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Discriminatoria prohibición de celulares

Por: León Trahtemberg
Correo, 21 de julio del 2023

El Congreso propuso un proyecto de ley torpe y discriminatorio que prohíbe el uso de celulares durante las clases escolares. Esta medida discrimina a estudiantes sin acceso a computadoras con Internet en sus escuelas -pero que mayoritariamente sí cuentan con celulares- y convierte a los profesores en celular-vigilantes.

El proyecto busca reducir la exposición al Internet, combatir el ciberacoso, mejorar el rendimiento escolar y disminuir enfermedades mentales en los alumnos. Son objetivos no relacionados con los celulares, que se usan mucho más fuera del horario escolar para acceder a Internet o para ciberacosar. La idea de que los celulares afectan el rendimiento oculta el problema más amplio del rendimiento académico estancando o decreciente de los últimos 40 años.

En países como Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Estonia, altamente desarrollados en el uso de tecnología para su vida cotidiana, no existe prohibición nacional alguna y dejan a criterio autónomo de cada centro educativo decidir a qué edad, cuándo y cómo usar el celular.

Es lamentable que los congresistas se enfoquen en los peligros e ignoren los beneficios, como acceso a recursos educativos en línea, desarrollo de habilidades digitales, comunicación digital, actividades interactivas y colaborativas, ética y seguridad.

La prohibición no es la solución, sobre todo para estudiantes sin laptops e internet. El problema radica en la falta de confianza en los docentes por lo que resulta incomprensible que aunque en el Congreso hay más maestros que nunca, aprueben esta propuesta sin considerar sus consecuencias.




Aprobar ley contra el cierre temporal injustificado

Iniciar la cruzada por la libertad económica
Jaime de Althaus
Para Lampadia

Sería muy importante y alentador para los negocios, establecimientos comerciales y pequeñas empresas en el Perú que el Congreso apruebe el proyecto de ley que regula el cierre temporal que aplican muchas veces arbitraria o abusivamente las municipalidades. El proyecto prohíbe que esa medida se dicte por infracciones reglamentarias menores que no representen un peligro inminente para la vida, la salud y la seguridad de las personas.

De esta manera estamos no solo ayudando a restablecer niveles de libertad económica indispensables para el crecimiento de las actividades, sino que eliminamos una fuente de abusos y extorsiones por parte de funcionarios municipales contra los negocios, establecimientos y obras de todo tipo.

Por supuesto que algunos alcaldes, seguramente incordiados por sus funcionarios, han salido a oponerse a este proyecto con el argumento de que se le quita a la municipalidad un instrumento sancionatorio indispensable para hacer cumplir las normas. Pero esto no es así. Lo que se quita es un instrumento de extorsión. Es un abuso cerrar un establecimiento por no haber cumplido, por ejemplo, una disposición de defensa civil, algunas de las cuales, por lo demás, son absurdas. Solo se lo podría cerrar temporalmente si el incumplimiento pone en riesgo la vida o la salud del personal o de los clientes, como sería el caso, por ejemplo, si el sistema contra incendios no funcionara. Pero si se trata de una falta no vital, basta con poner una multa. Y si el negocio no paga la multa, se le embarga el monto correspondiente.

La protesta de algunos alcaldes es un indicador claro de que hasta qué punto carecen de la noción de abuso o de respeto a la libertad económica esforzada de un empresario. O, si pensamos mal, de hasta qué punto puedan estar beneficiándose de la actividad extorsiva.

Se dan casos, por ejemplo, de cafeterías o restaurantes que son sorprendidos teniendo -digamos- 10 sillas cuando el aforo autorizado es de 8, lo que provoca su cierre temporal en lugar de simplemente retirar las dos sillas en el acto y aplicar una multa.

También dispone el proyecto de ley el silencio administrativo positivo si luego de 48 horas en que se ha subsanado la falta, la municipalidad no dispone el levantamiento de la medida. En ese caso el establecimiento puede reabrir por sí mismo.

Lo interesante es que este proyecto, de aprobarse, puede ser el detonador de un proceso de aprobación de otras leyes y reformas que apunten a restablecer la libertad económica asfixiada por sobrerregulaciones en la última década o más.

Puede ser el inicio de una serie liberadora, la punta de lanza del restablecimiento de condiciones que permitan liberar las fuerzas productivas de millones de micro y pequeños empresarios, permitiéndoles crecer sin trabas ni barreras ni costos aplastantes.

Habría que comenzar por aplicar el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) a las normas de Defensa Civil y a todas las normas municipales que regulan actividades locales. El Decreto Legislativo N° 1565, Ley General de Mejora de la calidad regulatoria, recientemente publicado, establece la obligatoriedad de los AIR, pero no para las regulaciones municipales. Habría que extenderlo a esas normas.

El Congreso debería fiscalizar que el Ejecutivo realmente esté aplicando el AIR a todos los decretos supremos y resoluciones que emite, y que inicie un programa intensivo de aplicación progresiva del AIR al stock de normas existente, comenzando por los sectores que regulan actividades económicas.

El Congreso debería tener un observatorio de vigilancia del proceso de reducción del peso regulatorio del Estado, exigiendo un plan de poda y limpieza de la maraña regulatoria que asfixia a las empresas pequeñas y medianas.

Es decir, el Congreso debería asumir por fin la representación de los sectores emergentes que no pueden crecer porque la formalidad es onerosa y excluyente. Debe abanderar la reforma profunda de esa formalidad, para incluir a todos los peruanos. Debería aprobar el proyecto de ley elaborado por el MEF orientado a simplificar los regímenes tributarios, reemplazándolos por uno solo gradual y progresivo, para facilitar el crecimiento y la formalización de los emprendimientos. Lo mismo debería hacer con los regímenes laborales.

