Por: Maite Vizcarra
El Comercio, 9 de Febrero del 2023

“Los debates inútiles que hemos apreciado en los últimos días para lograr un adelanto de elecciones consensuado no hacen más que mostrar en su integridad la calidad de legislativo que tenemos”.

Las sucesivas crisis políticas que venimos experimentando en el Perú nos han convencido de que hacer política es un ‘negocio’ sustentado en el griterío, el lapo, la ausencia de sentido común, la popularidad y algo de simpatía. De ahí, por ejemplo, que ya hayamos asumido que el Parlamento es una institución inútil debido a que la gran mayoría de los personajes que lo conforman –los parlamentarios– tienen el don de la infructuosidad.

Por ello, es totalmente legítima –entre tantas– aquella demanda que exigen los que protestan, vinculada al cierre del Congreso o, lo que es lo mismo, al cese laboral de toda su planilla. Es que son muy mediocres estos parlamentarios. Y lo son incluso cuando quieren contarnos el cuento de que en verdad les interesa el Perú. Los debates inútiles que hemos apreciado en los últimos días para lograr un adelanto de elecciones consensuado no hacen más que mostrar en su integridad la calidad de legislativo que tenemos.

Y como si no fuese poco, a los debates inútiles en torno del adelanto de elecciones ahora también tenemos que sumarles las ininteligibles opiniones de parlamentarios que se pasean por los medios defendiendo la pertinencia o no de establecer en el país una asamblea constituyente.

Pero como no hay mal que por bien no venga, observar la forma en que los congresistas del país se despachan opinando sobre la Constitución Política y su contenido tal vez sea el arma más contundente para convencer categóricamente a quienes creen que esa iniciativa tiene espacio hoy de su total inconveniencia.

Entonces, ¿estamos los peruanos condenados a una maldición sin fin? ¿Debemos conformarnos con seguir colocando en el Legislativo a personajes tan chapuceros? Y, como no hay mal que por bien no venga, tal vez ver este nivel de mediocridad tan atroz nos empuje a promover mejores representantes en las próximas elecciones.

Por lo pronto, y ya que la efervescencia electoral está en alza, bien podrían intentar los nuevos partidos inscritos –y los que están en proceso de inscribirse– de construir alguna propuesta que no se agote en la mera travesía al poder.

Por ejemplo, una forma de elevar el nivel de sentido común en el Legislativo puede alcanzarse colocando alrededor de los partidos políticos organizaciones pensantes que puedan dotarlos no de expertos, sino de ideas e iniciativas que bien podrían convertirse en políticas de Estado en caso de que lleguen a ser gobierno.

¿Es esto mucho pedir? Pues, de acuerdo con el mejor ‘benchmarking’ que ahora tenemos disponible –el Índice de Democracia de “The Economist”–, países con democracias –casi– perfectas como Noruega o Uruguay se caracterizan por organizar la actividad política en base a una suerte de ‘ecosistema’.

¿Qué significa eso? Pues que los partidos políticos y sus miembros no son átomos aislados de la sociedad civil a la que solo acuden para hacer labores de responsabilidad social o a la caza de un voto. No. Los partidos políticos influyen todo el tiempo, en épocas de paz y de guerra, y lo hacen a través de organizaciones y redes ‘ad hoc’, tales como los centros de pensamiento (‘think tanks’ o TT) o centros de acción (‘do tanks’).

Mas precisamente, crear un TT bajo el alero de un partido político –o cerca de él– garantiza a los ciudadanos que, al menos, primará el sentido común de lo que se ofrezca, dado el cotejo de ideas –propias o adoptadas– y, con ello, lograr diluir en algo las chapuzas y a los chapuceros.

Por último, tener cerca a estas organizaciones puede ayudar también a romper la maldición del corto plazo, esa que nos ha quitado la ilusión de forjarnos como un colectivo a cambio de ser un puñado de identidades fragmentadas.

Por: Pablo Bustamante Pardo 
El Tiempo de Piura, 8 de Febrero del 2023

Tiene que buscarse una solución para las elecciones generales anticipadas, yo creo que una opción es hacer una legislatura extraordinaria; de tal manera que se pueda generar un proceso más rápido y no esperar hasta agosto para iniciarlo.

Tiene que convocarse y hay que generar presión pública para que cada congresista tenga un voto sustentado. Creo que hay que jugar por ahí o plantear un procedimiento extraordinario dada la situación. yo no soy abogado pero esto se ha hecho muchas veces y podría resultar.

Por supuesto, debe Insistirse también en la necesidad de abrir la cancha para que puedan entrar nuevos participantes ante una eventual elección congresal y para las reformas mínimas que se requieren para mejorar el sistema electoral.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Dina Boluarte podría considerar su renuncia si hubiera alguna razón valedera. ¿La hay? La razón principal, el motor inicial que mueve las protestas y bloqueos, es la creencia, en el mundo andino sobre todo, de que el congreso aliado con los poderes limeños le dio un golpe a Pedro Castillo y lo sacó arbitrariamente del poder. Esa creencia ha sido atizada por sectores políticos radicales para movilizar la indignación de las personas que se sentían identificadas con Pedro Castillo, contra Dina Boluarte, acusada de usurpadora. El sentimiento es real, pero se origina en un cuento, en una falsedad.

