No sorprende a los ciudadanos, y menos a Lampadia la dación de “Normas Contra-Propósito”, absurdas y contrarias a sus denominaciones y a sus aparentes objetivos, que muchas veces proponen y dictaminan nuestros congresistas, políticos y funcionarios. En esta ocasión se trata del Proyecto de Ley No. 4505/2014-CR que pretende modificar la Ley de Arbitraje, un ejemplo internacional sobre la resolución extra-judicial de conflictos civiles. El proyecto de marras fue presentado por el congresista Héctor Becerril Rodríguez del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, grupo que se ufana de hacer una oposición racional y de representar un espíritu de buen gobierno.

 

 

Como bien han ponderado distintos jurisconsultos, el arbitraje es una de las pocas reformas al sistema de justicia peruano que ha funcionado eficientemente. Como señala Alfredo Bullard: “El arbitraje en el Perú es una historia de éxito. Es usado masivamente reduciendo la congestión judicial, bajando el tiempo de los litigios de cinco años en las cortes ordinarias, a alrededor de un año. Ha reducido los riesgos de corrupción, da un manejo más técnico y especializado a los casos. Ha generado seguridad jurídica. Su efecto en el desarrollo institucional reduciendo los costos de transacción a la economía y fomentando la inversión y el crecimiento ha sido enorme. Diversos especialistas internacionales han calificado la ley peruana como una de las más modernas del mundo y la experiencia del Perú como uno de los desarrollos más positivos y exitosos del arbitraje en la historia”. 

Como sostiene el portal Enfoque Derecho, un blog de la revista de derecho Themis: “Renombrados especialistas en arbitraje como Fernando Mantilla-Serrano [una autoridad mundial en la materia] señalan que ‘No podemos más que felicitar al legislador peruano por sus esfuerzos en materia de arbitraje, pues supo, a través de sus reformas, identificar al Perú dentro del grupo de países que han promulgado leyes modernas y favorables al arbitraje’.Lo que esto demuestra es que el Perú se encuentra bien posicionado en el arbitraje internacional y ello se debe principalmente a nuestra ley de arbitraje”.

A pesar de que esta institución está tan bien considerada por propios y extraños, y tiene una vigencia de 20 años, el congresista Becerril está empeñado en borrarla de un plumazo. Por supuesto se escuda en una razón aparentemente loable. Evitar que los malos ciudadanos hagan un uso perverso del sistema.

Becerril justifica su proyecto aduciendo que: “Como se sabe, la mafia de Rodolfo Orellana utilizó las debilidades del sistema arbitral para crear una red delincuencial que, a través de laudos arbitrales, se adueñaba ilícita e injustamente de decenas de propiedades inmuebles (…). Ante estos hechos, es imposible no hacer nada. Tenemos que mejorar los vacíos del sistema arbitral que utilizó Orellana y sus secuaces para apropiarse de casas, terrenos y otras propiedades”.

El problema es que como indica Bullard, este “proyecto cae en lo que se conoce como “regulación anecdótica”: crear regulaciones generales por problemas causados por actividades aisladas. El problema se corrige aplicando la ley existente a los delincuentes, no afectando el derecho legítimo de los [buenos] ciudadanos”.

Así mismo, Enfoque Derecho señala: “este Proyecto (…) ataca la base del arbitraje. En un mal intento por solucionar el problema, el legislador podría terminar con el sistema arbitral peruano”.

Esta Norma Contra-Propósito mataría el arbitraje en tan sólo 5 pasos, según Enfoque Derecho:

1. Crea dos instancias: Propone la creación de una segunda instancia, lo que no resuelve el problema, pues esta no inhibiría su mala aplicación por delincuentes.

2. Impone arbitrajes de talla única: Obligar a que todos los arbitrajes que incidan directa o indirectamente con la transmisión de bienes muebles registrables o inmuebles sean institucionales (es decir en centro arbitral que dependa de una institución como el de la Cámara de Comercio). El arbitraje es como un traje a medida. Las partes pactan el convenio arbitral que más se acomode a lo que necesitan. Pueden elegir un arbitraje ad-hoc o institucional. El proyecto vulnera la voluntad de las partes y establecería una talla única. La limitación a la libertad contractual es injustificable.

3. Elimina la confidencialidad: Propone que, al iniciarse el arbitraje, se publique en el periódico quiénes son las partes, cuál es la materia controvertida y cuáles son los bienes en controversia. La publicidad como regla general en el arbitraje es innecesaria. Esa es una de las características que hacen que el arbitraje sea preferido frente al Poder Judicial, en especial por empresas que no desean que el mercado conozca desavenencias o problemas que podrían afectar el normal desenvolvimiento de negocios.

4. Aplica figuras judiciales: Propone la aplicación de la figura judicial de ‘tercerías de propiedad’ a arbitrajes en curso lo que dejaría al tercero en peor situación en la que se encuentra con la legislación actual y desconoce el sistema de incorporación de partes no signatarias, regulado en la ley de arbitraje. La solución está en el amparo arbitral, que hace inejecutables, frente a terceros, los laudos que afectan sus derechos.

