¡Cuidemos los pilares de nuestra economía y empujemos juntos las reformas pendientes!

Líneas abajo presentamos un video del IPE que explica la gran recuperación de nuestra economía durante la primera década del nuevo siglo y lo que necesitamos emprender para no seguir perdiendo oportunidades de desarrollo, como estamos haciendo desde el 2011.

Lampadia

El primer año de Jair Bolsonaro al mando de la presidencia de Brasil ha estado cargado de críticas favorables y desfavorables a su gestión. Si bien la prensa internacional ha puesto mayor énfasis en ciertas declaraciones provocadoras que realizó a lo largo del año, que ponen en tela de juicio su compromiso con el medio ambiente y su respeto a las libertades democráticas, su trabajo en el ámbito económico le ha vuelto dar impulso a la alicaída inversión en Brasil que venían lastrando su crecimiento en años previos (ver gráfico a continuación).

Fuente: The Economist

Como explica un reciente artículo de The Economist, que compartimos líneas abajo, de consolidarse este comportamiento de la inversión en los próximos meses, Brasil podría terminar siendo uno de los países candidatos a liderar el crecimiento económico de la región este año.

Ello sin mencionar uno de los grandes aciertos de su ministro de Economía Paulo Guedes que fue poner en discusión en el congreso la reforma de un sistema de pensiones, que constituye el centro de los problemas fiscales y deuda pública de nuestro vecino oriental (ver Lampadia: El avance de Bolsonaro). Si bien el plan inicial de Guedes que contemplaba el paso de un sistema de reparto a uno de capitalización individual fue frustrado en las sesiones del congreso, el incremento pactado de la edad de jubilación a los 65 y 62 años para hombres y mujeres respectivamente frente a un sistema que prometía indulgentemente jubilaciones a mitad de los años 50, ahorrará al gobierno federal unos 900,000 millones de reales ($230 mil millones) durante los próximos diez años. Asimismo, calmará a los inversionistas privados impulsando así el crecimiento.

Esperamos que en los próximos meses el presidente Bolsonaro logre una mejor relación con un congreso que hace tambalear su agenda económica. Moderar sus discursos impopulares además podría reestablecer sus relaciones con importantes socios estratégicos como la UE que se han venido a menos por declaraciones relacionadas a la deforestación en la Amazonía. Por lo demás consideramos que el solo espíritu liberal que emana el presidente brasileño de lejos ya debería cimentarlo como el mejor presidente del Brasil en el presente siglo, tras casi dos décadas de corrupción y despilfarro de las arcas fiscales de la izquierda política impulsada por Lula Da Silva y Dilma Rouseff. Lampadia

Por favor, no dejes que me malinterpreten
El polémico primer año de Jair Bolsonaro en el cargo

La imagen global de Brasil es peor; su economía está mejor

The Economist
4 de enero, 2020
Traducido y comentado por Lampadia

Desde que Jair Bolsonaro se convirtió en presidente de Brasil el 1 de enero de 2019, se ha peleado con una impresionante variedad de líderes y celebridades extranjeras. Después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo acusó de alentar la deforestación de la Amazonía, Bolsonaro llamó fea a su esposa. Cuando Greta Thunberg, una joven activista climática sueca, destacó el asesinato de indígenas en la Amazonía, el presidente brasileño la llamó “mocosa”. Michelle Bachelet, comisionada de derechos humanos de la ONU (y ex presidenta de Chile), criticó el aumento de los asesinatos por parte de la policía en Brasil. Bolsonaro respondió elogiando la dictadura de Chile de los años setenta y ochenta, que torturó a su padre.

Estas disputas son una señal del abismo entre el presidente de extrema derecha de Brasil, que ha hecho una carrera al atacar las ideas liberales sobre la tolerancia, los derechos humanos y la conservación, y las élites que las defienden. Las humillaciones de Bolsonaro sugieren que no le importa causar ofensa. Pero los altos funcionarios de su gobierno se preocupan, especialmente cuando las ONG amenazan con promover el boicot a los productos brasileños y los gobiernos reconsideran si ratifican los acuerdos comerciales.

El mundo está “malinterpretando” a Bolsonaro, dijo el ministro de economía, Paulo Guedes, durante una entrevista en Brasilia, la capital del país, el mes pasado. Tiene “malos modales, pero grandes principios”. Guedes espera cambiar la conversación cambiando el enfoque de la deforestación y la brutalidad policial a lo que considera el proyecto principal del presidente, una transformación radical de la economía que enriquecerá a todos los brasileños, incluidos los más pobres. “En lugar de tirar piedras a Brasil”, la gente debería aplaudir, dice.

Hay mucho que admirar en los planes que describió Guedes. Pero no responden algunas de las mayores dudas sobre la presidencia de Bolsonaro. Y no está claro cuánto del programa llevará a cabo. Los aplausos pueden tener que esperar.

La visión es sin disculpas liberal, o “neoliberal”, como lo llaman sus críticos de izquierda. Guedes culpa a la mayoría de los problemas de Brasil, incluido su alto nivel de desigualdad de ingresos, del estado descuidado, que “gasta mucho dinero en las cosas equivocadas”. Desde la década de 1980, el gasto público como porcentaje del PBI se ha triplicado al 42%, un nivel similar al de los estados de bienestar europeos. La calidad de los servicios es la de los países mucho más pobres.

La burocracia y un complejo sistema impositivo frustran la empresa privada, pero el estado también ataca a algunas industrias a expensas de todos los demás. “Cuarenta años de mercados cerrados” han protegido las industrias de búsqueda de rentas, dice. “Imagínese, seis millones de tontos siendo explotados por seis bancos, seis compañías navieras. Todo en Brasil es seis”. La seguridad social y las universidades gratuitas benefician a los relativamente acomodados más que a los pobres.

Guedes quiere revertir todo esto. Propone simplificar radicalmente el sistema tributario, mientras reduce las tasas y expande la base; privatizar casi todas las empresas estatales; y, después de reducir la burocracia para permitir a las empresas resistir la competencia, abrir la economía al mundo. Los brasileños comunes, afirma, se beneficiarán de dos maneras: de los empleos que creará una economía más libre y del gasto que se concentre más en lo que necesitan, como infraestructura y educación. Idealmente, los estados asumirían más responsabilidad del gobierno federal. Guedes pide “más Brasil, menos Brasilia”.

El gobierno de Bolsonaro comenzó con esta agenda, con una reforma constitucional del sistema de pensiones. Esto ahorrará al gobierno 855,000 millones de reales (US$ 210,000 millones) durante diez años y disminuirá el peligro de que la deuda pública alcance niveles paralizantes. A medida que la reforma tomó forma en 2019, la confianza creció, lo que condujo a una recuperación de la inversión (ver gráfico líneas abajo). La economía creció un 0.6% entre el segundo trimestre y el tercero, más de lo esperado. Se pronostica que el crecimiento anual para 2020 será de al menos 2%. Eso puede hacer de Brasil una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina.

Pero hay razones para retener los aplausos. Una es que los gobiernos democráticos que se hicieron cargo después del fin del gobierno militar en 1985 lograron más de lo que Guedes les da crédito. Fue el Plan Real de Itamar Franco, presidente de 1992 a 1994, el que finalmente aminoró la inflación. La reforma de las pensiones comenzó bajo el Partido de los Trabajadores de izquierda, que gobernó de 2003 a 2016, y el predecesor de Bolsonaro, Michel Temer, puso un tope constitucional al gasto público.

