
En resumen, el gobierno que ofreció el ‘cambio’ para mejorar a los pobres, está haciendo todo mal. Malogrando la economía, disminuyendo la inversión y el empleo.
El gobierno de Castillo-Cerrón-Perú-Libre está en otra
La población tiene muy claras las prioridades que debería tener el gobierno, empezando por los temas de seguridad, narcotráfico, mejora de la economía, la salud, la educación, la corrupción, el empleo y la reducción de la pobreza; pero el gobierno solo tiene una agenda política para copar el Estado y afirmar sus estructuras de corrupción.
Sus ministros y funcionarios, a los que se ve obligado a cambiar todos los días, son mayormente (71%) deshonestos e incapaces.
El 85% reclama que se nombre ministros técnicos e independientes.
Lamentablemente, el presidente miente y engaña constantemente (67%) cuando hace declaraciones.
A estas alturas el 69% de la población considera que Castillo gobierna para sus intereses y los de sus allegados, y no para el ‘pueblo’ que ofreció privilegiar.
Por otro lado, el gobierno de Castillo-Cerrón-Perú-Libre, está permitiendo la expansión del narcotráfico, la minería ilegal y las demás actividades económicas ilegales, que ahora son, evidentemente, el sustento de su popularidad.
Además, el 65% de los peruanos piensa que el propio presidente está involucrado en actos de corrupción.
El 37% de los ciudadanos considera que el gobierno genera y propicia los conflictos sociales y el 40% considera que no sabe cómo enfrentarlos. Así es como el gobierno está destruyendo las fuentes de riqueza del país y está aumentando la pobreza de los peruanos.
Gran parte de la población (68%), ya no confía en Castillo y su gobierno. Un tremendo fracaso.
Los peruanos son emprendedores y confían en sus propias capacidades, como lo confirma la siguiente respuesta de la población sobre sus preferencias laborales. El 72% prefiere desarrollar su propio emprendimiento y el 18% desearía trabajar en una empresa grande.
Y por supuesto, el 90% de los peruanos considera que el modelo de gobierno venezolano sería muy malo para el Perú.
Los peruanos no son idiotas, tienen muy claras sus prioridades, saben que se necesita un buen gobierno, con funcionarios honestos y capaces, y tienen muy claro que Castillo y su gente, no dan la talla. Deben dar un paso al costado.
Ficha técnica de la encuesta:
Lampadia
¿En quién confían los peruanos?
| 22 de Marzo de 2023
Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia
Ipsos acaba de publicar el Índice Global de Confianza (Global Trustworthiness Index 2022) para 28 países, entre los que tenemos a: Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Dinamarca, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Hungría, India, Italia, Japón, Malasia, México, Holanda, Perú, Polonia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Turquía y EEUU.
El siguiente cuadro muestra los niveles de confianza y desconfianza entre los peruanos para cada profesión, además del ranking de confianza de cada una en relación a los demás países de la muestra.
Así podemos ver que los abogados, los jueces, los ministros del gobierno, los servidores públicos y los políticos, tienen los menores niveles de confianza (entre 16 a 7%), pero, además, en comparación con los demás países, son los peores rankeados (26, 27 y 28 entre 28 países).
Los banqueros también tienen un bajo nivel de confianza (16%), pero están mejor ranqueados en relación a los demás países (8 de 28).
Los periodistas solo alcanzan 23% de confianza, pero en el ranking global están en el puesto 27 de 28.
Quienes muestran un nivel de confianza superior al comúnmente mencionado, son los líderes empresariales que tienen prácticamente el mismo nivel que los miembros del clero. Pero a diferencia de estos, que están en el lugar 17 del ranking, los empresarios están en el décimo lugar.
Curiosamente, los encuestadores tienen un mejor nivel de confianza (37%) y además el mejor ranking de todas las profesiones, el cuarto lugar.
Los doctores, científicos y profesores tienen el mejor nivel de confianza (53, 53 y 40% respectivamente), pero también están muy abajo en el ranking.
Básicamente, todas las profesiones están en niveles muy bajos en el ranking global, entre el puesto 23 y 28. Solo, curiosamente, los banqueros, los líderes empresariales, el clero y las FFA, están a media tabla en relación a los demás países de la muestra.
En resumen, las profesiones vinculadas a la administración de justicia tienen muy bajos niveles de confianza. Y los mejor evaluados, con excepción de los propios encuestadores, son los banqueros y los líderes empresariales.
Por lo tanto, estos resultados abonan al reclamo que hemos repetido durante largos años, se necesita una mayor presencia de los empresarios en el debate nacional.
Las últimas acciones del Congreso podrían llevarnos a pensar que dejó de esquivar los ataques del ejecutivo y pasó a tomar la iniciativa. Archivo de plano el inconstitucional proyecto de convocatoria a una Asamblea Constituyente presentado por el gobierno, aprobó un nuevo retiro de las AFPs, un cambio en el cronograma de las elecciones internas para los comicios municipales y una recomposición del cuerpo directivo SUNEDU para dotarla de mayor autonomía frente al Estado.
Sin embargo, salvo el archivo de la iniciativa de Asamblea Constituyente que sólo respalda el 8% de la ciudadanía según la última encuesta de IPSOS, las otras iniciativas no parecen estar referidos a los temas que preocupan a la mayoría ciudadana. Parecen ser iniciativas del interés de ciertos sectores de la población y no medidas de interés general.
Pasar a tener la iniciativa política en el país implica embarcarse en los temas de interés general, no en las medidas de interés sectorial, político o grupal, mucho menos en los temas de interés de los partidos políticos.
Según la misma encuesta de IPSOS antes referida, los problemas que preocupan a los ciudadanos son: la inseguridad 53%, la corrupción 52% y el empleo y la reactivación 42%.
¿No debería ser este el marco lógico de la acción política del Congreso? Parece obvio que sí.
En materia de inseguridad si bien el Congreso no puede dirigir la policía, ni los serenazgos municipales, pero sí puede en ejercicio de su función de direccionalidad política y de fiscalización:
Exigir al Ministro del Interior, bajo apercibimiento de despido, resultados concretos en la captura de requisitoriados (así sean sobrinos del Presidente). La sensación de impunidad que irradia esta inepcia policial puede ser corregida desde el Congreso, con la interpelación, la censura, la acusación constitucional o la creación de comisiones investigadoras.
Exigir al Ministro del Interior y al Jefe de la PNP la reducción concreta del índice de delitos. Una gestión política y una acción policial donde los presupuestos se dan sin exigir ratios de resultados y eficiencia es una política ciega, tonta e ineficaz.
Fiscalizar el uso del presupuesto policial que no llega a las comisarías ni a la sanidad policial, pero se dispendia en los altos mandos afines al gobierno. Comisarías sin líneas telefónicas, sin patrulleros, sin gasolina, sin baños, son el primer escalón de la inseguridad que molesta a todos los ciudadanos.
Crear veedurías ciudadanas que permitan a los pobladores opinar y denunciar a sus policías, comisarios, alcaldes, serenos, ronderos o policías municipales. El ciudadano tiene que participar en la seguridad fiscalizando la acción del orden público.
Citar a los alcaldes de las ciudades y distritos con mayor índice de delitos, para preguntarles ¿qué hacen? o ¿qué no hacen? en esta materia. ¿Por qué no lideran a sus comunidades la lucha contra el delito? Crear incentivos para municipios que reduzcan la delincuencia.