5. Desnaturaliza la responsabilidad civil arbitral: Hace a las instituciones arbitrales solidariamente responsables de los daños y perjuicios ocasionados por decisiones “arbitrarias o contrarias a derecho” de los árbitros que la integran (concepto dudoso e impreciso). No se entiende cómo es que una institución arbitral respondería por las decisiones arbitrales si dicha institución no participa en el proceso. Los árbitros son independientes. Peor aún, las instituciones arbitrales terminarían respondiendo por árbitros que ni siquiera han nombrado y por cuestiones que no incumben al encargo de administración de los arbitrajes que se les encomienda. Esta propuesta no es coherente con el sistema de responsabilidad civil arbitral, ni con los criterios generales de responsabilidad civil establecidos en nuestro ordenamiento general.

Como se aprecia, existen suficientes razones como para impedir que esta norma sea promulgada. Es hora de que los congresistas legislen con mayor propiedad y no para la tribuna, el aplauso fácil y dar la impresión de que están protegiendo a los ciudadanos, cuando en realidad hacen lo contrario. Es además imperativo que los partidos a los que pertenecen ejerzan un mayor control sobre este tipo de iniciativas. Basta de iniciativas y normas contrapropósito que destruyen y traban el desarrollo integral del país. Lampadia

 

Juan de la Puente, en su columna de La República del 27 de febrero ha solicitado: “Un nuevo Acuerdo Nacional” (AN). Él plantea que este se hace necesario, “ya no para la transición sino para la reforma”. Por otro lado, el Secretario Ejecutivo del Acuerdo, Javier Iguiñiz, hace un par de días en RPP, se refirió a la presentación del libro de Max Hernández que  conmemora doce años del AN. En su diálogo con Raúl Vargas y Patricia del Río, no pudo puntualizar las realizaciones del instrumento. Iguiñiz comentó que “los tomadores de decisiones lo han tomado como referencia, que es un espacio de diálogo [de cúpulas] donde no se sacan los ojos, que los asistentes se escuchan y que es más consensual en los ‘por qué’ que en los ‘cómos’”. Y agregó que: “en el tema del agua han discutido un año para aprobar dos páginas”. El secretario no pudo señalar  un solo tema en el que el AN haya tenido impacto en el desarrollo del país. ¡Penoso!

El Acuerdo Nacional se estructura desde 4 grandes objetivos, 34 matrices y múltiples políticas, indicadores y metas. Los acuerdos se toman por unanimidad. Este instrumento, por su enfoque y amplitud, era imposible de compartir con la población, y por lo tanto, nunca tuvo relevancia en el acontecer nacional. Semejante enjambre no permitía que los ciudadanos lo entiendan y lo hagan suyo.

Los objetivos que plantea pueden ser más o menos válidos, pero lo importante es dilucidar cual es el mejor instrumento para lograrlos, un “Acuerdo” o una Visión Compartida de Futuro.

El Acuerdo Nacional nació después de que Roberto Dañino, Primer Ministro del gobierno de Alejandro Toledo, propusiera en su discurso de investidura en el Congreso de la República la necesidad de dibujar una visión de futuro. Por alguna razón que no fue de dominio público, la propuesta de Dañino terminó, en cambio, en el Acuerdo Nacional. Veamos el planteamiento de Dañino:

“Aspiramos a que muy pronto todos podamos forjar una visión compartida del país que queremos (…)

Tenemos la obligación de formular una visión compartida de largo plazo, una visión que inspire el esfuerzo de todos los peruanos, de nosotros y de nuestros hijos, para que los hijos de nuestros hijos puedan vivir en un país desarrollado.

Sólo esa visión compartida puede unirnos y permitirá desarrollar políticas de Estado que vayan más allá de la posta de éste y de los sucesivos gobiernos.(…).

Por ello, durante los próximos meses alentaremos y propiciaremos el diálogo nacional y la movilización de la sociedad civil, para que dentro de doce meses, cuando vengamos a dar cuenta de nuestra gestión, podamos recoger y formular la visión compartida de todos los peruanos”.

A diferencia de un Acuerdo Nacional, lo que se necesita es una Visión Compartida de Futuro. Como dijo Joel Barker en CADE 96: “NO HAY NADA MÁS IMPORTANTE QUE TENER UNA VISIÓN. ESTA ANTECEDE AL DESEMPEÑO EXITOSO, ES LA PALANCA QUE NOS JALA, LA PALANCA MÁS POTENTE DE LA CIVILIZACIÓN”.

Esto es lo que hicieron los países más exitosos del Asia, de los que debiéramos aprender la importancia de tener una visión compartida, así como de la persistencia de las políticas públicas, su orientación al largo plazo y de la relevancia de formar un Estado meritocrático que produzca una buena “Gobernanza”.

Pero sobre todo, tenemos que entender que un Estado que se maneja solo con intuición e improvisación, atrapado en el corto plazo y en el que los lineamientos de gobierno se definen por cúpulas (sin comunicación y sin participación de los ciudadanos), está condenado irremediablemente a la mediocridad y la inestabilidad. Quién sabe si por estas falencias los países latinoamericanos, que no hemos adoptado visiones de futuro, no hemos logrado desarrollar nuestro potencial, como si ha sido el caso de tantas naciones al otro lado del Pacífico.

Como queda claro, una Visión Compartida con la ciudadanía puede ser el mejor instrumento para encausar el esfuerzo de todos los peruanos hacia una misma dirección, y no como con en el AN que es un espacio de diálogo entre cúpulas.