Fue al revés, Castillo dio el golpe ante las revelaciones de corrupción que lo comprometían directamente (Salatiel Marrufo reveló ese mismo día que le daba 100 mil soles mensuales al presidente, entre otras cosas), pero el gobierno no se ha tomado el trabajo de desarrollar una campaña comunicacional que lo explique. El país no puede ceder a una presión basada en una mentira, en una posverdad. Pero tiene que desmentirla. De lo contario quienes creen en esa versión no se sentirán tranquilos.

La insurrección busca también una asamblea constituyente. Esa pretensión escapa del marco constitucional. Antes habría que modificar el artículo 206 de la Constitución. El propio adelanto de elecciones es inconstitucional. Por eso requiere una reforma constitucional, que el Congreso claramente no quiere aprobar.

Menos aún son válidos los métodos de guerra usados, que buscan ahorcar a la población y a las empresas:

ataques y bloqueos criminales, comerciantes y mercados obligados por la fuerza a cerrar y aportar, castigo al pueblo con pérdida de ingresos y carestía para agravar el descontento, ataques a los sectores generadores de los ingresos fiscales como la minería, la agroexportación y el turismo, y financiación por las economías ilegales.

Todo ello deslegitima la revuelta y no puede ser validado con una renuncia presidencial.

La única de todas las demandas que sí está prevista en la Constitución, es precisamente la renuncia de la presidenta de la república. Y está en su libre albedrío hacerlo. Pero no por la presión de una ofensiva que estimula el enojo de un sector de la población para empujar un proyecto político no democrático. Las izquierdas radicales lideradas por el Movadef, que es hoy la organización de izquierda más fuerte, y las economías ilegales que proveen logística, confluyen en la estrategia de ahondar el caos, unas para que emerja de ese caos la demanda de una asamblea constituyente regeneradora, y las otras para prosperar en la ausencia de ley. Pero ya sabemos para qué sirven las asambleas constituyentes en los países bolivarianos.

No cabe duda de que los muertos han alimentado las movilizaciones, les han dado una cierta legitimidad que no tienen por las otras causas y hasta han detonado una gesta de venganza en algunos sectores que reclama la cabeza de Boluarte. Es muy doloroso. Pero en ello hay también responsabilidad de las dirigencias que alentaron los ataques mortales a objetivos estratégicos. En Juliaca los asaltantes al aeropuerto superaban en número a la policía por 12 a 1. Allí también hay responsabilidad del gobierno por no haber transportado a la zona un número suficiente de efectivos.

Si la presidenta no renuncia tiene la obligación de pacificar el país y controlar esta insurrección que está arrasando la economía de las clases populares, sobre todo en el sur del Perú. Pero eso requiere de una estrategia integral e inteligente que considere:

1. Una campaña comunicacional que

a. Desmonte la narrativa del golpe contra Castillo
b. Muestre con testimoniales la destrucción de economías populares
c. Muestre la violencia de los ataques a la policía y a instalaciones

2. Cortar el financiamiento de la minería ilegal

a. Presentar a las organizaciones de mineros ilegales una propuesta efectiva de formalización, que considere comprarles el mineral
b. Intervenir las plantas procesadoras o fiscalización efectiva de Osinergmin

3. Ofrecer a los sectores rurales andinos un plan de riego tecnificado con las tecnologías de Sierra Productiva, convocando al sector empresarial

4. Crear una jurisdicción nacional en la fiscalía y el Poder Judicial para detener y juzgar en Lima a los responsables de las acciones violentas y los bloqueos.

5. Decretar una movilización nacional de las fuerzas del orden para poder llevar a las regiones más secuestradas el número suficiente de efectivos que prevenga bloqueos y actos violentos.

Por supuesto, los partidos políticos y la sociedad civil y empresarial no pueden ponerse de costado. Deben aportar cuando menos a campañas comunicaciones como las arriba mencionadas. Esta es una lucha en la que está en juego la viabilidad misma del país. Lampadia

Por: Mario Ghibellini
El Comercio, 4 de Febrero del 2023

El congresista Guerra García condujo a la bancada fujimorista a un naufragio absurdo.

En realidad, la idea original puede haber sido de Keiko, motor inmóvil de todos los despropósitos naranjas, pero es indudable que el congresista ‘Nano’ Guerra García la puso en práctica con esmero. El episodio que se inició con su brusco planteamiento de reconsiderar la votación del 20 de diciembre del 2022 en la que se había aprobado un adelanto electoral para abril del 2024 y terminó con la liquidación de esa posibilidad y la izquierda haciendo agitación y propaganda sobre la asamblea constituyente en el pleno fue un desaguisado sin atenuantes, y el malhumor con el que él responde ahora a las preguntas de la prensa al respecto revela que la factura ya le llegó.

Guerra García, en efecto, lideró el viraje fujimorista que pretendió conseguir que el calendario electoral se adelantara, más bien, para fines de este año… y cosechó 54 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones. Es decir, se fue al archivo. En el camino, sin embargo, el partido decano de las segundas vueltas se las arregló para proyectar una imagen que para unos era de ventajista y para otros, de apocado; pero que invariablemente lo colocaba en el sitial de privilegio que al final del día siempre ocupa en la estima nacional.