No está claro qué seguirá a la reforma de las pensiones. Los planes de Guedes son una “lista de deseos, más que una estrategia de reforma”, dice Ricardo Sennes de Prospectiva, una consultora. En noviembre, Guedes presentó al Congreso propuestas para tres enmiendas constitucionales que frenarían el gasto para cumplir el límite constitucional. El Congreso puede diluirlos.

Bolsonaro le dijo recientemente a Guedes que postergue una reforma del sector público que habría debilitado la seguridad laboral de los funcionarios. El ministro de economía no ha respaldado una propuesta de reforma tributaria que tenga apoyo en la cámara baja del congreso, pero aún no ha presentado una alternativa. El presidente del Senado dijo recientemente que una propuesta para privatizar Eletrobras, la empresa eléctrica estatal, no se aprobaría en el Congreso.

La defensa de Guedes del historial democrático de Bolsonaro es menos convincente que la de su programa económico. “Somos un régimen democrático”, dice. Pero muchos brasileños temen que el compromiso del presidente con esa idea sea débil. Continúa expresando admiración por los generales que gobernaron Brasil desde 1964 hasta 1985. Uno de sus hijos, Eduardo, un congresista, dijo recientemente que si las protestas de izquierda se extendían a Brasil y se salían de control, el gobierno podría emitir un decreto como uno que cerró el congreso durante la dictadura. Bolsonaro respondió a la cobertura negativa en Folha de S.Paulo, un periódico, amenazando con cancelar las suscripciones del gobierno. “Si Brasil toma un giro autoritario, miraremos hacia atrás y diremos que todas las señales estaban aquí”, dice Pedro Abramovay de Open Society Foundations, una ONG.

Hasta ahora, el Congreso ha contenido los instintos autoritarios de Bolsonaro. Ha rechazado o no está programando debatir una docena de propuestas radicales, como un proyecto de ley que permitiría a millones de brasileños portar armas y un proyecto mal concebido para purgar las escuelas de ideología izquierdista.

Los críticos extranjeros se centran menos en el destino de la democracia que en el del bosque. De enero a noviembre de 2019, el Amazonas perdió 8,974 km cuadrados (3,465 millas cuadradas) de bosque, un aumento del 80% durante el mismo período en 2018, según datos preliminares de satélite. Grupos verdes acusan al gobierno de debilitar la aplicación de las leyes ambientales y alentar a los madereros y ganaderos a destruir el bosque. Eso puede asustar a los inversores extranjeros. “Tienen miedo de ser fotografiados con Bolsonaro”, dice Matías Spektor de la Fundação Getulio Vargas, una universidad en São Paulo.

Tales preocupaciones también podrían destruir las esperanzas de Guedes de abrir la economía a través de acuerdos comerciales. El Mercosur, un bloque dominado por Brasil y Argentina, firmó un acuerdo largamente esperado con la Unión Europea en junio. Pero la ira europea por las políticas ambientales de Brasil podría poner en peligro su ratificación (al igual que la reciente elección de Alberto Fernández, un proteccionista de izquierda, como presidente de Argentina).

El progreso en temas económicos puede estar ayudando a la reputación de Bolsonaro en casa. También lo es una reducción en el número de asesinatos en 2019, aunque eso tiene poco que ver con las políticas del presidente. Hasta ahora, Brasil se ha librado de la ola de protestas que azotó a países vecinos como Chile y Ecuador a fines de 2019. Eso puede deberse en parte a que Brasil tuvo tales convulsiones en 2015 y 2016, cuando la economía estaba en recesión y algunos de los poderosos políticos fueron arrestados por corrupción. La ira pública ayudó a provocar la destitución de una presidenta, Dilma Rousseff, y finalmente condujo a la elección de Bolsonaro.

Ahora su familia es perseguida por el escándalo, y sus votos para combatir la corrupción parecen vacíos. Un hijo, Flávio, un senador de Río de Janeiro, está siendo investigado por lavado de dinero. El presidente amenazó con reemplazar al director de la policía federal después de que la investigación revelara vínculos entre Flávio y los grupos de la milicia de derecha. Sergio Moro, el ministro de justicia, no logró aprobar la mayoría de sus propuestas del Congreso para frenar la corrupción. Su credibilidad se vio socavada por las revelaciones de que cuando era un juez de lucha contra la corrupción había cerrado tratos indebidamente con los fiscales.

Hace seis meses, parecía que los escándalos retrasarían las reformas económicas y posiblemente terminarían la presidencia de Bolsonaro antes de tiempo. Se habla poco de eso ahora. Las calles son tranquilas. El índice de aprobación de Bolsonaro cayó en la primera mitad del año, pero se ha estabilizado en alrededor del 30%. El público parece dispuesto a aceptar reformas, incluso si están desencantados con los políticos que los dirigen. “Los brasileños están viviendo un momento social distinto en el que la sociedad es favorable al cambio”, dice Paulo Hartung, ex gobernador de Espírito Santo, un estado que sufrió un duro ajuste fiscal en 2015. Brasil puede avanzar, a pesar de su reñido presidente. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La explicación más fuerte acerca de las razones por las cuales es poco probable que en el Perú se produzca una explosión social a la chilena radica en la alta informalidad peruana. En Chile la empresa y el trabajo son formales, y entonces la gente está sometida a los rigores de la formalidad que, en circunstancias en las que los ingresos se estancan o bajan y las deudas se acrecientan, pueden ser insoportables, sobre todo cuando los servicios sociales no funcionan bien o no son enteramente gratuitos. Hay un reclamo por un Estado más redistributivo.

En el Perú son pocos los que pagan impuesto a la renta y los que reciben pensiones, por ejemplo. Se pensaría entonces que no hay nada que reclamar. El modelo no ha hecho ninguna promesa. No es posible agregar intereses para una movilización general porque no hay demandas comunes contra el Estado porque no hay una relación con él.

Esa situación, sin embargo, no es una bendición. La informalidad es la respuesta al alto costo de la formalidad y a la baja productividad de muchas actividades. Pero es una manera de condenarse a no crecer más allá de cierto punto, aquel en el que ya es indispensable formalizarse si se quiere seguir creciendo. Es, entonces, un tapón al progreso de los sectores emergentes.

Deberíamos tener entonces movilizaciones de los informales por reducir los costos de la formalidad. Pero eso no ocurre, en primer lugar, porque nadie se moviliza para pagar impuestos, por ejemplo, por más bajos que estos se vuelvan, o para pagarle beneficios sociales a sus trabajadores, por más reducidos que estos sean. Ni los trabajadores informales se movilizan para convertir parte de su salario líquido en aportaciones, ni para tener Essalud si ya tienen el SIS, aunque en teoría sí podrían hacerlo para recibir el salario mínimo pues la mayor parte gana por debajo de él. Y, en esa medida, podrían ayudar a demandar una formalidad menos onerosa.

Sin embargo, aquellos micro y pequeños empresarios que ya han tenido que ingresar, aunque sea parcialmente, a la formalidad, sí apreciarían esas facilidades. Lo que resulta prohibitivo para muchos es el salto a los regímenes tributario y laboral generales. Habría que enfocar la protesta contra esos regímenes y contra el exceso de regulaciones laborales y sectoriales existentes que sobrecargan los costos empresariales.

Pero esas son demandas de carácter difuso o abstracto que tendrían que ser enarboladas por un sector también difuso, no organizado. Es tarea política fundamental construir desde abajo, desde los mismos actores, una propuesta con demandas concretas de abatimiento de las barreras que impiden el crecimiento de los emprendimientos, y organizar el sector para que sea capaz de movilizarse. Es la única manera de alcanzar un resultado.