IPAE propuso una Visión Compartida de Futuro en 1996. Probablemente el Perú no estuvo listo, entonces, para asumir el compromiso. Hoy en cambio, luego de recuperarnos del empobrecimiento generalizado que padecimos hasta fines de los 80 y, después de haber vivido quince años de democracia, tenemos la mejor oportunidad para formular una Visión del país exitoso al que todos aspiramos.

En CADE 2014, IPAE revisó su propuesta de visión. El próximo proceso electoral es la mejor ocasión para difundirla y contrastarla  con los planteamientos de los candidatos.

A continuación, compartimos con ustedes esta Visión y los “cómos” necesarios para su realización:

VISIÓN DEL PERÚ AL TERCIO DE SIGLO.

El Perú será un país democrático y globalizado,

encaminado al desarrollo integral, sostenible y duradero,

con sentimientos de pertenencia y ciudadanía,

en el que se respete la ley.

En la formulación de esta renovada visión se hizo especial énfasis en tres importantes objetivos que no seincluyeron en CADE 96:

– La necesidad de contar con una buena gobernanza

– Formar un servicio civil meritocrático (de alto rendimiento, reconocido por la sociedad y bien remunerado) y,

– Propiciar una clase dirigente, especialmente la empresarial, comprometida con el desarrollo del país en un sentido amplio, que sea respetada por la población, que se articule con el mundo académico e intelectual y que tenga presencia mediática.

La nueva visión plantea objetivos, líneas de acción, estrategias de desarrollo integral, sostenible y duradero y, la articulación de las agendas de trabajo:

Objetivos

1. Ser el país latinoamericano más integrado al mundo, en el comercio, la inversión y la tecnología.

2. Lograr una democracia avanzada, integrada y plural.

3. Superar la extrema pobreza.

Líneas de Acción.

1. Alcanzar un nivel educativo de excelencia, con capacitación permanente

2. Lograr una competitividad al nivel de los mejores países emergentes

3. Promover un liderazgo empresarial comprometido y respetado

4. Alentar una gobernanza del mejor nivel internacional

5. Formar un servicio civil meritocrático, reconocido y bien remunerado

6. Fomentar un sentimiento de pertenencia y ciudadanía

7. Tener una clase media consolidada y formal que abarque al 70% de la población, con ingresos de US$ 8 a US$ 40 por persona y por día

Estrategia de Desarrollo Integral (Económico, Social e Institucional), Sostenible y Duradero – Los “cómos”

1. Desarrollo Económico.

– Acceso de los pobres a la economía de mercado

– Ingreso a la OECD

– Orientación global

– Promoción de la inversión privada

– Desarrollo de las infraestructuras internas

– Promoción de la innovación y la competitividad

– Desregulación burocrática

2. Desarrollo Social.

– Revolución educativa

– Capacitación permanente

– Agua y salud al alcance de todos

– Cero desnutrición infantil

– Programas sociales esencialmente productivos

3. Desarrollo Institucional.

– Mejores: Sistema Electoral, Partidos Políticos y Estructura del Estado

– Imperio de la Ley y del Estado de Derecho

– Seguridad ciudadana

– Buena Gobernanza con una mejor regionalización

– Servicio Civil Meritocrático

– Regulaciones pro-desarrollo e inversión

– Estabilidad de las reglas de juego y protección de la  propiedad

– Predictibilidad y pre-publicación de normas

4. Sostenibilidad Social y Ambiental.

– Reforestación masiva

– Titulación de propiedad comunal, minifundios, y derechos individuales, con registro público de sus convenios

– Asociaciones Comunidad-Privados (ACP)

– Tratamiento y reciclaje de desagües

– Regulaciones ambientales racionales y balanceadas

– Matriz energética que promueva energías limpias

– Protección de reservas culturales, ecológicas y sociales

5. Desarrollo Duradero.

– Orientado al largo plazo y sin caer en la tradicional política pendular

– Articulación de las Agendas de Trabajo

Agendas de trabajo.

Este diagrama explica que en el corazón de las líneas de acción está la necesidad de contar con una clase dirigente comprometida con el largo plazo del país y con un sentimiento de ciudadanía y pertenencia de todos los peruanos. Desde esa perspectiva tendríamos que avanzar en tres agendas:

1. La del Estado: Buena gobernanza y excelente servicio civil.

2. La Social: Las mejoras en educación, salud, instituciones e infraestructuras.

3. La Productiva: La puesta en valor de nuestros recursos en agricultura, minería, acuicultura, energía, forestería, turismo y biodiversidad. El desarrollo de esta agenda debe generar los recursos para financiar la agenda social.

Para darle mayor sustento a la visión se convocó a diez expertos nacionales a que aporten unas reflexiones sobre los aspectos que determinan la Naturaleza Intrínseca del Perú. (Ver el contenido de esos magníficos documentos en (L): Fundamentos Estructurales del Perú).