–Dos razones, una torpeza–

Lo que el fujimorismo sacrificó con su reciente caballazo no es poca cosa. El adelanto aprobado en diciembre había recogido insólitos 93 votos a favor –los de la bancada naranja incluidos– y solo 30 en contra. Y si ese ‘score’ se repetía en la siguiente legislatura, el asunto estaba zanjado. Con tiempo, además, para introducir unas cuantas reformas que nos permitieran abrigar ilusiones sobre un futuro menos desastroso, tanto a nivel del Ejecutivo como a nivel del Legislativo. Pero la reconsideración de marras borró lo avanzado: lo aprobado el año pasado, simplemente, ya no está vigente.

No ignoramos que era poco probable que la votación antedicha se repitiera. El sector de la izquierda que originalmente se sumó a ella para no parecer contrario al reclamo de “las calles”, iba a desandar de seguro sus pasos, poniendo otra vez la cuestión de la constituyente como condición para brindar su apoyo. Y no dudamos de que en Renovación Popular se iban a producir también algunas deserciones por orden del alto almirantazgo. Pero, por una parte, esos parlamentarios veleta iban a tener que hacerse cargo de su cambio de bando; y, por otra, reunir los 66 votos que habrían hecho falta para llevar la materia del adelanto de los comicios a abril del 2024 –y ninguna otra– a un referéndum no era imposible. Y ese habría sido un referéndum ganado de antemano.

Guerra García y sus valientes, no obstante, se empeñaron en forzar el escenario que suponía echar todo eso por la borda y lo consiguieron. Y uno, claro, tiene que preguntarse por qué. ¿Era acaso el resultado adverso a sus pretensiones difícil de anticipar? La verdad es que la circunstancia de que la congresista Tania Ramírez lo hiciera sugiere que no…

Eso nos lleva, entonces, a las dos hipótesis antes aludidas: la del ventajismo y la del apocamiento. La primera imagina a una Keiko interesada en precipitar las elecciones para impedir que nuevos partidos se inscribiesen en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y tener así menos competidores en la liza por venir. Un argumento necio, desde luego, porque está visto que, incluso en un estuche muy apretado de opciones, los votantes terminan siempre descubriendo una válvula de escape para sus pocas ganas de respaldarla. Pero ya se sabe que la necedad no es razón para descartar motivación alguna en el proceder fujimorista.

La segunda postula, en cambio, a una lideresa y una bancada naranjas amedrentadas por la extorsión del brazo violento de las protestas. Una lideresa y una bancada dispuestas, en ese sentido, a ceder a la exigencia del adelanto alocado de las elecciones y quién sabe a qué más, sin importar si eso espantaba a su base política de origen haciéndola volver sus ojitos soñadores hacia Renovación Popular.

En el fondo, da lo mismo. Fuese cual fuese la intención que existía detrás, el vuelco acaudillado por Guerra García era una torpeza. Y el malhumor de sus declaraciones posteriores al porrazo en el pleno lo confirma. “Hay un boicot permanente de la izquierda, que no va a parar y va a seguir diciendo ‘asamblea constituyente’”, ha proclamado como quien se topa con una ingrata revelación repentina. Mientras que a la legisladora Tania Ramírez la ha acusado de hacer una contracampaña por haberse atrevido a decir lo evidente. Si no quiere llamar a las cosas por su nombre, sin embargo, siempre es posible hacerlo por él.

–Las olas y el viento–

Lo cierto es que, llevado al parecer por esa devoción que suele arder en el corazón de los conversos, ‘Nano’ les cantó a sus compañeros de bancada aquello de “vamos a la playa, calienta el sol” y terminaron todos achicharrados. Lo que tendría que haber dicho al caer en la cuenta de que los había conducido en realidad al inhóspito encalladero de un naufragio es, por supuesto, “me equivoqué de playa”. Pero las olas y el viento, como se recuerda, tienden a relajarlo y hacerle bajar la guardia.

Para el invierno, seguro, estará otra vez funcionando a toda máquina.

Por: Carlos Basombrío
El Comercio, 1 de Enero del 2023

“Aun atendiendo caprichos y gollerías, por más absurdas que estas sean, no hay certeza alguna de que 87 se puedan poner de acuerdo”.

El lunes, los 66 votos que reabrieron la posibilidad de que las elecciones sean en el 2023, la menos mala de las opciones sobre la mesa, se consiguieron a las justas.

En contra estuvieron los 32 votos de Perú Libre y las múltiples fracciones en las que se ha desgajado, así como 11 congresistas del híper desprestigiado Acción Popular. Además, y con total indiferencia ante el repudio ciudadano hacia el Congreso, Renovación Popular puso lo suyo con nueve votos “innegociables” que solo aceptan quedarse hasta el 2026, como tozudamente ha ratificado el almirante Jorge Montoya.

Los nueve de Renovación Popular y los 11 de Acción Popular habrían puesto a tiro de voto los mágicos 87 votos para que las elecciones sean en el 2023, desnudando a quienes, diciendo ser los representantes del pueblo movilizado en las calles, condicionan su salida a la aprobación de un referéndum para una asamblea constituyente.