El gobierno, por ejemplo, incorporó en el Plan Nacional de Competitividad la simplificación y unificación de los regímenes tributarios, para evitar los saltos mortales de un régimen a otro –aunque aún no se aprueba por Decreto de Urgencia respectivo-, pero no se atrevió a incorporar una propuesta similar y correspondiente para simplificar y eliminar los regímenes laborales y construir una escala gradual basada en los ingresos del trabajador y no en el número de empleados de la empresa. Ambas propuestas son complementarias. Una sin la otra pierde efecto.

Ahora bien, en el supuesto de que se logre una formalidad más accesible y al mismo tiempo se consiga incrementar en alguna medida la productividad de esos sectores emergentes, de modo que un porcentaje apreciable logra transitar a la formalidad, ingresamos entonces a un escenario más parecido al chileno, correspondiente a una etapa de desarrollo en la cual no es posible escapar a los pagos y obligaciones de la formalidad.

En un escenario como ese hay tranquilidad social si es que la economía está creciendo a tasas suficientes para que la mayor parte de las familias gocen de una sensación de progreso, y si los servicios públicos funcionan lo suficientemente bien como para atender con eficiencia y solvencia necesidades excepcionales tales como gastos en salud, y como para prevenir y resolver situaciones de inseguridad ciudadana o jurídica.

El país tiene entonces un margen de tiempo para avanzar hacia la reforma de los servicios públicos, mientras de alguna manera intenta incorporar a las mayorías a la formalidad. El nuevo Congreso debería tener entre sus tareas la de vigilar que lo que se está haciendo en Salud, por ejemplo, lleve a una mejora sustancial del servicio. Se ha incorporado a 4 millones de personas al SIS, pero éste no se ha reformado. Se ha obligado a las farmacias a vender genéricos puros, pero los que existen no son equivalentes a los originales y la DIGEMID no procesa las solicitudes, y la mayor parte del problema está en que pacientes que van a los establecimientos públicos de Salud no reciben todos los medicamentos gratis, existiendo recursos. Para mejorar esto se quiere potencial y modernizar un operador logístico centralizado, pero no se piensa en tercerizarlo, que sería lo indicado. Y para fortalecer el sistema de salud a fin de atender a todos como se pretende, se ha contratado un préstamo de 1,000 millones de soles con el BID y el Banco Mundial, pero es solo para Lima y un par de regiones. ¿Lo que se pretende hacer con ese préstamo está bien enfocado?

Es hora, por lo demás, de integrar soluciones. Lo que se haga en regímenes tributarios y laborales para facilitar la formalización y el crecimiento de la empresa, debería estar atado a Essalud, Salud y pensiones. Pero ese es tema de otro artículo. Lampadia

En los últimos años hemos recaído, hemos vuelto a poner trabas a la producción, tenemos que restablecer la libertad económica para que nuestros maestros y servidores públicos tengan mejores sueldos, más capacitación, más tecnología y así más peruanos tengan acceso a un derecho fundamental: Educación de Calidad.

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Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es cierto que el capitalismo tiene que ser renovado, revisado. Pero no en el sentido que usualmente se propone.

Piero Ghezzi escribe, por ejemplo, en Gestión (6-12-19) que “hay una contradicción entre el liberalismo político y el liberalismo económico. El liberalismo político tiene como objetivo fundamental la igualdad de oportunidades. Pero el liberalismo económico actual, ese que pide que el Estado apenas regule, no genera por sí solo la igualdad de oportunidades que el liberalismo político pregona. Y ha devenido, a menudo, en mercantilismo y capitalismo clientelista. Por eso, debemos revisar el liberalismo económico actual: el capitalismo de libre mercado”.

En realidad, es al revés: allí donde hay mercantilismo y capitalismo clientelista, es que se ha interferido el libre mercado para introducir ventajas rentistas para algunos en desmedro del resto. Esa era la esencia del modelo proteccionista e intervencionista anterior, donde los ingresos de las empresas dependían más de alguna ventaja otorgada por el gobierno que de la preferencia de los consumidores en un mercado de libre competencia.

Lo que ha pasado en nuestro país es que la libertad económica introducida a partir de los 90 ha sido crecientemente intervenida y trabada por sobre-regulaciones que han restablecido una suerte de intervencionismo de baja intensidad. Esto ha ocurrido en todos los sectores de la economía y en el trabajo.

La consecuencia de eso es que no solo se ahoga la iniciativa individual, se inhibe la inversión y se asfixia el crecimiento principalmente de las empresas pequeñas y medianas, sino que se produce algo aún más perverso: cada regulación es precisamente una protección potencial a un grupo en desmedro de otro. Por lo general, favorece a las empresas grandes que pueden afrontar el costo de cumplir con las exigencias. Favorecen la monopolización del mercado.

Y favorecen algo más perverso aun: la informalidad de la economía y del trabajo, que es la mayor injusticia estructural del país, y que agrava nuestro dualismo económico. Entonces, si queremos evitar que el Estado sea la jungla en la que intereses particulares o de grupo luchen por obtener ventajas o protegerse de las ventajas de otros, pues debe restablecerse la libertad económica y facilitar reglas de juego simples que permitan la incorporación de todos al crecimiento formal. Que la economía de mercado sea para todos, efectivamente. Romper las barreras que impiden el acceso.

De esa manera habrá más ingresos fiscales –porque habrá más empresas ganando más- para tener mejores servicios públicos. Libertad económica y redistribución por medio de buenos servicios sociales: esa es la fórmula y el principal ajuste que hay que hacer al modelo.

Piero Ghezzi propone otro, que también es positivo, pero complementario al anterior. El describe el dualismo económico como un dualismo productivo-tecnológico, donde un pequeño grupo de empresas modernas de alta productividad y tecnología convive con una miríada de empresas pequeñas informales y de baja productividad. Propone entonces políticas productivistas que, mediante colaboración público-privada, pongan en valor los sectores con potencial, fortalezcan los actuales e incluyan a las mypes en las cadenas de valor formales.

De acuerdo. Pero es una solución complementaria a las reformas económicas y laborales que permitan la inclusión económica, pues la causa de ese dualismo está en el elevadísimo costo de la formalidad antes que en la debilidad de las “políticas productivistas”.

En realidad, su propuesta es puro sentido común, siempre y cuando se tenga la disciplina liberal suficiente para no inventar sectores rentables sostenidos en beneficios legales.

Allí está pendiente todavía la discusión sobre los beneficios tributarios. Parece claro que el éxito espectacular de la agroexportación moderna fue facilitado más por el flexible régimen laboral que por la menor tasa de impuesto a la renta.

La experiencia de las mesas ejecutivas es buena –aunque aún no terminan de dar frutos– y deberían servir no solo para los “nuevos motores” sino para el más potente de todos, medio apagado: la minería. Y es increíble que el Estado peruano no priorice un programa agresivo de transferencia tecnológica a la economía campesina andina con metodologías probadas como las de Sierra Productiva, que transformarían esa economía en muy poco tiempo. 

Pero una vez que estos campesinos andinos se hayan convertido, gracias a esas intervenciones, en empresarios conectados al mercado, y tengan que formalizarse para crecer e incorporarse en cadenas formales, se toparán nuevamente con el muro si es que el régimen especial laboral agrario se vuelve a cargar de costos no salariales y rigideces de algún tipo.

Y si es que no se aligera en general el peso regulatorio en el país. ¿En qué quedaron los Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) y de Impacto Regulatorio (RIA) que la PCM estaba realizando para restablecer la libertad económica, para que los trámites y normas que existentes y las que se den sean aquellas que realmente se justifiquen, que no generan más costos que beneficios y que no beneficien a nadie en perjuicio de otros? ¿El futuro Congreso fiscalizará el avance de ese programa? ¿Qué pasa que el gobierno no saca mediante decretos de urgencia las reformas de productividad contenidas en el Plan Nacional de Competitividad que el propio gobierno aprobó?