Y respecto de la profusa y rígida normatividad laboral, que ahuyenta a las mayorías a la informalidad laboral, se requiere de una vez por todas tomar el toro por las astas.

Sería importante que los gremios de micro y pequeños empresarios que están respaldando el proyecto de ley sobre el cierre temporal, le den continuidad a ese respaldo organizándose para proponer una reforma laboral, tributaria y financiera que nazca de abajo, de su propia experiencia, con estudios en profundidad, y que lleven esa propuesta al Congreso, al Ejecutivo y a los medios, y que se movilicen por ella si es necesario. Porque acá el asunto es político.

Los gremios que respaldan el proyecto de ley en cuestión son los siguientes:

  • Asociación de Bodegueros del Perú – ABP
  • Asociación de Empresarios de la Pastelería y la Panadería – ASPAN
  • Asociación Peruana de Farmacias Independientes – ASPEFAR
  • Asociación MYPE PERÚ
  • Asociación de Empresarios de Gamarra
  • Federación Nacional de Emolienteros
  • Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines – AHORA
  • Comité de empresarios de la micro y pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)
  • Comité de empresarios de la micro y pequeña empresa de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
  • Asociación Peruana de Empresarios de la Belleza – APEB

Deberían formar una coordinadora y emprender la gran cruzada por conseguir una formalidad inclusiva que sea una palanca para todos y no una carga insoportable. Lampadia




¿Tiempo pasado fue mejor?

Jaime Spak
Para Lampadia

El año en que nací la población de Perú era solo de 7.6 millones de habitantes, la esperanza de vida al nacer era solo de 43 años, y la población mundial llegaba a los 3,000 millones.

La vida en el Perú en la década de los 60 fue tranquila, pero siempre con los avatares de conflictos políticos.

En las elecciones de 1962, un golpe militar impidió el ascenso al poder del Apra.

El 18 de Julio de ese año, se depuso al presidente Prado, se le envió al frontón y unos días después se fue a Paris a residir.

Querían evitar que Víctor Raúl Haya de la Torre asuma el poder, sin embargo, quien dirigió el golpe, el general Pérez Godoy resulto peor que la enfermedad.

Teóricamente el gobierno militar iba a durar solo un año, pero a los pocos meses, Pérez Godoy fue derrocado por Nicolas Lynch, y se realizaron nuevas elecciones en el mes de junio de 1963, saliendo elegido Fernando Belaunde.

Les hago este recuento pues en la década del 50 el PBI creció a un promedio de 5.2% y en la década del 60 el crecimiento fue mayor, llegando a casi el 6%.

Es decir, con poca población y con un crecimiento sostenido, la clase media peruana creció y fuimos testigos de un país mejor alimentado y con mejor educación.

El aumento de la población ha ido en proporción inversa a la calidad de nuestros políticos.

Cuando éramos menos peruanos, los políticos eran de gran calidad, ahora que tenemos una población cuatro veces mayor, la calidad de los políticos es diez veces peor.

¿Podemos comparar a políticos como Haya de la Torre, Belaunde, Prialé, Bedoya, Cornejo Chávez, del Prado, Barrantes con Cerrón, Bermejo, Bellido, Pasión Dávila, ¿y tantos otros que están procesados o fugados?

Imposible, no resiste el menor análisis.

A partir del golpe de Velasco, se inició la gran crisis en el Perú.

De no haber existido el golpe de Velasco, el Perú hubiera seguido creciendo.

Haciendo una analogía deportiva, la clasificación del Perú al mundial de México 70, se logró pues se conjugaron varios factores.

Jugadores bien alimentados, estabilidad económica, dirigentes capaces y un comando técnico de primer nivel que lograron el objetivo, a pesar que en el grupo estaba una potencia mundial como Argentina.

Los políticos de aquella época de todas las tendencias eran personas respetadas, inteligentes y honestas.

Si nos saltamos a la garrocha 55 años, nos encontramos con la terrible crisis que vivimos a partir del 2016 con el gobierno de PPK.

En estos 55 años, nuestra memoria nos indica que hemos vivido de crisis en crisis.

Hemos sobrevivido, a uno de los grupos terroristas más salvaje de la historia, y a un primer gobierno de García que fue el peor de la historia republicana.

Salvo el primer gobierno de Fujimori, donde gracias a una decisión política se luchó frontalmente con la hiperinflación y el terrorismo, los demás gobiernos incluyendo el segundo de García estuvieron plagados de corrupción.

Cuando menciono al primer gobierno de García, como el peor de la historia, no puedo dejar de mencionar el catastrófico gobierno de Castillo.

Tiene el triste récord de ser el segundo peor.

Y lo es porque duro poco.

En solo 17 meses, desfilaron los ministros más mediocres que uno se puede imaginar.

Nos ha dejado la herencia de gente lumpen en el congreso.

Pero lo peor es que este seudo profesor, ingreso sin ningún plan de gobierno y solo con las garras afiladas para esquilmar al estado.

Lo que nos estamos enterando ahora y lo que seguirá saliendo a luz en las próximas semanas, nos seguirá poniendo los pelos de punta.

Entonces regresamos a la pregunta de este artículo:

¿El tiempo pasado fue mejor?

La respuesta es contundente, por supuesto que sí.

Tenemos un congreso podrido, donde salvo honrosas excepciones la gran mayoría no tiene la menor intención de legislar en favor del Perú, sino en favor de sus mezquinos intereses.

El escándalo de los mocha sueldos debe de ser analizado a profundidad.

Los mediocres congresistas han contratado a gente con la condición que les retribuyan el 10% de los sueldos y el 50% de los bonos que reciben por escolaridad, por gratificación, etc.