Discutamos esta propuesta, contrastémosla con las propuestas electorales y démosle a nuestros ciudadanos los elementos necesarios para hacer un juicio ilustrado sobre el sagrado derecho de elegir a sus gobernantes. Lampadia

Basta ver los titulares de los diarios o escuchar los de noticieros radiales y televisivos, oír las discusiones en los pasillos del congreso, las entrevistas en los sets de televisión o leer las columnas de opinión, para darnos cuenta que nuestros políticos, periodistas y “analistas” solo les preocupan los temas de coyuntura, el dime y el direte antes que los asuntos de fondo. Concentrados en el juego de quien lleva agua para su molino, desgastar al contrario y quedar mejor posicionado en las encuestas de popularidad, se olvidan que el país está atravesando por un momento delicado. Además de discusiones sobre si se censura o no a la Ministra Ana Jara, si es conveniente o no cerrar la Dirección Nacional de Inteligencia, si todos los líderes importantes salieron en una foto en Palacio de Gobierno, se debiera estar discutiendo sobre qué medidas deben tomarse urgentemente para reactivar la economía y reiniciar la senda de la disminución de la pobreza y la desigualdad.

La desaceleración económica no es un problema menor. No se puede pensar, como han indicado algunos despreocupados analistas, que debiéramos contentarnos con un crecimiento de 2%. No. El Perú tiene el potencial para crecer un 7% o más. Cada punto menos del PBI que dejamos de crecer significa que menos peruanos salen de la línea de pobreza o que pierden posibilidades de educarse, comer mejor y tener una mayor calidad de salud. Tampoco es cierto que el menor crecimiento de socios comerciales, como la China, nos impida crecer más alto. En Lampadia, hemos demostrado que esto el gigante asiático sigue teniendo un impulso enorme.   

El crecimiento económico como hemos señalado repetidamente, es el directo responsable de la reducción de la pobreza y la desigualdad. Según Juan Mendoza, profesor de la UP y otros especialistas, casi 85% de la reducción de la pobreza desde el 2004 se debe exclusivamente al crecimiento económico. Sin este crecimiento al día de hoy tendríamos al menos 52% de pobres, [vs. el 23% actual]. Mendoza remarca: “Los datos sugieren que la manera más eficaz de combatir la pobreza no es diseñar programas de transferencias sino fomentar la inversión privada y el funcionamiento de los mercados, que han sido los motores del crecimiento desde 1990.”

La pregunta, entonces se cae de madura: ¿Qué estamos haciendo para fomentar la inversión privada y el funcionamiento de los mercados, que han sido los motores del crecimiento y los que han permitido que tantos peruanos dejen de ser pobres? Ese es el debate al que políticos, analistas y líderes de opinión debieran prestar atención. Es triste, pero todos prefieren concentrarse en la acusación, el insulto y los temas coyunturales antes que los asuntos de fondo.  Es hora de que nuestra clase dirigente siga el consejo de Churchill: “el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”

El verdadero debate (que los estadistas) debieran propiciar debe girar en torno a la urgente reactivar necesidad de incentivar y atraer una mayor inversión privada. Esta es la única manera en que podamos empezar a crecer a nuestro real potencial. Para ello se debiera analizar como reactivamos o incentivamos los verdaderos motores de nuestra economía, en vez de estar buscando inventar motores virtuales. Veamos:

1. Minería: Es vital crear las condiciones económicas, sociales y políticas para que los proyectos mineros en cartera empiecen a producir lo antes posible. La cartera de inversiones mineras suma 47 proyectos (32 de extracción de cobre). Es decir cerca de los 60 mil millones de dólares en inversión potencial hasta el 2021. Como hemos indicado se debiera hacer una cruzada en la que todas las fuerzas políticas se comprometan a generar las condiciones necesarias para que estos proyectos a la brevedad puedan empezar a operar. Eso no quiere decir relajar los estándares ambientales internacionales, pero si explicar a la población los beneficios de la minería.

2. Pesca. Afortunadamente, se ha empezado a rectificar la desastrosa política pesquera que implemento este gobierno. Es imprescindible dada las malas condiciones climáticas que se den algunos incentivos para que este importante sector vuelva a recuperar su aporte a la economía.

3. Agroindustria: Si bien se mantiene pujante y creciendo, se debe empezar a abrir nuevos mercados. El TLC con la India podría contribuir. Es crucial, sin embargo empezar a solucionar aspectos que en el mediano plazo pueden afectar a este sector, como seguías en Ica y Piura. Debieran ejecutarse proyectos de infraestructura para represar las aguas en estas regiones.

4. Construcción: Sin duda fuertemente afectada por la desaceleración. Son imprescindibles medidas que reactiven el sector. Si bien el programa de infraestructuras públicas permitirá que la construcción mejore su aporte, se necesitan medidas complementarias para incentivar la construcción de viviendas.

El gobierno ha empezado a realizar esfuerzos para destrabar las concesiones y las obras de infraestructura que se hallaban paralizadas (en especial las de transporte). Se debe seguir por este camino. Adicionalmente, son positivos los esfuerzos por poner en valor nuestros recursos forestales. Se han dado algunos pasos en ese sentido, aunque debiera hacerse mucho más, para atraer inversión a este sector que tiene un inmenso potencial para dinamizar nuestra economía.