Citar a gobernadores para que asuman la lucha contra la delincuencia y no se ocupen de movilizar poblaciones en causas políticas afines al Ejecutivo.
Citar al Fiscal de la Nación para que explique la elevada cantidad de investigaciones que se cierran por exceso de carcelería, vencimiento del plazo de investigación sin acusación y falta de acción de los fiscales titulares y adjuntos, así como exigirle medidas concretas y ratios de gestión.
Un Congreso comprometido en la lucha contra el delito (y contra aquellos otros poderes del estado que lo socapan), podría remontar su bajísimo % de aprobación ciudadana. Un Congreso distraído en los “negocios” de sus miembros, sin duda, carecerá de respaldo ciudadano.
En materia de corrupción es donde más se puede hacer.
¿Hasta cuándo en el Perú, la corrupción regional y municipal no tendrá consecuencia presupuestaria? Gobernadores, Consejeros, Alcaldes y Regidores dejan que roben porque el robo que ellos toleran o auspician no tiene consecuencias presupuestarias para ellos. Siguen recibiendo transferencias. Siguen permitiendo o protagonizando la corrupción, siguen recibiendo transferencias para nuevos hechos de corrupción.
¿Hasta cuándo los procesados por corrupción seguirán saliendo de un sector y entrando a trabajar en otro? Ellos pueden conservar su presunción de inocencia hasta que sean sentenciados, pero el Estado bien puede, sin lesionar la Constitución, impedir que entren a trabajar en él, que sean consultores o que sean parte de empresas que contratan con el Estado. A la corrupción se le puede cerrar el paso, por ley.
¿Hasta cuándo se permitirá que cada Ministro, Gobernador, Alcalde o Congresista (en menor medida) desembarque con miles de ineptos de su partido para tomar los puestos del Estado? Sería un buen paso reducir el número de puestos de confianza para profesionalizar el Estado.
¿Qué espera el Congreso para citar a los gobernadores desde cuyos despachos se dilapidan los recursos nacionales y los ingentes recursos de canon y sobre canon?
¿Qué espera el Congreso para llevar a la picota a 10 de los alcaldes más corruptos del país, cuyos presupuestos se van en consultorías, publicidad regional, viajes y obras inconclusas?
¿Qué espera el Congreso para disponer por Ley la reorganización de algunas entidades estatales donde el dinero público drena?
¿Qué espera para declarar en emergencia el MTC que es a todas luces el sector más corrompido por el actual gobierno?
¿Qué espera el Congreso para dictar una ley de reorganización del aparato estatal donde todo servidor o funcionario que no responda al perfil debe ser separado, automáticamente, sin derecho a indemnización ni reposición? Esta norma debiera, a título de ejemplo, servir para el propio Congreso, donde hay más de un amigo en posiciones que no les corresponde.
Ahí está la corrupción. El ruido que Vizcarra armó para concentrar la corrupción sólo en sus enemigos debe acabar. La corrupción está en todos lados y se puede combatir con medidas concretas. Es hora de que el Congreso lo haga.
En materia de generación del empleo y reactivación es donde debe actuar con mayor prisa. Debe mostrarle a los ciudadanos, a los empresarios y a los inversionistas que aun cuando el ejecutivo quiera destruir la economía del país, la representación nacional no lo va a permitir.
Frente al ataque militar / casi subversivo, contra la minería, se deben dar medidas para incentivar la actividad minera. Medidas contrarias. Medidas contra el ciclo anti-inversión que lidera el gobierno: ampliación de plazos de concesiones, simplificación de trámites de exploración, silencios administrativos positivos. La competitividad minera del país debe ser preservada por el Congreso.
Frente a las amenazas de nacionalizaciones de empresas de hidrocarburos, se debe mostrar que el Perú es un país que alienta la inversión en exploración, perforación y explotación hidrocarburífera, ampliando los beneficios que la ley otorga para generar una contra política que evite la estampida de la inversión en estos sectores.
Frente a la dictadura de los protocolos, el Congreso debe simplificar el emprendimiento poniendo topes al costo de las licencias, establecer la gratuidad de las prórrogas y la aprobación automática de las solicitudes de prórroga y cambio de titularidad, limitar el costo de las certificaciones de defensa civil y ampliar su vigencia, exonerar de costos registrales a la creación de nuevas empresas por un lapso de tiempo, permitir el pago fraccionado de multas y sanciones administrativas y, por supuesto, eliminar toda barrera burocrática denunciada o en proceso de denuncia ante INDECOPI. La reactivación requiere medidas concretas. Los que gobiernan no tienen idea de ellas. ¿El Congreso tampoco?
Frente a la ausencia de empleo, no cabe ampliar los beneficios de los 3 de cada 10 peruanos que tiene empleo formal. Cabe crear un Régimen de Emergencia, en el cual se dote al trabajador de seguridad social y salario justo mientras accede al sector formal o la empresa puede pagar el régimen general. El Perú necesita millones de empleos, así sea precarios. No necesita que los sindicatos afines a los partidos que gobiernan consoliden más beneficios y sean oligarquías laborales que combaten cualquier reforma desde la comodidad de su puesto laboral.
Crear un Draw Back por empleo, que otorgue incentivos tributarios a las empresas formales que contraten nuevos trabajadores o incrementen remuneraciones a sus trabajadores.
Ampliar, potenciar y simplificar el RUS, así sea subiendo las alícuotas de pago. Los microempresarios del RUS pasan a la informalidad no al radar de la SUNAT como ella cree.
Qué espera el Congreso para derogar el Decreto sobre tercerización que beneficia a los sindicatos amigos al Gobierno y a los sindicatos y en lugar de ello, fortalecer la tercerización, que genera empleo formal descentralizado, para las empresas que presten garantía, fianza o similar para el pago de los beneficios de sus trabajadores tercerizados.
Un shock de competencia que fortalezca la economía de mercado, particularmente en los sectores donde existen monopolios y oligopolios, simplificando las reglas de acceso para nuevos operadores aéreos, ferroviarios, pensionarios, cementeros, portuarios, de seguros, entre otros, para que sea la competencia y no la regulación la que muestre las virtudes de la economía libre. Haciendo abogacía de la competencia, por ley, para que más y mejores prestadores de servicios farmacéuticos, financieros, bancarios, entren a competir y dinamizar estos y otros sectores.
El Congreso puede evitar que el país sea destruido vacando al gobernante incapaz. También lo puede hacer impidiendo que este destruya el país y su economía. Sólo necesita actuar en la dirección correcta. Atendiendo los temas que le interesan a los peruanos. Cuando atienda esto, el Congreso podrá ocuparse de los asuntos de sus miembros. No antes. Lampadia
La popularidad sin el sombrero
| 22 de Marzo de 2023
Jaime de Althaus Para Lampadia
Sorprende que, según Ipsos, la aprobación de Castillo se haya mantenido prácticamente igual (subió un punto) luego de las revelaciones de Karelim López.
Hay varias explicaciones concurrentes:
La primera es que tuvo difusión la versión de que Karelim no se había reunido con Castillo y que no lo había sindicado como jefe de la mafia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aunque luego se aclarara que sí lo había señalado como integrante de esa mafia. Pero no hubo indicaciones concretas o específicas de su participación.
La segunda es que desde hace un par de meses cuando menos los precios de algunos alimentos, como el pollo, por ejemplo, vienen bajando, como consecuencia de la caída del precio del dólar. Eso sin duda ha aliviado la economía de las familias.