El capitalismo peruano necesita ser remozado. Permitirle volver a respirar para que vuelva a generar crecimiento y redistribución. Lampadia

La pésima gestión económica del primer ministro de la India, Narendra Mohdi, ya empieza a verse reflejada en una creciente desaceleración de las cifras de crecimiento del mencionado país asiático. Ello complica la alta dinámica y absorción del mercado laboral de una economía emergente como la India, cuyo bono demográfico aún se mantiene presto a explotarse, y que es además considerado su principal determinante para asentarse como país líder del crecimiento económico en los próximos años.

Como escribimos en Lampadia: Crisis democrática en la India , la obsesión de Modi por el tema cultural y su deseo nacionalista de desterrar a los que él considera como los “viejos enemigos” de la República India, lo ha desenfocado por completo de lo que debiera ser su principal objetivo: profundizar en las reformas de mercado que emprendió en su primer gobierno y soltar todo el potencial de un país, cuyo capital humano le ha permitido establecerse como referente en sectores altamente complejos como es el de la industria de las TIC.

En un reciente artículo publicado por The Economist y que compartimos líneas abajo, se comparten propuestas muy audaces para apuntalar el crecimiento de la India, atacando la médula del problema financiero de dicho país: el sobreendeudamiento de la banca estatal.

Una inyección de liquidez en el corto plazo y una senda privatización en el mediano-largo, permitiría levantar el sistema financiero indio a la vez que corregiría los descalabros fiscales que subyacen en las cuentas del gobierno, que, en las actuales condiciones, imposibilitan realizar política contracíclica para arreglar las insuficiencias de demanda de esta economía.

Esperamos que Modi tome en cuenta estos planteamientos y no deje que su populismo nacionalista termine carcomiendo sus deseos de retomar el desarrollo de la India, que esperamos siga siendo su más grande anhelo. Lampadia

El embrollo que Modi hizo
Narendra Modi está dañando la economía y la democracia de la India

El país finalmente tiene un líder con el poder y los incentivos para impulsar grandes reformas. Pero no está actuando

The Economist
26 de octubre, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Las historias de la represión en Jammu y Cachemira y la amenaza de despojar de la ciudadanía a millones de personas pobres y en su mayoría musulmanas en Assam, una forma de limpieza étnica por parte de la burocracia, se han infiltrado en la conciencia del mundo, pero muchos empresarios occidentales todavía están inclinados a defender el primer ministro indio. Incluso si Narendra Modi es malo para la democracia, dicen, su filosofía favorable a los negocios es buena para la economía. Pero, como demuestra nuestro informe especial de esta semana, ese argumento ya no funciona. La economía de la India se maneja de manera incompetente y va mal.

El crecimiento cayó del 8% a mediados del año pasado al 5% interanual en el trimestre más reciente. Puede que eso no suene tan mal, y otras economías emergentes también están sufriendo, pero India necesita crecer rápidamente solo para mantener a su vasta fuerza laboral totalmente empleada. Peor aún, la desaceleración parece menos un chapuzón que una ducha fría prolongada.

Algunos bancos y muchos otros prestamistas están en crisis, con una montaña de deudas incobrables de US$ 200,000 millones. En los seis meses que terminaron en septiembre, el flujo total de financiamiento a las empresas cayó un 88%. Cinco recortes sucesivos de las tasas por parte del Banco de la Reserva de la India, el banco central, no han logrado reducir las tasas de préstamos comerciales, y en cualquier caso las empresas no están invirtiendo. La demanda del consumidor también se ha estabilizado o disminuido. Las ventas de automóviles y motocicletas han caído un 20% o más. Y con el déficit fiscal combinado del gobierno federal y los estados que ya se acerca al 9% del PBI, más los ingresos fiscales cayendo muy por debajo de las expectativas, hay poco margen para el estímulo.

Cuando tomó el poder por primera vez en 2014, el gobierno de Modi heredó una economía con muchos problemas, pero hizo muy poco al respecto. La última frenada continúa ese patrón decepcionante. Con la excepción de un fuerte recorte en los impuestos corporativos a principios de este mes, al 25%, que pone a la India en línea con otros países de la región, la respuesta oficial ha sido dispersa y tímida. Esto, dicen los críticos, refleja tanto una escasez inusual de experiencia en el gobierno de Modi como puntos de vista conflictivos en su círculo, ya que los grupos de interés en competencia compiten por su oído. Sin embargo, las líneas generales de lo que hay que hacer son claras.

Para comenzar, Modi debería reclutar un equipo económico que se base en la competencia y la experiencia en lugar de la afinidad por la ideología hindú-nacionalista del Partido Bharatiya Janata. Debe abordar tanto la crisis financiera como la caída de la demanda. Para arreglar el sistema bancario, los bancos y los bancos en la sombra, ligeramente regulados que recientemente han estado prestando mucho necesitan ser sometidos a pruebas de resistencia y, cuando sea necesario, y los bancos recapitalizados. Eventualmente, los bancos estatales podrían privatizarse y los bancos en la sombra sometidos a las mismas regulaciones prudenciales de otros prestamistas.

Un programa de privatización más amplio le daría al gobierno el dinero que necesita para satisfacer la demanda. Debería hacer uso de palancas como el esquema nacional de empleo rural para llevar dinero al interior en dificultades. A largo plazo, el sistema tributario, las leyes laborales, la regulación de la propiedad de la tierra y los aranceles fiduciarios y proteccionistas deberían recibir una revisión exhaustiva.

Muchos de estos elementos han estado en la lista de tareas pendientes de todos los gobiernos indios durante décadas. Pero la larga historia de estasis solo fortalece el caso para el cambio. Y en Modi, con su control del parlamento, su reputación como amigo de los negocios y su necesidad de enderezar una economía en decadencia, India finalmente tiene un líder con el poder y los incentivos para impulsar grandes reformas.

El temor es que, en lugar de enfrentarse con la economía, Modi deje de hacerse pasar por un reformador y abrace completamente su alter ego, como un nacionalista hindú que golpea el pecho. Apenas unos meses después de su segundo mandato, ya ha abolido el único estado de mayoría musulmana de India y está amenazando con expandir al resto del país su plan para perseguir a supuestos intrusos extranjeros en Assam. Ante los crecientes problemas económicos de la India, el enfoque de Modi en los agravios comunales parece aún más censurable. Por desgracia, aún puede sacar la conclusión opuesta. Lampadia

Lino Abram Caballerino
Para Lampadia

La explicación de la importancia de la industria minera en el Perú es un tema que podríamos llamar, en términos figurados, un “lugar común” por lo que no parece necesario agregar más argumentos que los que han sido expuestos por incontables medios incluyendo conferencias, discursos, artículos académicos, periodísticos, etc. Sólo diré, sin necesidad de hacer un esfuerzo argumental, que la Minería es una actividad de la mayor importancia para impulsar el crecimiento y el desarrollo socio-económico del Perú.

La aceptación de tal afirmación conduce el pensamiento a la pregunta de porqué los proyectos mineros u operaciones en marcha provocan tanta oposición y tanta insatisfacción, ¿es que tenemos motivaciones tanáticas? ó sus beneficios no son tan evidentes para algunos sectores de la población o peor aún dañan los intereses de esos sectores?  Descartemos, aunque sea por razones analíticas, el concepto de las motivaciones tanáticas y nos quedamos con que los beneficios por tener una operación cerca de casa, no son evidentes o no son tangibles para la mayoría de los vecinos, por lo que ven razonable adherirse a los líderes que se oponen de modo sistemático o eventual a proyectos u operaciones mineras.