Eso nunca se había visto.

Es probable que antes esto se veía de una manera esporádica, pero ahora es común.

En los pasillos del congreso todos son testigos que esto es común.

Ya hemos tocado fondo.

Debemos de rescatar los valores del pasado.

Es urgente.

Lo único que esperamos es que el tiempo que se quede en el poder Dina Boluarte, no caiga en la tentación de hacer cosas turbias.

Tenemos buenos ministros y como lo exprese en una columna anterior, la presidente tiene una oportunidad de oro de incentivar la inversión privada, para que podamos decir que estamos regresando por el camino del bienestar. Lampadia




“Se necesita un Congreso que relance la economía de mercado”

Entrevista a Elmer Cuba
Diario Correo, 24 de Abril del 2023
Por: Clorinda Flores

Especialista señala que el Parlamento, que ya no está dominado por la izquierda y podría quedarse tres años, debe sacar adelante normas para mejorar la confianza

Para el economista Elmer Cuba, la educación está en retroceso en el Perú debido al avance de gremios sindicales de profesores y con ello se pierde la posibilidad de fortalecer el capital humano en el país y de ser más productivos. En diálogo con Correo, el también socio de Macroconsult dijo que es importante hacer cambios en el Capítulo Económico de la Constitución para mejorar la educación,  el mercado laboral, así como que haya más acceso de los inversionistas a la información de los estados financieros de las empresas que operan en el país.

La inflación sigue siendo un problema.

La gente vive todos los días con la inflación promedio, que es alta desde el 2021, el 2022 y también lo será en el 2023. Es la primera vez en 20 años que la inflación estará por encima del rango meta (3%) por 30 meses. Se salió del rango meta a mediados de 2021 y se está comiendo los salarios reales. No creo que este fin de año la inflación esté en 3%, cuando se cumplirán 30 meses con tasa alta. No es culpa del Banco Central de Reserva (BCR). A principio del 2021 hubo un choque fuerte de precios de los granos como el maíz y soya, al que se sumó la devaluación fuerte (del sol) por el nerviosismo  generado por la elección de Castillo; el dólar superó los S/4.15. El segundo impacto fue en el 2022 con la invasión rusa a Ucrania, que llevó el precio del barril de petróleo a más de $100, se tuvo combustibles muy caros en la historia, especialmente la gasolina cuyo galón estuvo entre S/25 y S/30, hoy está en S/20. En el primer trimestre de este año, la alta inflación tiene que ver con la sequía del año pasado y menos cosechas por la urea que no hubo. También por los conflictos sociales. La inflación seguirá siendo persistente, estará todavía alta en el primer semestre. En el segundo semestre puede caer.

¿Qué le falta hacer al gobierno para que se recupere la inversión privada y que no caiga este año?

Hay que ver los números con pinzas. En 2021 la inversión privada fue la más alta de la historia en términos absolutos porque rebotó tras un año en el que primó la cuarentena; ese año se invirtió en proyectos que quedaron  acumulados. En el 2022 cayó porque fue difícil crecer frente al récord que dejó el 21. El 2023 también será negativa. Sobre qué hacer para que la inversión privada vuelva a resurgir, creo que está más allá del Gobierno, hay factores políticos relacionados con el Congreso, con la opinión pública. La presidenta Boluarte no es querida, la gente percibe que tiene un gobierno débil, no tiene bancada, no tiene partido político, los empresarios están en stand by, nadie sabe cuándo habrá elecciones, aún hay cierta incertidumbre y la inversión privada no fluye.

Tampoco ayuda la posición del Gobierno sobre Petroperú y aleja la inversión privada del sector hidrocarburos.

Es verdad. En la política de hidrocarburos hay una disonancia, no va de la mano con el buen manejo que tiene el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), se ven caminos distintos. La burocracia ha capturado Petroperú e hizo lo que quiso, como sacar adelante una refinería (Talara) tan cara. Una cosa es una refinería que haya costado $1,600 millones contra lo que ha costado (Talara), tres o cuatro veces más.

El Gobierno soportó …

Perú vivió en diciembre, enero y febrero un intento de desestabilizar la democracia. Tan fuerte fue esa algarada que llevó, en diciembre, a la idea de que todos debían irse. El Congreso votó, en primera votación, recortar el periodo:, pero nunca se vio que el Ejecutivo y el Congreso se quisieran ir. Esta situación retrae la inversión privada. En 2023 será negativa y no depende del BCR ni del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

¿Y el Congreso?

Lo único que puede salvar en el corto plazo es un Congreso, que ahora no está dominado por la izquierda,  que haga propuesta de reformas económicas para relanzar la economía de mercado en 2023 porque si se quedan hasta 2026, hay tres años de gobierno. Podría colaborar con el Ejecutivo para sacar adelante normas para mejorar la confianza. Que haya un trabajo de colaboración mutua, dejar la polarización.

¿Habría tiempo para hacer cambios en el capítulo económico de la Constitución?

Claro, si hay mayoría en dos legislaturas se puede avanzar para fortalecer el modelo económico, que siempre se puede mejorar.

Es una Constitución de 30 años y hay que actualizarla…

Claro, además de la inversión privada, hay otro factor que es el capital humano: la educación. Los países crecen con capitales físicos, pero cuando se agota requiere, luego, gente educada, que sea más productiva, no estamos llegando a esa parte, falta fortalecer el  capital humano, por el contrario, estamos retrocediendo con el avance del Sutep en el Ministerio (de Educación), con el debilitamiento de la Sunedu, la calidad  educativa no está mejorando.