Y la tercera es cambio del estilo presidencial. Se quitó el sombrero y bajó al terreno. Con chaleco y chicote acompañó un operativo policial en el que anunció además la participación de las fuerzas armadas en la seguridad ciudadana, a lo que se agregó la propuesta de armar a los serenos, prohibir dos personas en las motos lineales y potenciar las juntas vecinales. Algún asesor político le advirtió que el mayor problema para la población, según las encuestas, es el avance de la delincuencia. Y decidió responder con medidas mas efectistas que efectivas. Además, visita colegios y postas, en contacto con la gente, y ha dejado de lado el lenguaje radical y las alusiones a estatizaciones o a la asamblea constituyente, por ejemplo.
Quizá no sea casual que haberse quitado el sombrero coincida con una ligera subida de la aprobación en las zonas urbanas y los segmentos altos y medios, y una caída en las zonas rurales, en el segmento E y en el Sur. Estos sectores, que eran su bastión, pueden haber sentido que un Castillo sin sombrero les daba la espalda y se asimilaba a la clase política tradicional. En ese contexto, las revelaciones de corrupción aparecerían como una confirmación de la traición. La renovada alianza con Cerrón corroboraba el desvío de Castillo hacia el camino equivocado.
Ahora bien, tarde o temprano aparecerán nuevas revelaciones que comprometerán a Castillo. Bruno Pacheco y otros tendrán que acogerse a la colaboración eficaz para no caer presos. Y hablarán.
Al mismo tiempo, lamentablemente los precios van a volver a subir, y en algunos casos de manera alarmante, debido a los efectos de la guerra contra Ucrania en el precio del petróleo, el trigo y los fertilizantes, que importamos en gran proporción.
De modo que es probable que en uno o dos meses la popularidad de Castillo reanude su tendencia a la baja. Porque, de otro lado, si bien ha mejorado su estilo y sus mensajes, lo que no mejorará es la gestión, debido a que continúa el copamiento del Estado con personas no idóneas y eventualmente corruptas. La degradación de la calidad del Estado y de los servicios públicos seguirá su marcha ineluctable, así como la inversión pública, que ha retrocedido en los últimos cinco meses.
Y esa es la razón por la que el Congreso debió negar la confianza al gabinete. Eso era un imperativo moral, para contener la destrucción del Estado y la permanencia de ministros incalificables e inaceptables. Se impusieron la razón estratégica de no gastar la primera bala de plata y el intercambio de favores por las obras concedidas y, en algunos casos, la razón crematística detrás de esos intercambios.
Un argumento vinculado a la razón estratégica para dar el voto de confianza es que es mejor dejar que el gobierno se desmorone solo, por sus propios errores y sin que pueda escudarse en el Congreso como agente obstruccionista. Tiene sentido, pero es un argumento algo cínico porque el efecto secundario es el creciente deterioro del Estado.
Por eso, al mismo tiempo que Castillo mantiene su popularidad, el Congreso reduce en pequeña medida la suya: por no asumir claramente su papel fiscalizador y de control político debido a los enjuagues y los cálculos y, desde la otra orilla, en alguna medida también por las infundadas -como vemos- acusaciones de vacador y golpista. Estamos atrapados. Solo un liderazgo distinto que pudiera aparecer podría cortar este nudo gordiano.Lampadia
EL PUEBLO NO CONFÍA EN CASTILLO
| 22 de Marzo de 2023
Pablo Bustamante Pardo Director de Lampadia
No confía el 70% de los peruanos
No confía el 54% de la población rural
No confía el 69% de la región Centro
No confía el 51% de la región Sur
No confía el 67% del NSE D
No confía el 57% del NSE E
No confía el 73% de las mujeres
No confía el 79% de los jóvenes
Temprano en su mandato, Castillo ha perdido el apoyo del pueblo. Y lo peor es que no muestra ninguna señal de arrepentimiento o propósito de enmienda. Paulatinamente, está llevando a los peruanos a rechazar su presencia en la presidencia. Ya el 57% considera que debe dejar la presidencia.
Solo en el Sur se considera que debe continuar a cargo del gobierno, pero la opción de que deje el mandato es mayoritaria en todos los NSE y especialmente entre los jóvenes, que en un 65% consideran que debe apartarse del gobierno.
Más de la mitad de los peruanos considera que el propio Castillo está involucrado en actos de corrupción, con malos indicadores en prácticamente todos los segmentos medidos.
El presidente debe asumir sus errores y recoger la opinión del pueblo. Un mayor deterioro de la figura presidencial es muy malo para todos, para el propio presidente y para la nación.
No queremos llegar a una situación en que los peruanos terminen desconectándose de su gobierno.
Correctivos ahora. Castillo debe cambiar cinco ministros y nombrar un premier independiente que convoque a lo mejor del Perú para salvarnos de esta pendiente de desgobierno, empobrecimiento y corrupción.
¿Qué significa cruzar el Rubicón? Iniciar irrevocablemente una empresa de arriesgadas consecuencias. Como cuando el emperador Julio Cesar atravesó el Río Rubicón con sus tropas, declarando la guerra civil: “alea jacta est” (la suerte está echada).
Como comentó Mirko Lauer en su columna: El complot, en La República el 9 de febrero pasado, parece que el gobierno de Castillo habría cruzado -fallidamente- el Rubicón, con el nombramiento de Valer en la PCM.
“¿Hubo un intento real de cerrar el Congreso? A juzgar por los comentarios post factum de Héctor Valer, intento hubo. Lo que faltó fue un manejo mínimamente hábil de las cosas. Desde que la derecha parlamentaria, apenas instalada, proclamó su deseo de vacar a Pedro Castillo, él y su entorno sueñan con un mundo sin congresistas.
Todo sugiere que Valer llegó a la PCM con el encargo de provocar a los opositores y precipitar una negativa de la confianza, como antesala de la disolución del Congreso. Pero los organizadores no esperaban que el abogado revelara las cartas del complot de forma tan precipitada, ni que fuera políticamente tan frágil.
El frustrado cierre del Congreso nos deja con la imagen de un Castillo dispuesto a poner en marcha un putsch, pero sin capacidad de llevarlo a buen término. Sus limitadas habilidades son lo único que lo separa de lanzar emprendimientos orientados hacia un poder personal sin limitaciones democráticas. (…)”.
Concuerdo con el análisis de Lauer, Castillo habría pretendido cruzar el Rubicón y declararnos la guerra a los demócratas, a la gran mayoría de peruanos que no acompañamos al presidente, su camarilla y sus asesores cubanos, en el intento de refundar el Perú.
El ‘Pueblo’ se aleja cada vez más del gobierno de Castillo y Perú Libre, peri el gobierno no toma nota del sentir popular. Pretendería imponer su agenda máxima, la de insistir con la asamblea constituyente para tomar el poder absoluto. Como a estas alturas ya saben que no podrán hacerlo por la vía de la Constitución y las Leyes, antes de perder más popularidad y respeto en el ámbito internacional, parece que estarían apurando su afrenta antidemocrática.
Pero los ciudadanos tenemos las cosas más claras, veamos una última lectura de la opinión pública recogida por Ipsos – El Comercio:
Como podemos leer, la población le dice al gobierno que su proyecto político refundacional no merece el mínimo de atención, incluso en el revoltoso Sur, donde solo un 13% considera que debe dársele algo de atención.