También, ha sido saludable la reestructuración del impuesto a la renta de las personas naturales, que ayudará a reactivar el consumo interno. Pero, a todo esto se deben sumar los esfuerzos por recuperar la confianza en el desarrollo del país. La economía, como toda actividad humana, también es un estado de ánimo. Los agentes económicos deben recibir las señales correctas para lanzarse a invertir. El caldeado ambiente político (en gran medida propiciado por el propio gobierno), debe atemperarse para que nos concentremos en lo importante: volver a crecer, como hemos señalado antes, pudiendo aliviar sosteniblemente la pobreza, no hacerlo es inmoral. Lampadia

El quinto paquete reactivador aprobado por el Congreso en primera votación el 26 de noviembre (aún pendiente de segunda votación), impone cambios tributarios en las tasas del impuesto a la renta de tercera categoría y simultáneamente en la tasa del impuesto a los dividendos. Baja el impuesto a la renta, pero se compensa con el aumento del impuesto a los dividendos (personas naturales). El objetivo manifestado es incentivar la reinversión, manteniendo constante la carga tributaria (33%, considerando ambos tributos). Lamentablemente, el paquete incluye también un nuevo impuesto a los dividendos, gravando ahora a las empresas (personas jurídicas) cuando antes solo se aplicaba a las personas naturales. Esto tendrá un efecto contrario a los objetivos reactivadores de los cinco “paquetes”. 

Actualmente, el reparto de dividendos dirigido a personas jurídicas no está gravado de manera anticipada, puesto que se aplica cuando el reparto llega a las personas naturales o a las personas jurídicas no domiciliadas. El proyecto “reactivador” crea un nuevo impuesto anticipado a los dividendos aplicable a las empresas que los reciben. El proyecto de ley lo califica como un Impuesto a la Renta de tercera categoría, pero le asigna una tasa especial (la misma que grava el reparto de dividendos a personas naturales: 6.8%, 8% y 9.3% según el año correspondiente).

Sobre esto último, la preocupación del Poder Ejecutivo es evitar que las empresas operativas transfieran dividendos a empresas matrices como una estrategia para eludir el pago del impuesto a los dividendos. Es incorrecto asumir que la única razón que tiene un inversionista para trasladar dividendos de una empresa operativa a una empresa matriz es eludir el Impuesto a la Renta. Por el contrario, es perfectamente razonable y usual que un inversionista que está diversificado (o quiera estarlo) reinvierta utilidades de un negocio en otro distinto. Esto no se refiere solo al caso de empresas holding, sino que las empresas operativas pueden tener, a su vez, subsidiarias operativas.

Para ese tipo de inversionista (que no es el que “quiere eludir” el impuesto a los dividendos), sino más bien que quiere reinvertir en el país de forma diversificada, el proyecto de Ley 4007-2014-PE supone una distorsión, una “norma-contra-propósito” que afecta la eficiencia de las empresas. Es contrario a los objetivos planteados, pues generará un desincentivo para que los inversionistas reinviertan y se diversifiquen como, además, busca el Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) del Gobierno.

Adicionalmente a lo anterior, cabe mencionar que según la legislación actual, las empresas holding (cuya principal fuente de ingresos son los dividendos generados por sus inversiones), no pueden deducir para efectos tributarios gastos que no estén directamente vinculados a la reinversión de esos dividendos. Los gastos no vinculados a esa reinversión, están gravados con un impuesto de 4,1%. La razón principal por la cual existen empresas holding no es para obtener un beneficio tributario, sino para viabilizar la reinversión de utilidades de manera diversificada y eficiente.

Sería absurdo que el paquete reactivador paralice una parte importante de la reinversión de utilidades, puesto que los inversionistas diversificados preferirían, bajo las nuevas normas, repartir dividendos a los accionistas (personas naturales), en lugar de ser reinvertidos en otros negocios.

El nuevo Impuesto a los Dividendos para Personas Jurídicas, tal como está propuesto, limitará la reinversión de utilidades de una empresa operativa en otros negocios a través de sus matrices. Además, impedirá la colocación eficiente de capital, irá contra de los objetivos del PNDP, complicará innecesariamente el sistema tributario y terminará generando el efecto opuesto al que se quiere promover: reactivación económica y reinversión de utilidades.

Esperamos que el Ejecutivo y el Congreso corrijan este “lapsus” fiscalista de efectos anti-reactivadores. Lampadia

Hace unos días el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso que la segunda vuelta para elegir a los presidentes regionales de 14 departamentos (dónde los candidatos no superaron el 30%) se realice el domingo 7 de diciembre. Así, de acuerdo al JNE, 7’635,475 electores deberán volver a las urnas para elegir a las máximas autoridades de Áncash, Apurímac, Arequipa, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Lima (provincias), Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

En el 2009, se estipuló que los presidentes regionales debían ser elegidos con más del 30% de los votos. Para efectuar esta modificación se determinó que ya no se votaba por listas (como ocurre para las alcandías en que los regidores son nombrados bajo el sistema de cifra repartidora, en la que el partido del alcalde obtiene siempre la mayoría), sino por representación provincial. Es decir, se elige por separado a los consejeros regionales por provincia. Un sistema parecido al de la elección del Presidente de la República que requiere, en su caso, 50% más uno de los votos en primera vuelta para no ir al “balotaje” de la segunda. Motivo por el cual se genera un cierto divorcio político entre el Ejecutivo y el Congreso. 