Hay que reconocer el esfuerzo del congresista Guerra García, y de Fuerza Popular en general, para llegar a una fórmula que permita elecciones en el 2023; más todavía, cuando la vocera de la bancada, la congresista Patricia Juárez, ha ratificado que de ninguna manera Keiko Fujimori postularía en unas eventuales elecciones (traicionar a su palabra le traería aún más anticuerpos de los que ya le han hecho perder tres elecciones presidenciales consecutivas).

Es evidente que no queda otra que hacer concesiones a quienes se oponen a tener elecciones en el 2023 si se quiere abrir la posibilidad de conseguir (dos veces) 87 votos. Pero si es cierto lo que han hecho público varios parlamentarios, sobre aquello que podría ayudar a mover la aguja hacia arriba, estamos ante demandas absurdas, egoístas y hasta pueriles.

La primera, la que viene desde la izquierda radical, exige que sí o sí, a la par de las elecciones generales, se celebre un referéndum sobre si se debe convocar a una asamblea constituyente.

¿Son los congresistas de la diáspora de Perú Libre representativos del malestar ciudadano? No lo creo. Quedaron por la pata de los caballos en las elecciones regionales, incluidas en aquellas regiones en las que se han concentrado las protestas. ¿Han visto a alguno de ellos marchando en algún lugar o siquiera siendo bien recibidos en sus regiones de origen? ¿Se imaginan a Waldemar Cerrón pasando a una segunda vuelta?

¿Incluir esa pregunta es un “todo o nada” para los manifestantes pacíficos? No lo creo. Es verdad que, preguntada con tarjeta de opciones y para medir la sintonía de los encuestados con las demandas de los protestantes, la asamblea constituyente obtiene en la encuesta del IEP un impactante 69% de apoyo e incluso la libertad de Pedro Castillo es respaldada por un 43%.

Pienso, sin embargo, que ambas respuestas, más que expresar convicciones profundas e inamovibles, son bastante emocionales y dan cuenta tanto de la abrumadora indignación contra el Congreso y Dina Boluarte por las muertes de tantos peruanos, como del hastío ante la violencia que nos consume.

Si no, cómo entender que, en la misma encuesta, a la pregunta sobre quién podría ser un buen candidato(a) para las próximas elecciones, Pedro Castillo sea mencionado por un mísero 1,8%. Y que, en cambio, exista un apoyo mayoritario (51% vs. 42%) a la opción de que, si la protesta se vuelve violenta, las fuerzas del orden usen todos los medios para controlarla.

También, según ha trascendido, para conseguir votos de diversas bancadas remolonas, las elecciones no serían a comienzos de octubre y finales de noviembre (está documentado que sí se puede) y con transferencia el 1 de enero del 2024, como ya ha aceptado la propia Dina Boluarte, sino que estas tendrían lugar a finales de diciembre (¡entre Navidad y Año Nuevo!) y la segunda vuelta sería en febrero del 2024, dando paso a una transferencia el 1 de abril del próximo año (que algunos incluso piden para el 28 de julio). La única racionalidad que encuentro detrás de esto es que los congresistas cobren más meses.

Otra granjería que los entusiasma es que se elija a un Congreso complementario, solo hasta julio del 2026, que permita que los legisladores actuales puedan buscar la reelección. Se trata de una fantasía delirante si tomamos en cuenta que, en el Congreso complementario del 2020, solo tres congresistas consiguieron reelegirse.

Ello también implicaría que el nuevo Ejecutivo sea transitorio. Con lo que, entre el 28 de julio del 2016 y el 28 de julio del 2026, habríamos tenido ocho presidentes, alejando cualquier posibilidad de gobernar el país en serio y solo administrando las crisis.

Y aun atendiendo caprichos y gollerías, por más absurdas que estas sean, no hay certeza alguna de que 87 se puedan poner de acuerdo para ofrecerle al país una fecha cierta de elecciones adelantadas.

Otra posibilidad, si es que se llega a los 66 votos, es recurrir a un referéndum exclusivamente para fijar la fecha de las próximas elecciones; uno que podría competir en los récords Guinness como el más patético de la historia.

También se puede recurrir a la renuncia o a la vacancia de Dina Boluarte, instalando en Palacio a un presidente transitorio adicional, mientras se realizan las elecciones, lo que nos llevaría a los nueve jefes del Estado en 10 años.

Por: Aldo Mariátegui
Peru21, 31 de Enero del 2023

“La propuesta es fácilmente rechazable y absurda; nadie puede condicionar a un Congreso aún no elegido”.

-Una vez más Dina Boluarte nos demostró que la cabeza no le da más que para ser una funcionaria media del Estado. Meter gratuitamente ese cambio total de la C-93 en su último reclamo al Congreso ha sido de lo más torpe, pues el único apoyo, que alguito tenía, era de la derecha –política y ciudadana– e innecesariamente se lo ha tirado encima. Además de lerda, la propuesta es fácilmente rechazable y absurda; nadie puede condicionar a un Congreso aún no elegido. Y tampoco se iba a ganar a la izquierda y a la calle revoltosa con eso.

-Torre Tagle ha resultado un desastre en combatir la pésima imagen del país afuera. Ni siquiera aprovechan potenciales aliados poderosos, ya sean políticos (republicanos gringos, conservadores ingleses y canadienses, VOX y el PP españoles, PAN mexicano, uribistas, el chileno Kast, etc.), ya sean mediáticos (Wall Street Journal y Fox en USA, Daily Telegraph inglés, El Mundo español, Nación de Argentina, etc.).