Se necesita ser competitivos…

Así es, sobre todo ahora que la inteligencia artificial está avanzando y nos agarra con poca educación, estamos muy mal. Se esperaba más de Castillo porque es profesor. Si no miramos bien el capital humano, la inversión privada no será suficiente, será complementaria. En toda empresa siempre hay máquinas y personas , pero si las personas no están capacitadas, hay problemas. Falta fortalecer el capital humano en la misma Constitución para que no sea presa de cualquier política que la haga retroceder. También hay cosas más micros como permitir más información empresarial para la toma de decisiones. Antes se conocían los estados financieros de las empresas en el Perú; ahora, un inversor desconoce cuántas empresas hay en sus respectivos sectores e invierte a ciegas. Debería haber un artículo en la Constitución que lo permita. También debería haber otro artículo que señale que con la indemnización un trabajador queda desvinculado de un puesto de trabajo y no se obligue a una empresa a reponerlo. Un fallo del Tribunal Constitucional quitó mucha flexibilidad al mercado laboral. Hay espacio para un modelo económico más potente.

¿Y la restricción de la tercerización laboral?

Ha sido la peor intromisión que ha tenido el mundo empresarial desde que se creó el nuevo modelo económico, en 1993. Por primera vez el Estado se quiere meter en una decisión que es exclusiva de una empresa, es un error con mayúscula. Felizmente Indecopi está parando esta intromisión, además hay un fallo del Poder Judicial en esa dirección. Es una intromisión grotesca porque un funcionario de Sunafil no puede definir cuál es el core (actividad principal) en una compañía; en cada compañía el core cambia. Esta norma pudo provocar quiebras masivas de empresas que tercerizan. Indecopi reaccionó a tiempo. Habla también muy mal del MEF, que no paró el exabrupto  del Ministerio de Trabajo.

El Consejo Nacional del Trabajo (CNT) está en stand by

Esa mesa de diálogo es importante porque es del mundo formal en el que participan los gremios empresariales, los trabajadores sindicalizados y el Gobierno, pero se deja fuera a los principales, a los informales e independientes, que son las grandes mayoría. Debería de haber otra mesa a la del CNT en el que estén expertos, congresistas y el Ejecutivo, para trabajar normas de formalización. Ante la falta de representantes de los informales e independientes los expertos pueden hacer de vocero.

¿Cómo observa a la presidenta Boluarte?

Ella recibió un encargo constitucional, enfrentó una asonada muy fuerte que la puso contra la pared, pero también hubo respuestas exageradas del Estado y hay que investigar los muertos que salieron de esa asonada. La economía también ha sufrido, lo que llevó  a un crecimiento de 0% en el primer trimestre del año. Sus antiguos compañeros políticos la abandonaron, está sola. Ella debe tener éxito si quiere llegar al 2026. Tiene un gabinete ministerial mucho mejor que el de Castillo. Le conviene al país una pacificación y que la economía se reactive, que haya un proceso ordenado de elecciones, más adelante .

Sería mejor que termine en 2026

Solo depende de ella, si cae será por sus errores y no por la calle; que se cuide de la corrupción y no se le ocurra entrar por ese camino en el 2024 o 2025. La tentación en un puesto tan alto como la Presidencia de la República, en solitario, es muy grande. Sería una lástima, queremos que no sea así. Tiene que sopesar que la historia la ha puesto como la primera mujer presidenta y cómo quiere que la recuerden.




Inversiones Congreso SA

Por: Mario Saldaña
El Comercio, 20 de Abril del 2023

“Son muchos los factores que unen a un o una congresista ‘mochasueldo’ con un empresario del caso Lava Jato”.

Alguna vez, un destacado profesor de la Facultad de Derecho en la PUCP, exdecano de la misma, también exdecano del Colegio de Abogados de Lima, académico reconocido y abogado de gran prestigio, me hizo una confesión sinceramente dolorosa: “Si hay una de las pocas cosas de las que me arrepiento en la vida es el haberme metido en política y, dentro de esa, la peor de todas, el haber aceptado ser congresista”.

No lo culpo. Ya hacia mediados de los 90, el deterioro de la calidad de la representación parlamentaria se mostraba como inexorable.

De esa época hasta hoy, las justificaciones que nos hemos dado como sociedad fragmentada que somos han tenido la misma función de la alfombra que tapa una inmundicia conocida y compartida.

Por ejemplo: “Es el país real y profundo el que se expresa y he ahí sus representantes, es el Perú que por fin ya tiene rostro, así somos los peruanos, etc.”.

Lo que la evidencia muestra con crudeza, más allá de explicaciones sociológicas, antropológicas o históricas (que ciertamente tienen un alto grado de validez), es que tanto el Congreso como la mayoría de cargos de representación política en el país son vistos como emprendimientos personales, familiares y económicos. Como podría ser cualquier otra iniciativa empresarial de cualquier peruano promedio.

Acentúo la palabra ‘promedio’ porque no es privativo de determinados sectores socioeconómicos. Aunque no lo sepan, son muchos los factores que unen el caso de un o una congresista ‘mochasueldo’ con un empresario de los casos Lava Jato o ‘club de la construcción’.

Convertido el Congreso y cualquier cargo de representación (ojo, hay varias excepciones que confirman la regla) en emprendimientos, siguen la suerte de muchos negocios en el Perú para rentabilizarse: invertí x; ergo, mi retorno debe ser x+y, trabajo con gente de mi entera confianza cuando no familiares, trato de eludir al máximo la formalidad (laboral, tributaria, parlamentaria o municipal) y tengo un pacto tácito de apoyo mutuo con quienes están en similar situación (otros emprendedores, parlamentarios, alcaldes, etc.).