Los resultados de esta mala decisión están a la vista: En 14 de 25 departamentos se tendrá que volver a votarpara elegir solo a los presidentes regionales, sin que necesariamente cuenten luego con consejeros regionales afines a sus planteamientos de gobierno.

La mayoría de estos Consejos Regionales quedará conformado tan fraccionadamente que, por un lado no le otorgan mayoría al presidente regional, y por otro, no permiten la formación de equipos de gobierno orientados en la misma dirección, más bien contrapuestos entre sí. Esto se agrava por la multiplicidad de postulantes, que al final logran dejar algún representante en los consejos.

Por ejemplo, en Arequipa, el nuevo Consejo Regional (CR) (2015-2019) tendrá representantes de seis organizaciones políticas. Este nuevo CR estará conformado por cuatro miembros del Movimiento Arequipa Renace, dos de Juntos por el Desarrollo de Arequipa, uno de Arequipa Tradición y Futuro,  uno de Acción Popular, uno de Siempre Unidos y uno por Vamos Perú.

Arequipa no es la excepción. Ni siquiera en los once departamentos que superaron la valla del 30%, obtuvieron mayoría simple en los CR, salvo en Amazonas, Cajamarca, El Callao, La Libertad y Lambayeque. De los que compiten en segunda vuelta, tan solo en tres casos, una de las candidaturas en competencia podría alcanzar esa mayoría en el Consejo Regional, de ser elegido como presidente quién ya tiene la mayoría de consejeros. Ante esto, los presidentes regionales, prácticamente incapacitados para formar equipos de gobierno coherentes, optan por cooptar, presionar u ofrecer privilegios a los consejeros que no son de su partido, cuando no, recurren a un reparto populista del presupuesto regional, señala Fernando Tuesta.

Es pues evidente que el sistema electoral de los gobiernos regionales ha logrado fortalecer la legitimidad del presidente, al conseguir una mayor representación en la segunda vuelta, pero con consejos cada vez más fraccionados, por lo tanto, ingobernables o manejados con malas artes, como se señala líneas arriba.

Estas instituciones, en las que se entronizan presidentes con poderes individuales casi feudales y desconectados del gobierno central, que asumen sus funciones sin limitarse a lo estipulado por ley, están, además, debilitadas en su estructura interna.

Por otro lado tenemos un gobierno central que, en muchos casos, “ha abdicado de sus propias funciones”, como lo señala Roberto Abusada, abandonando su presencia y gestión en los temas que le establecen las leyes de la regionalización. Además, a los gobiernos de las regiones, se les transfieren ingentes recursos, que creen que les caen del cielo, canon, regalías, etc., que las autoridades regionales asumen como propios, sin entender su origen, por ejemplo: la relación entre la inversión minera y el canon, que es el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas, o los libramientos del gobierno central. Recordemos que en algún momento, el grito de guerra en algunas regiones llegó a ser: “Canon Sí, Minería No”.

Sin equipos de gobierno adecuados y sin técnicos capacitados, como se ha demostrado una y otra vez, los recursos “administrados” por las regiones, son usados en obras intrascendentes pero efectistas, o se dejan sin usar y, lo que es peor, en otras ocasiones se canalizan a los amigotes y a la corrupción abierta y desmedida, que básicamente, no tiene control alguno. Muchas veces los pueblos no se benefician, por ejemplo, con sistemas sanitarios, o con carreteras, “sino” con piscinas gigantes como en Echarati, o monumentos absurdos y dispendiosos como en Huancayo, Tumbes y Cusco. 

Al fraccionamiento político del país, sin partidos políticos nacionales fuertes, se ha sumado la atomización regional. Un ridículo que lo único que hace es demostrar la necesidad de diseñar un sistema electoral nacional y regional que promueva una mejor GOBERNANZA.

Como todos los especialistas y hasta los “opinalistas” (gente que mezcla opinión y análisis) han reclamado, urge enfrentar una reforma de la regionalización que permita que el país se institucionalice, desaliente la corrupción, las actividades antidemocráticas y que genere los incentivos para una mayor coordinación política entre el gobierno central y las regiones, dentro de las propias regiones y, entre las autoridades y los ciudadanos y empresas, que son la fuente primigenia de los recursos fiscales de la nación. Lampadia

Cuenta Ricardo Palma en una de sus Tradiciones que en 1835, durante la sublevación de Felipe Santiago Salaverry contra el presidente José Luis Orbegoso, la capital se hallaba tan desguarnecida que una de las muchas bandas de bandoleros que asolaban los caminos del país, tomó la ciudad de Lima. “El famoso negro León Escobar, capitán de una cuadrilla de treinta bandidos… se posesionó de Palacio, sentándose en el sillón presidencial”, relata Palma. Alarmados, los miembros del consejo municipal, rogaron a Escobar que no hiciera desmanes. El bandolero accedió a esta petición a cambio de que se le pagara 2,500 pesos. De acuerdo a la Tradición, después de recibir el dinero, se retiró pacíficamente. Así, un bandolero fungió de presidente del Perú por un día.

