Urpi Torrado
El Comercio, 12 de marzo del 2026
“[Hay actores políticos que] cuando los resultados no les favorecen, no dudan en descalificar a las encuestadoras”.
Las encuestas no predicen el futuro. Son, más bien, una fotografía del presente. Cuando contamos con varias de esas fotografías tomadas en distintos momentos, es posible observar la evolución de la opinión pública y comprender tendencias en el comportamiento electoral. En ese sentido, las encuestas no determinan el resultado de una elección, pero sí ayudan a entender cómo se están moviendo las preferencias de los ciudadanos.
Para los electores, las encuestas son simplemente una pieza más de información en el proceso electoral. Del mismo modo que ocurre con la publicidad, los debates o los planes de gobierno, forman parte del conjunto de señales que reciben los ciudadanos antes de decidir su voto. Además, no existen estudios concluyentes que puedan probar una relación directa entre la publicación de encuestas y la decisión final del votante. Ante un mismo resultado, las reacciones pueden ser completamente distintas dependiendo de las preferencias previas de cada elector; algunos se movilizan para apoyar a su candidato, otros refuerzan su rechazo y otros simplemente ignoran la información.
La legislación electoral en esta materia surge justamente con el propósito de proteger al elector y garantizar que tenga información suficiente para tomar una decisión. El objetivo de la regulación no es intervenir en cómo se realizan las encuestas –cada empresa desarrolla sus propios métodos y tiene su propio ‘know how’–, sino asegurar que la información que llega al público sea veraz y transparente. Lo que se busca es que los ciudadanos puedan conocer de dónde provienen los datos y bajo qué condiciones fueron recogidos, de modo que puedan interpretarlos adecuadamente.
En el Perú, este principio dio origen al Registro Electoral de Encuestadoras, administrado y supervisado por el Jurado Nacional de Elecciones. Actualmente, existen cerca de 300 encuestadoras con registro cancelado y 87 que se mantienen vigentes. De estas últimas, 12 se inscribieron este año y 42 lo hicieron en el 2025. Si bien es positivo que existan múltiples empresas en el mercado, llama la atención que muchas se registren justo cuando comienza el período electoral. La sospecha aumenta cuando, una vez terminado el proceso, la encuestadora desaparece y su registro se cancela al no ser renovado.
Más allá del registro formal, el espíritu de la ley electoral es proteger el derecho del ciudadano a una información clara y confiable. Por eso, el reglamento del Registro Electoral de Encuestadoras establece el contenido mínimo que debe incluir la ficha técnica. Los más relevantes para interpretar los resultados son el tamaño de la muestra, el margen de error y las fechas de trabajo de campo. A esto se suma un dato clave para la transparencia: quién financia la encuesta.
Al mismo tiempo, es importante reconocer que existen empresas de investigación serias, con años de trayectoria y el prestigio ganado en el tiempo. Estas encuestadoras no solo publican sus resultados, sino que entregan sus bases de datos al JNE para que puedan ser procesadas y verificadas, asegurando que lo difundido corresponde efectivamente a lo recogido en el trabajo de campo.
Paradójicamente, muchas veces son los propios actores políticos quienes debilitan este sistema. Cuando los resultados no les favorecen, no dudan en descalificar a las encuestadoras o en difundir estudios de empresas inexistentes o sin registro. Estas prácticas no solo confunden a la opinión pública, sino que erosionan la confianza en una herramienta que, bien utilizada, contribuye a la transparencia del proceso electoral.
Varios candidatos han publicado encuestas en sus redes sociales, sin registro en el JNE y sin indicar la fuente de financiamiento. Es posible que algunas correspondan a empresas internacionales, pero si se difunden en el Perú deben cumplir con la legislación nacional.
A un mes de las elecciones, garantizar que la información que circula sea transparente y verificable es una condición básica para proteger el derecho de los ciudadanos a decidir con información confiable.