-Un experto aquí me comentaba que ahora es facilísimo detectar y apresar revoltosos simplemente rastreando sus posiciones en sus celulares. Te concentras en los puntos violentos, cribas que celulares pululan allí, identificas a sus dueños y a por ellos.

-La historiadora Cecilia Méndez, una roja que paradójicamente vive y enseña en USA y que rezuma resentimiento social, ayer pontifica sobre la mentira y la política en LR. Pero allí mismo repite la mentira de que ese manifestante en Lima murió de un balazo…

-Reapareció la gurú Luciana Olivares, dando consejos para empresas en Gestión. ¡Jua, jua, jua! ¡El Perú es tan cheverengue! Averigüen por su paso gerencial en un canal de TV. En la cancha ves a los que saben, no a los que hablan. Aunque le estoy agradecido: fue la vengadora –involuntaria– de tantos agraviados allí. ¡Jua, jua, jua!

PD.: Peruanos, el capítulo económico de la C-93 es INNEGOCIABLE. Sin este, volveremos a ser el eterno desastre económico de antes de 1990. Si los rojos lo cambian, se acabó toda posibilidad para el país. En serio.

Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 17 de diciembre del 2022

“Unas elecciones precipitadas probablemente generarán un Congreso similar o peor al actual o a los anteriores. ¿Para volver a pedir el cierre del Congreso?”

La única explicación para que Pedro Castillo se lanzara a dar un golpe de estado sin el apoyo de las Fuerzas Armadas es que tuviera confianza en las semillas insurreccionales que había ido sembrando durante 17 meses de desgobierno apuntando precisamente a un proyecto mayor, que ahora se ejecuta.

Contaba con los prefectos y subprefectos del Fenate-Movadef y de Perú Libre, permanentemente movilizados; con el empoderamiento de los maestros del mismo Fenate, que llegó a tener y sigue teniendo el control total del Ministerio de Educación; con el aliento a la minería informal en la sierra, en la que se habían incrustado exsenderistas y asesores legales expertos en invasiones; con el apoyo a las demandas extorsivas de muchas comunidades contra las empresas mineras; con la protección brindada desde Devida y congresistas como Bermejo a los cocaleros que producen para el narcotráfico en el Vraem; con el clientelismo hacia las rondas campesinas y sectores de reservistas; y con la alianza tácita con Antauro Humala que empezó a recorrer el país llamando en cada plaza a la marcha de medio millón de personas hacia Lima para cerrar el Congreso.

Lo que estamos viendo es una alianza fáctica entre el Movadef y otros grupos desplazados del poder, que proveen dirección estratégica, y economías ilegales, como la minería informal y el narcotráfico, que proveen financiamiento, logística y hombres. No es casualidad que la ofensiva insurreccional estallara en Andahuaylas, centro administrativo y de lavado de activos del narcotráfico, y en Chala, epicentro de la minería informal. Y no es casualidad el ataque a infraestructura estratégica, empresas modernas y a símbolos del sistema, como sedes del Ministerio Público y comisarías: son los objetivos que atacaba Sendero, como la reciente voladura del cerro del ingreso a Ocoña, un acto de impronta claramente terrorista.

Atacan con armas hechizas y “quesos” (mezcla de explosivos con clavos) y, lamentablemente, la respuesta ha provocado muertos que alimentan la determinación de los más avezados y ahuyentan a un par de ministros que desconocen ante qué estamos. Sin duda, un primer ministro político hubiera sido mejor, pero ¿cómo y con quién dialogar?

Esos actores violentos ponen el dedo en la llaga de los dos países que somos y movilizan sentimientos anti-Lima, antisistema y anti-Congreso, que se suman al descontento generado por una situación económica agravada por la propia gestión de Castillo que cosecha así del caos que él mismo sembró. Muchos sienten que han vacado al presidente que ellos eligieron, que es suyo, a quien veían como una reivindicación, pero a la gran mayoría de peruanos esta violencia insurreccional les está causando angustia y pérdida de ingresos y trabajo.

El problema es que la demanda explosiva para que se vayan todos ahora mismo entraña no solo un desconocimiento de los plazos, sino un rechazo al sistema democrático formal, liberal y representativo, y la búsqueda de un caudillo autoritario que resuelva todos los problemas. Lo que se quiere, en el fondo, es que no haya Congreso. Como si el cierre del Parlamento limpiara la República y una asamblea constituyente la regenerara. Pensamiento mágico predemocrático y premoderno.

Las bancadas de izquierda, por supuesto, se suman a la insurrección al negar el voto por el adelanto de elecciones si no viene acompañado de asamblea constituyente, que ellos saben que es inconstitucional y que no tendrá apoyo. Lo que les interesa es agudizar las contradicciones, que no haya salida para provocar la eclosión final. O que renuncie Boluarte, asuma Williams y convoque a elecciones inmediatas, con lo que no habrá tiempo para hacer reformas ni preparar opciones electorales viables.

Pero es obvio que unas elecciones precipitadas probablemente generarán un Congreso similar o peor al actual o a los anteriores. ¿Para volver a pedir el cierre del Congreso?