Hoy esa anécdota de nuestra historia podría repetirse, pero de forma más permanente. Mafias de sicarios, extorsionadores, de construcción civil y hasta de proveedores del Estado (que tendrían entre sus integrantes a policías, fiscales y jueces), se suman ahora a las de  narcotraficantes apoyados por terroristas, taladores ilegales, mineros ilegales y de contrabandistas. Ya no solo se contentan en el control de parte del territorio nacional donde evitan la presencia del Estado y del sector privado, ahora  postulan abiertamente para tomar control del propio Estado, desde municipios, gobiernos regionales, y no nos quepa la menor duda, pronto será igual con el Congreso.

 ¿Qué lleva a estos personajes a tratar de hacerse de un cargo público? Primero que nada, la lenidad del Estado y anomia de la clase dirigente, que no ha sabido parar estos procesos a tiempo. Segundo, obviamente, no la vocación de servicio, sino todo lo contrario, el beneficio personal, medrar del erario nacional y obtener ventajas para realizar sus actividades ilícitas. Esta situación es realmente gravísima y quizá la amenaza más seria que enfrenta la democracia peruana y la sociedad en su conjunto. No se puede permitir que personas de mal vivir y mucho menos delincuentes postulen y menos aún que ocupen cargos en el Estado. Semejante escenario en que este tipo de postulantes no son la excepción, si no ya una importante proporción de los postulantes, es una  prueba del fracaso del sistema político, tanto por su diseño institucional, como por la desaparición de los partidos políticos nacionales.

Las listas que han entregado el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio del Interior en la que se detallan los tenebrosos antecedentes de un buen porcentaje de candidatos municipales y regionales solo convalidan el deterioro de la representación política nacional.

Desde el gran fracaso de los partidos políticos, luego de la dictadura militar, que regresaron al poder sin propuestas, sin conocimiento del mundo, y sin capacidad de tomar decisiones, la política nacional ha ido alejando de sus cuadros a los ciudadanos más probos y capaces. En la última década la calidad, de nuestros políticos ha descendido a niveles impensados. Se han creado sistemas de control (Contraloría y otros), para perseguir a los buenos, pues los malos están fuera de su alcance. Los antiguos líderes y dirigentes bien formados y de sólida moral han desaparecido. Hoy el sistema facilita que personajillos lumpen ocupen cargos públicos. Basta citar el caso del congresista, Víctor Grandez (acusado de tener un hotel en el que se prostituyen niñas) o el de los presidentes regionales de Áncash y Tumbes, César Álvarez y Gerardo Viñas, respectivamente. Ambos acusados de encabezar organizaciones delictivas dedicadas no solo a apropiarse de recursos públicos mediante actos de corrupción, sino de comandar a sicarios que amedrentaban, golpeaban y hasta asesinaban a opositores. No olvidemos que dos dirigentes cocaleras llegaron a ser parlamentarias, a las que luego se probó vínculos con el narcotráfico y Sendero Luminoso.

Que se asesine parar controlar un gobierno local es un escenario de horror digno de una película  gánster. Primero convivimos con los asesinatos de autoridades por parte del terrorismo, ahora se producen por las mafias de todo pelaje. Pero lo más terrible de esta situación es que ni la ciudadanía, ni nuestra clase política, se hayan indignado lo suficiente como para tomar los correctivos necesarios. Se soltó a los delincuentes del Movadef, que nos amenazan con un baño de sangre masivo (el significado del pensamiento Gonzalo), y los medios se alteraron un par de días (y algunos hasta defendieron la liberación confundiendo la libertad de pensamiento con la amenaza de muerte disfrazada), y el sistema judicial se dedica al juego del gran bonetón. 

Aparte del asalto del Estado para tomar control del país, ahora se pueden hacer de una “caja”, que con la regionalización hecha sin los mínimos requisitos de las democracias modernas, como rendición de cuentas, balance de poderes, filtros de requisitos y alternancia, llegó el 2013 a 14,342 millones de soles, desde los 1,998 millones del 2004. Estos recursos se multiplicaron por 7 en los últimos diez años.

Entre la falta de renovación de los partidos tradicionales, la escasa presencia del Estado, los sistemas de persecución judicial de las buenas autoridades, la mala regionalización, la incapacidad de corregir el diseño de la estructura política del país (el Congreso, ni siquiera ha podido eliminar la equivocada denominación de los líderes de las regiones o eliminar su reelección) y los recursos a los que acceden. La política se está convirtiendo en el mejor botín del lumpen.

¿Cómo conseguimos limpiar la política? Busquemos las experiencias más exitosas de otros países y, sin complejos o falsas dignidades, implantémoslas en el Perú. Es urgente reformar la ley electoral y de partidos políticos, el sistema judicial, el de control, la policía, etc.

Es hora de que las mentes más brillantes del país, las que estén por encima del bien y el mal, los viejos de la tribu, se reúnan y comuniquen a los ciudadanos las ideas-fuerza, las cuales puedan ser recogidas por los más jóvenes para que se comprometan en que se lleven adelante y se realicen los cambios necesarios. Lampadia

El Congreso aprobó la Nueva Ley Universitaria en contra de la opinión de todos los estamentos de la sociedad y acto seguido, el Presidente de la República, Ollanta Humala la promulgó dos días después en una ceremonia festera. Todo el país advirtió sobre los posibles daños de esta ley, Lampadia recogió algunas observaciones e hicimos nuestro propio análisis en  ¿Mejor educación con prepotencia?  y en Legislando para espejismos). Esta “Norma Contra-Propósito” es un nuevo intento para dotar al Estado de facultades controlistas en algo que requiere libertad, bajo el pretexto de “elevar la calidad de la educación superior” (pero sin lugar a dudas la ley producirá el efecto inverso).