El que por ahora haya fallado el putsch que menciona Lauer, no significa que el gobierno haya renunciado a avanzar con su proyecto político anti-peruano, inspirado en un proyecto continental. La delicada presentación del ministro Torres de hace un par de días, previa dosis de pasiflora, sería solo una pausa.
Pareciera que el gobierno ya optó por buscar la ‘solución final’ para la captura total del país: el cierre del Congreso y la imposición de una asamblea constituyente anti-democrática.
Ahora pues no caben más contemplaciones, estamos advertidos en todos los tonos. No van a parar hasta conseguir su solución final.
Posición: Firmes Compromiso: Como Bolognesi: Hasta quemar el último cartucho
Lampadia
Candidaturas y Vacunación
| 22 de Marzo de 2023
Ing. Antonio Pratto Miembro del Comando Vacuna Para Lampadia
Estamos exactamente a una semana de las elecciones generales y con encuestas que nos ponen los pelos de punta de ver que los próximos cinco años seguirán siendo complicados para nuestro país. No solo por las propuestas populistas de los candidatos presidenciales sino por el fraccionamiento que tendría el nuevo congreso.
Los planes de gobierno de los diferentes candidatos no presentan propuestas para las grandes reformas que el país necesita en lo político, económico y social. Y mucho menos en la estrategia más básica y urgente que el país necesita para terminar con la pandemia: LA VACUNACIÓN, para que de esta manera se pueda terminar también con la crisis sanitaria y económica que nos agobia desde hace más de un año.
Las propuestas demuestran un desconocimiento de la crisis sanitaria y de lo que significa el proceso de vacunación, pero principalmente una ignorancia absoluta del proceso de adquisición de vacunas. Propuestas disparatadas como la cura del Covid con cañazo y sal, o tomar el avión presidencial a Chile y traerse 10 millones de vacunas, o pedir las fórmulas a los laboratorios farmacéuticos para fabricar las vacunas localmente, entre otras, demuestran el desconocimiento mencionado o una demagogia muy usual en este tipo de campañas. Que el candidato presidencial no conozca en profundidad estos temas podría ser aceptable, pero lo que no es aceptable, y es lo que parece ser, tampoco tienen un equipo de asesores en el área de salud que conozcan del tema, y eso si es preocupante.
Lo que no se han enterado todavía los candidatos es que hay muy poca o casi ninguna disponibilidad de vacunas en el mundo, por los menos en el corto plazo. Según el Global Innovation Center de la Universidad de Duke al 26 de marzo, indica que se ya se han vendido 15.1 billones de dosis a los diferentes países del mundo de los cuales ya se han pagado 8.3 billones de dosis. Sin embargo, la producción sigue siendo insuficiente para abastecer esta inmensa demanda. Esto hace que haya retrasos en las entregas y por consiguiente dificulta tremendamente las negociaciones.
Para que el próximo gobierno, que inicie su gestión el próximo 28 de julio, será demasiado tarde para empezar a diseñar una estrategia para el proceso de vacunación, el actual gobierno es el que debe dejar la estrategia planteada como proponemos más adelante. Lamentablemente la incapacidad e incompetencia, por decir lo menos, de los dos últimos exministros de salud y sus ineficientes equipos de negociadores nos dejaron en la situación tan complicada en la que estamos. No firmaron un solo contrato bilateral con ningún laboratorio y le dejaron la “papa caliente” a este gobierno que está negociando un bien escaso, difícil de conseguir a estas alturas.
Sin embargo, también hay ejemplos de países que lo han hecho muy bien, como Gran Bretaña, Chile, Israel, o Serbia. Comento sobre Serbia porque tuve la oportunidad de trabajar en esa zona de Europa Central y conozco bastante bien la idiosincrasia de su gente, muy similar a la de Perú. Un país pequeño, pero con un ingreso per cápita también similar al peruano, pero con la gran diferencia que ellos manejaron el problema de la vacunación de forma muy eficiente. Una de las claves que explica el éxito de la nación balcánica es la variedad de vacunas que adquirieron con gran anticipación. Además de disponer de dos de las occidentales, la de Pfizer y la de AstraZeneca, también ha adquirido dosis de la rusa Sputnik V y de la china Sinopharm.
La consecuencia es que ahora mismo Serbia tiene más vacunas que gente dispuesta a ponérselas. Así que ha permitido que residentes de países cercanos como Croacia, Macedonia del Norte, Bosnia o Montenegro puedan desplazarse a suelo serbio para ponerse las inyecciones, provocando gran afluencia de visitantes al país.
Volviendo al Perú, es importante que el actual gobierno siga negociando contratos y los firme a la brevedad posible, aparte de las 48 millones de dosis ya contratadas. La situación de la pandemia tiene por lo menos para 1 o 2 años más y no debemos caer nuevamente en la incapacidad de firmar contratos en el momento que se deban hacer.
Si este gobierno quisiera salir el 28 de julio con la frente (medianamente) en alto, está en la obligación de firmar 4 o 5 contrato bilaterales, como lo propusimos desde junio del año pasado, para comprar por lo menos 80 millones de dosis de vacunas, con un cronograma estricto de suministro y un cronograma de vacunación ordenado por edades, por fechas y lugares de vacunación de toda la población adulta mayores de 18 años, y que el próximo gobierno se comprometa con la ejecución eficiente de este proceso.
Este sería el mejor legado que podrían dejarle a la ciudadanía quien tiene el derecho de recibir información ordenada y certera de manera que disminuya su ansiedad e incertidumbre. Una forma también de recuperar confianza y credibilidad que últimamente es prácticamente inexistente en el gobierno de emergencia y transición. La ciudadanía les quedaría eternamente agradecida. Lampadia
El gobierno de las encuestas
| 22 de Marzo de 2023
Fausto Salinas Lovón Cusco Para Lampadia
En un país donde el Presidente provisional gobierna para las encuestas, donde su respaldo político son únicamente los índices de aprobación semanal que exhiben sus medios de comunicación aliados, donde sus partidarios son los ciudadanos supuestamente agrupados en encuestas por uno y otro tema y donde las iniciativas políticas del gobierno son previamente consultadas a manera de globos de ensayo a través de encuestadoras o de institutos de investigación, como ya lo advierte Lampadiaen ZAPATERO A TUS ZAPATOS, conviene saber si hay nexos entre encuestadoras, medios de comunicación y gobierno. Muchos creen que si y, por ende, llego a pensar que esta reflexión puede ser un pleonasmo. Pese a ello, creo que algunos datos y reflexiones pueden ayudar a comprender lo que está sucediendo.
Tomemos solamente un par de muestras.
El sitio web de DATUM, una reconocida encuestadora internacional, con sede local. Allí se puede ver que tiene 7 grupos de clientes. Uno de ellos se denomina: Instituciones del Estado y figuran como clientes: Sunat, Essalud, Consucode, ONPE, Mincetur, Prom Perú, MTPE, RENIEC, ONP y Poder Judicial. En el rubro de clientes de Banca y Finanzas figura otra entidad estatal: el Banco de la Nación. En el rubro de clientes del sector Energía y Minas aparecen otras dos entidades estatales: Electro Perú y Petro Perú. Dicho de otro modo, solo esta encuestadora, en el año 2019, tiene registrados como clientes destacados en su sitio de internet a 13 entidades estatales, 12 de ellas del Poder Ejecutivo. En otros rubros de clientes de esta encuestadora figuran CLARO, LATINA, PERU 21 Y GESTION. Datum Internacional, como resulta lógico, está acreditada como proveedora del estado en el SIAF.