Carlos Hakansson
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)
Profesor de Derecho Constitucional (Universidad de Piura)
Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)
Publicado en Semana (Suplemento dominical del Diario El Tiempo (Piura)
Domingo 4 de diciembre de 2022

La confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo ha sido una constante en la forma de gobierno peruana. El problema no es el diseño propuesto por la Constitución, que data de mediados del siglo XIX y ha evolucionado hasta la actualidad, sino la incapacidad para realizar la política en cada caso concreto. Es un problema de personas, no de textos.

La Constitución estadounidense de 1787, probablemente la más sobria en su redacción, opera por el empeño de su clase política para hacerla funcionar. El norte de toda actividad política es alcanzar el bien común y, para lograrlo, se requiere diálogo y objetividad para descubrir la solución más adecuada a una crisis.

El diálogo de la clase política es el deseo común por alcanzar una solución (forma). La objetividad es el realismo para discutir cuáles son las opciones más viables para ser discutidas y llegar al bien del conjunto (materia).

En otras palabras, no todos los países cuentan con las suficientes condiciones para realizar la política, pese a tratarse de una actividad propiamente humana. Con el paso del tiempo, los países con tradición política inspiran frases que revelan cierta predictibilidad en la toma de soluciones; por ejemplo, los parlamentarios estadounidenses suelen decir: “el Senado es el plato donde se enfría el té de la Cámara de Representantes”.

La forja de una tradición política requiere de unos presupuestos básicos: alternancia democrática, Estado de derecho y una sólida clase media que reclama mejores servicios públicos al ciudadano. Los políticos surgen, precisamente, para la defensa de las libertades y la fiscalización de la administración pública. El tiempo producirá los distintos perfiles, ideas y facciones (léase partidos políticos) para la discusión de distintas perspectivas de solución a los problemas de una sociedad. El paso del tiempo registrará sus buenas prácticas, también producirá usos y convenciones constituciones para la progresiva renovación de la clase política y consolidar una tradición.

Nuestra historia republicana se caracteriza por producir un golpe de Estado cada vez que el Gobierno carece o pierde mayoría parlamentaria. Las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en el Perú se mantienen estables mientras el Gobierno conserve una mayoría propia o por coalición con bancadas afines.

La continuidad democrática inédita que vivimos a inicios del siglo XXI, los gobiernos de Perú Posible, PAP y Nacionalista se interrumpen en julio de 2016, tras la victoria electoral del partido PPK y luego el Vizcarrismo con la inconstitucional disolución del Congreso (30 de septiembre de 2019), sumado a nefastas reformas constitucionales como una errónea interpretación de las instituciones parlamentaristas.

La crispación política que atravesamos se resume en el sistemático menoscabo a la autonomía constitucional del Congreso y a la clase política.

En primer lugar, se ha permitido la constante mutación de las bancadas, producto del transfuguismo, pero camuflada de una objeción de conciencia, que desconoce la vital relación inversa de toda asamblea nacional: “a mayor representatividad, menor gobernabilidad” (Exp. Nﹾ0006-2017-TC/PI).

En segundo lugar, en su momento, se ha interpretado que la cuestión de confianza puede plantearse “para cualquier cosa”, cuando solo cabe para las competencias reservadas al Ejecutivo; lo contrario resulta una intromisión a la autonomía funcional del Congreso (Exp. Nﹾ0006-2018-TC/AI). Este problema acaba de superarse gracias al Legislativo (Ley Nﹾ 31355) y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Exp. Nﹾ 00032-2021-PI/TC).

La no reelección inmediata de parlamentarios fue el tercer cambio que promovió la orfandad política, impidiendo la profesionalización de sus cuadros y el fortalecimiento de partidos (Ley Nﹾ 30906).

La cuarta reforma fue la eliminación de la inmunidad parlamentaria (Ley Nﹾ 31118), que provocó el desconocimiento del principio de inviolabilidad, es decir, la garantía de no hacerse responsables “ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones” (artículo 93 CP).

Todo lo anterior, sumado a la resolución que avaló al jefe de Estado para interpretar una “denegación fáctica de la cuestión de confianza” (Exp. Nﹾ 0006-2019-TC/PC), fue un arma nuclear que promovería la disolución de un Congreso incómodo. La reciente reforma al reglamento parlamentario ha corregido esta errónea interpretación (inciso (d), artículo 86 RC).

Por todo lo anterior, los últimos seis años han sido nefastos para una forma de gobierno que, con sus más y menos para la gobernabilidad, ha venido operando durante cuatro mandatos democráticos consecutivos.

A partir de julio de 2021 se reedita el deseo para menoscabar las competencias parlamentarias, insistir con la idea del Congreso “obstruccionista”, “golpista” y el malicioso ejercicio de la cuestión de confianza. Lo que acontece es el resultado de acciones inoficiosas de parlamentarios que y en grupos de opinión influyentes desde medios afines. No fueron acciones y reformas promovidas por políticos de profesión, sino operaciones a cargo de intereses progresistas y foráneos. Lampadia

Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 5 de Diciembre del 2022

“Serían bastante estúpidos de votar en contra de la vacancia después de este intento de cerrar el Congreso”.