Esta medida contradice el espíritu del reciente paquete de medidas reactivadoras de la economía que pretende desamarrar las manos de los ciudadanos y empresas. Por un lado se hace alarde de la desburocratización, y por otro, en lo más sensible, la educación universitaria, se pretende regimentarla con un proceso dirigido marcialmente, con insultos y descalificaciones a los  opositores y con una proclamación, que parece estar más vinculada a demostrar “aquí mando yo” que a crear el espacio de desarrollo que se necesita para que nuestros jóvenes sean parte del mundo global. Sorprende ver a un técnico de las credenciales de Jaime Saavedra, en el rol de pregonero de esta nefasta ley. (Ver: Ministro de Educación cumpliendo libreto político).

Es evidente que nuestras autoridades no forman parte del mundo global, del que también parecen querer apartar a nuestras generaciones futuras. Esta irresponsable de ley no resiste el menor análisis, si se le aplica un test de adecuación a lo que se hace en el mundo más avanzado en educación superior.

La futura Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU) se encargará de emitir licencias de funcionamiento, supervisar la calidad del servicio (según sus paradigmas), pudiendo cerrar programas y universidades, así como otras muchas disposiciones restrictivas de la libertad académica. Cuando el país se enfrenta a un gravísimo problema de deficiencia educativa a nivel escolar, nuestros legisladores se voltean de espaldas y miran a las universidades, donde tenemos problemas no generalizados y hemos tenido avances sustanciales. En vez de arreglar lo que es un desastre, lo escolar, prefieren enfrentarse a unos cuantos mafiosos a costa de abandonar lo prioritario e incapacitar lo que estaba mejor.

Esta Ley es un retroceso inspirado en los cuarteles del velascato, va en dirección opuesta al rumbo de la educación superior a nivel mundial que busca su mayor libertad para facilitar la creatividad y adaptación al acelerado cambio del mundo moderno, aprovechando al máximo las nuevas tecnologías.

Alejados de la modernidad

Esta Ley regimenta un espacio que debería ser el más libre posible. En él se forman los futuros líderes de un mundo que aún no conocemos ni sabemos cómo va a ser. La norma pretende formar a los jóvenes bajo unos conceptos y sistemas diseñados por burócratas que ni siquiera conocen el mundo de hoy. Es imposible que este grupo de funcionarios pueda prever las necesidades del mercado laboral, linda con la estupidez asumir que un modelo educativo único es el mejor y que “un no académico” debe decirnos si se requieren tesis de bachiller, o si una carrera de economía debe durar 5 años (Perú) o 4 (EEUU) o 3 (Alemania). Sobre todo, cuando lo importante será la educación continua con el máximo de educación a distancia, que la hará más efectiva, económica e inclusiva.

The Economist ha publicado recientemente el artículo “Destrucción Creativa”, mostrando la nueva visión mundial de las universidades en la que el creciente costo de la educación superior, la constante demanda por capacitación laboral, y la tecnología unen fuerzas para imprimir un cambio sobre las tradicionales universidades presenciales al introducir cursos online masivos y abiertos, un sistema que permite educar a una fracción del costo. La Nueva Ley Universitaria evitará que los peruanos se beneficien de estas innovaciones. Leon Thrahtemberg hace una crítica similar (Ver: No basta parchar el pasado).

La Ley añade el voto universal, secreto, y obligatorio para la elección del Rector y Vicerrector, con el propósito de “fortalecer su participación en el gobierno de la universidad” (regreso al pensamiento de Córdova de los años 60), que politiza el espacio universitario.
La nueva “Ley deja sin efecto el Decreto Legislativo 882 en lo que respecta al ámbito universitario”, sin embargo mantiene la reinversión de utilidades, la cual permitió que se lograran altísimos avances en infraestructura educativa, como es evidente. Lamentablemente, la misma ley restringe su aplicación en forma importante.
El economista Gustavo Yamada calculó que el retorno de la educación superior en el mercado laboral, multiplica por 5 la esperanza de ingresos. Esto es muy importante para los más pobres, quienes tienen en la educación el mejor mecanismo de movilidad social.

Tampoco estamos aprovechando las mejores prácticas de otros países. Por qué seguimos inventando la pólvora. Por ejemplo, Polonia, para salir del desastre del comunismo soviético, importó e hizo suyas 80,000 páginas de leyes y regulaciones europeas. Hoy se distingue, por sus excelentes instituciones y por uno de los mejores niveles educativos del mundo, habiendo superado, en solo seis años, los indicadores del promedio de la OCDE. (Ver: Polonia la nueva estrella europea).

La nueva ley es incorrecta y trasnochada. Como dicen los especialistas como Thrahtemberg, la mejor reforma que puede hacer el Estado es realmente subir el nivel de las (principales) universidades públicas. Si ellas, como hoy las mejores universidades privadas, se convierten en auténticas antorchas del saber, las malas universidades del sector privado y público se verán forzadas a igualarse o quebrar. Lampadia