El emprendedurismo político, al final del día, no divide a sus actores por ideologías ni posiciones programáticas; estas terminan siendo solo herramientas de marketing para ganar o aumentar el patrimonio. Así, el poder es solo un vehículo, no un fin en sí mismo.




Eliminar los despachos congresales y el voto preferencial

Y reformar la financiación partidaria

Jaime de Althaus
Para Lampadia

No es la condena moral, ni las denuncias periodísticas, ni la comisión de ética lo que va a corregir la mala práctica de muchos congresistas de recortar el sueldo de sus empleados. Lo que tenemos acá es una práctica patrimonialista originada en el sistema electoral plurinominal con voto preferencial, en el estado de los partidos y en la organización del Congreso.

Comencemos por esto último.

El especialista César Delgado Güembes recuerda que hasta 1988, los diputados y senadores no tenían personal alguno. Había un servicio parlamentario que asesoraba al que lo demandara. No había más de 300 empleados para una cámara de 180 diputados, por ejemplo. Hoy el congreso unicameral tiene casi ¡3,400 trabajadores!

En 1988 por primera vez se asigna a cada diputado y senador una secretaria y un asesor, nada más. Y es a partir de 1995 que se crea el despacho congresal de cada congresista, que ahora está integrado por 7 empleados:[1]

Son puestos creados para que el congresista pueda recompensar a quienes le ayudaron en la campaña, o colocar a sus amigos. Según la norma, los asesores tienen que ser profesionales, pero un técnico, por ejemplo, solo necesita tener formación técnica terminada o universitaria incompleta. El auxiliar, el asistente y el coordinador, apenas secundaria completa. Son puestos de favor, y por lo tanto es muy fácil pedirles que entreguen parte de su remuneración. Es el sistema. Ningún profesional de valía aceptaría algo así.  Ver en Lampadia: Reformemos el Congreso.

No hay ninguna necesidad de que el Congresista tenga ese personal.

Cualquier asesoría debería ser prestada por una oficina central de profesionales y especialistas a la que los parlamentarios acudan, reformando el llamado servicio parlamentario (al que, según Milagros Campos, ¡ya nadie entra por concurso público desde el 2009!). Y por asesores de bancada.

Hay una analogía entre este profuso e inútil despacho congresal en detrimento de un cuerpo de asesores serios de bancada, y el voto preferencial en detrimento de la unidad partidaria.

En un sistema de distritos electorales plurinominales con voto preferencial, los candidatos compiten con los candidatos de su propio partido por el voto preferencial, y hacen campaña unos contra otros. Luego tienen que premiar a su equipo de campaña con puestos inútiles. Si tuviéramos un sistema de distritos uninominales o binominales, es el partido el que compite contra otros partidos, y entonces tiende a reforzarse el programa y la estrategia partidarias, no los del candidato.

Y, por supuesto, como señala Delgado Güembes, los candidatos deberían ser mejor seleccionados y capacitados por los partidos, que para eso tienen financiamiento público. Pero esto demanda a su vez una reforma del financiamiento, para que empresas puedan financiar campañas y think tanks partidarios por medio del mecanismo think tanks por impuestos, de modo que los mejores quieran ingresar a la política.

En suma: eliminar los despachos congresales (o limitarlos a una secretaria), convertir el servicio parlamentario en una verdadera oficina central de asesoría y fortalecer el cuerpo de asesores de bancada. Y reformar el sistema electoral y el financiamiento partidario en la línea señalada. Para no tener que seguir con esta historia sin fin. Lampadia

[1] Acuerdo Nº 005-2021-2022 / MESA-CR. Aprobación del módulo de personal de confianza de despachos congresales y prohibición de desdoblamiento de plazas




La deuda de los congresistas maestros

Por: León Trahtemberg
Correo, 31 de Marzo del 2023

Durante la campaña electoral y luego en el ejercicio de la presidencia de la República, Pedro Castillo intentó presentarse como un humilde campesino maestro rural-andino, que era objeto de desprecio de parte de la población urbana criolla en razón a su origen. Explicó la confrontación política de quienes lo consideraban inepto para presidir, elegir ministros y administrar la acción estatal en términos de la minusvaloración de personas de su origen étnico y su profesión docente. Arrastró consigo los votos de mucha gente que se identificó con las reivindicaciones étnicas y sociales que suponían él encarnaba, lo cual permitió que una treintena de maestros llegaran al congreso con él.

El efecto secundario de la negligencia y actitud delictiva de Castillo y varios de sus maestros allegados convertidos en autoridades ha producido una asociación mental entre ser maestro (más aún rural) y ser una personas de muy baja calidad profesional y ética, oportunista en busca del botín de los recursos estatales. Es decir, en lugar de ser el gran liberador de la pobre imagen pública del docente, ha hecho acentuar una imagen disminuida de la profesión docente.

Los congresistas maestros que llegaron al Congreso asociados con Pedro Castillo tienen la tarea del “control de daños”, es decir, revertir esta imagen negativa de los maestros que Castillo contribuyó a acentuar. Su lenguaje y actitud pública, su conducta ética, sus intervenciones en el congreso donde parece que gritar y repetir consignas retrógradas es la manera natural de expresarse, son los parámetros para dicha reivindicación.




Los Niños y la banca

Por: Patricia Teullet
Perú21, 27 de Marzo del 2023

“No sabemos aún qué más habrá encontrado la Fiscalía, pero será mucho menos que lo que habría encontrado en caso de haber podido actuar con mayor celeridad”.

Repasando lo acontecido a nivel internacional, la noticia saltante es la caída de dos bancos. Uno es el de Silicon Valley en EE.UU., que había invertido en bonos del tesoro cuando estos pagaban muy bajos intereses y cuyo valor cayó cuando las tasas de interés subieron. Se le critica, asimismo, una tendencia a invertir en emprendimientos políticamente correctos, pero alejados del deber del banco de generar recursos para sus clientes y accionistas. Cuando se supo que estaba en problemas, los ahorristas acudieron a retirar su dinero, lo cual obligó a la intervención de las autoridades financieras estadounidenses.