Confirmado: hubo un intento de Castillo para que las FF.AA. apoyen un cierre del Congreso antes de este miércoles. A causa de eso (no se sabe bien si por discrepar o por el rechazo militar a la aventura), el ministro de Defensa Barragán dimitió. Pero Castillo sigue en pie de guerra: ha nombrado como jefe del servicio de Inteligencia (DINI) a un agresivo lunático velasquista/antaurista (y que es blando con el Movadef) como el general (r) Wilson Barrantes y al también agresivo abogado de extrema izquierda Raúl Noblecilla como viceministro de Gobernanza Territorial, pliego que maneja precisamente los conflictos sociales. Los legisladores serían bastante estúpidos de votar en contra de la vacancia después de este intento de cerrar el Congreso. Con cinismo, deberían optar por Dina Boluarte para sobrevivir hasta 2026, antes que Castillo les eche. Pero muchos irán al matadero. Son como ese corrupto que dijo “he sabido que le han puesto precio a mi cabeza y también quiero participar”.

– La ministra de Cultura, Silvana Robles, ha decidido imitar a los sudistas gringos, nazis y sudafricanos y constituido un padrón de “afroperuanos”. O sea, ahora el Estado nos va a categorizar oficialmente por razas. Si fuera negro, rechazaría cualquier prebenda por ese registro racista y paternalista, pues es indigno que te traten como si fueras un minusválido o un sujeto raro y distinto al resto.

– Ayer Latina no transmitió en directo el partidazo Francia-Polonia. ¡Qué escándalo ha sido este “canal del Mundial”! Son tan cachacientos que ponen en su comunicado que “hicieron un gran esfuerzo” para adquirir los derechos porque “el Mundial es un evento muy relevante y queríamos que todos los peruanos pudieran verlo sin necesidad de pagar”. ¡Lo hicieron por caritativos! Encima mandan a dos cómicos a actuar en Ica como si estuvieran en Catar… Los consumidores en otro país le harían un boicot y no sintonizarían nunca más a esa emisora en sus hogares, pero eso es imposible en el tan timorato Perú.

Por: Adriana Tudela
Diario Correo, 30 de Noviembre del 2022

La legisladora de Avanza País, Adriana Tudela, presentó una denuncia constitucional contra quienes firmaron el acta del Consejo de Ministros Extraordinario del 24 de noviembre, en la que se afirma que la cuestión de confianza del Ejecutivo fue “rehusada expresamente” por el Congreso.

Según la denuncia de Tudela, el Gabinete que lideró Aníbal Torres habría violado los artículos 38, 39, 45, 90, 125 y 133 de la Carta Magna. Los ministros denunciados son: Aníbal Torres (expremier), Betssy Chávez (ex- Trabajo), César Landa (Relaciones Exteriores), Daniel Barragán (Defensa), Kurt Burneo (Economía), Willy Huerta (Interior) y Félix Chero (Justicia).

También están incluidos Rossendo Serna (Educación), Kelly Portalatino (Salud), Jenny Ocampo (ex-Desarrollo Agrario), Alejandro Salas (Trabajo), Jorge Prado (ex- Producción), Roberto Sánchez (Comercio Exterior), Alessandra Herrera (ex-Energía), César Paniagua (Vivienda), Claudia Dávila (ex-Mujer) y Wilbert Rozas (Ambiente).

El Ejecutivo oficializó en dicha acta la interpretación de que el Parlamento le negó la primera cuestión de confianza.

Esta es la segunda denuncia presentada contra los miembros del Gabinete, luego de que Patricia Chirinos, (Avanza País), interpusiera también la suya, que incluye al presidente Pedro Castillo.

Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 26 de Noviembre del 2022

“El Congreso tiene que actuar con celeridad”.

La designación de Betssy Chávez como presidenta del Consejo de Ministros confirma la percepción de que el Gobierno ha decidido radicalizar su estrategia de confrontación con el Congreso para acumular políticamente hasta disolverlo. La flamante primera ministra, carente de credenciales, es uno de los cuadros más agresivos del entorno presidencial y su nombramiento es una provocación directa no solo al país, sino en particular al Congreso, que ya la había censurado en una ocasión.

El plan del Gobierno es muy claro. Fue anunciado por el renunciante primer ministro Aníbal Torres cuando presentó su cuestión de confianza: declarar la denegación fáctica de la confianza aún si fuera declarada improcedente y volver a hacerlo luego por segunda vez para disponer la disolución del Congreso.

Por supuesto que un cierre del Parlamento así ejecutado sería abiertamente ilegal porque, según la ley, solo el Congreso puede determinar el sentido de su decisión sobre una cuestión de confianza y la falaz denegación fáctica ya no existe, de modo que el Ejecutivo solo podría imponer el cierre del Congreso por la fuerza, mediante un golpe de Estado abiertamente inconstitucional.

Para eso, sin embargo, necesitaría el apoyo de la fuerza armada, que no lo tiene, aunque habría que ver si la Policía Nacional obedecería una orden de impedir el ingreso de los congresistas al Parlamento. De ocurrir algo así, ingresaríamos por esa vía a una confrontación de magnitudes imprevisibles. Por lo demás, si ello no le funcionara, el Gobierno cuenta con las algaradas que Antauro Humala logre armar en Lima en el verano, luego de haber convocado a los asistentes a todos sus mítines a sumarse a esa marcha de 500 mil reservistas que dice vendrán a la capital precisamente para cerrar el Congreso.