Es un hecho reconocido que la generación de riqueza de la industria minera tiene su base en recursos naturales que son propiedad de la Nación, es decir de todos los peruanos, pero también es un hecho que quienes nacen, poseen, crecen, fundan familias, trabajan y tienen ancestrales raíces en las tierras donde subyacen los recursos minerales se sienten más propietarios de esos recursos que el resto de los peruanos… y no les falta razón.  Si agregamos al sentimiento de propiedad, que, los vecinos al sitio minero son protagonistas pasivos de inevitables cambios ambientales, sociales, paisajísticos, resulta obvio que merecen recibir compensaciones que hagan justificables los cambios que, en alguna medida, afectan su modo de vida y que la extracción de los recursos, valiosos y agotables, les abran las puertas para su desarrollo individual y colectivo a largo plazo.  Ver en Lampadia: Una gran idea que no entienden – El gobierno destruye la potencia del ‘adelanto social’.

Las compañías mineras que asumen la inversión y la explotación minera, legítimamente, remarcan que asumen ingentes cantidades de dinero por el pago de impuestos y contribuciones, además del costo de programas voluntarios de relaciones comunitarias, y que son materializados por la vía de pago de impuestos y/o contribuciones al Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Gobiernos Municipales o incluso a la Comunidad vecina. La cuestión crítica es que el dinero generado por la industria minera y recibido por las autoridades de las entidades mencionadas no se traduce en beneficios visibles y significativos, ni individuales ni colectivos para los vecinos y, para cuando ocurra el agotamiento de dichos recursos sus condiciones de vida no habrán tenido el cambio que implica el “Desarrollo Económico-Social”.  No es necesario citar casos o ejemplos; sabemos que ésta es la realidad para la mayoría de las comunidades del entorno a la mina. La creación de puestos de trabajo, accesibles para los vecinos, beneficia directamente a una porción menor de ellos y el incremento de la actividad económica local no logra ser asociado racionalmente con la operación minera.  Los conceptos amplios de contribución de la operación minera al crecimiento del consumo, del PBI, generación de divisas u otros, no causan impacto en la mayoría de las poblaciones locales, ni siquiera en las nacionales.

Las negociaciones y acuerdos circunstanciales con los vecinos de las operaciones mineras tienden a atenuar temporalmente la insatisfacción existente.  Por supuesto, existen casos en los que no se han logrado, ni siquiera, estos acuerdos circunstanciales.  Los proyectos han debido ser suspendidos indefinidamente. Es palpable que se requiere cambiar sustancialmente el modelo de relaciones de la industria minera con el Estado y las Comunidades vecinas.  Es necesario contar con un modelo por el que cada vecino vea y perciba que recibe beneficios individuales, que son tangibles y significativos, para que el hallazgo de un recurso minero sea visto como una bendición. 

Empecemos por reconocer la realidad: Las entidades que administran los impuestos y/o contribuciones son ineficaces e ineficientes, que no tienen una visión de futuro a largo plazo para los pobladores de las comunidades aledañas.  Un aspecto clave para tener un modelo exitoso es eliminar su intermediación para trasladar la responsabilidad financiera y gerencial a un ente Ad Hoc, dirigido por la propia compañía minera y supervisado por las entidades estatales y locales.

El otro aspecto clave es la creación de un polo de desarrollo que se incluya en el proyecto minero, siendo éste el principal proveedor de recursos para el financiamiento de un programa de inversiones en beneficio de las comunidades vecinas. El programa de inversiones debería contener los elementos necesarios para que sus efectos se materialicen en plazo inmediatos, y que perduren más allá de la vida útil de la operación minera.

Conociendo las carencias de nuestro país, parece obvio que a los servicios de salud y educación les correspondería un lugar prioritario, ya que representarían un beneficio tangible en forma inmediata, pero también beneficios relevantes con permanencia a largo plazo.

Otro aspecto de crucial importancia sería la introducción de tecnologías modernas para las actividades agropecuarias y la identificación de las ventajas competitivas de la zona para promover negocios exitosos que generen actividad económica, más allá de la vida de la mina. Los costos asumidos por la operación minera serían compensados con las obligaciones tributarias que le corresponden, bajo un modelo similar al de “obras por impuestos”.

La existencia de un plan de desarrollo motivado por la presencia de una operación minera permitiría, a los pobladores vecinos, adquirir un sentido de pertenencia: La mina es de todos y los beneficios son para todos. La aprobación del plan de desarrollo y del proyecto minero se convierten así en un paquete apreciable y su rechazo resultaría claramente un acto irracional.

Durante el proceso de diseño de un plan de desarrollo y su posterior supervisión sería indispensable crear y respetar espacios para la participación de los líderes políticos locales y regionales, pues sería de la mayor importancia que ellos perciban que el producto de estos procesos es un activo político que les corresponde.  También deberían tener un rol en la supervisión de la ejecución del plan de desarrollo.

La puesta en práctica del modelo de relaciones que se describe en este artículo es una tarea compleja y requerirá, en cada caso, tiempo para obtener resultados consensuados, pero constituiría un reemplazo para la situación actual que, para ser exitosa, ha debido adaptarse a requerimientos arbitrarios o que muestra una elevada tasa de fracasos. Pensemos en los proyectos mineros que se encuentran paralizados y coincidiremos en que bien vale la pena desplegar el esfuerzo. Imaginemos, también, cómo se vería Cajamarca si los altos montos de impuestos pagados por Yanacocha se hubieran aplicado, durante los últimos 20 años a un plan de desarrollo.

Esta propuesta o cualquier otra orientada a eliminar la intermediación financiera del aparato burocrático significará una contribución para superar el rechazo que enfrentan los proyectos de explotación de recurso naturales por las comunidades vecinas…y el Estado estará presente del modo que les interesa a los ciudadanos. Lampadia

Mas allá del riesgo “izquierdista”, un escenario “continuista” no tiene por qué causar alivio  

David Belaunde
Para Lampadia

En honor a nuestro flamante primer ministro, a quien parece interesarle el rubro, abriremos este artículo con una metáfora aeronáutica. Imaginémonos un jet volando a buena altura, pero ligeramente inclinado. El piloto acaba de expulsar al resto de la tripulación de la cabina y se ha encerrado solo. Algunos pasajeros temen que este quiera realizar una maniobra suicida y bajar en picada. Como pasan los minutos y eso no sucede, se calla a los alarmistas, y la mayoría de los pasajeros se despreocupa del tema. Es lo que se llama la falacia de las expectativas bajas: al no darse el peor escenario esperado, se pierde el sentido critico sobre cualquier otro desenlace posible.

Así, en las últimas semanas se ha dado un debate entre los que juran que Vizcarra nos va a llevar – coludido con la izquierda – a un régimen chavista o, por lo menos, evista, y los optimistas (aquellos vizcarristas “de centro”, digamos) persuadidos de que ese no es un riesgo real.

Los pesimistas consideran indicios tales como la actitud del presidente frente a Tía María, el nombramiento de Zeballos como premier, y el apoyo entusiasta de las bancadas izquierdistas.

Los optimistas, entre tanto, recalcan que nuestro “fáctico” premier nos ha asegurado que el modelo económico no va a cambiar, y que tenemos a una tecnócrata como nueva ministra de economía en vez de algún iluminado (aunque el hecho de que hayan escogido a alguien aun bastante joven puede dar a pie a suspicacias).