El otro banco en problemas fue nada menos que Credit Suisse, el segundo banco de Suiza, que tuvo que ser rescatado por el gobierno a través de la gestión de compra por parte del UBS, el banco más grande de ese país. Pese al rescate, ya se dañó la imagen que tenía Suiza como centro financiero seguro y confiable. Aún se espera que esta vez, a diferencia de lo ocurrido en 2008, no haya una crisis mayor en el sistema financiero global, pero sí habrá pérdidas en activos y empleos.

Obviamente, una desconfianza anticipada respecto al sistema financiero no es la razón por la cual hallaron más de US$70 mil en casa del congresista Arriola, uno de los 18 cuyas viviendas y oficinas fueron allanadas esta semana. Fue la sensación de impunidad que tienen los parlamentarios y que les daba esa seguridad de que estaban protegidos de toda intervención. Se sabía desde hace tiempo que un grupo de congresistas, llamados ‘Los Niños’, habría servido con sus votos al gobierno de Pedro Castillo a cambio de dinero y prebendas.

No sabemos aún qué más habrá encontrado la Fiscalía, pero será mucho menos que lo que habría encontrado en caso de haber podido actuar con mayor celeridad; lo que se decía de estos congresistas no eran acusaciones huecas, sino que contaban con elementos que las sostenían.

Sobre el expresidente, casi desde el inicio de su gobierno comenzaron a aparecer pruebas y acusaciones relacionadas con él y su entorno respecto a la comisión de delitos. Sin embargo, seguían sin conseguirse los votos para lograr su vacancia por incapacidad moral permanente. Por suerte (y parece mal cálculo), sintiéndose acorralado y pensando que los votos sí alcanzarían para vacarlo, Castillo se adelantó leyendo su discurso, disolviendo el Congreso y declarando en reorganización el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Para quienes sostenemos que parte del problema del país es la falta de partidos políticos organizados, ha resultado impresionante que haya sido un partido organizado y de larga trayectoria como Acción Popular el gran involucrado en este escándalo de corrupción.

Como quien dice: en todas partes se cuecen habas.




No me defiendas de las aerolíneas

Por: Fernando Cáceres Freyre, Director de Síntesis Consultoría
Gestión, 22 de Marzo del 2023

Dejemos que siga siendo la competencia entre aerolíneas la que nos siga beneficiando.

Un auto no puede venderse sin tapiz en los asientos ni con tres llantas, pero puede venderse aparte un tapizado de cuero o una parrilla para llevar carga en el techo.Estos ‘extras’ pueden ser gollerías o necesidades.

Por ejemplo, si manejo un taxi remisse, puedo necesitar ponerle cuero, y si tengo una familia grande, puede que necesite transportar mayor carga. Se trata de preferencias individuales, que solo pueden ser evidenciadas a través de la elección de cada consumidor que mejor satisface sus necesidades.

Algo similar ocurre cuando compramos un pasaje aéreo. No se puede vender un pasaje sin derecho a usar el baño, pero sí puede venderse como extra un asiento con más espacio para las piernas o el poder llevar más o menos peso en la cabina.

Las personas más grandes tenderán a pagar más por los asientos más amplios (me ocurre), mientras aquellos que necesiten salir más rápido del aeropuerto podrán elegir no enviar maleta de 23 kg en bodega, sino un carry-on de 10kg en cabina. Y así.

La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso ha aprobado una iniciativa que prohíbe que al viajar en avión pueda pagarse por esos servicios adicionales, obligando a que todos paguemos lo mismo (dentro de la clase en la que viajemos).

Nótese que, según estiman los gremios aéreos, 7 de cada 10 peruanos elige actualmente viajar con la tarifa más económica, mientras que los otros 3 pagan extras, como asientos más grandes o ubicados próximos a la salida y equipaje de mano más pesado en cabina. No hay que saber de ciencia espacial o hacer un estudio econométrico para prever el impacto de esta medida. Una sola tarifa para todos hará que el 70% pague más por sus pasajes y el 30% menos; además de no poder satisfacer necesidades especificas.

Estas iniciativas no mejoran sino empeoran la vida de las personas. Buscan mayor igualdad hacia abajo (todos peor), no hacia arriba (todos mejor). Lamentablemente, ya en congresos anteriores se han aprobado iniciativas similares.

Por ejemplo, en 2021, el congreso estableció topes a las tasas de interés. El BCR en diversos informes ha explicado los efectos negativos que esta medida viene generando en la población a la que busca proteger. A mayo de 2022, estimó que 226 mil clientes se han quedado sin acceso a préstamos, y a diciembre de 2022 se redujeron los créditos menores a S/3,000 de manera considerable por los topes a las tasas de interés.

Algunos datos del periodo posterior a que se abriera este sector a la competencia. Del 2001 al 2019 se incrementó en más de cinco veces la cantidad de peruanos transportados a nivel nacional (LAP-AETAI), y entre 2011 al 2021 se redujo a la mitad la tarifa promedio a nivel nacional (IATA).

El sector aeronáutico, que es competitivo, puede tener múltiples problemas que enfrentar de cara a mejorar la atención a los consumidores, pero el de los servicios adicionales no es uno a abordar. Dejemos que siga siendo la competencia entre aerolíneas la que nos siga beneficiando. Y al Congreso, no me defiendas, compadre.