El IEP ha sido quien elaboró en abril pasado, la encuesta que consulta a la opinión pública ¿si estaría o no de acuerdo con que el presidente cierre el congreso? Esta encuesta, arroja un 70% de aprobación a esta medida y antecede a la cuestión de confianza. El IEP, conocido centro de investigación y publicación vinculado a la izquierda, ha incursionado en el rubro de los sondeos de opinión y, al igual que DATUM, también figura en el SIAF como entidad proveedora del Estado.
A partir de estos pequeños y aislados datos, convendría saber ¿cuales son las razones de oportunidad, conveniencia o necesidad que lleven a SUNAT, por ejemplo, a contratar encuestas? ¿Cuales son las razones por las cuales un centro de investigación social es proveedor del Estado? Debe haber muchas razones, lo que convendría es saberlas en aras de la trasparencia para no pensar que esta es la forma a través de la cual el Poder Ejecutivo financia su aprobación ciudadana. De igual forma la ONP podría explicar como las encuestas le ayudan a cumplir más oportunamente con las pensiones de miles de jubilados que hacen largos procesos judiciales para cobrar reintegros ínfimos. Deben existir muchas razones de necesidad y oportunidad que justifican estos gastos. El propio Poder Judicial. ¿Será acaso que evalúa sus decisiones judiciales a la luz de las encuestas de opinión y no de su validez lógica intrínseca y de la validez material de sus razonamientos a la luz de las leyes, la Constitución y los instrumentos internacionales que nos vinculan? Sería necesario saberlo.
Sin embargo, las encuestadoras y los institutos de investigación que hacen sondeos de opinión no tendrían relevancia si no tuvieran cajas de resonancia mediática que adquieran sus resultados, los encargan previamente y por supuesto, los difunden. En tiempos electorales, medios y encuestadoras captan la mayor parte de los recursos de los partidos para las campañas. En tiempos sin elecciones la cosa no parece ser muy diferente, a juzgar por los gastos de publicidad estatal. Al respecto, es muy relevante la tendencia creciente de este gasto en nuestro país. En el 2013, se estimaron en 151 millones de soles. En el 2014 en 169 millones de soles 2014 y en el gobierno de PPK, entre agosto de 2016 y diciembre de 2017 (dos meses antes de que lo echen) se gastaron 571 millones de soles, según datos publicados en el Diario Expreso. El dato, luego de la inconstitucionalización de la Ley Mulder debe ser interesante y seguramente solo confirme esta tendencia.
¿Se puede afirmar entonces que no existe conexión entre gasto público, medios y encuestas? Obviamente no. Los datos muestran que hay líneas de conexión. Hay recursos públicos en los medios. Hay recursos de los medios en las encuestadoras y hay encuestadoras como proveedoras del Estado.
¿Es esto malo per se?
No.
Pero hay que saber por qué razón existen estas líneas de conexión y cuales son las razones de oportunidad, conveniencia y necesidad que justifican la publicidad estatal y las encuestas. De lo contrario, sería válido opinar y pensar que este es un mecanismo indirecto de financiamiento de su aprobación ciudadana.
El susto de los congresistas luego de la arremetida de los medios por la Ley Mulder los llevó a ignorar el mensaje del Tribunal Constitucional: Prohibir es inconstitucional. Regular no. La regulación bien podría poner topes y, sobre todo, exigir que haya razones de oportunidad, conveniencia y necesidad justificadas y válidas para que haya recursos públicos en los medios y a través de ellos en las encuestas. Lampadia
Confianza en Instituciones
| 22 de Marzo de 2023
La construcción de instituciones sólidas y el respeto hacia ellas por parte de los ciudadanos, es una de las más importantes tareas pendientes del país. Su atraso y muchas veces su deterioro, ha sido incluso aprovechado para desmerecer nuestros avances sociales y económicos desde que regresamos al mundo global con la Constitución de 1993.
El pasado domingo primero de octubre, El Comercio publicó el estudio de IPSOS. ¿En qué instituciones confían los peruanos?, que queremos compartir y analizar.
ENCUESTA NACIONAL URBANO-RURAL realizada por Ipsos Perú Número de registro: 0001-REE/JNE. Sistema de muestreo: Probabilístico polietápico. Muestra: 1.276 entrevistados. Fecha de aplicación: del 13 al 15 de setiembre del 2017. Margen de error: ± 2,7%. Nivel de confianza: 95%. Universo: Hombres y mujeres de 18 años a más. Página web: www.ipsos.pe. Email: Guillermo.loli@ipsos.com
Además de la constatación de debilidades muy importantes, hay, sin embargo, algunos desarrollos muy positivos, especialmente en el ámbito del Estado. Entre las que destacan la Reniec y el Banco Central de Reserva (BCR).
La Reniec ha logrado modernizar sus sistemas y acercarse a los ciudadanos con servicios accesibles y eficientes. El caso del BCR encierra mensajes que debemos analizar con cuidado. Por su naturaleza, el BCR está, evidentemente, muy alejado de los ciudadanos, tanto del conocimiento general, como de una relación de servicio. ¿Qué puede entonces, explicar su alta valoración?
En nuestra opinión, el BCR es el depositario del reconocimiento de los ciudadanos, de la aprobación de la estabilidad macroeconómica que eliminó 25 años de inflación. Una de las peores de la historia mundial, que arrancó a inicios de los años 70 con la dictadura militar y terminó en una hiperinflación desbocada a inicios de los años 90; habiendo destrozado, en el camino, los ingresos de todos los peruanos, especialmente de los sujetos a ingresos fijos, como los servidores del Estado y de los jubilados. Un verdadero crimen del que aún no hemos hecho un buen balance.
Pero la intuiciónde nuestro pueblo, beneficiario del gran cambio que se produjo, desde el estancamiento y empobrecimiento que nos impuso la aventura izquierdista de Velasco, hasta el crecimiento, reducción de la pobreza y de la desigualdad, con el advenimiento de nuestra incipiente economía de mercado; tal como hizo en las elecciones de abril 2016, sabe que su futuro de prosperidad depende de mantenerel crecimiento y la estabilidad económica.
Ver en el siguiente cuadro, como el BCR ha pasado de un nivel de aprobación de solo 28% en 1989, a 64% este año. Este cuadro, gentilmente proporcionado por IPSOS, nos muestra la evolución del indicador de confianza desde 1989 para varias instituciones.
En Lampadia hemos graficado (con la misma escala) la información de algunas instituciones representativas de un período especialmente importante de nuestra historia económica y social, pues entre 1989 y 2017, pasamos del ensayo ‘estatista-izquierdista-anti-inversión-privada’ de ‘Velasco-Morales-Belaunde-García’, al Perú de las clases medias, del desarrollo rural, de las nuevas exportaciones, y de la multiplicación del PBI per cápita. Veamos:
Como podemos ver, más allá deReniec y del BCR, las Empresas Privadas, las Municipalidades Provinciales, el Poder Ejecutivo, la CGTP, el Congreso, la Confiep y los Partidos Políticos, comparten niveles de aprobación absolutamente decepcionantes, que deben llamarnos a una profunda reflexión.