¿No hay entonces de qué preocuparse? Veamos:

En primer lugar, son varias las opciones posibles para minar el modelo económico en vigor. La más radical, que implica un cambio de política macroeconómica, parece poco probable a corto plazo. Pero una segunda opción afecta de pleno al ámbito microeconómico mediante el aumento de regulaciones. La probabilidad de que esta opción se dé sí es mayor. Y, generalmente, los estragos que ocasionan tales políticas luego generan la necesidad de alterar la política macroeconómica, aunque esa no haya sido la intención inicial.

Pero, sobre todo, en relación con los aspectos microeconómicos, el mantenimiento del statu quo ni siquiera es deseable. Como el avión en nuestra metáfora de partida, el país viene ya con una mala trayectoria en ese sentido: de una economía dinámica hacia finales de los 90s a la actual, que padece de excesivas regulaciones, una mano de obra relativamente cara y poco flexible, trabas a la inversión, falta de previsibilidad normativa, excesiva burocracia. NO cambiar de rumbo es condenar el país al fracaso. 

Además, el modelo económico ni siquiera es lo que importa más, puesto que las medidas en el ámbito sociocultural pueden tener un impacto aun mayor sobre la vida de las personas. Desde ese punto de vista también vamos muy mal orientados, con la proliferación, sobre todo en los últimos 3 años, de leyes liberticidas.

Ahora bien, aunque entendemos en principio cómo funciona la falacia de las expectativas bajas, cuesta creer que tantas personas, incluso preparadas, caigan tan fácilmente en ella. Y es que aquí interviene otra falacia común: la del chivo expiatorio.

Esto lo vemos en las declaraciones del propio Vizcarra, según el cual, parafraseando, el fujimorismo impedía el desarrollo. ¿De verdad? ¿La disolución del Congreso eliminará acaso la corrupción endémica en el país? ¿Existe acaso un gran plan, un paquete de medidas salvadoras, que acelerarán el crecimiento, y cuya ejecución los fujimoristas hubieran impedido?

Como decía Rene Girard, y como se ha visto de manera repetida en la historia, toda sociedad que no llega a resolver sus propias contradicciones decide designar y sacrificar a una persona o un grupo – generalmente el que tiene menos apoyo – viendo esta medida como un acto salvador. La tensión disminuye, y vuelve el optimismo. Ahora sí, piensan, nos va a ir bien. El pueblo no tiene la más mínima idea de qué medidas precisas se necesitan ni si el gobierno las tiene. Pero no hay de qué preocuparse, puesto que hemos realizado el sacrificio ritual, y ahora los dioses nos van a ser favorables.

Pues más lo vale, ya que hoy por hoy vamos por mal camino. Volviendo a nuestro metafórico avión, muchos pasajeros celebran, pero el suelo cada vez está más cerca. Lampadia

Raúl Delgado Sayán
Para Lampadia

El conjunto urbano de Lima y Callao es indudablemente una mega ciudad. Demographia 2019 señala una población de 11´460,000[1] y para el año 2030 probablemente superemos los 12’300,000 habitantes, según informe de CEPLAN.

Actualmente ya es la número 31 en población en el mundo y la número 11 en densidad poblacional[2]. No solo es insufriblemente deficiente en tráfico y otros servicios básicos, sino también presenta una de las más altas informalidades del planeta que la lleva además a ocupar el primer lugar en el ranking de ciudades de mayor daño por riesgo sísmico clasificados por el sistema reasegurador mundial[3].

De todo lo antes expuesto y tomando en consideración la antigüedad de la ciudad capital cercana a cumplir 500 años de fundación, toda obra importante que se realice en ella para mejorar la calidad de vida, así como de los servicios que requiere la población y que impacte también en el crecimiento futuro, será clasificada como mega obra y por ello durante su ejecución generará inconvenientes y sacrificios en la vida diaria de nuestra población en aras a solucionar graves problemas y lograr mejores condiciones de vida para las presentes y futuras generaciones; pero que si ello es debidamente planificado para que dentro de las inconveniencias se exprese el respeto a la población, es menester maximizar la mitigación de estos efectos negativos para que las obras no signifiquen un largo suplicio para la ciudadanía. La técnica; la ingeniería y los procedimientos constructivos modernos así lo permiten, y por consiguiente los contratos en cualquiera que fuera la modalidad de ejecución deben exigirlo.

Costos versus Beneficios en los países desarrollados y en aquellos que aspiran a serlo

La mitigación de las inconveniencias y sacrificios causados a la población es en estos países un factor importantísimo en la evaluación de la propuesta seleccionada previo a la adjudicación de la Buena Pro. Ello llega a ser incluso más importante que el propio costo final de las obras, exigiéndose en zonas muy críticas la aceleración de los tiempos de ejecución de las obras y el empleo de procedimientos constructivos que permitan que los bloqueos de tráfico en vías cruciales, así como la interrupción de servicios públicos por reubicación de interferencias sea el menor tiempo posible. Para ello se exige por ejemplo el uso de mayor cantidad de maquinaria y equipos durante la construcción; sistemas de trabajo que utilicen pre-fabricación de los elementos fuera del sitio de la obra, y que sean transportados en jornadas nocturnas de poco tráfico para su instalación, y por cierto la programación de trabajos acelerados en jornadas diurnas y nocturnas que permitan con todo ello acortar los tiempos de incomodidad ciudadana. Ciertamente todo ello es planificado con mucho esmero y de acuerdo a las condiciones de tráfico en las vías intervenidas e importantes inversiones previas deben ser realizadas con bastante anterioridad en mejorar los desvíos temporales que permitan absorber una mayor fluidez de tráfico.

Casi nunca lo más barato es lo mejor

En el ordenamiento normativo que nos ha venido sirviendo como base en la etapa de pre-inversión al escoger la alternativa seleccionada para ser desarrollada en la etapa de inversión, el SNIP obligaba a los funcionarios públicos a seleccionar la alternativa del costo mínimo para cumplir con el objetivo. El objetivo en principio se refería a cumplir con la funcionalidad de la inversión (por ejemplo, se consideraba cumplido en el caso de un puente si se podía cruzar el río), pero no se incluyeron los otros conceptos de ingeniería que son fundamentales al proyecto de inversión como, por ejemplo: resistencia; durabilidad; seguridad ante condiciones normales y fenómenos naturales extremos, y por cierto tampoco factores exógenos que hoy en día son considerablemente importantes en el costo. Debe entenderse que el costo a ser analizado no solamente debe ser el de la inversión inicial conocida como CAPEX (Capital Expenditure), sino los costos en que se incurrirán durante toda la vida útil de la inversión que incluye la operación y el mantenimiento (OPEX), así como factores que hoy en día adquieren una relevancia fundamental y que significan también costos reales sociales que afectan a la población.

Por tomar un ejemplo de hace unos pocos días. Acaba de anunciarse el cierre por dos años de la ya muy congestionada Carretera Central, para construir la Estación E27 Terminal de la Línea 2 en Ate, con desvíos laterales que de todas maneras significarán una mayor congestión. ¿Podría atenuarse en parte y disminuir de manera significativa el tiempo de la ejecución de las obras civiles críticas de esa Estación que justifiquen el cierre del íntegro de la carretera central en esa parte? Indudablemente que sí, pero ello a su vez requerirá incrementar el uso de equipos de trabajo para operar día y noche y con ello acelerar las obras civiles subterráneas para terminar la caja básica de las pantallas o muros de la Estación; los pilotes y columnas de los ejes centrales y las distintas losas de vestíbulo y cubierta que permitan la pronta reapertura al tráfico de una parte de las vías de la carretera y solamente dejen uno o dos huecos para movilizar verticalmente materiales de acabados arquitectónicos; electromecánicos y material ferroviario. Naturalmente, este mayor esfuerzo constructivo y de trabajo ininterrumpido generalizado incrementa los costos directos de la obra, pero sin lugar a dudas ese incremento será muchísimo menor que el mayor costo derivado del exceso de congestión vehicular solamente en el mayor costo de combustible consumido por los vehículos y por cierto el valor del tiempo perdido por los miles de ciudadanos que obligadamente deberán transitar por la carretera central y los desvíos temporales, aumentando también lo que se conoce como el “estrés ciudadano”.