El Congreso tiene que actuar con celeridad. Debería apurarse en reunir los 87 votos para la vacancia antes de que sea demasiado tarde. Que no nos extrañe que la nueva primera ministra plantee ya una cuestión de confianza sobre algún tema improcedente la próxima semana, aunque en puridad constitucional debería esperar hasta su presentación en el Congreso para exponer la política general del Gobierno y solicitar cuestión de confianza para dicha política, para lo cual tiene 30 días.

La propia vicepresidenta Dina Boluarte comunicó vía Twitter que ha decidido no continuar en el próximo Gabinete Ministerial. Sin duda, conoce los planes destructivos del Gobierno y por eso se retira escribiendo que “no tengo duda que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie”. Podría terminar reemplazando a Castillo más temprano que tarde, pero tendría que hacerlo con un gabinete respetable capaz de iniciar la recuperación nacional.

Un golpe como el que pretende el Gobierno, tan evidente y descarado, debería provocar una muy fuerte movilización ciudadana de protesta. El problema acá es que la oposición social al Gobierno está profundamente dividida entre la “derecha” y los “caviares”. A las marchas, por ejemplo, no asisten los “caviares”. La aversión recíproca es patológica. Se necesita empezar a dialogar para coordinar y sumar esfuerzos de manera orgánica a fin de defender la democracia.

Porque el proyecto gubernamental va más allá de la sola desesperación por evitar la vacancia o la suspensión temporal. Retoma el designio original de cerrar el Congreso y convocar una asamblea constituyente para concentrar el poder y perpetuarse en él. No fue casualidad que la cuestión de confianza fuera contra la ley del referéndum, que no elimina ese derecho, como quieren engañar, sino que lo subordina a una primera votación del Congreso, como dice el artículo 206 de la Carta Magna. Ahora, la asamblea constituyente se ha vuelto el seguro de vida de Castillo para, desde allí, anular las investigaciones por corrupción y salvarse de las sanciones. Es la misma promesa que le hace Antauro, su última esperanza.

El Parlamento debe denunciar con firmeza la maniobra

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Bajo el manto de un lenguaje engañosamente conciliador, el presidente del consejo de ministros, Aníbal Torres, declaró la guerra al Congreso. Ha planteado una cuestión de confianza contra una ley (31399) que lo único que hace es repetir lo que ya está en el artículo 206 de la Constitución: que cualquier reforma constitucional antes de ir a referéndum debe pasar por el Congreso. Y que, además, no corresponde porque es sobre materia que no tiene que ver con la gestión del Ejecutivo (el referéndum).

Por lo tanto, si no hay sustancia y no corresponde, lo que busca el gobierno es crear un casus belli, una confrontación artificial con el Congreso para obtener réditos políticos y crear las condiciones para el cierre del parlamento, al más puro estilo vizcarrista. 

Sabiendo que el Congreso con razón declarará improcedente o inadmisible la cuestión de confianza, se adelanta sacando de la manga un argumento tan increíble como falaz: que si el artículo 33 de la Constitución (“El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete”) usa la palabra “rehusada” en lugar de “rechazada”, esa palabra incluye declarar improcedente o inadmisible la cuestión de confianza. Algo para engañar a tontos, porque ”rehusar” es sinónimo de “rechazar”.

Con ese argumento falaz el Premier está delatando lo que en realidad el gobierno quiere: declarar la “denegación fáctica” de la cuestión de confianza para avanzar así hacia la disolución del Congreso con el planteamiento de una segunda cuestión de confianza. 

La ventaja de una “denegación fáctica” sería que produciría la renuncia de primer ministro. El gobierno se quedaría sin su principal alfil. Pero no es posible, porque la propia ley 31355, que regula la cuestión de confianza, y que fue convalidada por el Tribunal Constitucional, establece que:

“La cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y luego de realizada la votación conforme al Reglamento del Congreso. El resultado de la votación es comunicado expresamente a Poder Ejecutivo, mediante oficio, para que surta efecto. Solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión”.

Es decir, no cabe denegación fáctica. El gobierno quiere pasar por encima de la ley. Lo sabe. En realidad, lo que está haciendo es política, política populista. Allí está el tuit del presidente Castillo diciendo que no se puede recortar el derecho del pueblo a impulsar reformas y que se debe restablecer la democracia ciudadana. Y, por supuesto, en lo que está pensando es en resucitar el proyecto de la asamblea constituyente, que fue la razón por la que se quería reunir firmas para un referéndum directo. La asamblea constituyente es, como sabemos, un instrumento bolivariano para concentrar y perpetuarse en el poder.

El país no puede seguir en este trance. El Congreso debe terminar con esta situación y procurar la vacancia o, en su defecto, la suspensión temporal del presidente mientras se lo investiga, en aplicación del artículo 114. O, de lo contrario, buscar un acuerdo político para empoderar a un gabinete independiente, serio y de calidad que comience a recuperar la institucionalidad gubernamental y la economía. Una u otra. Lo que no podemos es seguir en esta guerra de trincheras que destruye el país. Lampadia