Algo importante de destacar, es que el estudio de IPSOS recoge reacciones de la opinión pública muy asertivas. Por ejemplo, en el caso de Confiep, pasó de 21% (2010), a 29% (2011), y a 20% (2012); un salto y caída significativos, que la población recogió cuando Confiep hizo, el 2011, su campaña en pro de la difusión y defensa de la economía de mercado.
Es evidente que nuestros ciudadanos, desde la lejanía de su pensamiento individual, están muy cerca de medir, reaccionar, valorar y rechazar, la calidad de las instituciones que están llamadas a defenderlos y darles predictibilidad para el desarrollo de sus vidas. Lampadia
Preguntas que favorecen la conflictividad
| 22 de Marzo de 2023
INEI estaría a punto de consagrar herramienta política en manos de indigenistas radicales, al incluir en el próximo censo las preguntas de auto identificación étnica, lo que sería la punta del iceberg de un sofisticado contrabando ideológico.
El Censo –a realizarse en septiembre de año- tiene una característica especial respecto a los anteriores. Será el primero que incluirá preguntas de auto-identificación étnica. Los Censos son una herramienta que brinda información para las políticas públicas y la investigación académica; pero también pueden ser herramientas para ejercer una poderosa influencia sobre la agenda política.
La inclusión de estas preguntas ha sido celebrada por varias organizaciones que estuvieron realizando una fuerte presión para lograrlo. Sin embargo –tal como está planteada la pregunta- el sector minero y de hidrocarburos debería sentir preocupación por las potenciales implicancias que tiene la introducción de estas preguntas –repetimos, tal como han sido formuladas- para la conflictividad social.
Fuente: Hispanidad
¿Quiénes están interesados en incluir esta pregunta? Instituciones públicas como el INEI y el Ministerio de Cultura fundamentan el incluir estas preguntas en la necesidad de poder visibilizar estadísticamente a los diversos grupos étnicos con el fin de poder entender su problemática particular y de esta manera diseñar políticas públicas específicas a los mismos. Sin embargo, este Censo ha sido identificado por múltiples organizaciones como el componente de una estrategia ideológica antiminera.
Para las organizaciones radicales el censo es una inmensa oportunidad y ha sido una de sus principales líneas de incidencia. La Confederación Nacional Agraria, La Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, la Red Muqui, Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, Servicios de Comunicación Intercultural, entre otras han manifestado claramente que consideran este Censo como una importantísima herramienta para el avance de sus agendas políticas e ideológicas. Este avance, proclaman, estará en función a que el mayor número de personas posible se identifique como indígenas en el Censo.
Para ello han realizado eventos de incidencia con académicos, líderes de opinión y autoridades en las principales ciudades del país, propagado en radios de provincias spots en español quechua y aymara promoviendo la auto-identificación indígena y las “ventajas” de responder positivamente, actividades culturales itinerantes, entrevistas en medios, contenidos para redes sociales, y trabajo de base con diversas comunidades, entre otras actividades. Varias de estas actividades han sido realizadas usando recursos provistos por el Ministerio de Cultura y el INEI.
El concepto de “Territorio” para esta causa política
Es importante entender cuál es la agenda común de estas organizaciones y como la misma se vería fortalecida por el Censo.
Las organizaciones mencionadas tienen en común una defensa del indigenismo radical y el pos-extractivismo. Dentro de esta visión, contraria al desarrollo, es crucial el concepto de “Territorialidad”, el mismo que engloba un grupo humano diferenciado de la población general del país al interior de un espacio geográfico determinado (El Territorio). Esta población diferenciada conforma un “sujeto colectivo de derechos” entre los cuales el más importante es el de la auto-determinación.
Este entendimiento de la autodeterminación implica la creación de un sistema jurídico propio e independiente del sistema peruano, el poder de veto sobre cualquier política pública nacional que les pueda afectar y el poder desplegar un modelo de desarrollo diferenciado del resto del país, al estilo de Chiapas en México.
La Territorialidad es entendida como el ejercicio autónomo de estos derechos por parte de los sujetos colectivos en estas áreas geográficas. Para estas organizaciones son los pueblos indígenas el “sujeto histórico” de su ideología pos-extractivista. Gracias a su cosmovisión y valores diferenciados del occidente materialista, podrá servir de laboratorio para el ejercicio del Buen Vivir. Para estas organizaciones este derecho al Territorio se da para cualquier conjunto humano que sea descendiente total o parcial de poblaciones prehispánicas, que conserve en parte costumbres pre-coloniales y que se auto identifique como indígena. En un país como el Perú estos criterios de descendencia y culturales podrían aplicarse a la casi totalidad de la población.
Posibles implicancias políticas de la pregunta de auto-identificación étnica
El Censo del 2017 y la Territorialidad se encuentran relacionados. El resultado que buscan en la pregunta de auto-identificación étnica del Censo se encuentra en las líneas de incidencia en las que estas organizaciones se hallan involucradas. En la encuesta nacional de hogares realizada el 2014 un 15.47% de la muestra respondió de manera afirmativa la pregunta: Usted pertenece o se considera parte de un pueblo indígena? Por otro lado al darse la siguiente pregunta: Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres. ¿Ud se considera: Quechua, aimara, blanco, nativo, afro-descendiente, etc.? Un 24% se consideraba quechua, aimara o nativo. Como se puede observar al hacer referencia a los antepasados y prescindir del término indígena el grado identificación originaria es más alta. Casi todos los peruanos tienen algún antecedente andino o africano.
La pregunta induce una fragmentación étnica de la población. Es esperable entonces que el diseño de la pregunta vaya dirigida a maximizar el porcentaje de la población a la que se le pueda calificar como “indígena”. De salir un porcentaje elevado de la población nacional como indígena estas organizaciones radicales podrán reclamar para sí la representatividad sobre todo este segmento poblacional, montar una agenda política en base a esa fragmentación étnica y simultáneamente incrementar su acceso a recursos por parte de los donantes internacionales al ser mayor la población que arguye defender.
Por ejemplo, organizaciones hostiles a la minería (no todas las que están interesadas en incluir esta pregunta) podrán desplegar las siguientes dinámicas socio-políticas:
a- Uso de la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Perú por razones utilitarias
Si la auto-identificación por ciertas etnias es mayoritaria en zonas de influencia de proyectos mineros, ciertos grupos de interés intentarán declarar esas zonas como pueblos indígenas, sobreponiéndose sobre la declarada por el Estado en la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Perú[1] en el Viceministerio de Interculturalidad, que forma parte del Ministerio de Cultura. Si este reconocimiento oficial se da, permitiría el reclamar un conjunto de herramientas anti-mineras como la consulta previa, justicia intercultural, la aplicación del convenio 169 de la OIT, etc. Estas herramientas facilitan la conflictividad y la extracción de rentas a las empresas mineras y legitiman socialmente el ejercicio de acciones directas y violentas al margen de la legalidad.