Ejemplos notables de esto se haya realizado exitosamente

Naturalmente hay muchísimos ejemplos a nivel mundial donde estos procedimientos para mitigar los efectos negativos de mega obras en la ciudadanía han sido exigidos como premisa fundamental para la ejecución y realización de obras de ingeniería y construcción. En los países desarrollados y aquellos que aspiran a serlo, son materia obligada. En el Perú, no es regla común por las razones antes expuestas. Sin embargo, sí hay ejemplos dignos de resaltarse. Uno de ellos sucedió hace apenas 3 meses, precisamente en la Línea 2 del Metro, cuando en el mes de junio se advirtió a la ciudadanía que se iba a cortar el suministro de agua en 20 distritos en un lapso de 48 horas, debido a que Sedapal en coordinación con la AATE iban a realizar 3 intervenciones de interferencias mayores de tuberías matrices para permitir la construcción de estaciones de la Línea 2 del Metro que se encontraban sobre el eje de la Av. 28 de Julio. Naturalmente, hubo mucho trabajo de coordinación y planificación previa entre estas dos entidades, los subcontratistas y personal de Sedapal que intervinieron en la obra para tener todo predispuesto y pre-fabricadas todas las conexiones del caso para interrumpir el servicio de agua de 20 distritos durante solo 2 días en un fin de semana y haciendo un pre-aviso informativo a toda la población de que esto iba a ocurrir. La operación fue muy exitosa.

También cuando en la Línea 1 del Metro hubo que cruzar con el viaducto elevado del tren la Vía Expresa de la Av. Javier Prado Este. El proyecto inicial consideraba un alto y esbelto pilar en la berma central de la Vía Expresa que hubiera motivado durante su construcción el cerramiento de no menos de 2 canales de tráfico de la Vía Expresa Javier Prado. Se consideró que aquello resultaba siendo tremendamente disturbador para el flujo vehicular de esta vía expresa y por consiguiente se decidió construir dos pilares de apoyo pegados a los muros laterales de las vías superiores auxiliares de la Av. Javier Prado y sobre esos dos pilares se apoyó 4 vigas pre-fabricadas, pretensadas de concreto de 35 metros de longitud que cruzarán en forma aérea la Vía Expresa y solo se interrumpió el tráfico para el izaje y colocación de estas vigas entre las 6 pm de un día domingo hasta las 6 am del día lunes. Dichas vigas, y sus apoyos, por cierto, fueron también diseñados para soportar mega sismos del orden de magnitud 8.8 que pudieran ocurrir en la ciudad de Lima, de acuerdo a las estimaciones del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Puedo citar igualmente casos en donde el trabajo continuado (24 horas x 7 días) también ha sido implementado para poder cumplir con plazos muy exigentes de culminación de obras. No solo probablemente para los escenarios deportivos de los Juegos Panamericanos, sino casos bastante más complejos como la Sede del Banco de la Nación (El edificio más alto del Perú) y el Gran Centro de Convenciones de Lima (Ambas edificaciones con 4 sótanos), obras que conjunto debieron ser completadas en diseño-construcción en apenas 2 años con un total de 168,000 m2 de área construida y que debieron construirse con fecha fija en octubre de 2015 para el evento mundial de la Junta de Gobernadores del FMI y el Banco Mundial. Los casos antes relatados son tan solo ejemplos que el suscrito conoce, pero por cierto debe haber algunos casos más en la ciudad de Lima.

Desafortunadamente, tanto los modelos de contratación a precios unitarios como el de suma alzada; particularmente este último donde ya se pacta de antemano el costo presuntamente inamovible de una inversión, no generan incentivos para modificar procedimientos; secuencias constructivas y mayor disponibilidad de equipos que permitan acelerar las obras una vez que ellas han sido contratadas, puesto que el ímpetu necesario para disminuir el tiempo de ejecución en la mayoría de los casos puede significar mayores costos al contratista versus el trabajo con menos equipos y en jornadas laborales de un menor costo unitario.

Es muy importante el que estos procedimientos se exijan en las Bases y se señalen de manera expresa al detallarlos en la Propuesta Técnica del postor, y que siendo estas propuestas, como lo señalan las Bases de manera vinculante, se le exija al contratista o concesionario el pleno cumplimiento de ello. Es importante también que la normatividad faculte a las Entidades Públicas abrir un registro de performance de Contratistas ejecutores de obras que permita diferenciar aquellos que operan proactivamente y de manera profesional hacia los intereses del Cliente Estado, de otros que no lo hacen y en lugar de resolver prontamente las situaciones imprevistas que siempre ocurren en todas las obras, demoren las soluciones, busquen incumplir por defecto sus Propuestas Técnicas y no se esmeren en tomar acciones y procedimientos constructivos que disminuyan los tiempos de ejecución de obras en zonas críticas de tránsito donde puedan generarse inconvenientes, molestias y sobrecostos a la ciudadanía. Lampadia

Es imposible trazar una línea recta entre el Perú de 2019 y el de 1990. Hoy, a pesar de nuestras limitaciones, somos largamente superiores al país de la última década del siglo pasado. En los años 90 hubo un gran punto de inflexión, un quiebre, que permitió que pasáramos de la condición de un ‘Estado Fallido’, a una suerte de ‘Estrella Internacional’.

Ese quiebre lo dio la Constitución de 1990 y las Leyes Madre: la Ley del Banco Central, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, la Ley General de Minería, la Ley de Promoción Agraria, y otras leyes generales de igual importancia.

Gracias a ese conjunto normativo dejamos de ser un país pobre y nos ubicamos como un país de ingresos medios, pasando de un PBI per cápita de US$ 968 (1990), a uno de US$ 14,200 (2018) PPP. Veamos el siguiente cuadro que compara el Perú del año 1990 y el de 2011:

A pesar de los evidentes éxitos del modelo económico y social generado en los 90s, hay algunos grupos de políticos ideologizados que hablan de cambiar la actual Constitución. Ellos pretenden desconocer los indicadores de bienestar viendo un vaso medio vacío, en vez de uno medio lleno.

Una de las consecuencias principales de la Constitución de 1990, fue el regreso de la inversión privada, que había, prácticamente desaparecido. Esta se consolidó como producto de la Leyes Madre, especialmente en la minería y el agro.

La Ley de Promoción Agraria ha permitido crecer, exportar y generar empleo rural formal de buen nivel de ingresos. Sin embargo, hay quienes pretenden suspender el régimen.

En cuanto a la minería, el presidente Vizcarra ha cometido un tremendo despropósito planteando la necesidad de diseñar una nueva ley de minería. Además, lo ha hecho en medio de un ambiente levantisco y a puertas de un proceso electoral. Una barbaridad sin nombre.

Ya hoy tenemos propuestas de cambio que pretenden regresar la minería a la actividad del Estado, aumentar la tributación minera, que ya llega al 47% de las utilidades, acortar los períodos de concesiones, eliminar la devolución del IGV, dar participación accionaria a las comunidades y delegar el control normativo ambiental a los gobiernos regionales.

Quienes plantean estos desatinos no quieren entender la realidad del bienestar producido por la minería y el gran potencial que nos ofrece. Ver en Lampadia: Para superar la pobreza – Lo que necesitamos es más Minería.