Reformemos el Congreso

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Sin querer sumarnos al cargamontón contra el Congreso de la República, una institución fundamental de nuestro ordenamiento democrático, que debemos saber cuidar, republicamos hoy día, un artículo de hace 8 años, que incide en los costos del Congreso, de los congresistas y de toda la parafernalia congresal, con el propósito de poner encima de la mesa nuestras propuestas de cambios y reformas que ayuden al Congreso a recuperar prestigio y ascendiente entre la población.

Decíamos entonces que nuestro Congreso era uno de los Poderes Legislativos más caros de la región. Que su dispendio no se debe a los sueldos de los congresistas, que podrían ser calificados como relativamente bajos, sino a la cantidad de prebendas innecesarias, como oficinas particulares y asesores personales para cada uno de los “padres de la Patria”.

Propusimos que los asesores correspondan a las bancadas y no a cada congresista, la recreación del Senado y el aumento de remuneraciones del congresista. Sí, no ha leído mal, aumento de su remuneración, para así atraer al Congreso, a los peruanos más calificados para esa muy importante tarea.

Hoy tendríamos que agregar a nuestra lista, la necesidad de establecer una oficina especializada que se encargue del análisis del impacto regulatorio y económico de todos los proyectos de ley.

Nota de Redacción:
Amigo lector, le recordamos que Lampadia, además de ser un portal especializado, es también un repositorio de información sobre los miles de análisis y opiniones publicados en los últimos 10 años.
Basta recurrir a un buscador, poner Lampadia y describir el tema buscado.

Alto gasto y bajísima performance: una ecuación que debemos corregir

El costo del Congreso no está a la altura de sus realizaciones

Publicado en Lampadia
15 de enero de 2015

A pesar de su decepcionante performance, reflejada en su baja aprobación (apenas 13% según Ipsos), el Congreso de la República está lleno de representantes que se presentan a la ciudadanía con soberbia. Lo que es peor, es uno de los Poderes Legislativos más caros de la región. Su dispendio no se debe a los sueldos de los congresistas, que podrían ser calificados como relativamente bajos, sino a la cantidad de prebendas innecesarias, como oficinas particulares y asesores personales para cada uno de los “padres de la Patria”.

Para el 2015, su presupuesto llega a S/. 510 millones, de los cuales el 72 % se destinará al pago de remuneraciones y solo S/. 25 millones a la retribución de los propios congresistas (5% del costo total).

Cabe mencionar que el alto costo de cada congresista, incluye sus costos directos y además, los de sus asesores, oficinas individuales, transporte, vestuarios, telefonía, viáticos y otros. Si el presupuesto institucional se divide entre los 130 parlamentarios, cada uno representa un costo de S/.3´924,392, casi 4 millones de soles (US $ 1´344,000).

Mucho más importante que los costos son los resultados de la gestión parlamentaria que, lamentablemente, a la luz de los ojos de todos los ciudadanos y de las mediciones de opinión pública dejan mucho que desear.

Comparado con otros países (como se puede observar en el cuadro superior), el costo de un congresista en el Perú es demasiado alto en relación a los indicadores del país. En Chile representa 70 veces el ingreso per cápita, en Colombia 38 veces y 58 en México, mientras en el Perú es de 195 veces. Además, el gasto por parlamentario de US$ 1.3 millones, equivale a 365 sueldos mínimos vitales anuales.

Si desagregamos el presupuesto, S/. 25 millones es destinado al pago de remuneraciones de los propios parlamentarios, S/. 54 millones a sueldos de asesores, personal administrativo, etc., un exorbitante monto de S/. 89 millones para viáticos y otros gastos.

En la última década, la calidad de nuestros políticos ha descendido a niveles impensados. El sistema facilita que personajes lumpen ocupen cargos públicos. Basta citar algunos casos de escándalos de congresistas como:

José Anaya, el “come pollo”, quien engañó deliberadamente entregando facturas falsificadas de compra de pollo a la brasa para obtener un rembolso por concepto de gastos operativos;

Celia Anicama, la “roba cable”, quien comercializaba el servicio de televisión por cable robado de otras empresas retransmisoras;

Eulogio Amado Romero, el “come oro”, quien mantenía vínculos con la minería ilegal y

Nancy Obregón, quien fue acusada de formar parte de una organización del narcotráfico que apoya a Sendero Luminoso, entre otros casos.

Para colmo de males, la población sigue esperando que el Congreso se ocupe de las grandes reformas necesarias para facilitar un desarrollo integral y duradero, como todo lo referido a los aspectos institucionales. Ver en LampadiaEl Congreso no ha producido una sola reforma política.

En nuestra opinión, debiéramos reformar el Congreso en las siguientes líneas:

  1. Reducir el costo total en armonía con el tamaño de nuestra economía.
  2. Triplicar la remuneración de los parlamentarios (actualmente es solo el 5% del total).
  3. Tener una Cámara de Diputados con 100 representantes.
  4. Establecer una Cámara de Senadores con 30 representantes.
  5. Eliminar las oficinas particulares y los cargos de asesores individuales.
  6. Establecer una oficina central de servicios de información calificada.
  7. Crear oficinas y puestos de asesores por cada bancada.

El Perú necesita un excelente Poder Legislativo, que pueda medirse de igual a igual, con el de Singapur, epítome de calidad de la administración pública en el mundo. Los peruanos más calificados deben ser atraídos al Congreso. Lampadia




La irresponsabilidad de Luna

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Nuevamente estamos viendo una ofensiva populista de proyectos de ley para seguir destruyendo el sistema privado de pensiones. El más activo es, cuando no, el congresista José Luna, por añadidura presidente de la comisión de presupuesto, que ha lanzado una batería de tuits promoviendo un nuevo proyecto para que los aportantes puedan retirar 4 UITs adicionales de sus cuentas previsionales.