Hay una campaña en las zonas de influencia minera en la que se propaga que la identificación de una población como indígena implica que se puede aplicar un conjunto de herramientas que debilitan la posición de las empresas y facilitan la extracción de rentas de las mismas. Por ello es posible que en las zonas cercanas a las operaciones mineras ocurra, durante el censo, una alta auto-identificación indígena por causas utilitarias, encubiertas como una cuestión de identidad étnica. Esto incita a estas comunidades a obtener resultados que encuentren convenientes desde el punto de vista de obtención de rentas, y una distorsión de la información que se obtendría en el Censo.
b- Consulta Previa a proyectos ya establecidos
Los proyectos extractivos en zonas habitadas por pueblos indígenas, requieren por ley, realizar procesos de Consulta Previa. Los indigenistas radicales plantean que esta Consulta Previa incluye el derecho al consentimiento previo, lo que implica darle a determinadas comunidades poder de veto respecto a la realización de proyectos extractivos. En aquellas zonas en las cuales haya mayorías autoproclamadas como indígenas habrá activistas proclamando que los acuerdos entre la minera y los actores locales son nulos puesto que no se han realizado dentro del marco de la consulta previa. Se puede movilizar a la población creando un grado de conflictividad social con el argumento de que en un proceso de renegociación será posible extraer mayores recursos a la minera. En muchas ocasiones al estar ya establecido el proyecto minero el costo económico de las acciones directas serán mayor y con propensión de las Empresas y el gobierno a ceder a la presión.
c- Pluralismo étnico y fragmentación Jurídica
En las zonas autoproclamadas como indígenas se propiciará la aplicación del derecho consuetudinario. Es decir que instituciones comunales tales como la rondas o las asambleas comunales sean las instancias legitimas de aplicación de justicia en su ámbito. Este derecho está pensado para zonas de comunidades no contactadas, en las cuales la presencia del Estado a través de comisarías, jueces, y demás es limitada. Pero esto abre la puerta a la aplicación de justicia a cualquier organización que se desarrolle en estas comunidades, sin importar si están son tradicionales o no. Por ejemplo en Cajamarca, las rondas campesinas han aparecido en la década de los 70 y las rondas urbanas en años todavía más recientes.
Hay toda una corriente impulsora del “pluralismo jurídico igualitario” que tiene entre sus promotores al actual Presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez, a múltiples jueces, ONGs radicales y académicos. El brindarle a las rondas y comunidades las funciones del poder judicial implicaría para las empresas en general un nivel de incertidumbre bajo el cual sería muy difícil operar, en especial para las empresas mineras y de hidrocarburos. Basta imaginar cómo se resolverían cualquier potencial diferencia por tierras entre las empresas mineras y la población local.
d- Litigio Estratégico Emblemático
Existe un campo de activismo anti minero denominado “Litigio Estratégico” que consiste en la realización de un juicio cuyo resultado podría volver inviable un proyecto extractivo y ser utilizado en el futuro con otros proyectos. En los casos de Saramaka en Guyana y Pascua Lama en Chile enormes proyectos extractivos han sido paralizados por decisiones judiciales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la instancia en la que en mayor medida los propulsores peruanos del Litigio Estratégico depositan sus esperanzas. Las ONGs antimineras peruanas en múltiples ocasiones han participado en audiencias en la CIDH y han llevado a las supuestas víctimas de las empresas mineras para que brinden su testimonio. La CIDH está especialmente interesada en intervenir en supuestos abusos de empresas extractivas contra población indígena. Los resultados del Censo facilitarán la intervención de la CIDH en los conflictos mineros y viabilizaran el determinar que un proyecto se hizo sin tomar en consideración los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Esto ya se dio en el caso de la Saramaka en la que la CIDH dictaminó la no realización de un proyecto minero. Los resultados del Censo incrementarán la vulnerabilidad de los proyectos mineros al uso de Litigio Estratégico.
Conclusión
La información que se busca con esta pregunta, podría conseguirse por mecanismos que no impliquen una amenaza a las empresas mineras y de hidrocarburos, y que no propicien una segmentación de la sociedad en etnias. Preguntas que ayuden a brindar políticas públicas a comunidades con necesidades diferentes, como es el caso del idioma, son necesarias. Es importante para el Estado identificar las zonas donde la presencia de un idioma es suficiente para brindar atención, materiales, documentos en dichos idiomas. Sin embargo, las preguntas no deben contribuir a la fragmentación social y jurídica de una sociedad que ya es muy fragmentada y que el Estado no logra aplicar la ley en todo su territorio.
Los grupos hostiles a la minería tienen suficiente presencia en las redes sociales de las comunidades para persuadirlos de obtener el resultado que están buscando. En aquellas áreas en las que se han dado grandes conflictos sociales ligados a la minería las fuerzas políticas hostiles a la inversión minera han conseguido una hegemonía política. En las áreas como Conga, Tía Maria o las Bambas el agregado del voto de Verónica Mendoza y Gregorio Santos fluctúa entre un 60 y 80 por ciento. El conflicto social ha sido efectivo para deslegitimar, desmovilizar, amedrentar acallar a los oponentes. Los radicales controlan las principales radios, organizaciones de la sociedad, civil e institucionalidad rural. Por ello se puede esperar que la campaña por la auto-identificación disponga de un apoyo mediático y político local bastante significativo en estas zonas.
Un porcentaje elevado, que se identifique como indígena generará condiciones favorables para la incidencia de los indigenistas radicales y hará que un sector importante de los líderes de opinión peruana estén dispuestos a impulsar la agenda de los radicales puestos que puede presentarse como el avance de los intereses de un sector amplio y marginado de la población.
Los resultados del Censo servirán de insumo para múltiples estudios, análisis y artículos sobre la problemáticas “indígenas” que servirán como herramienta de incidencia ante la opinión pública y las políticas del Estado. Dada la naturaleza radical anti capitalista de gran parte de las organizaciones indigenistas estas verán fortalecida su capacidad para impulsar su agenda de “Territorialidad” y fragmentación jurídica.
Las preguntas de auto-identificación étnica en el Censo 2017 pueden desencadenar un dinámica política y social que incremente aún más la conflictividad social. Lamentablemente el Estado peruano está siendo instrumentalizado para brindar a organizaciones radicales un poderoso recurso para el avance de una agenda hostil al desarrollo y al mismo Estado. Alternativamente, los objetivos de mayor precisión y efectividad de políticas públicas para sectores sociales desfavorecidos puede conseguirse con preguntas respecto a lengua, costumbres y condiciones de vida, que permitan analizar problemáticas particulares sin que se brinde un activo estratégico para el manejo político del indigenismo radical. Lampadia
[1] La siguiente lista presenta los 55 pueblos indígenas u originarios identificados a la fecha por el Viceministerio de Interculturalidad. http://bdpi.cultura.gob.pe/lista-de-pueblos-indigenas
Cuando el anti-fujimorismo se torna enfermedad
| 22 de Marzo de 2023
Las izquierdas defienden con las uñas el regalo que PPK les dio el 11 de abril pasado, un día después de las elecciones, en que decidió (equivocadamente) gobernar cerca de ellos y lejos del fujimorismo.
Fuente: El Molino Rojo – Piet Mondrian
Es evidente que esta alianza implícita es inconducente a un gobierno exitoso. Más allá de las ‘ideas muertas’ que profesan, que no aportan nada positivo, la respuesta de las izquierdas ha sido exacerbar las contradicciones (técnica marxista), agudizando los conflictos sociales que han, prácticamente, parado las grandes inversiones privadas ante la lenidad del gobierno. Tanto en las inversiones vinculadas a los recursos naturales, como en el ‘pet project’ de PPK de los ‘7 millones de turistas’ y la paz social en Lima con Santos (libre) conduciendo la asonada de Puente Piedra.