Así como tenemos que cuidar la Constitución de 1990, tenemos que cuidar nuestras Leyes Madre, que son el marco normativo que trae a la inversión privada a cumplir su rol social, invertir, dar empleo de calidad y generar recursos fiscales.

Hoy más bien hay que recuperar la salud de nuestras Leyes Madre, podando la maraña regulatoria que las ha asfixiado, restableciendo la libertad económica y modernizando la normatividad laboral para volver a crecer.

El Estado debe promover la inversión privada y cautelar que opere, respetando las normas correspondientes. Sin inversión privada no hay crecimiento posible, y sin crecimiento no habrá mejoras sociales. Lampadia

Como escribimos en Lampadia: Las democracias están en peligro en América Latina, a lo largo del siglo XXI, los sistemas democráticos de nuestra región se han visto constantemente amenazados – y siguen estándolo – por el ascenso de líderes populistas que, aprovechando el contexto de corrupción que los precede, han llevado a cabo medidas autoritarias y que han vulnerado las libertades individuales.

Ello indudablemente ha repercutido negativamente en el desempeño económico reciente de países como Venezuela, Argentina, Brasil y Nicaragua, generando una suerte de “estancamiento regional”, del cual el FMI ya viene advirtiendo en sus informes coyunturales. Sin embargo, es menester señalar que este estancamiento es previo al siglo actual, un hecho que puede constatarse en el siguiente gráfico elaborado por The Economist, que muestra cómo el PBI per cápita de América Latina sigue bordeando el 30% del PBI per cápita de EEUU desde los años 40.

No obstante, también se debe mencionar que hay ciertos grupos de países – de los cuales, el Perú ha sido parte – que, a pesar del ruido político, exceptuando los últimos años, han logrado sostener altas tasas de crecimiento, permitiéndoles acortar sus brechas de desarrollo justamente con países de altos ingresos como EEUU.

¿Qué medidas económicas han implementado estos países para crecer en mayor proporción que sus pares regionales?

Un reciente estudio citado en The Economist (ver artículo líneas abajo) señala enfáticamente que el éxito de tales economías se debe principalmente a su profunda apertura comercial, a las exportaciones de bienes y servicios, pero también a la responsable política fiscal contra-cíclica que les ha permitido amortiguar los choques externos, tales como caídas en los precios internacionales.

El camino entonces para salir del estancamiento de los ingresos en América Latina, provendría de abrir más las economías al comercio internacional, desechando toda clase de medidas proteccionistas, que, históricamente han demostrado ser nefastas para los consumidores y la industria nacional. Lampadia

¿Por qué las economías de América Latina están estancadas?

Exportar más es la manera de contrarrestar la tendencia

The Economist
30 de mayo, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Los pronosticadores que recortan sus predicciones de crecimiento económico en América Latina se han convertido en un ritual anual deprimente. Este año no es diferente. El FMI al principio esperaba un crecimiento del 2%. En abril se había convertido en 1.4%. Incluso este número puede ser demasiado optimista. En los primeros tres meses del año, las tres economías más grandes (Brasil, México y Argentina) parecen haberse contraído y otras tuvieron un desempeño débil. Dado que la economía mundial se ha expandido relativamente fuerte en los últimos años, esto significa que América Latina se está quedando atrás.

Por supuesto que hay algunos puntos brillantes. Muchas economías latinoamericanas son al menos más resistentes y menos volátiles que antes, gracias a una política fiscal más responsable. Aquellos países donde los líderes pensaban que la política macroeconómica prudente era para los tontos, Hugo Chávez en Venezuela, Dilma Rousseff en Brasil y Cristina Fernández en Argentina, han sufrido caídas. Pero lo realmente preocupante es que el desempeño económico rezagado de América Latina ha durado varias décadas (ver gráfico líneas abajo). La brecha entre el ingreso promedio por persona de la región y el de los EEUU es más amplia que en la década de 1950. Dos nuevos estudios intentan explicar este fallo relativo y cómo podría revertirse.

En un artículo para el Diálogo Interamericano, un think tank en Washington, Augusto de la Torre y Alain Ize analizan qué distingue a los países latinoamericanos cuyo PBI per cápita ha crecido significativamente más rápido que el de EEUU en este siglo. Eso se aplica a Perú, Chile y Uruguay, que son exportadores de productos básicos, y a Costa Rica, República Dominicana y Panamá, que son exportadores de servicios. Llegan a la conclusión de que el éxito en los mercados internacionales, medido por una creciente participación de las exportaciones mundiales, ha sido el camino hacia la convergencia de ingresos. Esto se debe en parte a que la exportación es una forma de aprendizaje, como han señalado otros economistas. Hay una preocupante excepción a esta regla: México ha ganado cuota de exportación, pero sus ingresos se han estancado en gran medida porque el resto de su economía es muy ineficiente.

Las políticas macroeconómicas contra-cíclicas también son cruciales, especialmente en los países que exportan productos, cuyos precios pueden fluctuar enormemente. Pero la extrema desigualdad de ingresos y la pobreza generalizada dificultan que los gobiernos latinoamericanos resistan la presión pública para gastar durante los períodos de auge. Esto significa que, en lugar de una idea de último momento, una buena política social debe considerarse un componente central de la gestión económica. Claramente, no todos los países pueden ampliar su participación en las exportaciones mundiales; esto es especialmente difícil cuando el proteccionismo está en aumento. Pero América Latina tiene mucho margen para expandir las exportaciones de servicios, como el cuidado de los ancianos y el turismo, siempre que reduzca la delincuencia.

Los investigadores del Instituto Global McKinsey analizan la falta de convergencia de América Latina desde un ángulo diferente. Centrándose principalmente en Brasil, México y Colombia, identifican dos “centros intermedios perdidos”. El primero es la escasez de empresas medianas. En relación con el tamaño de la economía, América Latina tiene aproximadamente la mitad de las compañías con ventas entre US$ 10 a US$ 500 millones por año como un grupo comparador de diez economías emergentes en otros lugares. Los latinoamericanos tienden a obtener mayores ganancias, una señal de que enfrentan menos competencia.

El lado opuesto es la falta de empleos bien remunerados y, por lo tanto, “una cohorte desaparecida de consumidores de clase media con ingresos suficientes para mantener una demanda interna sólida”, según el informe. Las tres cuartas partes más pobres de los latinoamericanos representan solo el 40% del consumo total, en comparación con las dos terceras partes del consumo en el grupo comparador. La falta de demanda de los consumidores disuade a las empresas de invertir.

A menos que las empresas latinoamericanas se vuelvan más productivas, la perspectiva de la región es débil. Según McKinsey, el 72% del crecimiento económico de la región entre 2000 y 2016 se debió a la expansión de la fuerza laboral en lugar de a una mayor productividad. Las mujeres latinoamericanas ahora tienen menos bebés, por lo que la fuerza laboral pronto dejará de crecer.

Se destacan dos lecciones políticas. La izquierda debe entender que la disciplina fiscal y las exportaciones son vitales para lograr un crecimiento sostenido de los ingresos. Pero la derecha debe aprender que los monopolios frenan las economías, que los trabajadores deberían compartir los aumentos de productividad y que los impuestos deben ajustarse para que no caigan de manera desproporcionada sobre el consumo en lugar de los ingresos. De lo contrario, América Latina corre el riesgo de quedar atrapada en un círculo vicioso de estancamiento económico y conflicto social y político. Lampadia

El lunes pasado nuestro director estuvo con Phillip Butters repasando diversos temas. Lineas abajo reproducimos los tres bloques de la entrevista.

Se revisaron los temas de gobernanza, las carencias económicas y el potencial de la minería.

Bloque I

Bloque II

Bloque III

Lampadia