Lo que está haciendo Luna es sencillamente campaña política. Ante la eventualidad de un adelanto de elecciones, se ha lanzado a la cacería de votos, pero no con su dinero o su peculio, sino a costa de las pensiones de los futuros jubilados, que a este paso no tendrán una pensión cuando les toque jubilarse. Según se informó, luego del quinto retiro (ya van seis), 2´300,000 afiliados habían vaciado completamente su cuenta de capitalización individual. Aquí el problema es, además, a la larga, para el Estado, que tendría que hacerse cargo de una o otra manera de las pensiones de todas esas personas, porque no faltará el Luna del momento que ofrezca en la campaña electoral: pensiones estatales para todos. Y será la quiebra del Estado, porque ni siquiera habrá aportantes en la ONP para solventar ni siquiera una parte de ese gasto.

Jugar con el futuro de las personas y de la estabilidad fiscal, solo para ganar votos, es altamente irresponsable. Sus argumentos son puramente demagógicos y completamente falaces. Escribe, por ejemplo:

Luna sabe perfectamente que los dueños o trabajadores de la gran mayoría de micro y pequeñas empresas no tienen AFP, y menos gran parte del millón de desempleados. Quiere presentarse como un defensor de la economía familiar de todos los peruanos, engatusándolos, tuiteando desenfrenadamente, cuando sabe perfectamente que quienes tienen pensión en el Perú son una minoría.

Si fuera responsable e inteligente, e incluso si quisiera subir su popularidad de un modo mucho más efectivo, propondría una reforma del sistema de pensiones que permita incluir a todos los peruanos. Una promesa efectiva de que todos tendrán asegurada su vejez, aportando a sus cuentas previsionales un porcentaje del IGV que pagan cuando compran algo. Es decir, un sistema que les devuelva parte de lo que pagan para asegurar su futuro.

Eso tendría muchísimos beneficios. Todos los peruanos tendrían pensión. La economía se formalizaría porque los afiliados exigirían boleta o factura para incrementar su ahorro previsional. Los fondos de pensiones constituirían un enorme ahorro nacional que se invertiría en proyectos públicos y privados, de modo que el país tendría su futuro asegurado también. Y no habría contingencia fiscal alguna, porque las pensiones saldrían no de los aportantes o del tesoro público, sino del ahorro de las personas. El estado tendría muchos más recursos para reducir las brechas sociales.

La destrucción del sistema privado de pensiones, por el contrario, nos está devolviendo a un sistema de reparto que ya quebró en nuestro país. Los paros en Francia contra la reforma pensionaria propuesta por el presidente Macron, que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años, muestran que ni siquiera en un país rico el sistema de reparto es sostenible. En ese sistema, los aportes de cada trabajador se disuelven en un fondo común, y las pensiones de los jubilados son pagadas con los aportes de los trabajadores activos. Pero como la proporción de los jubilados es cada vez mayor, los aportes de los activos no alcanzan y entonces las pensiones salen del presupuesto público, quitándole recursos a otras necesidades. Al final el presupuesto público no alcanza tampoco, y el sistema quiebra. En cambio, en un sistema de cuentas de capitalización individual colocadas en fondos privados que se invierten y producen rentabilidad, la pensión sale de los aportes de cada uno multiplicados por la rentabilidad de esos fondos. Si uno aportó 100, al final puede recibir 600 u 800 o más. Y no se afecta para nada el presupuesto público. 

De eso se trata. Responsabilidad por favor. Lampadia




“El eterno problema del Congreso”

Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 16 de Febrero del 2023

“El electorado elige al Congreso e inmediatamente lo odia y al poco tiempo pide su reemplazo total”.

-Como bien apuntaba ayer el caricaturista “Alfredo”, el electorado elige al Congreso e inmediatamente lo odia y al muy poco tiempo pide su reemplazo total. Y los congresos peruanos siempre han sido impopulares, desde que tengo memoria, tanto los de la década de los 80, los habidos durante el fujimorismo y aquellos del posfujimorismo (y eso que los de antes eran la Cámara de los Lores al lado de lo que vino desde Toledo. Había un 30% de congresistas muy buenos. Hoy no son ni el 10% o poco más) ¿A qué se deberá esto? Es cierto que los parlamentos suelen ser impopulares en todos lados, pero en el Perú es un fenómeno muy recurrente. ¿Será porque la gente los ve como ministros que pueden solucionar todo y no entienden que su labor no pasa de legislar, representar y fiscalizar? ¿Será porque no tienen idea de cuál es su representante al no ser estos elegidos en circunscripciones pequeñas y uninominales o binominales? ¿Por qué Paniagua le quitó el peso a Lima al eliminar el distrito electoral único y aumentó, yendo contra la demografía de la capital, el peso de provincias? ¿Será porque no entienden que se hable tanto allí durante horas, desconociendo que Parlamento viene de “parlar”, o sea hablar? ¿Molestia por los escandaletes continuos y privilegios? ¿Les parece tan excesivo lo que ganan? ¿Por qué la gente odia tanto al Congreso y no al Poder Judicial (que tiene muchas veces cosas peores) o al Ejecutivo? El Congreso es la base del sistema republicano democrático, pero desde hace décadas al peruano promedio le parece que ni siquiera debería existir. Allí hay un tema a solucionar si queremos seguir viviendo en democracia. Por lo pronto, habría que cambiar el modo de elección a circunscripciones pequeñas y binominales.

-Murió ayer Raquel Welch, lo mejor que le dio Bolivia al mundo y con diferencia. Escultural, todo lo suyo era suyo, natural sin cirugía alguna, algo que ya no se ve en el mundo de hoy. Descanse en paz.