Hace pocos días, Carlos Contreras, historiador y profesor de la PUCP, escribió en El Comercio, “Los ‘antis’ en nuestra historia política”. Contreras nos dijo:
Los ‘antis’ en nuestra historia política (glosado)
Después de las elecciones del 2011, Keiko Fujimori trabajó por disminuir el rechazo que el fujimorismo despertaba en amplios sectores de la población electoral, sobre todo la juvenil, que no había vivido la experiencia de los años noventa.
Por un momento pareció una estrategia adecuada para sus intereses, pero pronto descubrió que a medida que acrecían sus posibilidades de triunfo en las elecciones del año pasado, despertaba simultáneamente el fantasma que había querido evitar y que ya le había arrebatado una posible victoria en el pasado: el antifujimorismo.
Quizás el primer movimiento ‘anti’ nacional sea el que despertó Simón Bolívar en su relativamente breve paso por el Perú. [Luego Contreras describe los antis que se dieron con el Partido Civil de Manuel Prado, con el pierolismo, aprismo, comunismo, velasquismo, fujimorismo, humalismo y nuevamente el antifujimorismo].
En cierta forma, el fujimorismo es una identidad robusta y extendida en el país por la misma tenacidad con que es combatido. La fuerza de esta oposición es la que lo nutre y sostiene. Titulares cotidianos contrarios en la prensa, caricaturistas y columnistas atacando a sus dirigentes y ridiculizando sus afirmaciones, o discursos y gestos de desafecto en las pantallas, tanto lo dañan cuanto lo vigorizan; a la vez que una mayor intención de voto por el fujimorismo traerá más antifujimorismo, dentro y fuera del Perú.
El Perú es un país de grandes fracturas, pero dada la fuerte carga de violencia que conllevan, cabría preguntarse si los movimientos ‘antis’ son la mejor dinámica política para una comunidad nacional.
Efectivamente, en las últimas elecciones hubo un ensañamiento del establisment contra Keiko Fujimori. Se produjo una clara ruptura social y política en la que las clases populares favorecían a Fuerza Popular y el establishment lo denostaba. Esto continua hasta estos días, lo que podemos constatar en la última encuesta de Ipsos, en la que los niveles socio económicos A y B muestran una aprobación de PPK del orden de 60%, y los de C, D y E, del orden de 40%.
Fuente: IPSOS
Pero el Perú no es su establishment. Este no puede refugiarse en Versallles y desconocer la revolución francesa, pues tarde o temprano, perderá todo atractivo e influencia en las clases populares.
Veamos algunos comentarios de personajes de la izquierda, que llegan a extremos de querer desconocer la presencia política de Fuerza Popular en el país:
Luis Pásara, en entrevista [glosada] de Maritza Espinoza, en La República (1 de enero de 2017), que le abre las puertas a los ex senderistas, pero se las cierra al fujimorismo. Veamos:
¿Cicatrizará la herida dejada por Sendero y la guerra interna?
Esta es una herida muy fresca y que está lejos de la cicatrización. Dos de los conversadores del libro han afrontado el tema con claridad: mantener como apestados a quienes estuvieron en Sendero y el MRTA –y tuvieron o no condena por eso–, es insostenible en una democracia. Que no se les dé trabajo, que no se les admita en política, que se les arrincone hasta que mueran… ¿Se les preferiría de regreso en la lucha armada? No solo es un asunto de humanidad, sino de cálculo político.
Entonces, ¿qué debe pasar para que esa herida cicatrice?
Tenemos que aceptar que son peruanos, como los demás, y que, cancelada la lucha armada que tanto daño hizo, tenemos que convivir con ellos. Pero de eso estamos lejos, en parte porque los políticos y medios de comunicación creen sacar provecho, una vez más, de la tarea de enfrentar a los peruanos, unos contra otros.
¿Cómo ve el presente político del Perú, con un Presidente debilitado frente al poder parlamentario del fujimorismo?
La condición “debilitada” del Presidente no viene del resultado electoral, que le fue favorable, sino que la está construyendo el propio PPK. Su decisión de no hacer cuestión de confianza de la censura al ministro con mayor reconocimiento por su tarea en la reforma educativa es un error político de larga duración. “Diálogo y no confrontación” con quienes solo buscan debilitarlo para declarar su vacancia o verlo llegar con las justas a las elecciones de 2021 y hacerse del poder, es una apuesta equivocada. Veremos cuánto tarda en llegar la siguiente censura a un ministro. Con el recurso constitucional que tiene PPK en su manos –y no tuvo Fernando Belaunde en su primer gobierno frente a una oposición semejante–, no se entiende por qué ha optado por el camino del debilitamiento que terminará en la esterilidad de su gobierno.
Alberto Adrianzén en entrevista [glosada] de Paco Moreno del Diario UNO (16 de diciembre, 2016).
—Usted que conoce los peligros del fujimorismo, ¿cómo cree que el gobierno debe actuar ante el fujimorismo?
—Yo creo que el gobierno debe congregar a todos los sectores no fujimoristas y hacer un acuerdo entre ellos para defender la democracia y la estabilidad del país. Una cosa es que el gobierno se defienda solo, además en un gobierno débil con una bancada semidividida, y otra que haya una alianza, una coalición de fuerzas que de alguna manera se expresó en el Congreso y así se puede enfrentar al fujimorismo.
MUCHO CUIDADO
—¿Y es muy peligroso el avance del fujimorismo?
—Claro que sí, por todo lo que significa. Yo creo que Keiko cree que la única forma de ganar en el 2021 es asegurándose el control de las instituciones, por ejemplo, para que no la sigan investigando. Quiere copar todas las instituciones que tienen que ver con la lucha anticorrupción. Además, creo que ella quiere marginalizar al sector antifujimorista que está en el gobierno y también que está fuera del gobierno. Bueno, el antifujimorismo es más fuerte en la sociedad. Se ha demostrado ya, en las elecciones pasadas, que las corrientes antifujimoristas decidieron la suerte de Keiko Fujimori. Lo que se viene es que el fujimorismo tratará de separar del gobierno al sector antifujimorista y golpear a los sectores sociales y políticos que nada quieren con Keiko.
—¿Cuál cree que es la lógica de Keiko?
—Ella sabe pierde el 2016 por su antivoto. Ella tiene que bajar ese antivoto, porque no puede llegar al 2021 con el mismo escenario porque pierde otra vez, entonces ella está haciendo todo lo posible para los que están contra ella no tengan poder.
—¿Cuál es su opinión acerca de la protesta ciudadana contra el copamiento fujimorista, integrada principalmente por los jóvenes?
—Me parece fundamental. Me parece que es acaso lo más avanzado que hay en este país. Lo que pasa es que es un segmento que no tiene representación política. Si uno mira el panorama regional han sido los jóvenes los motores del cambio. Hasta en China. En Brasil, en Argentina, el movimiento de los jóvenes ha sido muy importante. Los jóvenes se han convertido en un motor de cambio y está muy bien su reacción ante la arremetida de los fujimoristas.
(…) Sería bueno que ellos tengan una representación política porque pueden significar el cambio de la política.
Esta situación de ensañamiento es mala a todas luces. Ojalá que PPK y su partido sepan aquilatar las contradicciones entre un país necesitado de convergencia constructiva y las malas artes de sus halcones y de los ubicuos operadores políticos de las izquierdas de las ‘ideas muertas’.Lampadia
Un 72% de peruanos se considera feliz, según una encuesta de Ipsos realizada en 32 países. La encuesta se aplicó a 22,508 personas del 22 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023.
